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Los 466 presos políticos de la democracia en los Países Catalanes (cast/cat)
A
lo largo de los 40 años de monarquía parlamentaria española en ningún
momento ha dejado de haber gente encarcelada debido a su actividad
política.
El
encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y la mitad del gobierno
catalán ha vuelto a poner en el centro del debate la existencia de
presos políticos. Pero a lo largo de los 40 años de monarquía
parlamentaria española en ningún momento ha dejado de haber gente
encarcelada debido a su actividad política. Jornada ha contabilizado 466
en los Países Catalanes desde la aprobación de la ley de Amnistía del
1977.
La Jornada ha contabilizado al menos 466 personas encarceladas en los Países Catalanes por su lucha política durante las últimas décadas. hemos incluido cualquier persona que haya ingresado en un centro penitenciario por un motivo relacionado con su militancia, tenga esta la forma que tenga. La mayoría han pasado pocos días (los últimos años, la mayoría unas pocas semanas), pero también hay que se han pasado años.
Muchos han ido a parar entre barrotes acusadas de delitos de violencia, pero también hay muchos que no han sido nunca acusados de actos violentos, como los insumisos, o que quedaron en libertad sin que se demostrara su participación en los delitos de los que les acusaban.
La definición de preso político es compleja y discutida, no sólo por los gobiernos de turno, que nunca reconocen su existencia, sino también entre los mismos colectivos en defensa de los derechos humanos. Entidades como Amnistía Internacional han excluido sistemáticamente como preso político a cualquier detenido por hechos violentos, aunque lo fuera de manera indirecta.
La mayoría de presos que hemos contabilizado están vinculados al movimiento libertario, durante los primeros años de la Transición. Otro gran grupo está relacionado con organizaciones armadas: 120 personas fueron acusadas de estar vinculadas a Terra Lliure y 86 más al Exércit Popular Català, al Exèrcit d’Ajuda als treballadors, la Resistència Catalana d’Alliberament Nacional, el MIL, la OLLA o grupos insurreccionales anarquistas. También han ingresado en prisión 39 catalanes acusados de haber colaborado con ETA o los GRAPO.
La militancia pacífica y violenta: una frontera difusa
Con todo, las fronteras entre activismo violento o pacífico son mucho más difusas y esquivas de lo que se podría pensar y cada vez la legislación amplía más los delitos de violencia o terrorismo. No sólo por la existencia de conceptos como «apología del terrorismo», que pone dentro de la categoría de violentos a lo que no dejan de ser delitos de opinión, sino también por la consideración de «colaboración con banda armada» por el hecho de compartir objetivos políticos. Esta es la lógica que permitió que en 2013 cinco anarquistas de Sabadell fueran encarcelados preventivamente por haber creado un grupo de Facebook para compartir material propagandístico.
Además, la misma definición de violencia ha ido ampliándose. Así, en 2012 la sindicalista Laura Gómez pasó casi un mes en prisión preventiva por una acusación de incendio por haber quemado una caja de cartón y unos billetes falsos en una acción simbólica ante la Bolsa de Barcelona. Los mismos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han sido encarcelados por un supuesto delito de rebelión que presupone la comisión de actos violentos.
Insumisos, periodistas y pacifistas en la prisión
A pesar de que la represión a la insumisión fue relativamente leve en los Países Catalanes —el grueso de los centenares de presos se concentró en Navarra—, al menos 35 jóvenes de Cataluña y siete valencianos fueron encarcelados por negarse a cumplir con el servicio militar obligatorio, la mayoría de los cuales preventivamente por periodos de pocos días, pero tres con condenas firmes de más de un año. A estos hay que sumar a Manuel Blàzquez y Josep Antoni Escalada, encarcelados por haber desertado de la fragata que los iba a llevar a la Guerra del Golfo en 1991, y también tres insumisos en los cuarteles de Valencia y Elche cerrados en penales militares en 1997.
