25 vs 5: aprueban comisiones del Senado leyes en telecom, en lo general

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado, para solicitar a la Comisión Permanente convoque a periodo extraordinario del Congreso, el cual se realizaría este viernes, donde discutirán las reservas y los artículos más polémicos.

Redacción AN

julio 3, 2014 7:01 am

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen con el decreto que expide las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Los senadores emitieron 25 votos a favor del dictamen y 5 en contra con lo que quedó aprobado en lo general. Las reservas presentadas serán abordadas cuando el dictamen sea sometido al pleno del Senado.
El dictamen se remitió a la Mesa Directiva del Senado, que estaría en posibilidad de solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el senador Raúl Cervantes Andrade, convoque a un periodo de sesiones extraordinario de las cámaras de Senadores y de Diputados para que discusión y votación.
El dictamen con proyecto de decreto expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, reglamentarias de la reforma constitucional en la materia, promulgada en 2013.
El objetivo de la legislación es establecer las condiciones y el entorno legal que propicie la transformación de las telecomunicaciones y la radiodifusión a sectores más competidos y con mayores niveles de inversión, lo que necesariamente se traducirá en mejores servicios públicos, con mayor diversidad, calidad y a menores precios.
El decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, dota al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) del marco legal para regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión.
Algunos aspectos relevantes son: no se harán cargos por llamadas telefónicas de larga distancia; se establece la obligación de las redes públicas de telecomunicaciones de interconectarse directa o indirectamente; la portabilidad efectiva del número telefónico sin cargo alguno al usuario final o abonado; y asegura la continuidad de los servicios de telecomunicaciones cuando en una localidad exista un solo concesionario operando.
Resuelve que los concesionarios no tienen facultad de bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios de internet, ya sea por solicitud del usuario o de una autoridad competente.
Plantea la creación de un defensor de la audiencia en los concesionarios del servicio de radiodifusión, que sea responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de la audiencia.
El IFT deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e impondrá medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia a través de una regulación asimétrica.
El agente económico preponderante se considerará en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.
Respecto a las concesiones de uso social en radiodifusión, como las comunitarias e indígenas, pueden acceder a fuentes de financiamiento como la venta de espacios publicitarios a entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad, así como la venta de productos o servicios de edición, audio y grabación o arrendamiento de estudios.
Al inicio de la sesión se introdujo una modificación al proyecto de dictamen para determinar que el IFT deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas, el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHZ, porcentaje que se concesionará en la parte alta de la referida banda.
Respecto a facultades de dependencias del Poder Ejecutivo Federal, el dictamen indica que a la Secretaría de Gobernación le corresponde la administración de los tiempos del Estado y por su experiencia, infraestructura y conocimiento técnico, se le faculta para ordenar, autorizar, supervisar, clasificar, coordinar y/o sancionar aspectos relacionados con contenidos en radiodifusión.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá opinión técnica no vinculante sobre el otorgamiento, prórroga o revocación de concesiones, así como adoptará medidas para la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar una opinión técnica no vinculante respecto a las contraprestaciones por concesiones y prórrogas que determine el IFT.
Se crea el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, para asegurar el acceso al mayor número de personas en las entidades federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, así como a las expresiones de diversidad y pluralidad de ideas y opiniones.
Posicionamientos
La sesión fue conducida por el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón, junto con las presidentas de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales Magdaleno; y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, durante cerca de seis horas.
Al presentar el dictamen, el senador Lozano Alarcón afirmó que el proyecto tiene el gran reto de apegarse al texto constitucional y que haya “piso parejo” para los agentes que participan en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Dijo que en esos mercados existen desigualdades y asimetrías, por lo que la legidlación deberá garantizar a los usuarios más servicios, mejores tarifas y que las audiencias encuentren una mayor diversidad de contenidos en un ambiente de libertades y de respeto a la vida privada y dignidad de las personas.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Ortiz González aseguró que el dictamen cumple de manera puntual con los principios plasmados en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución y que está pensado para el bienestar de los mexicanos.
