"El ataque sobre Buenos Aires ha fracasado y hace ya tiempo que no
queda un solo soldado británico en la parte española de Sudamérica. Los
detalles de este desastre, quizás el más grande que haya sufrido nuestro
país en toda su historia, fueron publicados ayer en un número
extraordinario. El comandante Whitelocke parece haber estado en la más
perfecta ignorancia, tanto acerca del país invadido como sobre la
resistencia que cabía esperar. Las columnas británicas se encontraron
con una oposición decidida, en cada calle, desde cada casa. La actitud
fue tan resuelta y gallarda como pocas veces se ha visto".
"Evacuation of South America", The Times, Londres, 14 de septiembre de 1807
Otros tiempos, otros imperios, distintas armas. De 1806 y 1807, de veleros y bergantines, de Beresford, Popham, Whitelocke la corona inglesa y una batalla por el control del comercio, la película salta al Siglo XXI, el Comando Sur del Ejército de EEUU, el disfraz de la “ayuda humanitaria” y las invasiones a la colaboración y la sumisión.
Ante los intentos británicos de hace más de dos siglos, el rechazo surge con facilidad, más aún frente al despojo malvinero; la sistemática invasión estadounidense, sin embargo, pasa desapercibida para muchos, mientras quienes gobiernan la Argentina, en lugar de aceites hirvientes les abren las puertas de las riquezas nacionales y les ofrecen la alfombra roja de un nuevo virreinato o, como sostiene el sociólogo Marcelo Koening, de este “gobierno de ocupación” [1].
Esa política se complementa con la construcción de un “enemigo interno”, recortado del manual actualizado del Comando Sur de los Estados Unidos y pegado en las hojas del plan de negocios local, que necesita gendarmes allí donde hay hambre, frío y desesperación. Es una versión remozada de la Doctrina de la Seguridad Nacional, absolutamente funcional a la estrategia de política exterior de los Estados Unidos, con control de los recursos estratégicos de la región, igual que lo fue el protocolo genocida que apuntó a “garantizar el orden” mediante la aplicación de técnicas de contrainsurgencia contra aquel “enemigo interior” con el que se pretendió justificar las represiones antipopulares de las dictaduras cívico-militares de los ´70, que desembocaron en genocidios y matanzas en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador, y “reordenaron” los modelos productivos nacionales en beneficio del capital transnacionalizado, ávido en controlar recursos y globalizar sus mecanismos financieros.
El involucramiento de los militares en “guerras” contra “el terrorismo” y “el narcotráfico” es una consecuencia de esta perspectiva y constituye el pretexto para la intervención en tareas propias de la seguridad interior, como finalmente sucedió en la Argentina de Macri. Encuentros como el del Grupo de los 20 (G20) que se realizará en la Argentina entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre próximos, con la presencia de los líderes de las principales potencias mundiales, sirvió de cobertura a políticas de militarización interna basadas en versiones creadas en los propios laboratorios de comunicación oficiales, que inventan la existencia de “células” abocadas a la “preparación de acciones violentas” contra esa cumbre.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump dio continuidad a los esfuerzos iniciados por Barack Obama por impulsar un nuevo liderazgo en Sudamérica, alternativo a la construcción subregional realizada desde comienzos de siglo por gobiernos soberanos, plasmada en organismos como el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, con rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario, decisiones políticas y económicas autónomas y relaciones internacionales multipolares. Desde el 10 de diciembre de 2015 Buenos Aires se transformó en una de las capitales de ese polo en nacimiento, con el presidente Macri convertido en vocero local de las directrices de Washington, sobreactuando posturas intervencionistas contra gobiernos constitucionales como el de Venezuela o ignorando violaciones constitucionales como las sucedidas en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff o con la candidatura de Lula da Silva.
Los objetivos estratégicos de Estados Unidos pasan por Oriente Medio, Corea, Rusia, la OTAN y China, y no por el Cono Sur de América. Sin embargo, Macri y sus ministros ahora achicados recibieron a un ejército de enviados del multimillonario que lidera la superpotencia occidental y aceptaron el consejo de no intimar con “nuevas potencias imperiales” como la República Popular de China que, a juicio del ex canciller Rex Tillerson, “está utilizando su política económica para meter a la región en su órbita”. En 2017 el comercio entre China y esta parte del mundo sumó u$s 244.000 millones, el doble de lo que se generó en toda la década anterior y desde 2015 el asiático constituye el principal socio comercial de Suramérica.
