Laguna de Tampamachoco, ecocidio de la CFE
La Comisión Federal de Electricidad provoca un severo daño ecológico a la Laguna de Tampamachoco, en Tuxpan, Veracruz. La operación del complejo hidroeléctrico Adolfo López Mateos ha degradado 70 hectáreas y el 50 por ciento de los manglares de la zona con el derrame de combustóleo, residuos industriales y lluvia ácida. La merma en la producción de camarón, ostión, escama y peces mantiene en jaque económico a más de 600 pescadores
Laguna de Tampamachoco, Tuxpan,
Veracruz. A decenas de kilómetros de este otrora oasis de la costa
veracruzana se divisa la nube toxica que emana de las enormes chimeneas
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cubren la atmósfera de
dióxido de azufre (SO2). Desde hace 10 años, éste se desploma en forma
de lluvia ácida y, por eso, ha degenerado el ecosistema de este remanso
de agua, del que dependen económicamente unos 600 pescadores.
El problema ya llegó a los tribunales:
un juez de Distrito condenó a la paraestatal a indemnizar con 1 mil 580
millones de pesos a los afectados, pero con maniobras legaloides
ésta incumple la resolución judicial, además de que tampoco ha
remediado el daño a la flora y fauna ni evita su deterioro constante.
Por la impunidad con que actuó la CFE,
con Jaime González Aguadé como su director, y la complacencia de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el
periodo de Rafael Elvira, el problema fue heredado al gobierno de
Enrique Peña Nieto, denuncian los agraviados.
La Laguna de Tampamachoco se localiza
en la costa de Veracruz, a 9 kilómetros al Noreste de la ciudad de
Tuxpan, limitada al Norte por la Sierra de Ocontepec, al Sur por la
Sierra de Papantla y al Poniente por la Sierra Madre Oriental, en las
porciones de Huayacocotla y Chicontepec. De forma alargada y paralela a
la línea de la costa, la Laguna tiene una longitud de 10.6 kilómetros y
una anchura de 2.7 kilómetros, cerrada hacia el Golfo de México por una
barrera arenosa –Barra Galindo– situada al Norte, indica el trabajo Moluscos de la Laguna Tampamachoco, Veracruz, México: sistemática y ecología, de Martha Reguero y Antonio García-Cubas.
Es aquí donde, de manera paulatina, la
generación de lluvia ácida, el derrame de combustóleo y residuos
industriales, el desalojo de agua caliente y la succión del agua de mar
provocan el azolve de los bancos ostrícolas y la mortandad de especies
(camarón, ostión, jaiba, robalo y sargo), en las que, según un estudio
del Instituto Politécnico Nacional, se encontraron concentraciones
mayores al límite permitido de cadmio (de 0.2 miligramos por kilogramo,
que establece la norma, a 0.5 miligramos por kilogramo).
Para los pescadores, hay contubernio
entre las autoridades federales y estatales para deslindar a la CFE de
su obligación de resarcir los daños causados.
Y es que al resolver el juicio
ordinario civil 4/2005, el Juzgado Séptimo de Distrito en Veracruz
condenó a la CFE a tomar las medidas necesarias para la restauración
integral del ecosistema de la Laguna de Tampamachoco y el pago de 1 mil
580 millones de pesos. Sentencia hasta ahora incumplida.
Dicha resolución fue emitida el 25 de
noviembre de 2010, tras un proceso que comenzó en 2005 con una demanda
interpuesta por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera del
Puerto de Tuxpan de Bienes y Servicios, SCL de CV.
Los peritajes determinaron que al
descargar las aguas utilizadas en el complejo termoeléctrico se
incrementa la temperatura de las aguas costeras adyacentes, lo que
produce un impacto ambiental relevante que elimina las posibilidades de
vida del material genético de los recursos biológicos, principalmente
por el SO2.
Tan sólo en 2004 se emitieron a la
atmósfera más de 232 mil 125 toneladas de SO2, en tanto que para 2006 la
emisión total anualizada de dióxido de azufre fue de más de 185 mil 744
toneladas.
