7 policías municipales son inculpados por violencia sexual, ejecución extrajudicial y tortura en Torreón

7 policías municipales son inculpados por violencia sexual, ejecución extrajudicial y tortura en Torreón

 

Por: Emma Martínez /

  RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Según información de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, aportada a medios de comunicación en 2013, tres personas que permanecían privadas de su libertad fueron rescatadas por elementos policiacos quienes formaban parte de la Operación Laguna, además se dio a conocer que detuvieron a cuatro de los captores, quienes, se dijo, mantenían en su poder armamento de alto poder, equipo táctico y aparatos de radiocomunicación.

A su vez, se agregó que localizaron la casa de seguridad donde se encontraban las tres personas, gracias a que efectivos de la Policía de Torreón detectaron a un sujeto armado que al ver a los policías emprendió la huida y se refugió en una vivienda ubicada en la calle Estroncio, en la colonia Sol de Oriente.

“Con el apoyo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, la Policía Federal, y del Estado de Coahuila, se desarrolló un dispositivo de seguridad, a fin de dar con el paradero del sospechoso”, versó el comunicado.

Hechos totalmente contrarios a los que dio a conocer la madre de dos de las tres víctimas, por las cuales esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación en el caso, aceptando que existió el delito de detención arbitraria, ejecución extrajudicial y tortura.

El 12 de febrero de 2013, siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana, una joven, su esposo y su hermano, fueron detenidos por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), sin motivo, ni orden de aprehensión alguna cuando abordaban una camioneta de su propiedad en la ciudad de Torreón, Coahuila. La madre de la muchacha, que fue quien interpuso la demanda, declaró que fueron “brutalmente golpeados” con culatas de armas y trasladados a las oficinas de dicha Dirección, en donde se les continuó golpeando. Se les despojó de veinte mil pesos, ropa, alhajas y el vehículo en el que se transportaban, el cual condujo personal del Ejército Mexicano.

Dio a conocer que su hija fue violada en distintas ocasiones, en presencia de su esposo, por los agentes aprehensores, él fue víctima de tortura, le desprendieron parte de la piel de las piernas, lo golpearon con tablas y palos, le dieron toques eléctricos, además de ejercer otro tipo de violencia, todo ello provocado por policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, lo que lo llevó a fallecer antes de ser puesto a disposición ante la autoridad competente.

Después de esto, la joven y su hermano fueron puestos a disposición ante la Agencia Federal de Investigación de la PGR e ingresados al Hospital 1, por las lesiones que presentaron. En las oficinas de la PGR, el MPF los amenazó para que declararán que eran parte del grupo delictivo Los Zetas, porque si no lo hacían descuartizarían a su madre y a sus hijos.

Por lo que, se dijo, “se fabricó una declaración” para que ambos jóvenes confesaran el delito de secuestro, sin presencia ni asesoramiento de un defensor de oficio, para después obligarlos a firmarla.

En su respuesta a estos hechos, la DSPM respondió al requerimiento de información de la Comisión Nacional, informando que policías municipales “sí habían participado en los hechos”, sin embargo, negó que hubieran ocurrido como dio a conocer la madre de los inculpados, además de negar la participación de elementos militares.

La versión de las autoridades municipales, fue que el 12 de febrero de 2013, aproximadamente a las 19:15 horas, siete policías municipales, al realizar su recorrido de vigilancia a bordo de las Unidades 1 y 2, observaron a uno de los inculpados portando un arma larga de fuego, quien al ver la presencia de la policía se “metió rápidamente al domicilio”.

Aseguraron que a dos de los tres detenidos los encontraron portando armas y al otro lo encontraron golpeando en distintas partes del cuerpo a personas, que dijeron fueron privadas ilegalmente de la libertad, quienes se encontraban amarrados de las manos con cintas y boca abajo en el suelo, por lo que procedieron a liberarlos y revisar el inmueble, encontrando más armamento ilegal almacenado.

Negaron haberlos golpeado y torturado y explicaron que fue en el traslado que el hombre que falleció, “se empezó a quejar de mucho dolor y posteriormente se desvaneció, por lo cual la unidad procedió a trasladar a dicha persona al hospital a que recibiera atención médica, nos avisaron que el detenido, al parecer había fallecido al momento de ser trasladado al hospital, ya que no respondía ni respiraba y al ingresarlo a la cruz roja confirmaron el deceso de dicha persona ”.

Sin embargo, visitadores adjuntos y peritos de la Comisión Nacional realizaron diversas actuaciones de campo para recopilar testimonios y documentos. Se solicitó información a la PGJ, a la Presidencia Municipal de Torreón, Coahuila, DGDH- SEDENA, Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, SDH-PGR, al Juzgado Primero de Distrito en Torreón Coahuila, a la Cruz Roja Mexicana, a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Coahuila, a la Secretaría de Salud del Distrito Federal y a la Dirección General del Corporativo Torre Médica, lo que llevó a la recomendación emitida por el órgano de Derechos Humanos.

Cabe señalar que la Comisión Nacional el 18 de junio de 2013, recibió un documento mediante el cual la SEDENA negó los hechos de la queja, argumentando que, en dicha fecha, el Ejército Mexicano no realizó operativos que hayan culminado con la detención de las víctimas.

“El norte del país es uno de los principales focos rojos de las torturas por parte de las fuerzas armadas, que se dan bajo la protección de las autoridades encargadas de no permitir los hechos y de suceder, darles pronta justicia.

El caso de los jóvenes inculpados, no es el primero, tampoco será el último lamentablemente, porque finalmente, ellos mismos son los que se deben juzgar y no lo harán bajo castigo. Aún cuando se detuvieron a estos policías, el daño ya está hecho, se debe dar ayuda a las personas afectadas y una indemnización, además de una disculpa pública, para garantizar la no repetición de los hechos”, comenta aRevoluciónTRESPUNTOCERO el activista Timoteo Herrera.

Quien agrega, que la aceptación de la recomendación de la CNDH debe garantizar justicia, y no solamente haber detenido a los policías para ‘guardas las apariencias’, cuando de antemano existen pruebas que dan cuenta de lo sucedido.

“Dentro de las evidencias del modus operandi de las corporaciones policiacas, están las poco más de 280 denuncias que ha atraído la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), todas éstas por tortura, lo que sigue es darle seguimiento puntual, emitir recomendaciones y darle seguimiento a esas mismas hasta que se dé justicia y resarcimiento de daños”, señala Herrera.

Dichas recomendaciones, han sido generadas de 1997 a 2015, las cuales provienen de todo el estado. El CDHEC, asegura que “aun cuando la tortura no se pueda tipificar, no significa que no sea una violación a los derechos humanos, por lo que también se investiga”, sin embargo los casos siguen sin solución alguna.

Actualmente los siete policías municipales de Torreón, ya han sido señalados como responsables de los daños en contra de las tres personas. La CNDH ha pedido al Ayuntamiento de la localidad se repare los daños y colabore con el seguimiento del procedimiento penal en contra de quienes resulten responsables por los delitos.