La decisión de Trump de entrar en “guerra comercial” con Beijing redefinió las prioridades, decidió ajustes en la relación con la región, intensificó el despliegue militar de Estados Unidos y transformó, en el caso argentino, una estación aeroespacial destinada a monitorear el lado oscuro de la Luna en un objetivo militar al que es necesario “neutralizar” ante la posibilidad de que sea utilizado en ciberdefensa o ciberseguridad regional y, además, para la proyección económica y militar sobre el continente Antártico. Solo un mes después de que la instalación china emplazada en la localidad neuquina de Bajada del Agrio comenzase a funcionar, EEUU anunció que el Comando Sur financiaría un centro de respuesta a emergencias en la misma provincia patagónica, sospechado en realidad de constituir el embrión de una base castrense, similar a cualquiera de las 80 con las que cuenta en Latinoamérica y el Caribe.
América para los estadounidenses
La región reviste un valor significativo para Washington, ya no como “patio trasero” sino como “reserva estratégica” de los “bienes comunes” -que el capitalismo considera “recursos naturales” extraíbles y procesables sin límites- y de una potencialidad de producción alimentaria capaz de cubrir las demandas de un futuro que ya muestra las dentelladas del cambio climático.
En suma, el subcontinente es considerado de “baja prioridad estratégica” comparado con la importancia Europa, Medio Oriente y la región Indo-Pacífico; sin embargo,la nueva doctrina de seguridad regional lo presenta como “estratégicamente importante” para EE.UU. y su futuro económico por lo que,a su criterio,debe resguardarse ante la “influencia dañina de los actores extrahemisféricos”, en especial China,que “busca llevar la región a su órbita a través de inversiones y préstamos estatales” y está decidida, junto a Rusia, a conformar ”economías menos libres y menos justas, hacer crecer sus ejércitos y controlar la información y los datos para reprimir a sus sociedades y expandir su influencia” [2].
En consonancia, la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump reclama administraciones que comulguen con los preceptos de su gobierno, de su Comando Sur y de las grandes corporaciones económicas. Los documentos oficiales remarcan que los intereses de su país “están mejor resguardados en un hemisferio de países estables, seguros y democráticos, que aumentan la seguridad y benefician a la economía norteamericana”.
Ese supuesto “futuro próspero para todos” se asienta sobre una base de “valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías abiertas de mercado”, requisito que el presidente argentino, Mauricio Macri, intenta cumplir al pie de la letra.
El combate contra las drogas y el “narcoterrorismo”, la prestación de asistencia humanitaria, la realización de ejercicios y operaciones con participación de las fuerzas armadas locales en el teatro de la “seguridad interior”, son las “áreas de trabajo” definidas para alcanzar sus objetivos. En consonancia, las sucesivas administraciones estadounidenses siembran de bases la región, construyendo un auténtica muralla “protectora” de distintos recursos estratégicos que ya cuenta con enclaves en Chile, Colombia, Paraguay, Perú, las Islas Malvinas -usurpadas a la Argentina por Gran Bretaña- que alojan una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en distintos países de Centroamérica y el Caribe. A esa malla se agregan las cabezas de puente ya afianzadas en la Argentina actual.
Pobreza e inequidad, corrupción, terrorismo, criminalidad, tráfico de drogas y desastres “naturales”, son presentados como desafíos que amenazan aquellas metas. En realidad, cada ítem es una puerta por la que los cuadros del Comando Sur, el Departamento de Estado, la CIA y la DEA, los organismos de crédito y las embajadas con bandera de barras y estrellas, penetran para afincarse en los países que consideran importantes para alcanzar sus fines, definir políticas y alinear gobernantes u opositores [3].
En la Argentina, lo intentaron con fuertes presiones mantenidas incluso durante los gobiernos kirchneristas a través, por ejemplo, de donaciones a provincias, capacitaciones en Estados Unidos o de la cooptación de cuadros de gestión en organismos de protección civil. La máxima expresión de esa maniobra fue el intento de instalar en la provincia de Chaco el primer “Centro de Respuesta a Emergencias”, financiado por una donación de la Embajada de Estados Unidos, que la presidenta Cristina Fernández alcanzó a frenar en 2012, a instancias del organismo de asistencia humanitaria internacional de su cancillería, la comisión Cascos Blancos, que también puso sobre aviso de esas pretensiones al entonces gobernador de la provincial, Jorge Milton Capitanich, cuando el Ministerio del Interior, a cargo de Florencio Randazzo, ya había aprobado el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”, a través de un convenio bilateral impulsado por el Comando Sur y su embajada, embozado tras la definición de “aporte a los programas sociales del gobierno” argentino.