Como casos más extraordinarios, pero significativos, hay que destacar el encarcelamiento del periodista Xavier Vinader eln1984 por el contenido de una serie de artículos hasta que fue indultado. También el ingreso en prisión —durante menos de 24 horas— de Lluís Maria Xirinacs después de intervenir en un mitin político en Barcelona el 2002.
La Jornada ha contabilizado al menos 466 personas encarceladas en los Países Catalanes por su lucha política durante las últimas décadas. hemos incluido cualquier persona que haya ingresado en un centro penitenciario por un motivo relacionado con su militancia, tenga esta la forma que tenga. La mayoría han pasado pocos días (los últimos años, la mayoría unas pocas semanas), pero también hay que se han pasado años.
Muchos han ido a parar entre barrotes acusadas de delitos de violencia, pero también hay muchos que no han sido nunca acusados de actos violentos, como los insumisos, o que quedaron en libertad sin que se demostrara su participación en los delitos de los que les acusaban.
La definición de preso político es compleja y discutida, no sólo por los gobiernos de turno, que nunca reconocen su existencia, sino también entre los mismos colectivos en defensa de los derechos humanos. Entidades como Amnistía Internacional han excluido sistemáticamente como preso político a cualquier detenido por hechos violentos, aunque lo fuera de manera indirecta.
La mayoría de presos que hemos contabilizado están vinculados al movimiento libertario, durante los primeros años de la Transición. Otro gran grupo está relacionado con organizaciones armadas: 120 personas fueron acusadas de estar vinculadas a Terra Lliure y 86 más al Exércit Popular Català, al Exèrcit d’Ajuda als treballadors, la Resistència Catalana d’Alliberament Nacional, el MIL, la OLLA o grupos insurreccionales anarquistas. También han ingresado en prisión 39 catalanes acusados de haber colaborado con ETA o los GRAPO.
La militancia pacífica y violenta: una frontera difusa
Con todo, las fronteras entre activismo violento o pacífico son mucho más difusas y esquivas de lo que se podría pensar y cada vez la legislación amplía más los delitos de violencia o terrorismo. No sólo por la existencia de conceptos como «apología del terrorismo», que pone dentro de la categoría de violentos a lo que no dejan de ser delitos de opinión, sino también por la consideración de «colaboración con banda armada» por el hecho de compartir objetivos políticos. Esta es la lógica que permitió que en 2013 cinco anarquistas de Sabadell fueran encarcelados preventivamente por haber creado un grupo de Facebook para compartir material propagandístico.
Además, la misma definición de violencia ha ido ampliándose. Así, en 2012 la sindicalista Laura Gómez pasó casi un mes en prisión preventiva por una acusación de incendio por haber quemado una caja de cartón y unos billetes falsos en una acción simbólica ante la Bolsa de Barcelona. Los mismos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han sido encarcelados por un supuesto delito de rebelión que presupone la comisión de actos violentos.
Insumisos, periodistas y pacifistas en la prisión
A pesar de que la represión a la insumisión fue relativamente leve en los Países Catalanes —el grueso de los centenares de presos se concentró en Navarra—, al menos 35 jóvenes de Cataluña y siete valencianos fueron encarcelados por negarse a cumplir con el servicio militar obligatorio, la mayoría de los cuales preventivamente por periodos de pocos días, pero tres con condenas firmes de más de un año. A estos hay que sumar a Manuel Blàzquez y Josep Antoni Escalada, encarcelados por haber desertado de la fragata que los iba a llevar a la Guerra del Golfo en 1991, y también tres insumisos en los cuarteles de Valencia y Elche cerrados en penales militares en 1997.
Como casos más extraordinarios, pero significativos, hay que destacar el encarcelamiento del periodista Xavier Vinader eln1984 por el contenido de una serie de artículos hasta que fue indultado. También el ingreso en prisión —durante menos de 24 horas— de Lluís Maria Xirinacs después de intervenir en un mitin político en Barcelona el 2002.
Els 466 presos polítics de la democràcia
L’empresonament
de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i la meitat del govern català ha tornat
a posar al centre del debat l’existència de presos polítics. Però al
llarg dels 40 anys de monarquia parlamentària espanyola en cap moment ha
deixat d’haver-hi gent empresonada a causa de la seva activitat
política. Jornada n’ha comptabilitzat 466 als Països Catalans des de
l’aprovació de la llei d’Amnistia del 1977.
