La 'ley de punto final' que sigue permitiendo al franquismo ocultar sus crímenes cumple 40 años
8-10 minutes
Por Kaos. Memoria Histórica
El
17 de octubre de 1977 fue aprobada por amplia mayoría en las Cortes
Españolas, entonces ya “democráticas”, una ley de amnistía que ha
permitido desde entonces hasta hoy cubrir con un grueso y tupido velo
los crímenes del franquismo, tanto políticos, como económicos y
sociales.
El
17 de octubre de 1977 fue aprobada por amplia mayoría en las Cortes
Españolas, entonces ya “democráticas”, una ley de amnistía que ha
permitido desde entonces hasta hoy cubrir con un grueso y tupido velo
los crímenes del franquismo, tanto políticos, como económicos y
sociales. Fue una ley de verdadera amnistía para el
aparato franquista, una auténtica ‘ley de Punto Final’ que, junto a la
constitución monárquica, dejó claro que “el atado y bien atado” del
dictador era una realidad. Realidad que hoy, a la vista de los
acontecimientos de Catalunya, muestra su crudo y verdadero rostro, como
también son testimonio de ello los centenares de miles de asesinados que
yacen todavía en las cunetas o fortunas que, como la del fundador del
Grupo Planeta, se amasaron con el aplastamiento del antifascismo. Hoy
los herederos del franquismo siguen cabalgando impunemente… y
reivindicando aquella ley y aquella ‘democracia’ hecha a su medida. La ley que permite la impunidad de los crímenes del franquismo cumple 40 años La
ley de amnistía entró en vigor el 17 de octubre de 1977 y fue aprobada
por amplísima mayoría, con los apoyos de UCD, PSOE, PCE y nacionalistas
vascos y catalanes La norma, pensada inicialmente para
amnistiar a los presos políticos, ha terminado por amparar los delitos y
las torturas cometidos durante la dictadura Naciones Unidas ha criticado repetidas veces la ley: “Los casos se archivan sin que los jueces siquieran conozcan los hechos”
Torturas.
Palizas. Persecución política. Años de cárcel. ¿Por qué no se persiguen
los delitos del franquismo contra los derechos humanos? ¿Por qué se
pasean por las calles torturadores de la dictadura? Porque en octubre de
1977 se aprobó la ley de amnistía, hace ahora 40 años. Y sigue en vigor.
Una
frase de la ley, que cabría hoy en un tuit, especifica qué casos están
comprendidos en la amnistía y por qué no se juzga a personajes como
Billy el Niño: “Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del
orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Otra frase, que formaría un hilo corto de tuits, da más pistas de por
dónde llevan cuatro décadas escapándose los autores de los crímenes del
franquismo: “Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las
autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u
ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta
Ley”.
El embrión de la ley de amnistía, impulsada por
el PCE, según explican el líder de IU, Alberto Garzón; la responsable
de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló; y el profesor Rafael
Escudero en un artículo en Público,
se centraba en “las acciones y omisiones de intencionalidad política o
social castigadas como delito o falta por el Régimen desde el 17 de
julio de 1936 al 15 de junio de 1977, y que declare nulas y sin efectos
las correspondientes penas y sanciones de todo tipo impuestas o que
puedan imponerse por los citados hechos”. Pero el trámite parlamentario
acabó amnistiando no sólo a las víctimas, sino también a los verdugos.
A pesar de ello, la ley contó con el apoyo casi unánime de la Cámara. Así se expresaba en
la tribuna del Congreso el 14 de octubre el aquel día portavoz del PCE
Marcelino Camacho: “Como reparación de injusticias cometidas a lo largo
de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política
nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado
de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los
comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos
enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos
resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía
de la paz y del progreso”.
El cronista parlamentario de El País Bonifacio de la Cuadra escribía así lo
que ocurrió ese 14 de octubre: “Un aplauso largo, vibrante e intenso
saludó ayer en el hemiciclo del Congreso de Diputados la aprobación de
la ley de Amnistía, que, aunque con algunas limitaciones, coloca una
piedra definitiva para la reconciliación entre vencedores y vencidos de
la guerra y la posguerra española. Sólo un grupo parlamentario, Alianza
Popular, se abstuvo de aplaudir, tras haberse abstenido con los votos”.
La
ley de amnistía de 1977 es fruto de la España de 1977, y de ese PCE del
exterior que regresó a España para pactar una Transición con la UCD
–élites venidas de la dictadura– y el PSOE –dominado por los entonces
jóvenes Felipe González y Alfonso Guerra–, y que enterraba la república,
la tricolor y los crímenes franquistas. Era una España que quiso mirar
tanto hacia adelante que por el camino intentó borrar un pasado que aún
está sepultado en cunetas.
Informes de Naciones Unidas
En
las 20 páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU,
para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno
español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la conclusión
principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda
de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las
víctimas.
En la ley de Amnistía, precisamente, es
donde se observan mayores déficits: se erige como el principal obstáculo
en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los
jueces siquiera conozcan los hechos”. Pablo De Greiff entiende que la
norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las
“interpretaciones restrictivas” –tanto de esta ley como de los
principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la
aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos–
las que dificultan la investigación de los delitos.
De
Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son
incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito
España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder
los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación
de los hechos, “pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que
se pueda suspender o extinguir”.
Concentración antifranquista en Sol.
Esta
tesis es la que también han defendido la Asociación por la Recuperación
por la Memoria Histórica y Amnistía Internacional, entre otras. La
ARMH, como también el informe de la ONU, defiende que los familiares, como víctimas que son, no deben pagar las exhumaciones, ya que entiende que la financiación debe realizarse con dinero público.
La
Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos son los
obstáculos que han impedido el enjuiciamiento de los crímenes del
franquismo en España, como quedó demostrado con la investigación que
impulsó el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y que
terminó tumbada por el Supremo.
Reforma legal
Izquierda
Unida tiene un borrador de proposición de ley en el marco del grupo
confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea para derogar aquella ley de
Amnistía, y se encuentra en un proceso de negociación con asociaciones
de memoria histórica y otras formaciones políticas para ultimar el
texto.
El objetivo, según fuentes de IU, es sumar
voluntades más allá del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea con el fin de poder lograr una mayoría suficiente como para
aprobar la proposición de ley en el Congreso.
El texto
de IU anula la Ley 46/1977, de 15 de octubre, “de Amnistía en todos
aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de
persecución de crímenes de lesa Humanidad; declara la nulidad de pleno
derecho de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que
supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos y atiende la
evolución del Derecho Penal Internacional en el sentido de la
imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, el Gobierno
dará apoyo a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos,
entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura
franquista”.
El
17 de octubre de 1977 fue aprobada por amplia mayoría en las Cortes
Españolas, entonces ya “democráticas”, una ley de amnistía que ha
permitido desde entonces hasta hoy cubrir con un grueso y tupido velo
los crímenes del franquismo, tanto políticos, como económicos y
sociales. 
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