Además de la contraofensiva legal en materia migratoria, Donald Trump sumó un nuevo dolor de cabeza. Dos fiscales generales demandaron al presidente de Estados Unidos por mantener la propiedad de sus negocios y exponerse a futuros conflictos de intereses, algo que podría violar la Constitución norteamericana. La demanda, interpuesta ayer en un tribunal federal por el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, y del distrito de Columbia, Karl Racine, se apoya en la posibilidad de que países influyan en el mandatario a través de pagos realizados a la Trump Organization. El magnate neoyorquino decidió no desvincularse del conglomerado inmobiliario internacional y sólo renunció a sus cargos dentro de la compañía para ceder el poder a sus hijos Eric y Donald Jr. En un comunicado, el Comité Nacional Republicano indicó que “esta demanda contra nuestro presidente es absurda”, y pidió que se abandonen los esfuerzos demócratas por deslegitimizar al presidente.
Los fiscales generales negaron motivación partidaria y aseguraron que el objetivo es que se siente jurisprudencia sobre el caso que pueda servir en el futuro ante una “presidenta Oprah (Winfrey) o un presidente Mark Zuckerberg”, en referencia a la estrella televisiva y al fundador de Facebook, con aparentes ambiciones presidenciales. Los representantes del Ministerio Público acusaron a Trump, en una rueda de prensa en Washington, de “flagrante violación” de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, y de crear una Administración corruptible. Los fiscales consideraron que “nunca antes en la historia de este país” un presidente había tenido una conjunción tan grande de intereses económicos de los que no se ha desvinculado, que ponen a “la democracia en riesgo” y levantan sospechas de que Trump tiene en el pueblo estadounidense su principal interés.
Frosh dijo que esperan que los tribunales federales y, en última instancia, el Tribunal Supremo sienten precedente y se determine por ley que Trump debe hacer más para garantizar que sus intereses no entran dentro de sus cálculos a la hora de tomar decisiones ejecutivas.
La ley estadounidense no es clara para delimitar conflictos de intereses de un presidente y la oposición demócrata en el Congreso mostró intención de legislar para ser más concreta. El presidente es el único funcionario público estadounidense que no puede inhibirse en ningún asunto de Estado, por lo que, en teoría, no hay conflicto de intereses que pueda aplicar en su caso. No obstante, hasta la llegada de Trump ha sido tradición que los mandatarios con negocios crearan un llamado “fideicomiso ciego” con el que se desvinculan de la gestión y evolución de sus negocios.
Según Frosh, la demanda puede prosperar ya que hay evidencias de que gobiernos extranjeros como el saudita o el chino gastaron centenares de miles de dólares en propiedades de la Trump Organization, como el hotel Trump International, ubicado a pocos metros de la Casa Blanca, para endulzar acuerdos con Washington. El fiscal general de Maryland aseguró que es tanta la demanda de gobiernos extranjeros para hospedarse en el hotel de Trump en Washington que la empresa creó la figura del “conserje diplomático” para ayudar a los representantes de otros países en el establecimiento.
Los fiscales generales consideran probado que los hijos de Trump mantienen al tanto al presidente sobre la evolución de los negocios y que el líder republicano, que dedica los fines de semana a descansar en sus propiedades, es “vehículo para el marketing” que aumenta el valor y la fama de las propiedades de la familia. El club floridiano de Mar-a-Lago, calificado por el presidente como la “Casa Blanca de invierno”, dobló el precio para hacerse miembro poco después de la toma de posesión del presidente en enero, y fue utilizado para cumbres como la del presidente chino, Xi Jinping, en abril.