Nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos
Indígenas que, según Naciones Unidas, se celebra el 9 de agosto y,
al mismo tiempo, todavía recordamos el asesinato el pasado día 3 de
marzo, en Honduras, de la activista lenca Berta Cáceres. Pero, si
bien su muerte y la de otros líderes/as ha dado pie a un incipiente
interés internacional por lo que está ocurriendo con las personas
defensoras de la naturaleza, tenemos que reconocer que ésta es
todavía una guerra de baja intensidad que se mantiene en gran medida
oculta. Y esto dado que, cada vez más, está dirigida en todo el
mundo desde los intereses económicos de las empresas
transnacionales. Es por ello, y a pesar del cierto eco internacional
del asesinato de la dirigente indígena, que no se ha conseguido aún
visibilizar otro dato que sobresale en esta dura estadística, como
es el hecho de que quienes proporcionalmente más muertes y represión
están sufriendo y, por tanto, quienes protagonizan por encima de
otros sectores la defensa de la naturaleza, son los pueblos
indígenas.
En cierta forma, seguimos pensando que la lucha por la defensa del
medio ambiente, por la tierra, es solo patrimonio de occidente, de
algunas de sus instituciones y de sus organizaciones
medioambientalistas. Pero no es así y los dramáticos datos lo
atestiguan: de los más de 1000 asesinatos cometidos entre los años
2002 y 2014 contra quienes defienden el medio ambiente, el 40% fueron
personas indígenas. Y todo pese a que estos pueblos son un escaso 5%
de la población total del planeta. Pero lo anterior solo sobre
informes conocidos y contrastados, ya que los estudios dicen que hay
un alto número de asesinatos de los que nunca se llegan a tener
noticias.
Para entender mejor esta situación es necesario comprender la
concepción que estos pueblos tienen sobre sus tierras y territorios.
Ellos defienden que “nuestro territorio no es una cosa, ni un
conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de
recursos; nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos
y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses
protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas
es un ente vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire; nos
cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos
da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da
identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto
con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad;
junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos.”
Esto es lo que determina con absoluta claridad que hoy sean los
pueblos indígenas quienes sostienen la mayor carga en la defensa de
la naturaleza, especialmente al entender que esa visión y defensa
choca frontalmente con la idea y utilidad que a estos espacios
otorgan hoy gobiernos y transnacionales. Así, la mayoría de los
homicidios de defensores y defensoras están directamente vinculados
con las denuncias y protestas contra megaproyectos de desarrollo y
contra extractivas mineras, forestales o hidroeléctricas.
El sistema capitalista, en su fase actual neoliberal, ha entregado
con total impunidad la naturaleza a las transnacionales extractivas.
No ya solo por el hecho de que toda la normativa nacional e
internacional hoy se establece para proteger las inversiones y
negocios de éstas, sino también por el hecho de que esa legislación
y/o impunidad supone en la mayoría de los casos la violación
sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos. De
esta forma, se puede afirmar abiertamente que la defensa del medio
ambiente, de la naturaleza, se ha convertido en el nuevo campo de
batalla para los derechos humanos. Y esa lucha, aunque
invisibilizados sistemáticamente, son los pueblos indígenas quienes
la protagonizan.
Las empresas transnacionales tienen cada día un
mayor poder económico y éste lo convierten en poder político. O
dicho de otra forma, con ese enorme poder económico pueden someter
al político para que éste defina nuevas normas, o adapte las
existentes. El objetivo siempre es el mismo: obtener condiciones
ventajosas para sus negocios y para el aumento consiguiente de sus
beneficios. Pero, si bien ésta es una constante del sistema
neoliberal en todos los órdenes y sectores económicos, es
especialmente grave cuando entra en el juego la naturaleza. Los
impactos más agresivos contra ésta, en su gran mayoría, son
radicalmente ignorados o disimulados tras grandilocuentes
declaraciones internacionales y pequeñas concesiones/donaciones
sociales a las poblaciones más directamente afectadas por la
contaminación y degradación causada.
Para el caso específico de los pueblos indígenas,
recordemos, aquellos que más agresiones incluido número de
asesinatos sufren, las empresas transnacionales, dicho de forma
políticamente correcta, irrespetan los estándares internacionales
de protección a los derechos humanos que les atañen más
directamente. Dicho de otra forma más clara, se está desarrollando
un contexto de violaciones sistemáticas de derechos, especialmente
sobre los territorios o el obligatorio de consulta a estos pueblos
ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus tierras.
Estas empresas hoy se benefician impunemente de los favorables
sistemas jurídicos y legislativos hasta, prácticamente,
convertirlas en entidades intocables. A partir de ahí, su abanico de
actuaciones van desde la presión a los poderes políticos para la
definición de doctrinas y normas en beneficio de sus intereses
empresariales, la corrupción y sobornos para esto mismo, o el
control y uso de cuerpos policiales y paramilitares para la represión
de la protesta.
Así, además de las muertes individuales, los
ejemplos dramáticos de afectación negativa por parte de las
transnacionales, principalmente las extractivas pero también
forestales y otras, sobre diferentes pueblos indígenas recorren el
planeta. Y en este doloroso ranking América Latina sigue siendo
considerada como la región del mundo más peligrosa para quienes
ejercen la defensa de la naturaleza; países como Brasil, Colombia,
Honduras o México encabezan esta lista y el 99% de las violaciones
colectivas o de los asesinatos quedan impunes. En la misma línea hoy
en día, y no es cosa del pasado colonial como pudiera pensarse,
siguen produciéndose casos de pueblos desaparecidos o en práctico
proceso de extinción como consecuencia de los impactos de las
actuaciones de empresas transnacionales. Se aducirá que son “daños
colaterales” en aras del progreso, pero lo cierto y denunciable es
que son fehacientes violaciones de los derechos humanos. No puede
admitirse que esos derechos y la dignidad de las personas se sigan
poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre
salgan dramáticamente perdiendo.
Hasta las propias Naciones Unidas han reconocido y denunciado en
diferentes momentos y documentos esta situación. En este sentido,
Relatores Especiales de este organismo internacional han señalado
que las actividades de las industrias extractivas son fuente de
numerosos conflictos. Igualmente, reafirman que este tipo de acciones
de empresas trasnacionales en territorios indígenas violan
constantemente diferentes derechos y han llamado a los gobiernos a
cumplir con su responsabilidad de protección de éstos frente a los
intereses económicos de las empresas. Evidentemente, unos y otros
hacen continuos oídos sordos a este tipo de llamamientos.
Berta Cáceres, indígena, feminista y defensora
de los derechos humanos y medioambientales, había recibido en 2015
el premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. En
este año 2016, Máxima Acuña, indígena quechua (Perú)
recibió el mismo premio por su lucha contra el megaproyecto minero
en Conga, de la transnacional estadounidense Newmont Mining
Corporation.
“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es
vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando
por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por
todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, afirmó Máxima al
recoger el galardón, pese a haber sufrido sistemáticamente la
violencia de funcionarios locales que actúan en connivencia con la
empresa minera y con las autoridades peruanas.
Como señalábamos al inicio, nos situamos ante un nuevo Día
Internacional de los Pueblos Indígenas y éstos, más allá de
grandes declaraciones, siguen planteando al sistema dominante y a los
gobiernos del mundo la disyuntiva entre los intereses de las empresas
transnacionales o la defensa de la vida y la naturaleza.
Jesus González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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