El biólogo Raúl Enrique Arriaga
Becerra, perito tercero en discordia en materia de impacto ambiental
adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, determinó en su dictamen sobre
las zonas de interacción de los sistemas marino y costero y sitios
internos de la Laguna de Tampamachoco que descargar las aguas utilizadas
en la termoeléctrica a una mayor temperatura elimina las posibilidades
de vida del material genético de los recursos biológicos. Resaltó que el
dióxido de azufre contenido en las emisiones, al precipitarse y
combinarse con el agua, se transforma en ácido sulfúrico, que acidifica
el agua y los suelos adyacentes a la Laguna.
Otros contaminantes de generación
esporádica producen un impacto ambiental sinérgico, entre los que se
encuentran el cloro, utilizado en la limpieza de las tuberías del
complejo termoeléctrico, señaló el perito.
Estos elementos químicos (cloro y
dióxido de azufre) afectan el desarrollo y la maduración de las crías de
camarón, robalo y lebrancha, especies que utilizan las lagunas costeras
con ese propósito.
El detrimento de la ecología de la
zona es provocado por la presencia de partículas suspendidas, óxido de
nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido y bióxido de carbón, resultantes
de la quema del combustóleo que se emplea en la operación del generador
de energía eléctrica, refirió el dictamen especializado.
Con base en los resultados de
muestreos y análisis realizados por Laboratorios y Suministros
Industriales, SA de CV, en febrero de 2008, y que los quejosos
presentaron como prueba ante el Juzgado, la empresa identificó como
contaminantes el arsénico, cianuro, cobre, mercurio, níquel, cinc, plomo
y cadmio. Tomó en cuenta los resultados sobre la temperatura del agua,
tales como la acidez o alcalinidad, grasas y aceites, sólidos
sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de
oxígeno, coliformes fecales (bacterias), fósforo, nitrógeno total y
materia flotante.
Al determinar las consecuencias de la
presencia de contaminantes encontrados en la vida acuática, el perito
dijo que “los efectos sinérgicos, acumulados y residuales sobre la fauna
bentónica han sido la mortandad de larvas y semillas, por la toma y
descarga de agua con el contaminante; [la] reducción de la población
adulta, por la excesiva muerte de estadios de desarrollo temprano que
inciden en la población de ostión y deterioro de sus bancos de genoma;
[la] reducción de zooplancton y fitoplancton para su alimentación, como
consecuencia directa de su exterminio desde antes de que éste entre en
el cuerpo lagunar por shock térmico y filtración mecánica en la toma de agua”.
El biólogo Arriaga Becerra dio cuenta
al juez de la causa de la necesidad de establecer programas de
remediación ambiental del sistema lagunar de Tampamachoco, en un periodo
de entre 10 y 15 años –mediante la eliminación de las fuentes
contaminantes en un periodo no mayor a 3 años–, y advirtió que en el
caso de no llevarse a cabo, “en un horizonte de 10 años, provocará la
total desaparición de las posibilidades de uso y aprovechamiento de los
recursos pesqueros de escama, crustáceos y ostión”.
De realizarse las acciones de
remediación, añadió en su dictamen, se favorecerá la entrada de material
genético y de recursos biológicos que ya no serán destruidos por la
operación de toma y descarga del complejo termoeléctrico de la Comisión
Federal.
Pero en lugar de remediar el deterioro
ambiental que provoca de manera constante, la CFE denunció penalmente a
los pescadores ante la Procuraduría General de Justicia de Veracruz,
por los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, en la
modalidad de obstruir el acceso a las instalaciones o inmuebles del
complejo hidroeléctrico Adolfo López Mateos.
Bajo la causa 83/03 radicada en el
Juzgado Séptimo de Distrito de Tuxpan, resultaron penalmente
responsables de esos delitos Víctor Manuel Cruz Rodríguez, Víctor Cruz
Reyes, Enrique Mendoza Torres, Noé Blasco Cruz y Rubén Rodríguez
Navarro, el 2 de diciembre de 2004. Los pescadores, en su lucha para
presionar a la CFE para que resolviera sus demandas, fueron procesados
por supuestos daños patrimoniales a la paraestatal.
A pesar del fallo de la jueza Emma
Villagómez O (del Juzgado Séptimo de Distrito de Veracruz), para que
sean indemnizados los pescadores, la paraestatal sigue derramando
combustóleo, residuos industriales y emisiones de lluvia ácida por las
miles de toneladas de dióxido de azufre que emite el complejo
termoeléctrico.
