Denuncian a magistrados ligados a casinos
La denuncia de hechos
"que pudieran ser constitutivos de delitos" involucra a los magistrados
Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil; y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer
Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo; así como al juez
Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito
en Materia Administrativa, y a Mario Alberto Prado, ex secretario
técnico.
El Consejo de la Judicatura Federal presentó ante el Ministerio
Público una denuncia contra magistrados que presuntamente están
involucrados en una red de tráfico de influencias a favor de Juan José
Rojas Cardona, el zar de los casinos.
Este es el comunicado en que la Judicatura informa de su denuncia:
Este es el comunicado en que la Judicatura informa de su denuncia:
PRESENTA CJF DENUNCIA DE HECHOS POR POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES
*Dicha acción se deriva del compromiso del CJF de garantizar una justicia imparcial para los ciudadanos
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de
hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, debido a que en
diversas notas periodísticas se involucra a los magistrados Eduardo
Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex
integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del
Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano
Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos-, y a
Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.
Esta decisión se fundamenta en lo dispuesto
por los artículos 21, párrafos primero y segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 116, 117, 118 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que según
diversas notas periodísticas se involucra la participación de los
mencionados funcionarios públicos en posibles actos ilícitos.
Paralelamente y de acuerdo con sus
facultades constitucionales, el Consejo de la Judicatura Federal
continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las
faltas en las que se pudieran haber incurrido.
Asimismo, expresa su determinación de
aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la
autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna
conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se
trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente
a la sociedad, que es la de impartir justicia.
Con esta acción, el CJF cumple con su
compromiso constitucional de garantizar una justicia imparcial y de
calidad, lo que constituye una demanda de la sociedad.
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