Cazadores desaparecidos en Zacatecas: ¿dónde están? ¿qué les ocurrió?

Verónica Espinosa
 

Descubren en Zacatecas 12 tambos con ceniza, ropa y zapatos.
Foto: Leonardo Garza

LEÓN, Gto. (apro).- A poco más de dos años de su desaparición, la familia de Diego y Ernesto Cordero Anguiano, así como de Juan Diego Cordero Valdivia, reclama a la Procuraduría de Zacatecas la ausencia de una búsqueda efectiva y permanente de los dos hermanos y el joven sobrino, quienes viajaron en grupo con otros cinco amigos y vecinos para cazar venado y jabalí en la sierra de Morones, en la región sur de esa entidad.

José Luis Cordero, hermano de Diego y Ernesto y tío de Juan Diego, solicitó al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, intervenir para la reactivación de las investigaciones iniciadas en Zacatecas, a fin de tener la certeza de lo que ocurrió con el grupo de cazadores, quienes fueron ‘levantados’ por policías del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro y entregados a un grupo delictivo –presuntamente Zetas– en una gasolinería a la salida de la capital zacatecana; luego de ello, habrían sido ultimados en las inmediaciones de Fresnillo.

Además de las dudas prevalecientes sobre la búsqueda del grupo de cazadores, los familiares tienen reservas sobre los resultados de las pruebas de ADN practicadas por los peritos de la Procuraduría de Zacatecas a los restos calcinados hallados en el predio Las Negritas del municipio de Calera, presuntamente pertenecientes a Ernesto Cordero, subteniente retirado del Ejército.

“Oficialmente para nosotros no hay ninguno encontrado, no tenemos ninguna prueba; un certificado de que alguno haya sido identificado y que ya haya sido avalado por el Ejército, del que mi hermano era miembro”, señaló en entrevista José Luis Cordero.

También explicó que de haber resultado plenamente positiva la identificación de los restos del militar desaparecido, esto debió haber sido comunicado formalmente al Ejército, entre otras cosas para que la esposa de Ernesto pueda recibir la pensión que le era otorgada al subteniente en retiro.

“Pero no; preguntamos en el Ejército y la Procuraduría de Zacatecas no le notificó nada sobre esa supuesta identificación… por eso no les creemos, la esposa de él no ha podido recibir la pensión porque se necesita esa certificación de la identidad, y ni una cosa ni otra”, dijo.

La desaparición

El grupo de cazadores había viajado a Zacatecas en diciembre del 2010, como lo hacía cada año, para cazar venado, jabalí y guajolote en las inmediaciones del rancho de San Lorenzo, para lo cual contaban con los permisos respectivos.

El 6 de diciembre, cuando viajaban por la carretera que comunica a los municipios de El Plateado de Joaquín Amaro y Tabasco, se detuvieron a comprar refrescos y policías municipales los siguieron y les hicieron el alto, para posteriormente trasladarlos a la cárcel municipal de El Plateado con el pretexto de revisar los permisos de cacería y de portación de armas.

Ahí los tuvieron toda la noche, y al día siguiente los trasladaron hasta Zacatecas.

“Ahí los entregaron a un grupo que iba detrás de ellos en varias camionetas, y ellos les dijeron que no sabían con quién se estaban metiendo; creyeron que eran de inteligencia militar”, narró José Luis Cordero, basado en los testimonios de dos sobrevivientes, uno de ellos fue liberado por ser menor de edad y el otro porque logró escapar.

Los testimonios refieren que en una región agreste los hombres habrían sido ejecutados y posteriormente quemados, aunque el testigo indicó que escuchó los disparos y vio el fuego cuando ya se encontraba a más de medio kilómetro de distancia, mientras huía de sus captores.

A partir de las denuncias interpuestas por los familiares en Zacatecas, se efectuaron algunas diligencias para la localización del sitio donde habrían sido entregados al grupo armado y donde supuestamente se les asesinó, algunas de ellas con la intervención del Ejército –a petición de los hermanos de Ernesto y Diego, algunos de los cuales también fueron militares–, pero sin que ninguno haya sido encontrado, ni sus restos.

Tiempo después, un grupo de zetas fue abatido en un enfrentamiento con corporaciones federales, y a quienes se les aseguraron algunas de las pertenencias de los cazadores, entre ellas una cámara de video en la que quedó registrado parte del trayecto efectuado por el grupo.

El hallazgo de una fosa con restos humanos calcinados en un tiradero de basura en Calera –Las Negritas– dio la pauta para que el procurador Arturo Nahle anunciara la identificación, mediante pruebas de genética forense y el comparativo de ADN, de una vértebra del cuerpo de Ernesto Cordero.

“Yo le he dado mucho seguimiento; no les ando diciendo a las Procuradurías cómo hagan su trabajo, pero me da mucho coraje que las autoridades nunca hayan tenido antes conocimiento de ese lugar, Las Negritas, sabiendo que ese sitio existe desde hace varios años, como el otro de la comunidad México Nuevo, en Fresnillo, donde encontraron unos tambos supuestamente con restos de animales calcinados… nosotros le señalamos ese lugar al procurador y se molestó”, señaló José Luis Cordero.

Desde ese entonces, hace más de un año y medio, “no tenemos nuevos datos; vemos las notas de que se encuentran otros cuerpos, otras fosas, pero no sabemos si son o no de nuestros familiares, no nos informan nada”, reclamó.

Por ello, el hermano de los cazadores desaparecidos, con apoyo del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, solicitó formalmente al gobernador Miguel Márquez convocar a una nueva mesa de trabajo con las Procuradurías de Zacatecas y Guanajuato para revisar las pesquisas efectuadas y saber si se ha continuado con la búsqueda efectiva de las víctimas del ‘levantón’.

Al respecto, la directora del Centro, Ángeles López, dijo a Apro que ni la Procuraduría zacatecana, ni la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad han atendido recientes peticiones de información enviadas por el organismo para conocer el estado de la averiguación.

“Para nosotros en este caso prevalece la impunidad porque, hasta donde sabemos, los policías que fueron detenidos no han sido sentenciados –y si lo fueron, no nos informan–; tampoco han atendido nuestra solicitud para conocer el acta de levantamiento que se hizo en el predio donde se encontraron los restos que se identificaron como de Ernesto Cordero, y así pues nuestro panorama sigue siendo muy incompleto”.

Ángeles López agregó que el dictamen del ADN no es suficiente para los familiares.

“El informe del levantamiento contiene toda la información del contexto, las circunstancias en que se encontraron los restos, del lugar. A través de la PGR se pidió esa información, y tampoco a ella se la han entregado”, deploró la abogada.

Lo más importante, resaltó, “es la parte central de la demanda de los familiares: la búsqueda efectiva. La gran pregunta es ¿dónde están?, ¿qué les ocurrió?, ¿qué están haciendo las autoridades para buscarlos? porque vemos oficios que les mandan a las Procuradurías de los estados, a Plataforma México, a Migración. Pero, ¿están saliendo a buscarlos? Porque los tienen que buscar”, exigió.