Casos de Iguala y Tlatlaya deben ser "punto de no retorno" en México

Casos de Iguala y Tlatlaya deben ser "punto de no retorno" en México





México, 19 nov (EFE).- Los hechos de violencia ocurridos en meses recientes en Iguala y Tlatlaya deben marcar un "punto de no retorno" en México para que se produzca un "fortalecimiento de las instituciones y surja un nuevo espíritu de cumplimiento de la ley", argumentó hoy una asociación civil.

"En otros países, eventos traumáticos similares llegaron a reconvertir el destino de los mismos; México no puede ser ajeno a este poderoso llamado de atención", dijo el secretario general de México Unido contra la Delincuencia (MUD), Juan Francisco Torres Landa, en Ciudad de México.

Los casos de Iguala (Guerrero), en que el 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes a manos de policías y criminales, y Tlatlaya (Estado de México), donde murieron 22 civiles a manos de militares el 30 de junio, no pueden tomarse como "elementos aislados", expuso.

"Si no se hace algo rápido, nos vamos a enterar de que no hemos tocado fondo", dijo Torres Landa, quien presentó el "Plan Estratégico de Combate a la Corrupción e Impunidad", que hace un llamado a los poderes públicos a actuar por "la transparencia, la desburocratización y la implantación plena del sistema penal acusatorio".

La asociación instó al presidente Enrique Peña Nieto a dedicar sus iniciativas preferentes de los próximos años a "combatir sin límite la corrupción, la creación de reglas que impongan a todos los niveles de autoridad la rendición de cuentas y el establecimiento de un orden policial que debe regir en todo el país".

Entre los policías mexicanos, sostuvo, hay un "enorme vacío de capacitación, remuneración e integración con la comunidad" y se requiere una "nueva filosofía que podría pasar por el mando único y que represente un nuevo paradigma de lo que la policía ha de representar para el ciudadano".

Asimismo, hizo en nombre de la asociación una petición al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González, para que el organismo "determine y firme una serie de parámetros adecuados para el uso de la fuerza pública", ya que los agentes están "sin capacidad ni instrucción de qué hacer para mantener el orden".

MUD calificó de "urgente" la necesidad de acciones como la transparencia de las cuentas públicas a través de internet, medidas contra la malversación de recursos y la prohibición de teléfonos celulares en los reclusorios del país.

El secretario subrayó que no están "requiriendo más leyes", sino pidiendo que se cumplan las existentes y que su quebrantamiento implique sanciones efectivas, de manera "absoluta y sin distinción alguna entre los ciudadanos".

La seguridad pública cuenta este año con una partida presupuestaria de 325.000 millones de pesos (24.000 millones de dólares), pero no se utiliza "eficazmente", sino entre "lagunas y vacíos de opacidad", dijo.

"Recursos sí hay, lo que tiene que haber es voluntad política", explicó.

Por su parte, los ciudadanos deben "honrar" a los policías y ejercer su derecho de expresión manifestándose siempre pacíficamente y sin cubrirse el rostro.