La Jornada ha
comptabilitzat almenys 466 persones empresonades als Països Catalans
per la seua lluita política durant les darreres dècades. Hi hem inclòs
qualsevol persona que haja ingressat en un centre penitenciari per un
motiu relacionat amb la seua militància, tinga aquesta la forma que
tinga. La majoria hi han passat pocs dies (els darrers anys, la majoria
unes poques setmanes), però també n’hi ha que s’hi han estat anys.
Molts
han anat a parar entre barrots acusades de delictes de violència, però
també n’hi ha molts que no han estat mai acusats d’actes violents, com
els insubmisos, o que van quedar en llibertat sense que es demostrés la
seua participació en els delictes dels que els acusaven.
La definició de pres polític és
complexa i discutida, no només pels governs de torn, que mai en
reconeixen l’existència, sinó també entre els mateixos col·lectius en
defensa dels drets humans. Entitats com Amnistia Internacional han
exclòs sistemàticament com a pres polític qualsevol detingut per fets
violents, encara que ho fos de manera indirecta.
La
majoria de presos que hem comptabilitzat estan vinculats al moviment
llibertari, durant els primers anys de la Transició. Un altre gran grup
ha estat pres en relació amb organitzacions armades: 120 persones foren
acusades d’estar vinculades a Terra Lliure i 86 més a l’Exèrcit Popular
Català, l’Exèrcit d’Ajuda als Treballadors, la Resistència Catalana
d’Alliberament Nacional, el MIL, l’OLLA o grups insurreccionals
anarquistes. També han ingressat a presó 39 catalans acusats d’haver
col·laborat amb ETA o els GRAPO.
La militància pacífica i violenta: una frontera difusa
Amb
tot, les fronteres entre activisme violent o pacífic són molt més
difuses i esquives del que es podria pensar i cada cop la legislació
amplia més els delictes de violència o terrorisme. No només per
l’existència de conceptes com «apologia del terrorisme», que posa dins
la categoria de violents el que no deixen de ser delictes d’opinió, sinó
també per la consideració de «col·laboració amb ban-da armada» el fet
de compartir-hi objectius polítics. Aquesta és la lògica que va permetre
que el 2013 cinc anarquistes de Saba- dell fossin empresonats
preventivament per haver creat un grup de Facebook per tal de compartir
material propagandístic.
A més a més, la mateixa
definició de violència ha anat ampliant-se. Així, el 2012 la
sindicalista Laura Gómez va passar gairebé un mes en presó preventiva
per una acusació d’incendi per haver cremat una caixa de cartró i uns
bitllets falsos en una acció simbòlica davant la Borsa de Barcelona. Els
mateixos Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han estat empresonats per un
suposat delicte de rebel·lió que pressuposa la comissió d’actes
violents.
Insubmisos, periodistes i pacifistes a la presó
Malgrat
que la repressió a la insubmissió va ser relativament lleu als Països
Catalans —el gruix dels centenars de presos va concentrar-se a Navarra—,
almenys 35 joves de Catalunya i set valencians van ser empresonats per
negar-se a complir amb el servei militar obligatori, la majoria dels
quals preventivament per períodes de pocs dies, però tres amb condemnes
fermes de més d’un any. A aquests cal sumar-hi Manuel Blàzquez i Josep
Antoni Escalada, empresonats per haver desertat de la fragata que els
anava a portar a la Guerra del Golf el 1991, i també tres insubmisos a
les casernes de València i Elx tancats en penals militars el 1997.
Com
a casos més extraordinaris, però significatius, cal destacar
l’empresonament del periodista Xavier Vinader el 1984 pel contingut
d’una sèrie d’articles fins que va ser indultat. També l’ingrés a presó
—durant menys de 24 hores— de Lluís Maria Xirinacs després d’intervenir
en un míting polític a Barcelona el 2002.
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