La intención final y permanente era -y lo sigue siendo- instalar bases que le permita a EE.UU. reforzar su control sobre la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, el Acuífero Guaraní, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que ya ejerce desde su instalación paraguaya de Mariscal Estigarribia. La ocupación focalizada es el modelo de acción; la asistencia, ayuda o cooperación, con fines “humanitarios” o de “control” es la excusa; los bienes comunes, desde el agua, el petróleo y el gas, hasta el litio o el oro y, en especial, el acceso y control del continente Antártico, sus hielos y su subsuelo, son los verdaderos objetivos. Desde el 10 de diciembre de 2015 se aceleraron todos los procesos administrativos, aduanales, castrenses y diplomáticos para que las invasiones yanquis avancen sobre ellos.
Matriz ilegal
El despliegue militar de Washington sobre la Argentina va acompañado del uso de las Fuerzas Armadas locales en tareas de “seguridad interior” reñidas con las leyes que regulan su accionar; el instrumento utilizado para avanzar en esa dirección fueron la declaración de la “emergencia de seguridad” mediante el decreto 228/2016 y su prórroga mediante el decreto 50/2017.
En simultáneo, se autorizó con distintos pretextos y sin la aprobación parlamentaria que dispone la Constitución Nacional, la entrada de efectivos militares extranjeros. Los distintos pasos que dio el gobierno argentino terminaron de configurar una matriz ilegal apoyada en el ingreso de tropas no autorizadas por el Congreso, la validación sin concurso parlamentario de la instalación de bases militares operadas, financiadas o promovidas por diversos elementos de fuerzas armadas de países extranjeros; la superposición de políticas de defensa y de seguridad interior, hechos que se suman a decretos como el 820/2016, que modificó la Ley de Tierras encargada de fijar límites al traspaso de propiedad del suelo argentino a manos extranjeras y puso en disponibilidad grandes extensiones de bienes compartidos como los, los bosques y la zona núcleo productiva y la soberanía misma de la Nación [4].
La diputada nacional por Río Negro, Silvia Horne, perteneciente al bloque del Peronismo para la Victoria, precisó esta situación al presentar un proyecto de ley que rechaza la autorización del ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en ejercicios previstos a partir del 1° de septiembre de este año y hasta el 31 de agosto de 2019. El reclamo también se opone ala injerencia de las fuerzas armadas en temas de seguridad interna dispuesta por el presidente Macri y a la instalación de una base militar de EE.UU. en Neuquén, entre otras medidas dispuestas por el gobierno nacional, pasando por alto al Congreso de la Nación.
Invasión “humanitaria”
La apertura macrista al despliegue militar estadounidense complementó su integración a la participación en la estrategia relacionada con la República Bolivariana de Venezuela a través de un dispositivo de “Unidades de Respuesta Sanitaria Argentina” en la frontera entre ese país y Colombia, bajo la cobertura “humanitaria” de Cascos Blancos, organismo redireccionado ahora hacia el injerencismo, violando todos los principios que debe respetar una misión de esas características según lo define Naciones Unidas al remarcar que “los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico”.
La situación fue denunciada por la analista internacional Stella Calloni, quien considera que la presencia de la misión argentina en esa frontera “genera controversia y alarma en algunos sectores que la interpretan como una avanzada injerencista contra Venezuela” y forma parte de los “planes intervencionistas aún no aplicados de los Estados Unidos y del cerco político de países de la región contra el Estado que conduce Nicolás Maduro” en el marco del “Plan Maestro” del Comando Sur [5].
Los hechos condujeron al ex ministro de Educación de la Argentina, Daniel Filmus, hoy diputado del Frente para la Victoria, a presentar un pedido de Informes al Poder Ejecutivo, reclaman do información sobre el “despliegue asociado a sectores privados nacionales y extranjeros sobre territorio venezolano” en el que participan “organizaciones de presión política de los Estados Unidos, vinculadas con la Central de Inteligencia (CIA) como el Center forStrategic and International Studies (CSIS)”, utilizando a “argentinas y argentinos que decidieron contribuir con sus saberes y su compromiso y terminaron formando parte de una acción regional, encabezada por el gobierno de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia y el Comando Sur de ese país y de la Organización de Estados Americanos presidida por Luis Almagro, hoy fuertemente enfrentado a Venezuela”.
El parlamentario, que también estuvo a cargo de la secretaría encargada de los asuntos relacionados con la recuperación de la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur usurpadas por Gran Bretaña, sostuvo que la operación “se inscribe en el compromiso de la gestión Macri con los intentos del presidente Donald Trump de avanzar incluso con opciones militares sobre Venezuela, agregando nuevos hitos a la diplomacia cañonera que llevó a su país a invadir militarmente naciones soberanas como Granada (1983) y Panamá (fines de 1989) y al jefe de su IV Flota, contraalmirante Joseph Kernan, a amenazar con navegar las ´aguas marrones´ de los ríos soberanos de Latinoamérica, ante el firme rechazo de los entonces presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Brasil, Lula da Silva”.
