A más de un año y medio de aprobada la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en junio de 2016, a casi un año
de la designación del Comité de Participación Ciudadana, en enero de
2017, y a varios meses de la instalación del Comité Coordinador del SNA,
en abril pasado, no parece haber muchos avances en la definición de un
plan de trabajo, o de la identificación de temas para una agenda de
reformas anticorrupción que le den rumbo al sistema. Si bien es cierto
que algunos nombramientos relevantes para el funcionamiento del SNA,
como el del fiscal anticorrupción y de los magistrados de las salas
especializadas anticorrupción, no se han definido –fundamentalmente por
desacuerdos entre los partidos en el Congreso–, eso no impide la
discusión y la elaboración de una agenda estratégica que le dé contenido
al trabajo de las instituciones federales que conforman el Comité
Coordinador, y que le ofrezca un rumbo a los sistemas anticorrupción
locales que ya se encuentran funcionando.
Tal vez nunca en la
historia hemos tenido la capacidad y la oportunidad como para generar
una agenda anticorrupción moderna y robusta, que con base en la
experiencia acumulada ayude a atender los problemas específicos de
México en materia de rendición de cuentas. Con ánimo de comparar,
recordemos que hace unos 20 años era difícil encontrar literatura
académica sobre corrupción: diagnósticos, definiciones, identificación
de riesgos, políticas públicas anticorrupción, etcétera. No solamente
había una oferta teórica restringida, también contábamos con pocas
experiencias de éxito documentadas sobre el combate a la corrupción y,
por lo tanto, no había muchas propuestas que nos dijeran cómo diseñar
políticas para abordar el problema. En la escena de las organizaciones
de la sociedad civil, prácticamente Transparency International figuraba
como una voz solitaria tratando de llamar la atención del mundo sobre
los costos de la corrupción. En el contexto internacional, las
convenciones anticorrupción de la OEA y la ONU no habían nacido y sólo
la Convención Anticohecho de la OCDE empezaba a funcionar, precisamente
hace 20 años.Esa situación ha cambiado de manera radical. Hoy tenemos un extenso conjunto de literatura académica teórica y de investigación, con base en experiencias de todas las regiones del mundo y sobre un amplio abanico de temas relacionados con el control de la corrupción. Tenemos un ancho universo de iniciativas de la sociedad civil a nivel nacional e internacional que han ayudado a difundir y a colocar el tema en la agenda pública. Tenemos medios de comunicación que realizan investigaciones sobre casos de corrupción. Se han puesto en marcha iniciativas internacionales, como las convenciones anticorrupción de la ONU y la OEA, pero también los grupos de trabajo del G-20, de APEC y de otros grupos de países en los que México participa. Contamos con el conocimiento documentado de muchos años de práctica sobre qué políticas públicas han funcionado y cuáles son las acciones que pueden ayudarnos a controlar la corrupción. Durante esos años, en la academia, la sociedad civil y el gobierno, se han formado un número importante de individuos que hemos dedicado nuestro desarrollo profesional a pensar, diseñar, proponer y echar a andar políticas públicas para el impulso a la transparencia, el fortalecimiento de los mecanismos democráticos de rendición de cuentas y el control de la corrupción. A diferencia de hace 20 años, no faltan hoy personas, conocimiento ni experiencia en estos temas como para armar una agenda de largo plazo para el SNA.
En el casi año que lleva instalado, hemos visto al Comité de Participación Ciudadana intervenir de forma muy activa en el debate público de temas de una gran relevancia para la vida nacional, pero que difícilmente podrían ubicarse dentro de una agenda estratégica de largo plazo para el SNA. En junio, el Comité se pronunció sobre las acusaciones de espionaje a periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos hechas en el diario New York Times; ha presentado dos amparos para promover la correcta instalación de los sistemas anticorrupción estatales; sus miembros se sumaron a una demanda penal contra autoridades de la Ciudad de México y empresas constructoras para investigar posibles responsabilidades por las muertes y derrumbes ocurridos en los sismos de septiembre de este año.
Todas estas acciones se vinculan con asuntos de gran relevancia pública y que exigen nuestra atención, pero que son también temas de la coyuntura política y que tal vez han distraído el foco de atención sobre la agenda futura y de largo plazo del SNA. Es posible que la construcción administrativa de las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del sistema, con los retos que esto representa para conseguir presupuesto, contratar personal, ubicar a dicho personal en oficinas físicas y diseñar una estructura, entre otras obligaciones, haya ocupado el tiempo de esa oficina en asuntos de operación burocrática, dejando a un lado la definición de prioridades. Esto último debemos suponerlo, pues resulta difícil de confirmar, ya que la estructura con nombres, así como los niveles salariales de quienes integran la Secretaría Ejecutiva, no figuran en el Portal de Obligaciones de Transparencia ni es posible dirigirle a esa oficina una solicitud de acceso a la información por medio del sistema INFOMEX, debido a que aún no aparece en los menús de dicho sistema ni tampoco cuenta con una página de Internet propia donde se haga transparente la información sobre su trabajo. En tanto se definen los nombramientos pendientes que perfeccionen la integración del Comité Coordinador, es importante darle sentido a las reformas que crearon el SNA, acompañando causas coyunturales si se quiere, pero también en la definición de una agenda anticorrupción de Estado, que le dé contenido a su trabajo y rumbo hacia el futuro.
Twitter: @benxhill
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