Liberan precios de combustibles
AGENCIA REFORMA / Publicada el 18/07/2014
Legisladores perredistas se manifestaron en contra de la reforma energética. Foto: Especial
El Senado aprobó una reforma para dejar en manos del mercado el precio de la gasolina, el diésel y el gas LP.
Los legisladores no sólo decidieron adelantar dos años el calendario propuesto por el Ejecutivo, sino que establecieron que la Comisión Federal de Competencia Económica podrá acortar aún más los plazos para liberar el precio de los combustibles.
De acuerdo con el régimen transitorio de la nueva Ley de Hidrocarburos, el costo del litro de gasolina y diésel será regulado por la oferta y la demanda a partir de 2018.
Desde el primero de enero de 2016, Pemex perderá el monopolio de las gasolineras, pues la Comisión Reguladora de Energía podrá expedir permisos para que empresas privadas, nacionales o extranjeras.
En 2017, los privados también podrán importar gasolina.
En el caso del Gas LP, el precio será liberado en 2017, luego de que el Gobierno federal ponga en marcha un programa de apoyos focalizados para evitar afectaciones a sectores más pobres de la población.
En enero de 2016, cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas, podrá importar gas, actividad que hasta ahora sólo puede realizar Pemex.
En el articulado se reconoce que, antes de la apertura, el Ejecutivo será el responsable de fijar los precios máximos, con ajustes a la alza, vinculados a la inflación y a la volatilidad de los precios internacionales.
Los plazos previstos en la reforma están atados a nuevas disposiciones en las que se pide al Ejecutivo establecer “subsidios focalizados” para evitar que la liberación de precios impacte a la población más pobre.
Por otro lado, la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada en lo general por el pleno del Senado, regula la apertura del sector energético a la iniciativa privada a través de contratos, licencias y asociaciones.
Con los cambios realizados a la propuesta del Ejecutivo, la Cámara alta incrementa el catálogo de sanciones, elimina la expropiación de tierras para la explotación de energéticos y adelanta la liberación del precio de la gasolina.
De acuerdo con la legislación, se podrán utilizar esquemas de asociación público-privadas en las actividades de refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos o la generación de energía eléctrica.
Los legisladores no sólo decidieron adelantar dos años el calendario propuesto por el Ejecutivo, sino que establecieron que la Comisión Federal de Competencia Económica podrá acortar aún más los plazos para liberar el precio de los combustibles.
De acuerdo con el régimen transitorio de la nueva Ley de Hidrocarburos, el costo del litro de gasolina y diésel será regulado por la oferta y la demanda a partir de 2018.
Desde el primero de enero de 2016, Pemex perderá el monopolio de las gasolineras, pues la Comisión Reguladora de Energía podrá expedir permisos para que empresas privadas, nacionales o extranjeras.
En 2017, los privados también podrán importar gasolina.
En el caso del Gas LP, el precio será liberado en 2017, luego de que el Gobierno federal ponga en marcha un programa de apoyos focalizados para evitar afectaciones a sectores más pobres de la población.
En enero de 2016, cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas, podrá importar gas, actividad que hasta ahora sólo puede realizar Pemex.
En el articulado se reconoce que, antes de la apertura, el Ejecutivo será el responsable de fijar los precios máximos, con ajustes a la alza, vinculados a la inflación y a la volatilidad de los precios internacionales.
Los plazos previstos en la reforma están atados a nuevas disposiciones en las que se pide al Ejecutivo establecer “subsidios focalizados” para evitar que la liberación de precios impacte a la población más pobre.
Por otro lado, la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada en lo general por el pleno del Senado, regula la apertura del sector energético a la iniciativa privada a través de contratos, licencias y asociaciones.
Con los cambios realizados a la propuesta del Ejecutivo, la Cámara alta incrementa el catálogo de sanciones, elimina la expropiación de tierras para la explotación de energéticos y adelanta la liberación del precio de la gasolina.
De acuerdo con la legislación, se podrán utilizar esquemas de asociación público-privadas en las actividades de refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos o la generación de energía eléctrica.
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