Felipe González, la CIA y el “gatopardismo”
Nota aclaratoria: La publicación de este artículo de opinión no implica que estemos de acuerdo con la totalidad de su contenido.
Por Germán Gorraiz López - Diario 16
En su libro “La CIA en España”(Editorial Debate), el periodista de investigación Alfredo Grimaldos asegura que la
llegada al poder del socialista Felipe González como presidente del
Gobierno español en 1982, fue en realidad la alternativa “diseñada y
controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España”,
estrategia diseñada en el Congreso de Suresnes tras el que asistimos al
acta de defunción del camarada Isidoro y al nacimiento de un Felipe
Gónzalez convertido ya en Secretario General de un PSOE tutelado por la
CIA .
La deriva totalitaria del estado Español arranca con la
implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del
bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment
dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el
simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y
alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el
nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González
( 1.982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y
al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la
implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia”
contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de
Liberación (GAL).
Ya en 1.989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa
(CEDRI), elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva
totalitaria y el “terrorismo de Estado” implementado por el Gobierno de
Felipe González con las siguientes palabras: “el GAL con su cadena de
crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas
instancias del Estado, descubren los cimientos enfermos de la democracia
española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y
gobernantes”. La trama del GAL se destapó gracias a las pesquisas de periodistas del Deia, Diario16 y del Mundo. Así, este periódico, fundado por Pedro J. Ramírez, publicó una noticia en la que afirmaba que el comisario Amedo (implicado en dicha trama y posteriormente condenado junto con el entonces Ministro del Interior, José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Michel Domínguez, Julián San Cristóbal y el dirigente socialista vasco García Damborenea), habría entregado varios documentos relacionados con los atentados contra dos bares del País Vasco-Francés (Iparralde), atribuidos al GAL y que implicarían directamente a responsables políticos y policiales. Posteriormente, en el juicio contra Planchuelo, Amedo afirmó que “los GAL fueron decisión de Felipe Gónzalez”, aunque nunca se pudo probar que el misterioso “Señor X”
que desde la sombra movió los hilos del GAL y que al descubrirse la
trama los abandonó a su suerte (aunque tan sólo habrían cumplido el 5%
del total de su condena), fuera el entonces Presidente del Gobierno Felipe González.
Un hito fundamental en la espiral involucionista del
régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de
Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés
en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción
encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de
facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista
(todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA),
sería un anacronismo propio de la dictadura franquista,
un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y
comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y
en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y
abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del
Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas
(léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.
La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003
que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar
la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del
régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena
máxima). Finalmente, en el paroxismo de la involución, hemos asistido a
la reciente modificación del Código Penal para constreñir hasta
su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la firma entre
Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la
falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos
terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a
la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel
Cancio Meliá, con lo que el PSOE se convierte en garante de la estabilidad del establishment dominante en el Estado español.
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