jueves, 14 de junio de 2018

De volcanes y ladrones

Estos días hemos podido ver en los medios los trágicos sucesos ocurridos en Guatemala tras la violenta erupción del volcán de Fuego. La erupción volcánica es un fenómeno natural y sin duda incontrolable, sin embargo, las consecuencias y el alto costo en vidas humanas que ha tenido este suceso sí son controlables y su responsabilidad es política.

Aquel día no todas las personas corrieron la misma suerte. Las comunidades asentadas en las faldas del volcán nunca fueron alertadas para evacuar la zona aun cuando existía información unas horas antes del suceso que hacía evidente la necesidad de desalojar el área. Pero eran “solo” un puñado de personas humildes, indígenas y campesinas. Prescindibles. Por el contrario, el lujoso complejo de golf La Reunión, ubicado también en las faldas del volcán de Fuego, sí evacuó a tiempo -dos horas antes de la fatal erupción- a sus huéspedes y personal de servicio. Esto fue posible gracias a que en este caso recibían boletines periódicos del Insivumeh (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología) sobre la actividad del volcán y fueron alertados para evacuar de forma inmediata. Sus adinerados clientes sí salvaron la vida. A poca distancia del resort y tan solo una hora antes de la erupción, delegados de CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) dijeron a la población que no tenían que evacuar sino que debían encerrarse en sus casas. No tuvieron ninguna oportunidad.
Varias comunidades han desaparecido literalmente sepultadas por toneladas de ceniza y flujos piroclásticos. Se han recuperado más de cien cuerpos sin vida y hay centenares si no miles de personas desaparecidas a las que ya no se busca. Quienes han logrado sobrevivir no tienen nada, muchas sufren graves quemaduras, han perdido seres queridos, sus casas, sus campos de cultivo, sus animales, sus medios de subsistencia. Semejante pérdida de vidas humanas ¿pudo evitarse? ¿fue fruto de descoordinación, inoperancia, desidia…? En medio de esta situación, mientras se dirimen responsabilidades, el Presidente Jimmy Morales anuncia que el presupuesto del estado “no nos permite designar ni un centavo para atender la emergencia”. El pueblo de Guatemala se ha manifestado ya masivamente exigiendo su dimisión. Como denuncian las organizaciones sociales, este mismo Presidente que asegura no disponer de fondos para la emergencia gastó recientemente una exorbitante cantidad de dinero público para llevar a su familia a la inauguración de la embajada guatemalteca en Jerusalén. Vergonzoso, cruel.
Por contra, lo que sí se moviliza y tiene claras las prioridades es la solidaridad de las personas y los pueblos. Desde todos los departamentos del país la sociedad civil se ha organizado para hacer acopio de víveres, ropa, mantas, medicamentos, etc. que personas de toda condición están aportando en apoyo a las y los damnificados. Pese a que el ejército está dificultando su entrega al cortar el paso hacia las comunidades más afectadas, las organizaciones sociales y personas voluntarias logran hacer llegar la ayuda tanto a los improvisados albergues como a comunidades que han quedado aisladas y a las que acceden por estrechas veredas portando la ayuda sobre sus hombros.
Pero la erupción de un volcán no es lo único violento que sucede en el país de la eterna primavera. En las últimas décadas el extractivismo, los megaproyectos y monocultivos se han convertido en actividades muy lucrativas que se sustentan en la sistemática violación del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Cuando defensores y defensoras de estos derechos denuncian las violaciones que cometen estas empresas usurpando sus tierras, reciben como respuesta un orquestado plan de desprestigio, criminalización judicial basada en falsas acusaciones y amenazas de muerte que, en último término, se traducen en asesinatos cometidos con total impunidad.
En el último mes, al menos cinco defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas han sido asesinados la mayoría en el departamento de Alta Verapaz pero también en Jalapa y Jutiapa. Su delito, ser portadores de la voz de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y bienes naturales frente al expolio de grandes empresas trasnacionales que operan con la connivencia del Estado. Pese a que toda la legislación internacional en materia de derechos avala sus reivindicaciones y a que varios de ellos tenían medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Ministerio Público, los intereses económicos no han dudado en mover los hilos para hacer callar sus voces. Es muy lamentable que este tipo de noticias, que en involucra también a empresas del Estado español y europeas, no se reflejen en los medios de comunicación. Tiene que rugir un volcán para que volvamos la mirada a este pequeño gran país centroamericano.
Pero en Guatemala todo florece, no hay semilla que caiga en vano. Pueden callar a una persona, un individuo pero no a la colectividad, no a quienes viven en comunidad, quienes se sienten parte y no dueñas de la tierra que habitan, la aman y la defienden. La lucha de los pueblos por sus derechos sigue viva. Por la tierra, el territorio y la Vida.
Fatima Amezkua Kortadi, integrante de Mugarik Gabe.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.