Junto ala propuesta de la diputada Horne, el pedido de Informes constituyela expresión formal más fuerte del rechazo a la sujeción del actual gobierno al injerencismo estadounidense en la Argentina y en la región. Afirma que la misión Cascos Blancos “parece un ficha de los intentos permanentes de Washington, su Comando Sur y sus aliados de generar modelos de intervención subsidiarios de la ´Doctrina de Seguridad Nacional´, de dramáticas consecuencias para los países de Latinoamérica, una maniobra reconocida por el propio jefe del Comando Sur, Almirante KurtTidd, en su documento “Golpe Maestro” y refrendada en agosto del año pasado en la reunión de Lima en la que se fijaron nuevas estrategias para ´enfrentar amenazas militares´ y ´atender´ la situación venezolana”.
Desembarco aliado
· Alianza. El 4 y 5 de febrero de 2018 el entonces secretario de Estado de EEUU, RexTillerson, se reunió con el presidente Mauricio Macri y su canciller Jorge Faurie y elogió el "liderazgo" de la Argentina en la región, como “paladín de la democracia" en el continente. Comenzó la planificación del dispositivo de seguridad para la Cumbre del G20, cuya organización el gobierno argentino delegó en los estadounidenses.
· TaskForce I. Dos días después de que el excanciller de Donald Trump expresara la prioridades de su gobierno en materia de “seguridad regional”, el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, anunció la creación de una “Fuerza de Despliegue Rápido” integrada por miembros de las tres armas con el objetivo de prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, proteger los “ recursos naturales ” y enfrentar las difusas “nuevas amenazas” que define el Comando Sur, entre las que cabría incluir a “grupos mapuches extremistas” , de acuerdo a la definición oficial y, tal vez, a los hambreados del ajuste del FMI.
El anuncio aceleró el sinceramiento de la decisión de permitir la participación de las FFAA en asuntos internos, algo explícitamente prohibido por la ley de Seguridad Interior, que solo la habilita para casos excepcionales como las que conducen a decretar el “estado de sitio”, con concurso parlamentario.
· TaskForce II en Misiones. Con el mismo libreto y 48 horas después la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, con anuencia de los ministerios de Defensa y Seguridad Interior de la Argentina, se comprometió a instalar otra fuerza de tareas, ahora en la provincia de Misiones y con el objetivo de “combatir el narcotráfico y el terrorismo” en la zona de la Triple Frontera, según dichos de la ministra Patricia Bullrich, una de las más entusiastas de la carrera armamentista del gobierno de Macri y jefa de sus acciones represivas, que condujeron por ejemplo a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el contexto de la persecución del pueblo mapuche.
Las características de despliegue y expansión de las “task force” y su implantación acordada sobre el “Acuífero del Guaraní”, una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo -cuya capacidad alcanzaría para abastecer a los 6.000 millones de habitantes del planeta durante 200 años-, permite suponer que la iniciativa constituye solo la semilla de una futura base de control de la zona, convertida en “hipótesis de conflicto”, a partir del cálculo de Naciones Unidas que sostiene que entre 2020 y 2030 el 90% de la población mundial no tendrá acceso al agua potable, pura y sana [6].
En febrero de 2004 el Pentágono planteó el despliegue de sus fuerzas armadas alrededor del planeta, con el fin de controlar los recursos que considera estratégicos para la supervivencia de Estados Unidos como potencia rectora, en especial el agua. El “terrorismo”, cuya presencia en la zona fue desmentida hasta por Washington, no es más que la excusa para el desembarco de marines y una de las tantas prendas macristasde sujeción a su estrategia de control supranacional.
En el mes de julio, como refuerzo a la maniobra, el Ministerio de Seguridad destacó cuatro lanchas artilladas israelíes Shalgag MKII junto a asesores de esa nacionalidad, con el fin declarado de patrullar mil kilómetros de aguas de los ríos Paraguay y Paraná, localizados en la “Triple frontera” compartida con Brasil y Paraguay.
· Inteligencia militar secreta. El Ministerio de Defensa permitió la realización en territorio nacional de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos durante las jornadas del 2 y 3 de mayo de 2018, invocando “razones de seguridad de Estado” para no especificar
públicamente en qué provincia del litoral se realizó el operativo que contó con la presencia de “ técnicos de defensa y del área de inteligencia militar” estadounidenses. La operación consistió en el traslado de un camión cargado de supuestas armas químicas de “destrucción masiva” y analizar posibles acciones coordinadas para “evitar una catástrofe”.
