“Contrarreforma” energética: la extinción de las reservas petroleras
La reforma del gobierno federal en materia energética no sólo busca privatizar los recursos petroleros: el esquema de explotación del que se beneficiarían las empresas privadas extranjeras es tan rapaz que en poco tiempo las reservas de hidrocarburos quedarían agotadas
En a disputa por la nación, los peñistas
han elegido la peor decisión petrolera desde el punto de vista del
interés social, económico, nacional, geopolítico, entre las dos
principales estrategias en la materia que definen el presente y el
futuro de dicho energético a escala internacional: aquella que ha
fortalecido el malestar y la irritación de las mayorías, las cuales,
eventualmente, pueden transformase en saludables días de furia; en una
posible revuelta social que pondría a prueba a la estabilidad política
del gobierno y el sistema, como respuesta a las obstinaciones despóticas
del bloque hegemónico, integrado por la elite política dominante, la
oligarquía y los capitalistas monopólicos trasnacionales.
Han arrojado el guante del desafío
Enrique Peña Nieto ha señalado su
disposición por asumir los costos políticos de sus contrarreformas
estructurales extremas que impone con endemoniada celeridad, de acuerdo
con los consejos de Milton Friedman. Como se sabe, el patriarca de los
Chicago Boys gustaba recordarles a sus discípulos que “una nueva
administración disfruta de 6 a 9 meses para poner en marcha cambios
legislativos importantes”, por lo que deben aprovechar “la oportunidad
de actuar durante ese periodo concreto, [pues] “no [se] volverá a
disfrutar de ocasión igual”. Por esa razón, les reiteraba
maquiavélicamente que el éxito de los cambios económicos que deben
imponerse para instaurar la dictadura del “mercado libre” depende de la
velocidad, la inmediatez, la intensidad y la amplitud con que sean
instrumentados, una verdadera terapia de choque que sumirá a la
población en un estado de conmoción, el cual “facilitaría el proceso de
ajuste” estructural. Así han actuado Enrique Peña, su equipo, sus
falanges y sus socios de circunstancia del Congreso de la Unión.
El turno del ofendido
Es el tiempo de los ofendidos sobre todo
porque –para usar las palabras de Tariq Ali, el historiador y escritor
pakistaní que recientemente estuvo en México– “las reglas dominantes del
capitalismo no sienten la necesidad de hacer concesiones a los pobres”.
Peña Nieto ha mostrado reiteradamente su decisión por emplear los
músculos del poder desde el inicio de su gobierno para alcanzar sus
fines. La represión en contra de los maestros, la toma de los espacios
públicos (el Centro de la capital) por los aparatos represivos del
Estado, asociado con autoridades locales, como Miguel Ángel Mancera,
para tratar de arrancárselos a los descontentos, junto con los viejos
símbolos nacionalistas, la persecución de la oposición o la extraña y
mortal epidemia que asola a sus dirigentes, son algunas expresiones de
sus tentaciones autoritarias.
Enrique Peña tuvo la oportunidad de
inclinarse por una política que recuperara la rectoría estatal sobre los
hidrocarburos para ponerlos a disposición de las necesidades del
desarrollo del país, tal y como lo hace un gran número de naciones
–como Rusia, Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela, entre otros– con
mejores resultados a los mexicanos. Que restaurara la integración de la
industria petrolera –la exploración, la extracción, la refinación, la
petroquímica, la distribución, la innovación tecnológica–, descuartizada
desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón, e
impulsara la sustitución de importaciones requeridas por el sector por
medio de proveedores nacionales, con el objeto de que sus efectos
multiplicadores beneficien a la economía mexicana; que reconquistara la
soberanía nacional de la codiciada materia prima estratégica como un
instrumento para garantizar una mayor autonomía de México en la economía
mundial.
Sin embargo, decidió inclinarse por el
legado neoliberal petrolero de los gobiernos predecesores
priísta-panistas, funcionales a su ideología, los intereses y sus
compromisos políticos, los cuales posibilitaron su ascenso a la
Presidencia.
