Guerras que no se llaman guerra y de cuestionable cobertura legal
La Casa Blanca no ha buscado el apoyo del Congreso para atacar al Estado Islámico en Siria y se resiste a calificar la operación militar como una guerra
Yolanda Monge
Washington
24 SEP 2014 - 20:48 CEST37
Ataques sobre Abu Kamal, Siria. / US NAVY (Reuters)
Que la legalidad o ilegalidad esté en boca de expertos juristas pero
sea evitada por senadores y legisladores con intereses partidistas
podría quedar resumida en la tantas veces repetida frase en Capitol Hill
de politics as usual (el politiqueo de siempre). O lo que es
lo mismo, la verdadera limitación –o no- de los poderes de guerra del
presidente no responde tanto al espíritu de la ley como al momento
político. El Congreso desatendiendo su responsabilidad constitucional y
abandonando Washington para evitar un voto que pueda dañar a los
políticos que renuevan cargo el próximo 4 de noviembre es un ejemplo de
ello.
La Casa Blanca entra en un balbuceo sin límites cuando comienza a explicar de donde nace la autoridad legal que se arroga Barack Obama para atacar en Siria a los radicales suníes del autoproclamado Estado Islámico y se refugia en la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001 y 2003.
Con la primera, el entonces presidente George W. Bush quedaba autorizado para actuar “contra aquellas naciones, organizaciones o personas que habían ayudado, cometido o planeado los ataques terroristas que sucedieron el 11-S o dieron cobijo a esas organizaciones o personas”. Con la segunda, Bush tuvo luz verde para declarar la guerra “para defender la seguridad nacional de Estados Unidos contra la continua amenaza que suponía Irak”, entonces gobernado por Sadam Husein.
Obama no ha pedido autorización al Congreso para iniciar lo que suena como una guerra, pinta como una guerra y deja bajas como una guerra por mucho que la Casa Blanca no lo llame por ese nombre -y cuyos enemigos ahora parecen ser dos y no uno, al añadir Jorasan a los ataques-. Bajo la Ley de Poderes de Guerra -que en 1973 aprobaron ambas Cámaras del Congreso, tras filtrarse que Richard Nixon había bombardeado secretamente Camboya-, la Administración demócrata ha notificado a senadores y representantes sobre sus acciones militares en Irak y Siria, pero eso no es sustituto de la autorización que, como establecieron los padres fundadores al otorgar al Congreso la capacidad de declarar la guerra, debe conceder este último.
La Casa Blanca, esta Casa Blanca, ha iniciado un ataque militar
contra una nación como ya hiceran antes otros presidentes, ya fuera Bill
Clinton en 1991 en Serbia; George H. W. Bush en Panamá en 1989; o
Ronald Reagan en Granada en 1983 –y Obama en 2011 con Libia-. En todos
los casos anteriores, incluida la Guerra de Corea, el Congreso no tomó
parte en la decisión.
Lo que no ha hecho la Casa Blanca –y es lo que hubiera sido más sencillo, en opinión de juristas expertos en el poder ejecutivo, o al menos hubiera servido de maquillaje- es escudarse en el artículo II de la Constitución o el poder que tiene el presidente para declarar la guerra, ya que hubiera supuesto una asociación con malas decisiones tomadas por la anterior Administración.
En materia de legalidad internacional, EEUU ha acudido esta semana a la 69 Asamblea General de Naciones Unidas con un hecho ya consumado: los bombardeos sobre Siria sin que hayan pasado el filtro del Consejo de Seguridad. No cuentan los de Irak, porque el Gobierno de ese país solicitó la ayuda de Washington.
En una carta al secretario general de la ONU, la embajadora de EEUU ante esta organización, Samantha Powers, cita el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas como garantía de legalidad para atacar Siria, ya que este punto permite la autodefensa ante un ataque y el régimen de Bachar Al Asad no está respondiendo a la amenaza que supone el Estado Islámico. “Los Estados deben ser capaces de defenderse a sí mismos cuando se enfrentan a un caso en el que el Gobierno del Estado donde radica la amenaza es incapaz o no quiere prevenirla”, dijo Powers. “De esa manera, EEUU ha iniciado en Siria las acciones militares necesarias y proporcionadas para eliminar la amenaza [del Estado Islámico] a Irak”.
La Casa Blanca entra en un balbuceo sin límites cuando comienza a explicar de donde nace la autoridad legal que se arroga Barack Obama para atacar en Siria a los radicales suníes del autoproclamado Estado Islámico y se refugia en la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001 y 2003.
Con la primera, el entonces presidente George W. Bush quedaba autorizado para actuar “contra aquellas naciones, organizaciones o personas que habían ayudado, cometido o planeado los ataques terroristas que sucedieron el 11-S o dieron cobijo a esas organizaciones o personas”. Con la segunda, Bush tuvo luz verde para declarar la guerra “para defender la seguridad nacional de Estados Unidos contra la continua amenaza que suponía Irak”, entonces gobernado por Sadam Husein.
Obama no ha pedido autorización al Congreso para iniciar lo que suena como una guerra, pinta como una guerra y deja bajas como una guerra por mucho que la Casa Blanca no lo llame por ese nombre -y cuyos enemigos ahora parecen ser dos y no uno, al añadir Jorasan a los ataques-. Bajo la Ley de Poderes de Guerra -que en 1973 aprobaron ambas Cámaras del Congreso, tras filtrarse que Richard Nixon había bombardeado secretamente Camboya-, la Administración demócrata ha notificado a senadores y representantes sobre sus acciones militares en Irak y Siria, pero eso no es sustituto de la autorización que, como establecieron los padres fundadores al otorgar al Congreso la capacidad de declarar la guerra, debe conceder este último.
Bill Clinton atacó Serbia en 1991; George H. W. Bush Panamá en 1989; y Ronald Reagan Granada en 1983
Lo que no ha hecho la Casa Blanca –y es lo que hubiera sido más sencillo, en opinión de juristas expertos en el poder ejecutivo, o al menos hubiera servido de maquillaje- es escudarse en el artículo II de la Constitución o el poder que tiene el presidente para declarar la guerra, ya que hubiera supuesto una asociación con malas decisiones tomadas por la anterior Administración.
En materia de legalidad internacional, EEUU ha acudido esta semana a la 69 Asamblea General de Naciones Unidas con un hecho ya consumado: los bombardeos sobre Siria sin que hayan pasado el filtro del Consejo de Seguridad. No cuentan los de Irak, porque el Gobierno de ese país solicitó la ayuda de Washington.
En una carta al secretario general de la ONU, la embajadora de EEUU ante esta organización, Samantha Powers, cita el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas como garantía de legalidad para atacar Siria, ya que este punto permite la autodefensa ante un ataque y el régimen de Bachar Al Asad no está respondiendo a la amenaza que supone el Estado Islámico. “Los Estados deben ser capaces de defenderse a sí mismos cuando se enfrentan a un caso en el que el Gobierno del Estado donde radica la amenaza es incapaz o no quiere prevenirla”, dijo Powers. “De esa manera, EEUU ha iniciado en Siria las acciones militares necesarias y proporcionadas para eliminar la amenaza [del Estado Islámico] a Irak”.
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