El ejercicio en cuestión estuvo destinado en realidad a capacitar a las fuerzas armadas argentinas en acciones de seguridad interior, donde “terrorismo” y “narcotráfico” son instaladas como las nuevas amenazas a conjurar.
· Base estadounidense en Neuquén. El 11 de mayo EEUU retomó la construcción de una base en esa provincia, autorizada en 2012 por el entonces gobernador Jorge Sapag y cuya ejecución se paralizó a consecuencia del escándalo provocado por un intento semejante en Chaco, con duras críticas de la Cancillería argentina y protestas callejeras.
La sede patagónica fue donada por el Comando Sur bajo el paraguas “humanitario”, a pesar de que los propios documentos de ese organismo reconocen que la estructura militar estadounidense “aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad, para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional”.
La base se levanta a corta distancia del estratégico Aeropuerto Internacional de Neuquén, sobre la Autovía Norte, que une a través de 20 kilómetros las cuatro principales ciudades de la región lindantes con Vaca Muerta, además de permitir el acceso a otra de las zonas de reservas acuíferas más importantes del país.
Un año antes, el entonces embajador interino de EEUU, Tom Cooney, recorrió el lugar, ratificó la realización de las obras y destacó las inversiones de empresas de su país en Vaca Muerta, entre otras Chevron y Exxon Mobil que cuenta con una concesión de 1275 km² y cuyo CEO entre 2006 y 2016 antes de saltar al equipo de Trump fue el ya mencionado RexTillerson, quien tuvo una compensación por sus servicios de U$ 180 millones.El dispositivo impulsado por el Comando Sur constituiría una herramienta esencial para la protección y vigilancia de esas inversiones.
· Bases en Tierra del Fuego. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, firmaron el 31 de octubre 2017un acuerdo para desarrollar una base de vigilancia de explosiones nucleares en la ciudad de Tolhuin -donde ya funciona una estación de monitoreo enlazada a la red de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO)- y un “polo científico” en la ciudad de Ushuaia, destinado a “apoyar tareas que se desarrollan en la Antártida”. La actividad se enmarca en el programa Ice Bridge (Puente de Hielo) de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio que se apoya en el trabajo de un avión P3 Orion, que cuenta con equipamiento de última generación de la marina de su país e incluye detectores de variaciones en el espectro magnético y la gravedad terrestre, cámaras infrarrojas y medidores que permiten determinar el grosor de la capa helada antártica.
Las bases constituyen el punto de partida de un complejo militar destinado a monitorear la conexión de los océanos Atlántico, Pacifico e Indico, los enlaces de los extremos Sur de América y África y las rutas hacia la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo y el yacimiento de hidrocarburo de más volumen en el planeta.
Los propios estadounidenses ya anunciaron que luego de la prospección del mar antártico y el hielo terrestre, la campaña se extenderá hasta el 26 de noviembre, en una “iniciativa emocionante y ambiciosa para Ice Bridge, ya que las campañas duales nos permitirán continuar con los relevamientos de importantes áreas cercanas a la Península Antártica y ampliar significativamente nuestra cobertura de la vasta extensión de la Antártida Oriental" [7].
El punto de partida del acercamiento “científico” se dio en el marco de la visita del ex presidente Barack Obama en marzo de 2016 a la Argentina, durante la que redefinió la agenda de la relación de su país con los gobiernos suramericanos e impuso acuerdos de cooperación que incluyeron una apertura comercial irrestricta, asistencia en la Triple Frontera, asilo a refugiados sirios, la creación de Centros de Fusión de Inteligencia, cooperación de fuerzas de seguridad en el Comando Sur y en el ámbito nuclear y lucha contra el narcotráfico y terrorismo, un temario que poco después Donald Trump se encargaría de desarrollar y profundizar.
· Entrada de tropas extranjeras. El Poder Ejecutivo giró en 2017 y 2018 al Congreso nacional cerca de medio centenar de pedidos de autorización para que efectivos extranjeros entraran al país o fuerzas argentinas participaran en operativos fuera del país. El año pasado los senadores fueron permeables a la demanda y aprobaron los 23 operativos propuestos, sin dictamen de comisión y sin considerar si se involucraban a las fuerzas armadas en ejercicios destinados a situaciones seguridad interior como lucha contra el terrorismo, narcotráfico, narcoterrorismo o contrabando, que la legislación nacional prohíbe de modo explícito.
Fue en Diputados que distintos sectores de la oposición peronista lograron, por ejemplo, bloquear el ejercicio denominado “Cormorán”, programado para concretarse en la base bonaerense “Comandante Espora” de Bahía Blanca y en la base aeronaval “Almirante Zar” de la provincia de Chubut, donde la Armada masacró el 22 de agosto de 1972 a 16 de los 19 combatientes capturados en el aeropuerto chubutense de Trelew, tras su fuga de la cárcel de Rawson.
