Evalúa PGR retirar cargos a los generales
La próxima semana anunciará si retira las acusaciones penales a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, así como al teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto
ARTURO ANGEL
enero 23, 2013 1:15 am
enero 23, 2013 1:15 am
Autoridades de la PGR indicaron a este diario que el procurador, Jesús Murillo Karam, ordenó desde principios de enero una revisión profunda del expediente que se integró y consignó durante la administración pasada. A más tardar la próxima semana se tomará una determinación al respecto.
La figura del desestimiento de la acción penal está contemplada en los artículos 138, 294, 295 y 298 del Código Federal de Procedimientos Penales y puede ser ejercida por el Ministerio Público Federal, siempre y cuando no se haya realizado la audiencia final del juicio y el expediente se encuentre bajo análisis para dictar sentencia.
En caso de que lo anterior se concrete y que la PGR se desista, tanto Ángeles como los generales Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, acusados de delincuencia organizada, recuperarían su libertad de inmediato y el juicio se daría por concluido.
Por el momento el proceso penal en contra de los militares continúa en desarrollo, luego de que la semana pasada un Tribunal Colegiado negó un amparo a los acusados y confirmó el auto de formal prisión que dictó el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de México, en contra de todos ellos por el delito de delincuencia organizada.
24 HORAS publicó el 2 de agosto pasado que la PGR integró el pliego de consignación en contra de los militares, utilizando como única prueba los dichos de dos testigos colaboradores, con indicativos Jennifer y Mateo, pero sin que lograra corroborar esos dichos con otros elementos de prueba.
Según los testigos, los militares recibieron en distintos momentos millonarios pagos de los Beltrán Leyva, generalmente en dólares, a cambio de dar protección institucional a las actividades de esa organización delictiva. La denuncia quedó asentada en la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, iniciada a mediados de 2010.
Durante los dos años previos a la detención de los militares y luego durante los casi 80 días que tuvo arraigados a los generales, la PGR no encontró ningún otro elemento que comprobara lo dicho por los testigos, a pesar de múltiples cateos y verificar cuentas bancarias o revisar inmuebles y posesiones,.
Pese a esto, se ejercitó la acción penal y el Poder Judicial consideró suficientes las acusaciones para procesar penalmente a los mandos castrenses, quienes fueron recluidos en el penal federal del Altiplano.
Esta semana, a petición de la defensa, la PGR envió el oficio DGCPPAMDO/707/2013 al juzgado, en el que confirmó que no hay otras pruebas, denominadas “medios de convicción”, que sustenten las declaraciones ministeriales de los testigos colaboradores.
Ángeles quiere sentencia
Ricardo Sánchez Reyes Retana, defensor del general Tomás Ángeles, solicitó al juez de la causa que de por concluido el proceso de presentación de pruebas en el caso de su cliente y que se lleve a cabo la audiencia final para el dictado de la sentencia.
En entrevistas concedidas a diversos medios, el litigante se mostró confiado en que las pruebas que han aportado desvirtúan los dichos de la PGR, los cuales además no han sido corroborados por el propio MP.
Por citar un ejemplo, el abogado reveló que mostraron los comprobantes de los boletos de avión de un vuelo que realizó Ángeles y su esposa a Alemania, en el mismo periodo de tiempo en que uno de los testigos dijo que el general se había reunido con integrantes de los Beltrán Leyva, en un centro comercial del sur del Distrito Federal.
Reyes confió en que obtendrán una sentencia absolutoria, por lo cual no esperarán a que la PGR determine si se desiste penalmente o no en el caso.
Un caso distinto es el de los otros militares procesados, cuyas defensas no han solicitado al juez que se concluya su periodo de presentación de pruebas, por lo que ellos sí podrían verse beneficiados si la PGR da marcha atrás a su acusación.
Podría Ángeles salir del país
Leticia Zepeda, esposa del general Tomás Ángeles, ya piensa en lo que harán una vez que su esposo recobre la libertad: irse del país.
Esta posibilidad, dijo, porque temen que les suceda lo mismo que al general Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado años después de que salió de prisión.
Sin embargo, apuntó, no cuentan con el dinero suficiente para instalar su vida fuera de México.
“Lo que nos han dicho amigos cercanos es que cuando mi esposo salga de la cárcel tenemos que irnos del país, pero cómo lo vamos a hacer, con qué dinero, para nosotros no hay un volver a empezar…”, dijo en entrevista con 24 HORAS.
La esposa del divisionario sostuvo que nunca tuvo dudas de la inocencia de su esposo, pero señaló que también es importante que se limpie su nombre, pues se trata de un militar honesto, que siempre se ha trabajado con profesionalismo, lo que lo llevó a alcanzar el puesto de subsecretario de la Defensa Nacional.
Testigos reciclados
Los testigos Jennifer y Mateo son en realidad ex integrantes de la delincuencia organizada, utilizados por la PGR como testigos colaboradores en diversos casos, algunos de los cuales ya se perdieron.
Jennifer es en realidad Roberto López Nájera, un ex abogado que colaboró con los Beltrán Leyva; mientras que Mateo no es otro que Sergio Villarreal, El Grande, antiguo lugarteniente de dicha organización delictiva.
Ambos testigos fueron utilizados, por ejemplo, para sustentar las acusaciones en contra de ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y el ex comisionado de la misma corporación, Víctor Garay Cadena. Ambos ex funcionarios salieron libres, luego de que los jueces consideraron insuficientes las pruebas en su contra.
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