La propuesta original, agregó, se modificó en temas relativos al fortalecimiento del IFT, la distribución de competencias respecto de la regulación de contenidos, la independencia editorial de los medios públicos, el acceso irrestricto a Internet y los mecanismos para facilitar el otorgamiento de concesiones de uso social.
A nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales Magdaleno, destacó que con esta legislación no sólo se norman las atribuciones de la autoridad y los esquemas de operación de los concesionarios en esta materia, sino también se reglamentan los derechos de libre expresión, así como de acceso a la información y a las tecnologías.
Sin embargo, se pronunció en contra de la propuesta de dictamen porque, las leyes secundarias prevén esquemas benéficos y ventajosos para algunos concesionarios que debilitan y, en su caso, buscan anular el control estatal que debe existir cuando se trata del aprovechamiento y de la explotación de un bien público.
En la discusión en lo general, los senadores Enrique Burgos García, del PRI, Fernando Torres Graciano, del PAN, Zoé Robledo Aburto, del PRD, Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, Marco Antonio Blésquez Salinas, del PT se pronunciaron a favor del dictamen.
En tanto, los senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, adelantaron su voto en contra del proyecto. Además, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza anunció que se abstendría de votar el proyecto.
El senador Enrique Burgos García negó que se pretenda privilegiar o limitar algún espacio de las empresas que participan en el sector e hizo un llamado para ir sin dogmatismo u ortodoxias a buscar el bien de la colectividad y el interés social.
En opinión del senador Zoé Robledo Aburto la legiaslasicón no es un mecanismo para favorecer o perjudicar a ningún grupo económico, sino para garantizar derechos y crear beneficios sociales.
Por su parte, el Fernando Torres Graciano expuso que el centro de la reforma es el beneficio económico que se dará a los consumidores de usuarios de los servicios, así como en la calidad en éstos.
A su vez, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez aseveró que en el texto se integran múltiples beneficios entre los que destacan la autonomía del IFT para que sus decisiones no se sometan a recursos de revisión.
Por su parte, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas mencionó que la industria no se rige por ideologías sino por intereses, competencia y competitividad y resaltó los avances en el respeto a la libertad de expresión.
Al fijar su postura en contra, el senador panista Javier Corral Jurado afirmó que se trata de una “contrareforma”, porque confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos, limita los derechos de las audiencias y carece de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios.
Su compañera de bancada, Marcela Torres Peimbert expresó que la definición de preponderancia por sector constituye un error legislativo que no se subsanará transcribiendo un parte del texto constitucional, y que no determinarla por servicio es un grave desacierto.
El senador Ernesto Ruffo Appel señaló que el término preponderante es confuso y a modo para el litigio, por lo que se trata de un engaño, una manera de dar la vuelta a los ciudadanos.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez señaló que es necesario clarificar temas como la preponderancia, multiprogramación, medidas asimétricas, derechos de las audiencias y colaboración con la justicia.
En tanto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya consideró que las leyes secundarias deben atender la situación especial de los pueblos indígenas, así como la preservación de su legado y su patrimonio cultural.
Posteriormente, se abrió una ronda de intervenciones de los senadores que no pertenece a las comisiones dictaminadoras, donde los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna, del PRD, así como Manuel Bartlett Díaz, del PT, se pronunciaron en contra.
Encinas Rodríguez señaló que con este dictamen se da marcha atrás a los acuerdos a los que se habían llegado para aceptar por lo menos 60 modificaciones, pues no fueron incluidas en el proyecto que se discutió.
En esta ronda también participaron a favor del dictamen el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, y Armando Ríos Piter, del PRD.
Previamente a la discusión, los senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del PAN; Alejandra Barrales Magdaleno, Fidel Demédicis Hidalgo y Alejando Encinas Rodríguez, del PRD; así como Manuel Bartlett Díaz, del PT, manifestaron su inconformidad por el mecanismo para la discusión del dictamen, pues, dijeron, contraviene el Reglamento del Senado y la Ley Orgánica del Congreso al no permitir la discusión de los artículos reservados en lo particular.
Durante la sesión un grupo de personas ubicadas en las galerías del salón de la Comisión Permanente, donde trabajaron las comisiones dictaminadoras, expresó su inconformidad con el contenido del dictamen. Al insistir en sus protestas, fueron retiradas por personal de resguardo del Senado.