El 23 de julio de 2018 la Mesa de Entradas del Senado nacional recibió del PEN el programa para el período correspondiente entre 1° de setiembre de ese año y el 31 de agosto de 2019, en el que se repiten muchas de las propuestas del ejercicio anterior, a un costo estimado en $ 444 millones [8], calculados con un dólar un 30% por debajo de su valor actual. Entre ellas figuran las maniobras más cuestionadas en el período anterior:
- BOLD ALIGATOR (Coordinación EEUU): basado en escenarios de “respuesta a situaciones de crisis y/o amenaza”, en base a “disuasión, control del mar, de seguridad marítima y de respuesta humanitaria ayuda/desastre”.
- PANAMAX (Convocatoria 4ta Flota del Comando Sur de los EEUU): orientado “evitar que una fuerza terrorista afecte la libre navegación por el Canal de Panamá”.
- UNITAS (Acordado por el Acta de la Maritime Staff Talks entre EEUU y Argentina, Mayport, abril 2017. Dirigido por EEUU): con el propósito de “enfrentar amenazas a la seguridad en el hemisferio como el narcotráfico y el crimen organizado”.
- GRINGO GAUCHO (bilateral con EEUU): a desarrollarse al paso de un portaaeronaves de la Armada estadounidense y sus naves escolta, por las aguas jurisdiccionales argentinas, con la participación de 5.330 marines USA en el Mar Argentino. Sin fecha comunicada, es probable que se realice en simultáneo con la cumbre del G20, ya que Washington pretende completar su blindaje de seguridad de la reunión y desplegar una demostración de su poderío bélico en el Atlántico Sur, ante potencias competidoras como China y Rusia.
- TEAM WORK SOUTH (en Chile con participación de Gran Bretaña y EEUU): orientado al adiestramiento en guerra antisubmarina, guerra de superficie y defensa antiaérea.
Barras y estrellas desfilando en Buenos Aires
Durante una década y media los gobernantes de los principales países sudamericanos eligieron un camino de autonomía subregional, con esfuerzos en lograr su independencia económica con colaboración comercial y relaciones multipolares; sin cortar las relaciones con el supervecino hemisférico, le pusieron límites a los intentos estadounidenses de entramparlos en un tratado de “libre comercio” que solo beneficiaría a las empresas de ese país. En consonancia, trabajaron para convertir a la región en una “zona de paz” y, con la conformación de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), avanzaron en una visión común y autónoma en materia de defensa.
En el momento mismo de su asunción en diciembre de 2015, Mauricio Macri dio un volantazo de 180 grados, se alineó con Washington y escaló esa relación hasta volver a depender del Fondo Monetario Internacional en el plano económico y del Comando Sur en el ámbito militar, con el agravante de retomar la senda doctrinaria de las dictaduras cívico militares al homologar de manera ilegal las cuestiones de “seguridad interior” con las de defensa, a través de la búsqueda de los “enemigos internos” que propone Washington.
Del mismo modo que la propuesta de Presupuesto 2019 de la Argentina fue redactada por el Poder Ejecutivo en base a las exigencias de ajuste del FMI que provocan un empobrecimiento general de la economía local, aumento de la pobreza y la indigencia a cifras de espanto, con desocupación, subocupación y trabajo precario a escalas de terror, el aparato de seguridad y represión se construye al compás de las propuestas que surgen del paradigma de las “nuevas amenazas”.
Con la misma lógica que usó para convertir en “terroristas” a pequeños grupos de mapuches interesados en alojarse en una mínima porción de sus propias tierras ancestrales -hoy en manos de terratenientes-, el gobierno aprovechará la realización del G20 para que Estados Unidos despliegue sobre Buenos Aires, su espacio aéreo y el río sobre el que se recuesta la capital argentina, no solo su poderío militar sino, y sobre todo, su concepto de seguridad y su marca de control territorial hemisférico.
Como en la más espectacular película bélica, o hasta de ciencia ficción, durante la segunda quincena de noviembre y la primera semana de diciembre, la “Reina del Plata” tendrá un aspecto muy poco gardeliano bajo la parafernalia de “protección” estadounidense, con cobertura del “Carrier Strike Group” de su Armada operando desde aguas jurisdiccionales argentinas, con unos 65 aviones de combate F/A-18 Súper Hornet y E-2 Hawkeye con despegue desde un portaaviones, probablemente el USS Abraham Lincoln en camino a San Diego con sus 7.500 marines, de participación enmascarada bajo el ya mencionado ejercicio Gringo Gaucho, respaldado por al menos un crucero y dos destructores o fragatas.