Los afectados exigen el pago inmediato
de la indemnización por los daños ocasionados por la planta industrial
de la CFE, en virtud de las mermas económicas que han padecido a lo
largo de 1 década y que se han reflejado en los ingresos per cápita y de
conjunto de la sociedad cooperativa de producción pesquera, por la baja
producción y su consecuente afectación comercial.
También exigen la instalación de una
malla de protección para el zooplancton, ya que desde la puesta en
operación de la planta termoeléctrica, las turbinas absorben el producto
pesquero que debiera entrar a la Laguna; es decir, matan
indiscriminadamente dichos productos.
La versión oficial
La CFE, por conducto de la apoderada
legal Dulce María Gisela Rodríguez, acusó a los pescadores de actuar con
mala fe al señalar que resulta absurdo que la cooperativa reclame daños
desde hace 10 años, “siendo que los permisos de pesca comercial son de
2003 y 2004, cuando todavía no tenían concesiones de las autoridades
correspondientes”.
En su escrito de respuesta a la
demanda interpuesta por la cooperativa, la abogada de la Comisión
Federal de Electricidad rechaza los argumentos de los pescadores
afectados y señala entre otros puntos que “las obras de toma y descarga
de canales de aguas de la Central no tienen contacto ni directo ni
indirecto con el sistema lagunar de Tampamachoco, sino que son tomadas y
descargadas directamente de las aguas del mar del Golfo de México”.
Igualmente sostiene que “si el
complejo termoeléctrico no tiene comunicación directa con el sistema
lagunar de Tampamachoco, es obvio que no puedan existir derrames de
combustóleo, residuos industriales, desalojo de agua caliente,
azolvamiento de bancos ostrícolas, mortandad de organismos que sean
provocados por la operación de la Central”.
Carlos Álvarez, presidente de la
asociación civil México, Comunicación y Ambiente, refiere que desde
antes de la instalación de la termoeléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad en Tuxpan, los pescadores ya explotaban las especies de la
Laguna de Tampamachoco, de tal manera que resultan infantiles los
argumentos de la representante legal de la paraestatal.
El ingeniero Álvarez lamenta la
negligencia de la CFE al negarse a pagar los 1 mil 582 millones de pesos
a los productores agraviados, pues esto ha provocado la migración de
los mismos. Y es que la baja productividad de crustáceos y peces de la
Laguna, aunado al incumplimiento del laudo judicial, mermó a la
población de pescadores: de 600 que eran hace 20 años, hoy sólo quedan
100, que se mantienen en lucha por recuperar su fuente de trabajo.
El ambientalista refiere que la CFE ha
incurrido en desacato al negarse a cumplir con la sentencia de la jueza
Séptima de Distrito en Veracruz desde hace 2 años, a pesar de que fue
ratificada por un tribunal colegiado de circuito.
Ya desde 2001, el biólogo Rubén
Rodríguez Navarro, consultor en pesca, acuacultura y medio ambiente, de
la subsecretaría del ramo del gobierno de Veracruz, realizó un estudio
para determinar las causas de la baja producción pesquera de la Laguna.
Su muestreo incluyó el análisis de las descargas industriales,
hospitalarias y municipales, y recomendó fincar responsabilidades a
quienes violen las normas oficiales de contaminación del aire, agua,
suelo, manglares y organismos acuáticos.
Los resultados del estudio denominado Evaluación
de las condiciones de productividad de esteros y lagunas causadas por
la presencia de sustancias tóxicas en Tuxpan, Veracruz, fueron
contundentes: “[…] se determinaron 15 fuentes de contaminación potencial
del Río Tuxpan; de la Laguna de Tampamachoco y de la zona costera; 10
son industrias, entre las que destaca el complejo termoeléctrico Adolfo
López Mateos; dos descargas municipales y un hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social […]”.
Así, luego de 2 años de incumplimiento
de la sentencia judicial para resarcir los daños e indemnizar a los
pescadores de la región, los inconformes exigen al gobierno de Enrique
Peña Nieto que haga valer la ley y ordene a la Comisión Federal de
Electricidad a actuar en consecuencia con el mandato del Juzgado Séptimo
en materia civil de Veracruz.
Contralínea 322 / febrero de 2013
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