La contrarreforma petrolera peñista busca:
1) Acelerar la irracional
sobreexplotación de los dañados yacimientos. En particular de
Akal-Nohoch-A, de Cantarell, ubicado en la región marina Noroeste, la
cual fue la zona productora más importante del país (Akal-Nohoch-A
todavía lo es), lo que en gran medida explica la ostensible declinación
de las reservas probadas de hidrocarburos. Agotamiento que no ha sido
contrarrestado por las cuantiosas inversiones realizadas en otras áreas,
con la turbia y anticonstitucional participación del capital privado,
sobre todo en Chicontepec, Veracruz. Pese a ello, Peña Nieto propone
modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
que, a través de las leyes secundarias, se abran completamente las puertas
a las grandes corporaciones en las actividades de exploración y
explotación de los hidrocarburos, además de compartir con ellas la renta
petrolera.
2) Apresurar las exportaciones de crudo,
sin preocuparse, primero, por elevar la oferta necesaria para bastecer
la creciente demanda interna de derivados de los hidrocarburos y cuya
dependencia del mercado internacional es alarmantemente (gasolinas, gas,
petroquímicos) reflejo del proceso de desustitución de
importaciones, o destrucción de los eslabones de la industria, si se
prefiere hablar con precisión, o al menos para vender externamente
productos de mayor valor agregado (petrolíferos y petroquímicos), cuyos
precios son mayores y menos sensibles a la volatilidad de la economía
mundial. Tampoco interesan las consecuencias de la monodependencia de la
demanda del mercado estadunidense, ni de los costos que implica para la
soberanía nacional la integración y subordinación a los intereses
energéticos y geopolíticos del vecino del Norte; ni el reciente
escándalo provocado por los documentos filtrados por el exconsultor de
inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense, Edward
Snowden, donde se manifiesta la vigilancia a la que fue o es sometida la
empresa brasileña Petrobras, presumiblemente para obtener ilegalmente
información confidencial que permitiera o permita a las corporaciones de
aquel país actuar con dolosa ventaja en las licitaciones que lleva a
cabo la nación suramericana, hecho que generó la protesta airada de la
presidenta brasileña Dilma Rousseff. Los gobiernos de Alemania y
Francia, también sometidos a espionaje, hicieron lo mismo. En cambio, el
caso mexicano –donde pasa lo mismo–, sólo suscitó una sumisa,
balbuceante y vergonzosa respuesta por parte de Enrique Peña, José
Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, y la elite política
local.
3) Que Petróleos Mexicanos (Pemex),
convertida en simple administradora de convenciones, opere bajo la
lógica y los criterios de empresa privada, cuyo propósito –como
cualquier entidad capitalista– no son los intereses nacionales, sino
asegurar, por cualquier medio, la mayor explotación de sus activos y el
máximo rendimiento posible para sus futuros accionistas, el Estado y los
“socios”, que serán mayoritariamente extranjeros, de los contratos de
la renta compartida.
Así, prevalecerán los peores vicios de
una economía de enclave, que descansa en las “ventajas comparativas” de
la producción de bienes primario-exportadores. No propone una definida
rearticulación e integración de la industria petrolera, ni la
sustitución de importaciones de los productos y servicios que requiere
su actividad, por lo que sus efectos multiplicadores se trasladarán
hacia fuera. En ese sentido se agravará la dependencia tecnológica,
financiera y de los bienes y servicios asociados, la depredación del
petróleo y sus derivados hasta el agotamiento, y la destrucción y
contaminación ambiental, fenómenos típicos del subdesarrollo,
actualmente sometidos a la sobreexplotación capitalista neoliberal.
Petrobras,
considerado como el ejemplo paradigmático por los neoliberales
mexicanos, se caracteriza, entre otras delicias, por el deterioro de las
relaciones laborales, cada vez más precarias y desiguales; la
tercerización (subcontratación) de las tres cuartas partes de sus
trabajadores; su voraz trasnacionalización y el salvaje saqueo de los
recursos petroleros de los países anfitriones, como opera cualquier
monopolio privado, lo que ha provocado serias protestas en Bolivia,
Argentina o Ecuador; la maximización de sus utilidades a costa de la
misma población brasileña a las que les cobra sus productos con precios
internacionales. Una empresa de esas características no puede funcionar
con tasas de ganancias bajas para ofrecer precios baratos a la población
local. Mucho menos puede venderlos subsidiadamente como parte de una
política de bienestar, porque entonces sus hojas de balance arrojarán
pérdidas.
