Deuda pública
Hasta
septiembre de 2012 la deuda pública de estados y municipios equivalía a
más de 400 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que equivale a la mitad de los
pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Al
excesivo endeudamiento de entidades federativas y municipios, que de
acuerdo a información de Hacienda representa el 3 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), se adicionan créditos a corto plazo
contratados por municipios, los cuales no requieren la aprobación de los
congresos locales para su operación; es decir, la información
disponible no es suficiente para conocer el monto real de la deuda
pública.
Para finales del primer semestre de 2012 la deuda de entidades federativas y municipios representaba el 80 por ciento de las participaciones federales, lo que hace suponer la contratación discrecional de créditos por parte de gobiernos estatales y municipales al tener comprometida la mayor parte de sus ingresos; no obstante, la SHCP reduce, tecnocráticamente, el endeudamiento público a puntos porcentuales del PIB nacional y alega que la Federación no cuenta con recursos para rescatar a estados y municipios en preocupante situación financiera.
El federalismo simulado de la República Mexicana hace prácticamente imposible que gobiernos estatales y municipales se encarguen de solventar la deuda que contrataron desde la comodidad del escritorio. La SHCP, también desde la comodidad de las oficinas de gobierno rechaza revisar caso por caso y generar soluciones que deriven en el saneamiento de las finanzas públicas.
El exagerado endeudamiento en todos niveles de gobierno nos conduce a revisar las raíces de la insuficiencia de recursos, privilegios fiscales de grandes empresas nacionales y extranjeras, facultades tributarias equilibradas para los tres ordenes de gobierno, eficiencia en el gasto público, transparencia y rendición de cuentas en el tratamiento de los recursos públicos. Este último punto resulta de gran trascendencia pues existen créditos contratados por estados y municipios que no son reportados ante ninguna autoridad. Se trata de dinero público que se maneja en la completa opacidad, al margen de todo escrutinio público e institucional.
En este sentido la responsabilidad de la banca comercial es evidente. Las instituciones financieras establecen unilateralmente plazos, tasas, condiciones y garantías. Saben que la Federación se verá obligada a absorber la deuda de estados y municipios, al grado de que los banqueros presionan para ampliar los plazos como sucedió en el estado de Coahuila.
El problema es mayúsculo, los banqueros impulsan crisis financieras en las que luego se ven beneficiados, léase IPAB. La SHCP no se molesta en solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) copia de los contratos de deuda adquirida por estados y municipios, para conocer el monto real de deuda pública y tomar decisiones en consecuencia.
Los controles de deuda pública se tienen que establecer para gobiernos y banqueros, aunque se antoja difícil que se impongan restricciones y sanciones a éstos últimos bajo el actual gobierno federal militante del libre mercado. Ya veremos en el segundo semestre del presente año, cuando se presente la iniciativa de ley para crear la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Por lo pronto, la SHCP tiene que cambiar su postura de que estados y municipios se las arreglen como puedan.
Para finales del primer semestre de 2012 la deuda de entidades federativas y municipios representaba el 80 por ciento de las participaciones federales, lo que hace suponer la contratación discrecional de créditos por parte de gobiernos estatales y municipales al tener comprometida la mayor parte de sus ingresos; no obstante, la SHCP reduce, tecnocráticamente, el endeudamiento público a puntos porcentuales del PIB nacional y alega que la Federación no cuenta con recursos para rescatar a estados y municipios en preocupante situación financiera.
El federalismo simulado de la República Mexicana hace prácticamente imposible que gobiernos estatales y municipales se encarguen de solventar la deuda que contrataron desde la comodidad del escritorio. La SHCP, también desde la comodidad de las oficinas de gobierno rechaza revisar caso por caso y generar soluciones que deriven en el saneamiento de las finanzas públicas.
El exagerado endeudamiento en todos niveles de gobierno nos conduce a revisar las raíces de la insuficiencia de recursos, privilegios fiscales de grandes empresas nacionales y extranjeras, facultades tributarias equilibradas para los tres ordenes de gobierno, eficiencia en el gasto público, transparencia y rendición de cuentas en el tratamiento de los recursos públicos. Este último punto resulta de gran trascendencia pues existen créditos contratados por estados y municipios que no son reportados ante ninguna autoridad. Se trata de dinero público que se maneja en la completa opacidad, al margen de todo escrutinio público e institucional.
En este sentido la responsabilidad de la banca comercial es evidente. Las instituciones financieras establecen unilateralmente plazos, tasas, condiciones y garantías. Saben que la Federación se verá obligada a absorber la deuda de estados y municipios, al grado de que los banqueros presionan para ampliar los plazos como sucedió en el estado de Coahuila.
El problema es mayúsculo, los banqueros impulsan crisis financieras en las que luego se ven beneficiados, léase IPAB. La SHCP no se molesta en solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) copia de los contratos de deuda adquirida por estados y municipios, para conocer el monto real de deuda pública y tomar decisiones en consecuencia.
Los controles de deuda pública se tienen que establecer para gobiernos y banqueros, aunque se antoja difícil que se impongan restricciones y sanciones a éstos últimos bajo el actual gobierno federal militante del libre mercado. Ya veremos en el segundo semestre del presente año, cuando se presente la iniciativa de ley para crear la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Por lo pronto, la SHCP tiene que cambiar su postura de que estados y municipios se las arreglen como puedan.
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