Jennifer, acusador de Generales a sueldo de la PGR

Jennifer, acusador de Generales a sueldo de la PGR Con declaración de Roberto López Nájera, del cártel de Los Beltrán Leyva, se sustentó el caso contra Tomás Ángeles y Roberto Dawe, que ya se cayó Testificó en el Michoacanazo y contra ex funcionarios de la PF que fueron absueltos; de 2000 a 2012, la PGR pagó 609 testimonios

En los dos sexenios panistas, la Procuraduría General de la República (PGR) gastó unos 163 millones de pesos para mantener a testigos colaboradores o protegidos, con cuyas acusaciones se iniciaron procesos que al final no se pudieron sostener en tribunales, como la Operación Limpieza, el Michoacanazo, el caso Greg y, más reciente, el juicio de los generales. Incluso la PGR ha utilizado a un mismo testigo hasta en siete casos distintos. A cambio de colaborar con ellos, la dependencia les da a los testigos manutención, vestido, vivienda, protección, beneficios procesales y salario de hasta 50 mil pesos mensuales. Los testigos son integrantes o ex integrantes del crimen organizado, que realizan acusaciones, en la mayoría de los casos, que sólo se conocen de oídas. La PGR informó a La Razón que el promedio anual de testigos colaboradores desde 2000 a la fecha es de 45, pero han llegado a tener hasta 61 en un solo año. En 12 años la Procuraduría gastó en un total de 609 testigos protegidos al menos 163 millones 290 mil 241 pesos. En el caso de los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe, el colaborador fue Roberto López Nájera, con clave Jennifer, quien ligó a los militares con el cártel de Los Beltrán Leyva. Jeniffer ha sido el testigo clave de la PGR cuando menos en otros tres casos. Uno es el Michoacanazo, en el que se ligó a más de 35 funcionarios con La Familia Michoacana y, aunque fueron detenidos, todos ya están libres. López Nájera también testificó contra el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva Javier Herrera Valles y el comisionado de la misma dependencia, Víctor Garay Cadena. A ambos los vinculó con el crimen organizado. Quien más ha servido de testigo a la PGR, en siete ocasiones, es José Salvador Puga Quintanilla, con clave Pitufo. Los casos son el de los generales, el michoacanazo, el caso Yarrington, la indagatoria contra Greg Sánchez, ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo; la Operación Limpieza y las acusaciones contra Javier Herrera Valles y Víctor Garay Cadena, por supuestos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Otros de los testigos de la PGR son Sergio Villarreal Barragán, El Grande, bajo la clave Mateo, en un caso; Némesis: José Jorge Balderas, El JJ, en un caso; Paco: José Luis Vázquez Sánchez, en tres casos; Tigre: Édgar Enrique Bayardo del Villar, en dos; Bryant Cabrera Castillo, en dos, y María Fernanda: Richard Arroyo Guízar/Richard Flores, en cuatro casos. VER GRÁFICO Dos leyes amparan este concepto jurídico Por David Saúl Vela La figura de testigo colaborador o protegido está prevista en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y, desde mayo de 2012, en Ley Federal para Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. De acuerdo con la primera norma, el miembro de la delincuencia organizada que colabore con la autoridad recibirá beneficios como no usar las pruebas que aporte en su contra. Además podrá ser beneficiado con la reducción de la pena hasta en dos terceras partes, de acuerdo con la calidad de las pruebas que aporte. En la segunda ley referida se advierten otros beneficios a testigos colaboradores como son la protección personal e incluso familiar. Igualmente se prevé la atención médica y psicológica y se reiteran los beneficios procesales que podría obtener como, la reducción de la pena. El PRI, por revisar la figura El tema será tratado con el Procurador de la República, adelanta Gamboa; se analizará además el arraigo, afirma el coordinador del tricolor en el Senado Por Geovanna Herrera geovanna.herrera@razon.com.mx La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado revisará el marco legal que permite la existencia de los llamados testigos protegidos. Emilio Gamboa, coordinador del tricolor en la Cámara alta, informó que el tema será analizado junto con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, durante la próxima reunión plenaria de los senadores del PRI. “Vamos a platicar con él (Murillo Karam) sobre si la figura de los testigos protegidos requiere de una nueva legislación”, dijo. Gamboa Patrón aseguró que “la inquietud que existe es que debemos cambiar el marco legal” y se tiene que definir la política de arraigo y de testigo protegido. Sobre el caso en contra de los generales Roberto Dawe y Felipe Ángeles Dauahare, vinculados al narcotráfico por un testigo protegido, el coordinador del tricolor aseguró que la PGR lleva “sigilosamente” la investigación, ya que nadie puede estar en la cárcel sin las pruebas necesarias. “He platicado con el señor Procurador. Está mucho muy atento a esto, muy comprometido con no defender a nadie que haya cometido algún ilícito, pero tampoco meter a la cárcel o someterlo a un juicio, cuando no haya hecho nada”, explicó Gamboa. El legislador indicó: “Hay que confiar en la actuación del Procurador. Sé de su capacidad”.