La metástasis del crimen organizado en México

La metástasis del crimen organizado en México

2014-10-27



Yaiza Santos, abc.es

En 2013, la Procuraduría General de la República tenía registradas 89 bandas delictivas en todo el país

El mapa de los cárteles que operan en México cambia tan rápido que da vértigo. El del año pasado ya envejeció y este no tardará mucho en hacerlo. En aquel no figuraban, por ejemplo, los «Guerreros Unidos», acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tras los ataques de Iguala del pasado 26 de septiembre, que se cobraron seis vidas. El crimen organizado en México es una hidra de Lerna que multiplica sus cabezas cuando se le corta una.



En 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) tenía registradas 89 bandas delictivas en todo el país, según un informe que publicó la revista «Contralíneas» después de hacer una petición formal al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el organismo autónomo que garantiza la transparencia en México. No hay otra manera de actualizar la información por vías oficiales. Eduardo Zerón, portavoz de la PGR, invita a realizar una petición similar –que se demoraría semanas, cuando no meses– y se explica: «No decimos qué tipo de bandas delictivas están en qué lugar ni cómo se llaman porque para nosotros todos, todos, son delincuentes comunes. Obviamente ellos se ponen nombres, pero si doy una información y ratifico que así los estamos denominando y sus zonas de influencia, les estamos dando una personalidad, y eso es lo que el gobierno federal no pretende hacer».

Eduardo Guerrero, doctor en ciencias políticas y especialista en violencia y seguridad, da respuesta a través de los datos recopilados por su empresa, Lantia Consultores: «Tenemos registro de nueve cárteles (Sinaloa, Pacífico Sur, Juárez, Tijuana, Golfo, Zetas, Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación), y de 113 células criminales narcotraficantes». Hace dos años, en una entrevista a «Letras Libres», Guerrero diferenciaba entre los viejos cárteles, como el de Sinaloa, cuya violencia, centrada en el «negocio» –por ejemplo a los conflictos con otros cárteles con los que disputan plazas y rutas–, tiende a ser discreta, pues si atraen a las fuerzas policiales ya no les conviene económicamente, y los nuevos, notoriamente Los Zetas –antiguo brazo armado del cártel del Golfo, con el que hoy mantiene una guerra sin piedad–, que ejercen una violencia desmedida e indiscriminada para ganarse la fama siniestra que les permite extorsionar sin paliativos en todo territorio donde operan (su influencia abarca prácticamente toda la mitad Este del país). Además, explicaba cómo la detención de numerosos capos en la administración del presidente Felipe Calderón –el logro pírrico de seis años de «guerra contra el narco», a la que muchos analistas responsabilizan del descontrol de la violencia– había tenido un efecto perverso: la deserción de mandos medios en las grandes organizaciones, que a su vez se convertían en capos de nuevas células del terror. Un cáncer metastásico.

«Lo que ha sucedido de ese entonces para acá –dice Guerrero– es que las organizaciones se han ido fragmentando aún más. Todavía tenemos grandes cárteles, sobre todo el de Sinaloa, y tenemos una gran gama de mafias, que se dedican sobre todo a la extorsión y al secuestro. Dependiendo de su ubicación geográfica, tienen otros negocios, como el tráfico de personas o la trata, la extracción ilegal de combustible, etcétera. Con todas las intervenciones militares y policiales que ha habido en los últimos dos años en los centros urbanos más violentos, muchas células se han trasladado a zonas rurales, donde se dedican a extorsionar a empresarios agrícolas o a ganaderos, lo cual ha propiciado la aparición de grupos de autodefensa, muchos de ellos financiados por estos mismos empresarios».

En este panorama es donde cuadran tanto «Guerreros Unidos» como «Los Rojos», que se reparten la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas en la zona de Guerrero, sur del Estado de México y Morelos. Ambos son escisiones del cártel de Edgar Valdez Villarreal «La Barbie», detenido en 2010, que a su vez fue antes el brazo armado de los hermanos Beltrán Leyva, que a su vez se separaron del cártel de Sinaloa, al que originalmente llevaban el tráfico de cocaína. La hipótesis de Eduardo de lo que sucedió en Iguala tiene que ver con el choque de estas células con los grupos de carácter guerrillero que ya existían en las zonas rurales del estado de Guerrero: «Posiblemente el asesinato de los normalistas –en ningún momento hablará Eduardo de desaparecidos– tenga que ver con que los normalistas tenían un vínculo (tenue, pero lo tenían) con una célula guerrillera, el ERPI [Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente], escisión del EPR [Ejército Popular Revolucionario]».