Sólo los ilusos pueden creer que con la
reprivatización del petróleo mexicano bajarán los precios de las
gasolinas, el gas y demás derivados, o al menos se atemperarán sus
criminales alzas. A lo que aspiran los peñistas es elevarlos a sus
niveles prevalecientes en el mercado internacional o por encima de
ellos, sin abatirlos; cuando afuera se reducen en aras de ofrecer a los
inminentes “socios” beneficios atractivos. El nuevo contrato “negociado”
con los capos que regentean el sindicato petrolero ya recortó las
prestaciones sociales de los agremiados.
A los peñistas no les importa que, el 20
de octubre, para llevar a cabo la primera subasta de la concesión de un
yacimiento petrolero del Presal (se refiere a un conjunto de rocas
ubicadas frente a la costa brasileña con alto potencial petrolero; se le
llamó Presal porque existe un “intervalo de rocas” que se extiende por
debajo de una extensa capa de sal sobre el fondo marino que alcanza un
espesor de 2 mil metros; la profundidad del yacimiento se ubica a más de
7 mil metros), el campo de Libra, el cual arrojó un resultado dudoso
para Brasil, haya provocado una huelga indefinida que paralizó las
actividades del 90 por ciento del personal de la empresa, incluidas las
grandes plataformas marinas, y que la desacreditada gobernante
“izquierdista” Dilma Rousseff se viera obligada a reprimir brutalmente a
los opositores; o que en el Reino Unido, una de las cunas de las
contrarreformas energéticas neoliberales, donde los salarios están
semicongelados y las tarifas del gas y la electricidad aumentan
excesivamente (sólo el 17 de octubre la British Gas subió esas tarifas
en 8.4 por ciento y 10.4 por ciento, entre tres y cuatro veces el nivel
de la inflación), como sucede en México, se resiente el descontento de
la población. El 69 por ciento de ella exige la nueva nacionalización y
otra parte, el congelamiento de las tarifas, por considerar que
fracasaron las promesas que justificaron la reprivatización, similares a
las empleadas por los peñistas: crear un mercado eficiente que
mejoraría exponencialmente el servicio y abarataría los costos.
Bajo el supuesto que la reprivatización petrolera, por la vía de contratos de renta compartida o contratismo,
revertirá la caída de las reservas probadas, a Peña Nieto no le
preocupa estimular, como política de Estado, el ahorro y el uso racional
de la energía para extender el periodo de vida de los hidrocarburos.
Sólo quiere acelerar su extracción.
En 1983, el nivel controvertido de las
reservas totales fue estimado en 72.5 mil millones de barriles y a
principios de 2013, en 44.5 mil millones de barriles. Es decir, cayeron
39 por ciento. En aquel año se supuso que, dado el ritmo de extracción,
tendrían un nivel de vida de 55 años. Este año bajó a 33 años, por lo
que teóricamente se agotarán hacia principios de la década de 2040. Pero
dichas reservas se integran de tres maneras: 1) las reservas probadas:
que pueden ser recuperadas comercialmente, y se dividen en desarrolladas
(pueden recuperarse de los pozos existentes, incluyendo las reservas
detrás de la tubería) y no desarrolladas (pueden recuperarse a través de
pozos nuevos en áreas no perforadas); 2) las reservas probables:
aquellas que no están probadas, pero que el análisis de la información
geológica y de ingeniería del yacimiento sugiere que son más factibles
de ser comercialmente recuperables; 3) las reservas posibles: son
aquellos volúmenes de hidrocarburos cuya información geológica y de
ingeniería sugiere que es menos factible su recuperación comercial que
las reservas probables (Pemex, Las reservas de hidrocarburos de México, 2011).