Junto a la operación de sistema inhibidor de drones israelitas, el Aeropuerto Jorge Newbery será cerrado durante 3 días y el espacio aéreo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus proximidades totalmente restringido; también se desplegarán los helicópteros MH-60M del 160th Special Operations Aviation Regim
En síntesis, la Argentina resignará el control de la situación ante su aliado estratégico, cuya comitiva ocupará, además de la sede de su embajada en el Palacio Bosch Alvear, tres hoteles de la ciudad. La bandera de las barras y las estrellas flameará sobre la ciudad, junto a los “fierros”del Complejo Militar Industrial que produce el 72,36% del total mundial del gasto armamentista, con u$s 918.000 millones de gasto anual.
Buenos Aires no será más que el escenario para que el presidente Donald Trump pueda mostrar los músculos de su intento de mantener la hegemonía global en base a un modelo de proteccionismo económico, con fortalecimiento militar y negacionismo del cambio climático. Sin embargo, la ministra Patricia Bullrich sabe que los grandes actores de la política mundial, por encima de las bravatas belicistas, estarán atentos a la forma en que el descontento, la desesperación y el hambre de argentinas y argentinos se manifieste en las calles ocupadas por gendarmes, policías y prefectos a su mando, con militares y marines cuidándoles las espaldas. Con el argumento bien aprendido, la movilización popular constituirá la “nueva amenaza” a la que, si no pueden disimular, buscarán enfrentar. Como ordena el Comando Sur.
Notas:
[3] Carlos A Villalba: Obama pasa revista (https://vamosavolver.com.ar/
[4] Carlos A Villalba: La Argentina de Lewis (https://www.alainet.org/es/
[5] Stella Calloni: El “Golpe Maestro” de Estados Unidos contra Venezuela (http://www.voltairenet.org/
[6] Banco Mundial: La Iniciativa del Acuífero Guaraní para la Gestión Transfronteriza del Agua Subterránea. http://siteresources.
[7] Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA): IceBridge (http://www.nasa.gov/mission_
[8] Senado de la Nación: Operaciones Militares Conjuntas https://es.scribd.com/
Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) (http://estrategia.la/)
Fuente: http://estrategia.la/2018/09/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
"Evacuation of South America", The Times, Londres, 14 de septiembre de 1807
Otros tiempos, otros imperios, distintas armas. De 1806 y 1807, de veleros y bergantines, de Beresford, Popham, Whitelocke la corona inglesa y una batalla por el control del comercio, la película salta al Siglo XXI, el Comando Sur del Ejército de EEUU, el disfraz de la “ayuda humanitaria” y las invasiones a la colaboración y la sumisión.
Ante los intentos británicos de hace más de dos siglos, el rechazo surge con facilidad, más aún frente al despojo malvinero; la sistemática invasión estadounidense, sin embargo, pasa desapercibida para muchos, mientras quienes gobiernan la Argentina, en lugar de aceites hirvientes les abren las puertas de las riquezas nacionales y les ofrecen la alfombra roja de un nuevo virreinato o, como sostiene el sociólogo Marcelo Koening, de este “gobierno de ocupación” [1].
Esa política se complementa con la construcción de un “enemigo interno”, recortado del manual actualizado del Comando Sur de los Estados Unidos y pegado en las hojas del plan de negocios local, que necesita gendarmes allí donde hay hambre, frío y desesperación. Es una versión remozada de la Doctrina de la Seguridad Nacional, absolutamente funcional a la estrategia de política exterior de los Estados Unidos, con control de los recursos estratégicos de la región, igual que lo fue el protocolo genocida que apuntó a “garantizar el orden” mediante la aplicación de técnicas de contrainsurgencia contra aquel “enemigo interior” con el que se pretendió justificar las represiones antipopulares de las dictaduras cívico-militares de los ´70, que desembocaron en genocidios y matanzas en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador, y “reordenaron” los modelos productivos nacionales en beneficio del capital transnacionalizado, ávido en controlar recursos y globalizar sus mecanismos financieros.