Sea como fuere, los seis muertos y 43 desaparecidos de Iguala pusieron sobre la mesa que el mundo criminal está infiltrado de manera alarmante en las instituciones públicas municipales. «Para ser eficientes en su operación –explica Eduardo– estas mafias pequeñas generalmente trabajan de la mano de las autoridades locales. A veces bajo un acuerdo de beneficio mutuo, repartiéndose las 'utilidades' de los negocios criminales; otras, por intimidación o sometimiento».

Los focos sobre Guerrero, sin embargo, corren el riesgo de dejar en la sombra la situación en los estados del Golfo, especialmente Tamaulipas, donde ejercen el terror una miríada de mafias afines a Los Zetas. «La gran diferencia en Tamaulipas –explica Guerrero– frente a Michoacán y Guerrero es que las células criminales no tienen arraigo social: trabajan en un esquema más de intimidación y de amenazas contra la sociedad civil que de alianzas, colaboración, o incluso beneficencia, como sí hacen Los Templarios o La Familia Michoacana». José Antonio Caballero, director de la División de Estudios Jurídicos del prestigioso CIDE va más allá: «El problema en Tamaulipas es que no sabemos nada». El miedo y la autocensura atenazan a los medios y a la sociedad civil. Y pone el ejemplo escalofriante de la doctora María del Rosario Fuentes, que denunciaba con pseudónimo situaciones de violencia a través del portal «Valor por Tamaulipas» y que apareció muerta el pasado jueves 16 de octubre: sus verdugos usurparon su cuenta de Twitter para mostrar la foto de su cadáver ensangrentado.

A 14 años de las primeras elecciones presidenciales libres, camino de unas reformas estructurales que han merecido el elogio de toda la comunidad internacional, México sigue con los pies metidos en un lodazal que recuerda aquel diálogo entre Carver y Herc en «The Wire»: «Ni siquiera puedes llamar guerra a esta mierda porque las guerras terminan». Caballero es tajante acerca de dónde reside el problema, que ya trascendió el mero tráfico de drogas: «Mientras no se mande el mensaje de que quien reciba dinero ilegal para la campaña, venga de donde venga, va a ser castigado, mientras existan complicidades, es muy difícil que se pueda acabar con esto. La clave es que hay una justicia inequitativa: hay quien sí se puede salir con la suya y no pasa nada».

El reto para las elecciones de 2015

El temor a la infiltración del crimen organizado en los municipios a través de las alcaldías se prevé que influya en el proceso electoral federal 2014-2015, que comenzó oficialmente a principios de octubre y que renovará, el 7 de junio del próximo año, la Cámara de Diputados, además de 903 presidencias municipales, 639 diputaciones locales y nueve gobernadores, entre ellos justamente el de Guerrero. ¿Le dará tiempo al Estado mexicano a depurar esta situación? Eduardo Guerrero se atreve a ser optimista a medio plazo sólo en el caso de Michoacán, donde el gobierno federal sustituyó al gobernador por un comisionado federal y ha destituido a muchos mandos gubernamentales, tanto de las fuerzas de seguridad como de la política, pero es rotundamente pesimista con Guerrero: «A lo mejor aplican algunos controles, pero sin duda va a haber gente conectada con el mundo criminal, porque en estas zonas hay que ser un poco santo para no tener contacto con esos grupos, ubicuos en toda la administración».

Sinaloa, líder indiscutible de los viejos cárteles

El de Sinaloa es el único que no parece correr riesgo de fragmentarse, a pesar de la detención en febrero de su líder, Joaquín «El Chapo» Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo hasta ese momento. Hace dos semanas, se hizo público que, según un documento de la Corte Federal del Distrito Oeste de Tejas, Germán Olivares «El Paisa» es ahora el líder de la organización junto a Ismael «El Mayo» Zambada, en busca y captura. Eduardo Guerrero describe el cártel de Sinaloa como «muy disciplinado, muy sofisticado y muy antiguo –los años ochenta son la Prehistoria en este voluble panorama–, que funciona, a diferencia de los Zetas o del Golfo, de una manera mucho más vertical, en un esquema piramidal de mando, y tiene mucha más cohesión que los otros cárteles. Son muy habilidosos, además, para negociar con las autoridades de gobierno. Y, sobre todo, es la única organización que tiene capacidad para trasladar la droga desde Suramérica hasta la frontera de Estados Unidos, por su presencia tan extendida y su capacidad logística. Si se fragmentaran, perderían mucho dinero, y este incentivo económico los empuja a estar unidos».

En el otro extremo de los cárteles de la vieja guardia está el de Juárez, que ya antes de la detención de Vicente Carrillo Fuentes, el pasado 14 de octubre, ya estaba en decadencia, según Guerrero, y estaba dominado en realidad por el cártel de Sinaloa –con el que perdió su cruenta guerra–. «Lo que quedaron fueron las pandillas, 'Barrio Azteca', 'Los Mexicles' o 'La Línea' (que era su brazo armado), que tienen remanentes activos en algunas zonas de la ciudad».