Bajo esos conceptos, las únicas contantes
y sonantes por el momento son las probadas. Su cuantía fue valorada por
Pemex, por primera vez –según tengo entendido– en 1999: 24.9 mil
millones de barriles, con un periodo de vida de 17 años. A principios de
2013, las revaloró a 13.9 mil millones de barriles, 44 por ciento
menos, y se espera que se agoten en 10 años, a principios de la
siguiente década. La ampliación de su horizonte dependerá del éxito de
las inversiones privadas y de la conversión de las reservas probables en
probadas. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo se registran cuantiosas
inversiones públicas y empresariales anticonstitucionales para ampliar
las reservas probadas. En 2000 se perforaron 449 pozos de exploración y
236 en desarrollo. En 2012 pasaron a 1 mil 290 y 1 mil 254. Pero desde
2006 sólo se ha logrado contener su durabilidad en 1 década y no su
deterioro. Ese año las reservas probadas eran de 16.4 mil millones de
barriles.
Lo que sí es claro es que la futura
extracción, técnica y financieramente, será más costosa. Actualmente el
costo de producción de crudo es calculado en 5.22 dólares por barril y
su precio de venta medio en 2013 ha sido de 100.64. Si es así, ¿cómo
esperar que bajen las tarifas internas de sus derivados? Una menor renta
petrolera distribuida “desalienta” a cualquier “honrado inversionista” experto en el pillaje.
No obstante, Peña Nieto hace cuentas alegres con las reservas y, por medio de los Criterios de política económica de 2014, ya avisó que una vez aprobada su contrarreforma
elevará la producción de crudo. En 2014 será de 2 millones 520 mil
barriles diarios. Pero en 2015 aumentaría adicionalmente en 101 mil más
para llegar a 2 millones 621 mil. En 2018 subirían hasta 481 mil más
para totalizar 3 millones 1 mil barriles diarios.
La única certeza es que, pese a la baja
de las reservas probadas, en 2003 se alcanzó la producción máxima de
crudo: 3 millones 370 mil barriles diarios; y en 2013, de 2 millones 518
mil: 23 por ciento menos o 553 mil barriles menos. La producción total
de hidrocarburos cayó de 3 millones 826 mil barriles en 2004 a 2
millones 877 mil, 25 por ciento menos, o 949 mil menos. En gran medida,
lo anterior se explica por la pérdida productiva de Cantarell (ubicado
en la Sonda de Campeche), cuya producción bajó de 1 millón 349 mil
barriles diarios en 1998 a 454 mil en 2012, 66 por ciento menos (895 mil
barriles). Su participación en el total pasó de 44 a 18 por ciento. En
esa región destaca el deterioro de Akal-Nohoch-A, cuya producción en
esos años se desplomó en 1 millón 44 mil barriles, de 1 millón 240 mil a
240 mil, 81 por ciento menos.
¿Qué pasaría si las nuevas inversiones
repiten el desastre de Chicontepec, cuya producción apenas aumentó de 74
mil barriles diarios en 2004 a 145 mil en 2013? Ello es improbable,
pues se subastarán zonas probadas.
En el éxtasis productivista se planea
elevar las exportaciones de 1 millón 171 mil barriles diarios en 2013 a 1
millón 616 mil en 2018, 38 por ciento más. El esfuerzo será notable, ya
que las ventas externas máximas se registraron en 2004, 1 millón 870
mil barriles diarios, y hasta en 2013 habían caído 37 por ciento.
Por desgracia, nada se dice del problema de la petrodependencia exportadora de Estados Unidos, donde se vende el 73 por ciento del crudo.
Acaso por ello nos consideran como parte de sus intereses geopolíticos, de su área de interés nacional. Llanamente, como su patio trasero.
Mientras llega el futuro luminoso
prometido por Enrique Peña, si es que llega y se cumplen las promesas,
continuará deteriorándose la balanza comercial petrolera debido a las
crecientes importaciones de petrolíferos (gas licuado y gasolinas),
petroquímicos y gas. En 2006 el salto total fue positivo en 27.4 mil
millones de dólares y en 2012 de 21.5 mil millones. El déficit comercial
de los petrolíferos pasó de 8.7 mil millones a 24.6 mil millones entre
2008 y 2012, y el gas natural, de 529 millones a 1 mil 216 millones.
¿Y qué tal si todo es una farsa?
*Economista
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/11/06/contrarreforma-energetica-la-extincion-de-las-reservas-petroleras/
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