INE deberá consultar a ciudadanos sobre manejo de datos personales

INE deberá consultar a ciudadanos sobre manejo de datos personales



2014-05-25




México, 25 May. (Notimex).- El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá consultar por escrito a los ciudadanos si desean o no, que los datos de su domicilio sean visibles en su credencial para votar, determinó la Sala Superior del TEPJF.

Lo anterior, "en tanto que, en el ejercicio de ese derecho, el principio de información constituye una condición necesaria para que el consentimiento sea válido”, según una de las cuatro tesis emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las tesis emitidas están relacionadas con el manejo de los datos personales de los ciudadanos que realicen algún trámite de registro para fines electorales.

Así, si bien los ciudadanos están obligados a proporcionar a la autoridad electoral dichos datos al inscribirse en el Registro Federal de Electores, este órgano debe recabarlos para ubicar su residencia dentro de un distrito y una sección determinados en la lista nominal de electores.

En la tesis XVII, titulada "Deber de garantizar su protección en el ejercicio de la función registral electoral”, con el rubro “Datos personales, el TEPJF precisó que la autoridad tiene el deber de no difundir información personal sin el consentimiento de su titular.

Lo anterior salvo en aquellos casos en que esto tenga una justificación con base en los principios rectores de la materia electoral.

Mientras que en la tesis XVIII/2014, con el rubro “Datos personales. Los ciudadanos están facultados para decidir y consentir su difusión”, se estableció que se debe garantizar el derecho de las personas a decidir sobre la publicidad de esa información.

De esta manera, sólo los ciudadanos pueden elegir cuáles de sus datos personales pueden ser conocidos, y cuáles deben permanecer en reserva; además de designar quién y bajo qué modalidades pueden utilizarlos.

La Sala Superior determinó que la protección de los datos personales incluye el derecho de autodeterminación informativa, como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en el manejo y cuidado de las referencias a las personas en el ámbito de su vida privada.

El Estado, por su parte, a través de sus diferentes órganos adoptará las medidas necesarias para hacer efectiva la tutela del referido derecho.

Las cuatro tesis fueron aprobadas por unanimidad, en la sesión pública del pasado 30 del abril.