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| Logo de Ford en una de sus sedes. Edgard Garrido / Reuters |
Este martes comenzó la causa que investiga el secuestro y tortura de
24 obreros de la automotriz durante la última dictadura en el país
sudamericano.
Luego de dos postergaciones por distintos problemas, este martes comenzó
el juicio contra dos antiguos directivos de la empresa automotriz Ford
en Argentina. Se trata del exgerente de Manufactura, Pedro Müller (85
años), y el exjefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla (90). También
será juzgado en la misma causa el exjefe del Cuerpo IV del Ejército,
Santiago Omar Riveros (94).
Los imputados están acusados del secuestro y tortura de 24 trabajadores
de la compañía en 1976, durante la última dictadura en el país. Se trata
de un caso emblemático en el que se juzgará la complicidad que tuvieron
sectores civiles, en este caso empresarios, con los militares que
detentaron el Gobierno en aquellos años y llevaron a cabo un plan
sistemático de desaparición de personas.
El proceso estará a cargo de los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo
Facciano y Diego Barroetaveña, del Tribunal Oral Federal de San Martín.
Por su parte, los fiscales serán Jorge Auat y María Ángeles Ramos, y los
abogados querellantes Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta.
Los hechos denunciados
"Solo en el 5% de las fábricas torturaron adentro de la empresa y Ford fue una de esas", relató al diario
Tiempo Argentino
el exdelegado Carlos Propato, que fue secuestrado en su lugar de trabajo.
"El 24 de marzo de 1976 secuestraron a tres compañeros del comedor, tres
pibes de 19, 20 y 21 años que eran los delegados" y "en la puerta les
hicieron un simulacro de fusilamiento", añadió.
El periodista Diego Martínez, de
Página/12,
recordó que el 25 de marzo de ese año, un día después del golpe, otros
delegados fueron citados a una reunión por el exgerente de relaciones
laborales Guillermo Galárraga -quién falleció el año pasado y por eso no
llegó a juicio-. Allí les dijo que "se acabaron todos los problemas" y
que la empresa FordMotor Argentina pasaba a ser "objetivo y prioridad
militar".
Sin embargo, el delegado Juan Carlos Amoroso protestó y reclamó por el
pago de salarios atrasados. "Esta reunión se terminó, Amoroso. Dele
saludos a Camps", dijo Galarraga. "¿Quién es ese señor?", preguntó el
delegado. "Ya se va enterar", le respondió. Tres días después el
trabajador fue secuestrado, no sabía que el gerente se refería a Juan
Ramón Camps, quién pasaría a ser jefe de la Policía Bonaerense y uno de
los principales referentes del terrorismo de Estado argentino.
De acuerdo a las denuncias, la operatoria era siempre la misma: los
militares deambulaban libremente por la fábrica y detenían a quienes,
previamente marcados por la empresa, consideraban "subversivos". Eran
trasladados al quincho de deportes del predio donde las Fuerzas Armadas
habían montado su campamento y luego a las comisarías de Tigre e
Ingeniero Maschwitz, bajo la jurisdicción de Camps. Allí eran torturados
e interrogados.
Complicidad civil con la dictadura
La abogada querellante en esta causa, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo en un
artículo
que "resulta imposible" explicar la "convergencia de los intereses de
las fuerzas represivas y de parte del empresariado sin un análisis de la
estructura social y económica previa al golpe". A una elevada tasa de
sindicalización se sumaba que "los asalariados habían logrado captar un
48% del ingreso nacional".
En ese sentido, "la violencia necesaria para modificar el patrón de
acumulación vigente" en Argentina "fue la del terrorismo de Estado".
"Además de eliminar a la disidencia política, esa violencia buscaba disciplinar a la clase trabajadora", apuntó la abogada.
Por ese motivo, la causa Ford resulta emblemática. Como enumeró
Martínez, la empresa llevó a cabo la entrega de "datos precisos para que
el Estado terrorista secuestrara a una veintena de activistas", lo que
se complementó con "el silencio frente a las familias", ya que jamás
informó sobre las detenciones.
Finalmente, en diciembre de 1976, cuando los secuestrados ya habían sido
legalizados y puestos formalmente en cárceles, la compañía los despidió
"con causa". De ese modo, los empresarios eliminaron toda resistencia
gremial y se ahorraron las indemnizaciones por despido.
RT
