Historias de lavado, artículo de Carmen Aristegui
La periodista publica
este viernes un artículo en el diario ‘Reforma’ en el que se refiere a
los casos de lavado de dinero en el país: desde el empresario chino
nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon hasta la presunta participación del
crimen organizado en el sector minero de Coahuila.
(Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)
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Las recientes declaraciones del ex presidente del PRI Humberto Moreira, sobre la explotación ilegal de carbón y la participación de empresarios en la adquisición del mineral para su posterior venta a la CFE, ilustran la ruta que siguen criminales que explotan, empresarios que transan y se enriquecen y autoridades que -con conciencia o sin ella- blanquean transacciones millonarias en la compra-venta de carbón.
Lo dicho por Moreira toca uno de los grandes temas y omisiones en la guerra contra el crimen impulsada durante el gobierno, prácticamente extinto, de Felipe Calderón.
Durante seis años se dejó prácticamente intocada la estructura de colusión entre los ámbitos público, empresarial y privado con las redes del crimen organizado nacional e internacional. Calderón dejó crecer grandes fortunas al amparo del disimulo oficial.
No se recuerda actuación alguna, de relevancia, que haya tocado los más poderosos nervios de la estructura criminal. Los circuitos financieros blanqueadores de dinero y las actividades empresariales vinculadas al crimen organizado estuvieron prácticamente ausentes de la estrategia oficial. La aprobación de una ley anti lavado a unas semanas de que termine el sexenio muestra que éste no fue tema de prioridad gubernamental.
El caso Zhenli Ye Gon será memorable por la espectacularidad del hallazgo físico de millones de dólares en una casa en Las Lomas, pero, hasta donde se sabe, no condujo a desmontar alguna red criminal operante en nuestro país o a nivel internacional. Lejos de ello, las declaraciones del individuo dejaron dudas sobre si lo suyo estuvo o no vinculado con el ámbito político-electoral. “Copelas o cuello”, quedó ahí como una de las grandes frases del sexenio.
En un caso, sí relevante, Tomás Yarrington, de Tamaulipas, es perseguido por autoridades de la DEA y la PGR acusado de proteger al crimen organizado. Veremos el desenlace.
El caso Monexgate, que ilustra los mecanismos de obtención de recursos millonarios -de origen desconocido-, la utilización de instrumentos financieros y bancarios para dispersarlos y de relaciones de empresas, prestanombres y personas vinculadas con campañas político-electorales, quedó exhibido en las investigaciones periodísticas. Hay registro en expedientes abiertos de diversas autoridades que, hasta la fecha, sólo dan visos de omisión.
Historia en curso es la de las camionetas incautadas en Nicaragua, con más de 9 mdd y 18 mexicanos detenidos -acusados de tráfico internacional de estupefacientes, narcotráfico y lavado de dinero.
Independientemente de lo que resulte del juicio, programado para el 9 de noviembre, y la audiencia preparatoria para el día 7, durante la cual se escucharán testimonios de personas encapuchadas -por seguridad-, lo que se ha visto, hasta ahora desde México, es más bien una conducta errática de las autoridades.
La procuradora general hizo tempranos deslindes a favor de la televisora cuando apenas se recababan los papeles -en poder del Gobierno del DF- para iniciar las investigaciones de los registros de las camionetas en Setravi.
El embajador Rodrigo Labardini hizo propia la versión de la televisora para deslindarse de las camionetas y de las personas detenidas -sin tener ningún otro elemento disponible- al momento de hacer declaraciones ministeriales -a nombre de México- ante autoridades de Nicaragua.
La misma Cancillería reconoció -a pregunta expresa- que el embajador se limitó a transmitir a la autoridad lo que le dijo la televisora. Papelón diplomático, que fue reclamado, obviamente, por los abogados de los imputados.
Más allá de lo que resulte del juicio en Nicaragua, la conducta obsecuente y precipitada de las autoridades federales de México las muestra temerosas y atadas frente a un caso de alto voltaje.
Apenas hace unas horas se dio a conocer que la PGJDF concluyó que “…las camionetas aseguradas no son propiedad de Televisa”. Las autoridades capitalinas confirman ampliamente lo que, desde hace semanas, se informó en Noticias MVS: que el total de las camionetas incautadas fueron registradas a nombre de Televisa, S.A. de C.V. ante la Setravi.
Señalan que los dictámenes periciales establecieron irregularidades en el registro y que el apoderado legal de la televisora no hizo los trámites. Se informa que otras 10 camionetas también fueron “registradas con irregularidades”.
En el boletín del gobierno de Ebrard también se lee: “Por lo que hace a los documentos encontrados dentro de las seis camionetas aseguradas en el país centroamericano, en los cuales aparece el nombre y aparentemente la firma del licenciado Amador Narcia Estrada, se encuentran en posesión de la Fiscalía del país nicaragüense, por lo que no ha sido posible llevar a cabo el peritaje correspondiente”.
Quedan las grandes preguntas: ¿a quién respondían estos 18 mexicanos? ¿A quiénes llamaron desde sus celulares durante su retención y después detención en Nicaragua? ¿Qué registros de nombres y números telefónicos contienen sus móviles hoy incautados por Nicaragua? ¿Qué tipo de entramado criminal es el que hizo posible que los vehículos y esas personas transitaran -con tal nivel de sofisticación- por varios países de Centroamérica, procedentes de México, durante tan largo periodo y con tantos cruces fronterizos como los que se han documentado. Nicaragua presume que transportaron droga y dinero para lavar cantidades millonarias. Pudieron hacerlo, con gran libertad de movimiento. De México a Centroamérica. De Centroamérica a México. Decenas de veces. Durante mucho tiempo. Ellos dicen que trabajaban para Televisa. El fiscal
Armando Juárez ha dicho que los detenidos no han modificado esas primeras declaraciones ¿Quién está, realmente, detrás de esta historia?
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