El gobierno no debería plantear cargos por difamación
(Washington, DC) – Las autoridades de Guinea Ecuatorial
detuvieron a un dibujante y activista político el 16 de septiembre de
2017, señalaron Human Rights Watch y EG Justice. Ha permanecido detenido
desde entonces, y es posible que las autoridades se estén preparando
para plantear cargos penales por difamación en su contra.
La detención del dibujante Ramón Nsé Esono Ebalé es el episodio más
reciente de represalias gubernamentales contra artistas que han usado su
trabajo para criticar al gobierno. Las autoridades de Guinea Ecuatorial
deberían derogar la ley sobre difamación que existe en el país desde el
período colonial, que permite la persecución penal de personas que
critiquen al presidente y otros altos funcionarios gubernamentales.
Deberían desistir de toda intención de imputar a Ebalé invocando esa ley
y, si no se lo acusa de ningún otro delito, ponerle en libertad de
forma inmediata y libre de cargos.
“El gobierno de Guinea Ecuatorial demuestra una vez más su hostilidad
hacia cualquier forma de crítica que se desmarque de su censura
opresiva”, destacó Tutu Alicante, director ejecutivo de la organización EG Justice, que realiza un seguimiento de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial.
Ebalé fue detenido por tres agentes de seguridad del Estado tras
salir de un restaurante en Malabo, la capital del país, aproximadamente a
las 7 de la tarde del 16 de septiembre, junto con otros dos ciudadanos
españoles que lo acompañaban en ese momento. Los tres hombres fueron
trasladados a la Oficina de Anti-Terrorismo y Actividades Peligrosas en
la Policía Central. Los ciudadanos españoles fueron interrogados sobre
su vínculo con Ebalé y liberados varias horas después.
Las autoridades siguen manteniendo detenido a Ebalé sin haber
planteado cargos, y ya han excedido el período de 72 horas permitido por
las leyes ecuatoguineanas. Durante el interrogatorio se le preguntó
por sus caricaturas de contenido político, que a menudo ofrecen una
representación lujuriosa de Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y
otros funcionarios, y le reiteraron que las personas solamente pueden
participar en política si están afiliadas a un partido oficial.
Ebalé vivió fuera de Guinea Ecuatorial varios años y había regresado
al país para renovar su pasaporte. No ha sido llevado ante un juez,
aunque las leyes ecuatoguineanas estipulan que esto debe suceder dentro
de las 24 horas. Se permitió que fuera visitado por familiares el 18 y
19 de septiembre, pero los guardias penitenciarios se negaron a que sus
hermanas lo visitaran el 17 de septiembre, y tampoco confirmaron si
estaba allí detenido.
A partir de las preguntas de los agentes de policía, EG Justice y
Human Rights Watch temen que Ebalé pueda ser acusado de haber violado
las leyes penales sobre difamación de Guinea Ecuatorial. Human Rights
Watch considera que estas leyes son incompatibles con el derecho de
libertad de expresión y que Guinea Ecuatorial debería derogarlas.
El arte ha sido habitualmente un espacio seguro donde las voces
independientes pueden provocar el debate público de temas sociales en
Guinea Ecuatorial, un país donde hay poca tolerancia hacia el disenso
político. No obstante, EG Justice y Human Rights Watch han documentado
en los dos últimos años un número creciente de incidentes en los cuales
el gobierno ha aplicado represalias contra artistas y grupos culturales.
Recientemente, en julio, las autoridades detuvieron arbitrariamente a
Benjamin Ndong, conocido como Jamin Dogg, tras difundir una canción en
apoyo a los taxistas que se manifestaban contra el aumento del precio de
las licencias. En agosto de 2016, las autoridades suspendieron una producción teatral financiada por UNICEF que tenía como propósito concienciar sobre el VIH,
tras un comentario de uno de los asistentes, que preguntó por qué el
gobierno no había hecho más para detener la propagación de la
enfermedad. Y en agosto de 2015, el ministro de Interior cerró la Casa de la Cultura en Rebola alegando que unos artistas interpretaron una canción de rap que criticaba al gobierno.
“Juzgar a un artista por realizar dibujos mordaces y poco halagüeños
es incompatible con la libertad de expresión y no hace más que
evidenciar el poder que puede tener una pluma”, observó Sarah Saadoun,
investigadora de Human Rights Watch.
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