Brota en EU transa Pemex-Sindicato
ÁNGEL VILLARINO Y BENITO JIMÉNEZ / Publicada el 29/07/2014 11:59:33 p.m.
Una Corte de Houston resolvió que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) debe pagar un adeudo millonario por incumplimiento de contrato.
El pasado 15 de julio, la jueza Sylvia Matthews se pronunció a favor de Arriba Limited, una empresa texana que reclama más de mil 400 millones de dólares al sindicato.
El veredicto destaca que la deuda se puede saldar en cualquier parte del mundo y utilizando cualquier recurso legal, excepto en México.
De esta manera, los abogados de Arriba podrían buscar la expropiación de capitales y bienes del STPRM en el extranjero, algo que ya intentaron hace 10 años.
El caso de corrupción, con 30 años de litigios, inició en 1984 cuando Pemex otorgó al gremio, encabezado entonces por Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", una concesión para comercializar los residuos del petróleo crudo.
En ese año, la Comisión de Contratos del STPRM recibió 2 millones de dólares y pactó el acuerdo con Arriba Limited para comenzar a entregar un mínimo de 6 millones de barriles de aceite residual de la refinería de Minatitlán.
Sin embargo, la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto frenó el convenio por considerarlo ilegal. Pemex y el sindicato fueron demandados por incumplimiento y en 1986 se les exigió una indemnización por 92 millones de dólares.
La deuda se fue multiplicando a causa de los intereses y los daños ocasionados.
En el juicio, representantes de Arriba Limited declararon que el sindicato exigió dinero para sobornar a funcionarios de Pemex para obtener el residual; la empresa se negó, por lo que no recibió el petróleo prometido.
El gremio entró a negociar y pactó otorgar contratos directos de Pemex, pero hubo otro incumplimiento y en 1989 se presentó otra nueva demanda por 273 millones de dólares.
El conflicto fue tan grave que, en junio de 1989, el avión presidencial de Carlos Salinas llegó a Dallas y fue embargado. Horas después fue liberado al justificar que no era propiedad de Pemex.
En 1992, una Corte en EU desechó las demandas contra Pemex, pero avaló el incumplimiento del sindicato.
En septiembre de 2000, durante la negociación del contrato colectivo entre Pemex y el sindicato, Carlos Romero Deschamps alertó que el adeudo era cercano a mil 400 millones de dólares.
"La representación sindical (STPRM) reitera su petición de apoyo económico para estar en condiciones de atender en forma adecuada la resolución de la demanda que la empresa Arriba entabló en 1985", se lee en el convenio firmado por Romero Deschamps y Montemayor.
Se indicó en esa reunión que Arriba Limited había obtenido sentencias favorables en rebeldía en dos ocasiones. En 1986, por 92 millones 266 mil dólares, y en 1989 por 180 millones 750 mil dólares.
Ante la crisis, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor, otorgó al gremio un apoyo por 250 millones de pesos para atender la demanda. Además, otorgó otro 850 millones como "indemnización" y acuerdos con el STPRM.
Dichos apoyos, por mil 100 millones de pesos, se convirtieron en el "Pemexgate", que el Gobierno de Fox denunció penalmente por considerar que el dinero fue para financiar la campaña del priista Francisco Labastida.
En ese mismo convenio se asentó que el sindicato pagó a Pemex 640 millones de pesos por concepto de un préstamo efectuado en junio de ese año, sin que se detallara su uso.
Para junio de 2001, la Corte Superior de California condenó al sindicato a pagar 231 millones de dólares.
El fallo de la jueza Matthews parte de un acuerdo firmado en mayo de 2004, llamado "Garnished Fund Agreement", para repartir 44 millones de dólares.
Dicho monto quedó embargado después de ser localizado en una cuenta de una casa de cambio en Nueva York a nombre del sindicato petrolero.
El sindicato intentó llegar a un acuerdo con la empresa y convino el reparto de ese fondo en un 52 por ciento para ésta, y 48 por ciento para el gremio, que fue manejado por su abogado, Carlos Ryerson, que a la postre fue desconocido.
Pero la jueza rechazó esa versión, le dio la razón a Arriba Limited y avaló una cláusula que advierte que, ante el incumplimiento, el STPRM debe pagar el adeudo de 1986, más los intereses.
El vínculo con el 'Pemexgate'
El litigio que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República (STPRM) tiene en Estados Unidos con la empresa Arriba Limited formó parte de la investigación del llamado "Pemexgate".
El dinero asegurado en Estados Unidos, que supuestamente sería utilizado para llegar a un arreglo con la firma estadounidense, estuvo bajo sospecha de haber sido parte del financiamiento ilegal a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, en 2000.
El entonces Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, José Luis Moya Flores, consideró en 2002 -durante el auto mediante el cual decretó girar varias órdenes de aprehensión- que el dinero que el sindicato obtuvo de Pemex como ayuda para enfrentar el litigo en Estados Unidos, en realidad era para la campaña electoral.
"(...) Resulta evidente que este convenio fue el instrumento para distraer, en beneficio del sindicato, sumas de una partida presupuestal que no tenía por objeto pagar indemnizaciones de ninguna especie ni financiar el pago de condenas inexistentes por litigios entablados contra el sindicato", razonó en aquel momento.
De acuerdo con el convenio que el sindicato firmó con Pemex el 11 de septiembre de 2000, la paraestatal le entregó 250 millones de pesos para que estuviera en condiciones de atender la demanda que enfrentaba en Estados Unidos con Arriba Limited.
Según el seguimiento a los depósitos, que hizo la Procuraduría General de la República, el sindicato transfirió a una cuenta en la casa de bolsa Donaldson, Lufkin & Jenrette, de Nueva York, los 250 millones, más otros 140 millones -probablemente recursos del propio sindicato obtenidos con anterioridad- los cuales, al poco tiempo, fueron asegurados.
Con base en los datos que en su momento recabó la PGR, Pemex se había comprometido con el sindicato a entregarle mil millones de pesos para encarar la demanda, de los cuales, 640 millones le fueron descontados, debido a que le habían sido dados en calidad de préstamo unos meses antes.
Los principales acusados del "Pemexgate" fueron Rogelio Montemayor, ex director de Pemex; Carlos Romero Deschamps, líder del STPRM; Ricardo Aldana, tesorero del STPRM; Carlos Almada, ex vocero presidencial, y Jorge Cárdenas Elizondo, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación.
Después de varios años de litigio, al final todos estos implicados libraron las acusaciones y ninguno de ellos fue encontrado responsable del presunto desvío.
Y la paraestatal ¡no sabe nada!
En Pemex desconocen los detalles del litigio entre Arriba Limited y el gremio petrolero.
Voceros de la paraestatal argumentan que el pleito tiene más de tres décadas, por lo que no existen documentos sobre el tema en sus archivos.
En tanto, fuentes del sindicato afirmaron que el juicio multimillonario en su contra no está perdido y sus bienes o los de sus líderes no están en riesgo de ser embargados.
Lo que la juez de Texas ordenó en su fallo de hace 15 días, aseguraron, fue que la organización sindical pagara únicamente el costo del juicio para el Estado de Texas y que se ejecutara una sentencia previa dictada en San Diego, California, que quedó sin efectos desde 2001.
De cumplirse dicha sentencia, el sindicato debería pagar entre 400 y mil 400 millones de dólares, por los intereses que se acumulan desde que en 1980 se presentó la demanda.
Asimismo, según las fuentes, en el juicio se desechó la demanda de Carlos Ryerson, ex abogado del sindicato, quien reclamaba pagos nunca efectuados.
Con información de José David Estrada y Claudia Salazar
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