PATRICIA MUÑOZ RÍOS, La Jornada
La Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (Conasami) destina más de 28 millones de pesos de su
presupuesto federal anual a pagar “la elaboración de estudios económicos
para determinar el incremento en el salario mínimo”, aun cuando cada
año se define en esta instancia que el porcentaje del aumento sea igual a
la inflación estimada; incluso, en los dos sexenios pasados el ajuste
para los salarios obreros ha sido de 2 pesos en promedio.
Esta instancia, que ha sido
calificada de “inoperante” y “obsoleta” por gremios como la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano y la Nueva
Central de Trabajadores, y como “elefante blanco” que debería
transformarse o desaparecer, tiene un presupuesto anual superior a 41
millones de pesos; canaliza 11 de ellos a servicios “de apoyo
administrativo y paga a su presidente, Basilio González, una cantidad
similar al sueldo de 115 personas que ganan el mínimo.
Copias del presupuesto
programático de la Conasami para 2014 indican que Basilio González tiene
un sueldo de 2 millones 81 mil 600 pesos anuales, más 39 mil 600 de un
bono de “protección al salario”, 75 mil 800 pesos de pago de seguros,
275 mil 211 pesos por concepto de “fondos y seguros de ahorro para el
retiro”, y 270 mil pesos por “condiciones de trabajo, contratos
colectivos y otras remuneraciones”, que dan un total 2 millones 798 mil
600 pesos.
En tanto, en esta dependencia
un coordinador general gana un millón 856 mil 125 pesos anuales; un
director de unidad, 809 mil; director de área, 801 mil 600 pesos. En
contrapartida, los analistas, profesionales especializados y
dictaminadores ganan 191 mil 900 pesos anuales, menos de lo que gana el
presidente de la Conasami en un mes, según los documentos referidos.
La comisión no tiene ingresos,
únicamente utiliza presupuesto federal. Gasta un millón 877 mil pesos
en “actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”, otros 28
millones 282 mil pesos en la elaboración de estudios económicos para
determinar el incremento en el salario mínimo, de los cuales 20 millones
son el pago de servicios profesionales de estos análisis, y 7 millones
600 mil por gasto de operación de los mismos informes.
Anualmente, cuando se instala
la sesión de la comisión para la revisión de los salarios mínimos, los
representantes gubernamentales, obreros y de los patrones “revisan” los
informes económicos que se presentan. No obstante, en los pasados 13
años, más allá de dichos análisis, el incremento a los mínimos se fija
de acuerdo con la inflación prevista para el año siguiente.
En todos los sexenios
panistas, el promedio de incremento salarial ha sido de 2 pesos diarios,
es decir, 730 pesos de aumento en un año.
Respecto de las funciones de
esta comisión, uno de los dirigentes de la Nueva Central Sindical,
Benito Bahena, lo mismo que los líderes de la presidencia colegiada de
la UNT, Agustín Rodríguez y Francisco Hernández Juárez, plantearon que
no se justifica la existencia de esta instancia, pidieron su
desaparición y se manifestaron por la creación de un instituto del
salario, que cambie la tarea de la Conasami como fijadora de los “techos
de revisión salarial” por la de fomento al mejoramiento del poder de
compra de los trabajadores.
Incluso, en el proyecto de
reforma laboral que presentó el PRD en el sexenio pasado se señalaba de
manera específica la desaparición de esta comisión.
El titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, ha señalado que
se presentará un esquema para desvincular al salario mínimo del pago de
multas, derechos, créditos de vivienda y más de 600 conceptos
financieros, administrativos y burocráticos, que modificaría las tareas
de la comisión que preside Basilio González desde 1991, y que se ha
relegido cinco veces y estará en el cargo hasta 2015.
También sobre este punto, el
secretario del trabajo de la Confederación de Trabajadores de México,
José Luis Carazo, uno de los representantes obreros ante esta comisión,
indicó que en el segundo semestre de este año se presentará un proyecto
para desvincular el salario mínimo del pago de multas, derechos y
contribuciones y que éste deje de ser “unidad de medida”.
El representante obrero indicó
que ya se elabora este proyecto que presentará la Secretaría del
Trabajo y que permitirá que cuando se revise el aumento a los mínimos se
analice el ajuste a los salarios obreros, y no a una cadena de
contribuciones que no tienen que ver con las remuneraciones.
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