Habrá coordinación en narcomenudeo

Adelanta el PRI que en la iniciativa que hoy enviará el Presidente se pretende terminar con la ambigüedad en el combate al crimen

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01/12/2014 05:00 Leticia Robles de la Rosa

En la iniciativa que hoy envía el Presidente al Congreso de la Unión, la lucha en contra del narcomenudeo implica responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Foto: David Solís

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre.- Las propuestas presidenciales para mejorar las leyes contra el crimen incluyen la aplicación del principio de auxiliaridad entre los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno para el combate contra el narcomenudeo, así como terminar con las reglas actuales que fijan la intervención federal sólo cuando rebase ciertas cantidades de dosis y sólo si se trata de delincuencia organizada.
De acuerdo con la información proporcionada a Excélsior por legisladores federales que conocen las líneas generales de la propuesta presidencial que se entregará este lunes al Congreso de la Unión, el planteamiento de desaparición de ayuntamientos coludidos con el crimen parte del principio de desplazamiento de autoridades que se aplica en Seguridad Nacional.
El presidente Enrique Peña Nieto informó que este lunes enviará al Poder Legislativo tres propuestas de reforma constitucional. Una para que el Congreso de la Unión cuente con la facultad para legislar en materia de riesgos de penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno de los municipios; la segunda para definir la competencia de la Federación, los estados y municipios en el combate contra el crimen, y la tercera para que entre en operación el mando único estatal.
La explicación proporcionada a algunos senadores y diputados federales del PRI refiere que se quiere terminar con la ambigüedad que generan los textos relacionados con el combate al crimen, en delitos como el narcomenudeo, que inicialmente fue delito federal, y en el gobierno de Felipe Calderón se promovió que fuera del fuero común.
Actualmente la Ley General de Salud dice que “las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere el capítulo anterior, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada”.
En tanto, el Código Federal precisa en el artículo 195 que “la posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso, sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento”.
Desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto, estas disposiciones han generado que no se combata con eficiencia el narcomenudeo; por eso buscan que desde la Constitución quede claro que los delitos contra la salud, en su modalidad de inducción, compra y venta, exija la participación auxiliar de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) para que tengan responsabilidad de combatirlo, en colaboración y subsidiaridad, sin que un nivel de gobierno esté por encima del otro.
En tanto, la reforma constitucional que permitirá a la Federación intervenir de manera inmediata en los municipios coludidos con la delincuencia, se refiere sólo a la facultad que tendrá el Congreso para legislar en la materia, mientras que la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales será la que contenga el procedimiento, que se basa en el principio de desplazamiento de las autoridades por razones de seguridad interior o seguridad nacional.
Según información proporcionada a este diario, el procedimiento consistirá en la integración de un expediente sobre el involucramiento de las autoridades con el crimen organizado, las pruebas y los hechos delictivos cometidos; habrá cooperación con los gobiernos estatales y la intervención tendrá un plazo perentorio, mientras se restablece la normalidad en la localidad.
Del mando único estatal, adelantaron, hay diferencias sustanciales con la iniciativa de Felipe Calderón, que fue frenada en el Senado por los entonces legisladores del PAN y las organizaciones de alcaldes de PRI, PAN y PRD, entre ellas, que no crea un mando nacional y parte del principio de subsidiaridad.