El
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alertó que "el
caso Tlatlaya se encamina a quedar impune" debido a que en octubre
fueron absueltos seis militares y el séptimo está por salir de prisión.
"Los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva", se lee en un comunicado difundido este miércoles.
De acuerdo con el Centro Prodh "(en octubre de 2015) el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya cumplió".
En junio de 2014 22 civiles murieron en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón a manos de militares por lo que se iniciaron investigaciones de probables violaciones a los derechos humanos.
La sentencia a favor de los militares involucrados pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.
Para el Centro Prodh "la exoneración en el fuero militar de los acusados consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente".
En el comunicado se precisa que en el caso Tlatlaya diversos procesos continúan abiertos: "en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
El 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos "abatir delincuentes en horas de la oscuridad"; solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.
"Sin embargo, tras nueve meses, la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas".
El Centro Prodh también reclamó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de "abatir delincuentes".
Se dictó formal prisión a tres militares por caso Tlatlaya: PGR
Con relación a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, en un comunicado la Procuraduría General de la República puntualizó que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos.
Agregó que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.
Explicó también que adicionalmente, derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos.
Puntualizó que en esta investigación, atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido.
"Los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva", se lee en un comunicado difundido este miércoles.
De acuerdo con el Centro Prodh "(en octubre de 2015) el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya cumplió".
En junio de 2014 22 civiles murieron en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón a manos de militares por lo que se iniciaron investigaciones de probables violaciones a los derechos humanos.
La sentencia a favor de los militares involucrados pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.
Para el Centro Prodh "la exoneración en el fuero militar de los acusados consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente".
En el comunicado se precisa que en el caso Tlatlaya diversos procesos continúan abiertos: "en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
El 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos "abatir delincuentes en horas de la oscuridad"; solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.
"Sin embargo, tras nueve meses, la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas".
El Centro Prodh también reclamó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de "abatir delincuentes".
Se dictó formal prisión a tres militares por caso Tlatlaya: PGR
Con relación a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, en un comunicado la Procuraduría General de la República puntualizó que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos.
Agregó que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.
Explicó también que adicionalmente, derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos.
Puntualizó que en esta investigación, atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido.
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