El 20 de septiembre, precisamente al día siguiente
de que el presidente Trump desplegara ante la Asamblea General de la ONU
un escenario de guerra nuclear, amenazando con «destruir totalmente Corea del Norte»,
se abrió a la firma, en la sede de las Naciones Unidas, el Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Los países que firmen ese
documento, aprobado por una mayoría de 122 Estados, se comprometen a
no producir ni poseer armas nucleares, a no utilizarlas o amenazar con
utilizarlas, a no entregarlas a terceros ni recibirlas directa
ni indirectamente y a plantearse como objetivo la eliminación total de
ese tipo de armamento.
El primer día, 50 Estados firmaron ese Tratado –entre ellos
Venezuela, Cuba, Brasil, México, Indonesia, Tailandia, Bangladesh,
Filipinas, Palestina, Sudáfrica, Nigeria, el Congo, Argelia, Austria,
Irlanda y el Vaticano (que además lo ratificó ese mismo día). El Tratado
entrará en vigor si lo ratifican 50 Estados.Pero ese mismo día, la OTAN lo rechazó estruendosamente. El Consejo del Atlántico Norte –que reúne a los representantes de los 29 países miembros de la OTAN– emitió ese día una declaración en la que sostiene que «un tratado en el que no se compromete ninguno de los Estados poseedores de armas nucleares no será efectivo, ni incrementará la seguridad y la paz internacionales sino que crea el peligro de provocar lo contrario al crear divisiones y divergencias» [1]. El Consejo del Atlántico Norte aclara así, sin media tintas, que «no aceptaremos ningún argumento contenido en el tratado».
El Consejo del Atlántico Norte despoja así de su autoridad a los parlamentos nacionales de sus países miembros, privándolos de su derecho soberano a decidir de forma autónoma acogerse o no al Tratado de la ONU que prohíbe el armamento nuclear. Y anuncia, además, que «llamaremos a nuestros socios y a todos los países que tengan intenciones de apoyar el tratado a reflexionar seriamente sobre sus implicaciones», léase: “vamos a chantajearlos para que no lo firmen ni lo ratifiquen”.
El Consejo del Atlántico Norte recuerda que el «objetivo fundamental de la capacidad nuclear de la OTAN es preservar la paz y desestimular la agresión» y que «mientras existan armas nucleares, la OTAN seguirá siendo una alianza nuclear». Sin embargo garantiza el «fuerte compromiso de la OTAN con la plena aplicación del Tratado de No Proliferación nuclear».
El hecho es que el Tratado de No Proliferación está siendo violado con la presencia de las bombas atómicas estadounidenses B61 en 5 países no nucleares –Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Turquía. Además, las nuevas bombas nucleares B61-12 [también estadounidenses], que sustituirán a partir de 2020 las B61, ya están fase avanzada de realización y, después de su despliegue, podrán ser «transportadas por bombarderos pesados y aviones con doble capacidad» (nuclear y no nuclear).
El gasto de Estados Unidos en armamento nuclear aumenta en 2018 en un 15% en relación con 2017. El 18 de septiembre, el Senado asignó al presupuesto del Pentágono para 2018 alrededor de 700 000 millones de dólares, 57 000 millones más de lo que había pedido la administración Trump. Y eso sucedió gracias al voto unido de demócratas y republicanos.
Los demócratas, que critican las declaraciones belicosas del presidente Trump, van sin embargo más lejos que él cuando se trata de tomar decisiones sobre los gastos militares: en el Senado, el 90% de los demócratas votaron junto con los republicanos para aumentar el presupuesto del Pentágono mucho más de lo que Trump había pedido. De los 700 000 millones asignados, 640 000 millones se destinan a la compra de nuevas armas –principalmente de armamento estratégico para el ataque nuclear– y a aumentar los sueldos de los militares, y 60 000 millones irán a las operaciones bélicas en países como Afganistán, Siria e Irak.
La escalada de los gastos militares de Estados Unidos arrastra consigo los gastos de los demás países miembros de la OTAN, bajo las órdenes que les llegan de Washington. Así sucede con Italia, cuyo gasto militar tendrá que elevarse, de los actuales 70 millones de euros diarios, a 100 millones de euros al día, en virtud de una decisión democráticamente aprobada, como en Estados Unidos, con el voto de los dos principales partidos.
Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio
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