Hace dos semanas en California, conocí a un joven salvadoreño de 16 años – aquí lo llamaré Gabriel - que huyó de su casa después de que unos pandilleros amenazaran con matarlo. Tras cruzar México, él y otro joven llegaron en septiembre a la frontera de Estados Unidos y trataron de describir a los funcionarios los riesgos que enfrentaban en su país.
Inmigrantes de Centroamérica y México, que huyen de la violencia y la pobreza, esperan en la cola para cruzar a EE.UU. y solicitar asilo en el nuevo puesto fronterizo de El Chaparral en Tijuana, México, el 24 de noviembre de 2016. Reuters/Jorge Duenes.
 Reuters/Jorge Duenes
Por ley, si alguien llega a la frontera pidiendo asilo o expresando temor por regresar a su propio país, los agentes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) deben remitir a la persona a un oficial de asilo especializado que, a su vez, evalúa si esa persona cumple los requisitos para recibir protección.
Eso no es lo que sucedió en el caso de Gabriel. “Sólo nos dijeron que esperáramos afuera”, dijo. Los dos chicos se sentaron en el lado mexicano de la frontera donde pasaron la mayor parte del día. Por casualidad, una abogada que llevaba a un cliente al cruce de la frontera los vio y ayudó.
La abogada, Nicole Ramos, del grupo sin fines de lucro Al Otro Lado, me dijo que había visto casos similares. En uno, dijo: “Cuando llegamos al lado de EE.UU., dije ‘mi cliente está aquí para solicitar asilo’. El agente nos miró y dijo: ‘¿Asilo? ¿Qué es eso?’ A continuación dijo que no podía solicitar asilo. Le dije que sí podía, y que tenía que aceptar su solicitud”.
Estos no son casos aislados, y hay muchas razones para temer que estas prácticas abusivas estén cada vez más arraigadas durante el periodo de gobierno de Trump. Un nuevo informe de Human Rights First revela que los agentes estadounidenses están rechazando ilegalmente a solicitantes de asilo a lo largo de la frontera de México, entre ellos, un ex oficial de policía guatemalteco que se opuso a las pandillas, un niño salvadoreño que presenció cómo unos miembros de una pandilla asesinaban a su hermana, y un mexicano que fue secuestrado tras denunciar casos de violencia a manos de los cárteles. En total son más de 100 casos.
“Trump dice que no tenemos por qué dejarte entrar”, fueron las palabras que al parecer dijo un agente del CBP a un solicitante de asilo centroamericano. En otro caso, una mujer mexicana que había sido violada por miembros de pandillas después de que se negara a entregarles a su hijo adolescente, asegura que un oficial de la CBP le dijo que son a los cristianos “a quienes estamos dando asilo, no a ti”.
Estos comentarios hacen eco de la retórica de la campaña de Trump, aunque este tipo de rechazo ya era un problema antes de que tomara posesión del cargo. A principios de enero, la Unión Americana de Libertades Civiles y otras siete organizaciones pidieron al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. que investigara la “denegación sistemática de la entrada a solicitantes de asilo” a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.
Los funcionarios estadounidenses deberían tomar en serio estas denuncias, asegurar que los agentes dejen de rechazar a los solicitantes de asilo e investigar y castigar a los oficiales que lo hayan hecho.
Cualquier otra cosa supondría una traición al “honor y la integridad”, valores por las que el Departamento de Seguridad Nacional dice luchar.