Autoridades judiciales, gubernamentales, activistas políticos y sociales de 40 países exigieron hoy el fin del sistema de apartheid impuesto por Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.

En el segundo y último día de debates del Foro Internacional para Justicia en Palestina, que sesiona en Beirut, los participantes denunciaron la persistencia de un "régimen oficial e institucionalizado de dos sistemas legales separados sobre bases étnico-nacionales".

Las críticas a Tel Aviv se sustentan en la sistemática violación del Derecho Internacional con la política de ampliación de los asentamientos en el corazón del territorio ocupado mediante la edificación de viviendas para ciudadanos israelíes, preferentemente de credo judío.

Tal práctica, sostuvo un informe presentado en el evento, ha conducido a sistemática discriminación avalada por normas y leyes que afectan cada aspecto en la vida de los residentes palestinos de Cisjordania.

Bajo el derecho internacional humanitario, la potencia ocupante tiene la autoridad de establecer "tribunales no militares ni políticas adecuadamente constituidas" para procesar a residentes de los territorios ocupados por ofensas que alteren la seguridad y el orden público.

Sin embargo, desde el mismo inicio de la usurpación de los territorios árabes en 1967, en concreto Cisjordania y Gaza, el régimen sionista habilitó tribunales militares con jurisdicción para juzgar a cualquier persona acusada de cometer delitos ofensivos para la seguridad israelí.

Los tribunales militares israelíes pueden procesar a cualquier persona, residente o no en los territorios ocupados, pero casi sin excepción sólo han llevado al banquillo de los acusados a palestinos, señalaron los participantes.

Además, un colono israelí arrestado por la policía y acusado de un delito debe ser presentado ante un juez dentro de las 24 horas, mientras un palestino detenido por la misma transgresión puede permanecer en esa condición e interrogado hasta ocho días, prorrogables hasta 90.

Juristas, incluido el ex fiscal general estadounidense Ramsey Clark, ministros, parlamentarios y otras personalidades con influencia política y social llamaron a establecer un Consejo Internacional Permanente para dar seguimiento a las acciones en defensa de Palestina.

Recordaron que el muro de 780 kilómetros erigido por Israel en Cisjordania bajo el pretexto de la seguridad se ha convertido en otra forma de segregación o apartheid que llevó a la anexión de más de un 10 por ciento de tierra cisjordana, y privó a agricultores palestinos de sus tierras y recursos hídricos.

La que muchos aquí llamaron "muralla de la vergüenza" dejó a más de 10.000 palestinos viviendo en comunidades atrapadas entre el muro y la denominada Línea Verde, y afecta directamente a más de 680.000 personas, equivalente al 30 por ciento de la población de Cisjordania, se recordó.