El involucramiento de los militares en “guerras” contra “el terrorismo” y “el narcotráfico” es una consecuencia de esta perspectiva y constituye el pretexto para la intervención en tareas propias de la seguridad interior, como finalmente sucedió en la Argentina de Macri. Encuentros como el del Grupo de los 20 (G20) que se realizará en la Argentina entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre próximos, con la presencia de los líderes de las principales potencias mundiales, sirvió de cobertura a políticas de militarización interna basadas en versiones creadas en los propios laboratorios de comunicación oficiales, que inventan la existencia de “células” abocadas a la “preparación de acciones violentas” contra esa cumbre.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump dio continuidad a los esfuerzos iniciados por Barack Obama por impulsar un nuevo liderazgo en Sudamérica, alternativo a la construcción subregional realizada desde comienzos de siglo por gobiernos soberanos, plasmada en organismos como el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, con rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario, decisiones políticas y económicas autónomas y relaciones internacionales multipolares. Desde el 10 de diciembre de 2015 Buenos Aires se transformó en una de las capitales de ese polo en nacimiento, con el presidente Macri convertido en vocero local de las directrices de Washington, sobreactuando posturas intervencionistas contra gobiernos constitucionales como el de Venezuela o ignorando violaciones constitucionales como las sucedidas en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff o con la candidatura de Lula da Silva.
Los objetivos estratégicos de Estados Unidos pasan por Oriente Medio, Corea, Rusia, la OTAN y China, y no por el Cono Sur de América. Sin embargo, Macri y sus ministros ahora achicados recibieron a un ejército de enviados del multimillonario que lidera la superpotencia occidental y aceptaron el consejo de no intimar con “nuevas potencias imperiales” como la República Popular de China que, a juicio del ex canciller Rex Tillerson, “está utilizando su política económica para meter a la región en su órbita”. En 2017 el comercio entre China y esta parte del mundo sumó u$s 244.000 millones, el doble de lo que se generó en toda la década anterior y desde 2015 el asiático constituye el principal socio comercial de Suramérica.
La decisión de Trump de entrar en “guerra comercial” con Beijing redefinió las prioridades, decidió ajustes en la relación con la región, intensificó el despliegue militar de Estados Unidos y transformó, en el caso argentino, una estación aeroespacial destinada a monitorear el lado oscuro de la Luna en un objetivo militar al que es necesario “neutralizar” ante la posibilidad de que sea utilizado en ciberdefensa o ciberseguridad regional y, además, para la proyección económica y militar sobre el continente Antártico. Solo un mes después de que la instalación china emplazada en la localidad neuquina de Bajada del Agrio comenzase a funcionar, EEUU anunció que el Comando Sur financiaría un centro de respuesta a emergencias en la misma provincia patagónica, sospechado en realidad de constituir el embrión de una base castrense, similar a cualquiera de las 80 con las que cuenta en Latinoamérica y el Caribe.
América para los estadounidenses
La región reviste un valor significativo para Washington, ya no como “patio trasero” sino como “reserva estratégica” de los “bienes comunes” -que el capitalismo considera “recursos naturales” extraíbles y procesables sin límites- y de una potencialidad de producción alimentaria capaz de cubrir las demandas de un futuro que ya muestra las dentelladas del cambio climático.
En suma, el subcontinente es considerado de “baja prioridad estratégica” comparado con la importancia Europa, Medio Oriente y la región Indo-Pacífico; sin embargo,la nueva doctrina de seguridad regional lo presenta como “estratégicamente importante” para EE.UU. y su futuro económico por lo que,a su criterio,debe resguardarse ante la “influencia dañina de los actores extrahemisféricos”, en especial China,que “busca llevar la región a su órbita a través de inversiones y préstamos estatales” y está decidida, junto a Rusia, a conformar ”economías menos libres y menos justas, hacer crecer sus ejércitos y controlar la información y los datos para reprimir a sus sociedades y expandir su influencia” [2].
En consonancia, la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump reclama administraciones que comulguen con los preceptos de su gobierno, de su Comando Sur y de las grandes corporaciones económicas. Los documentos oficiales remarcan que los intereses de su país “están mejor resguardados en un hemisferio de países estables, seguros y democráticos, que aumentan la seguridad y benefician a la economía norteamericana”.
Ese supuesto “futuro próspero para todos” se asienta sobre una base de “valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías abiertas de mercado”, requisito que el presidente argentino, Mauricio Macri, intenta cumplir al pie de la letra.
El combate contra las drogas y el “narcoterrorismo”, la prestación de asistencia humanitaria, la realización de ejercicios y operaciones con participación de las fuerzas armadas locales en el teatro de la “seguridad interior”, son las “áreas de trabajo” definidas para alcanzar sus objetivos. En consonancia, las sucesivas administraciones estadounidenses siembran de bases la región, construyendo un auténtica muralla “protectora” de distintos recursos estratégicos que ya cuenta con enclaves en Chile, Colombia, Paraguay, Perú, las Islas Malvinas -usurpadas a la Argentina por Gran Bretaña- que alojan una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en distintos países de Centroamérica y el Caribe. A esa malla se agregan las cabezas de puente ya afianzadas en la Argentina actual.
Pobreza e inequidad, corrupción, terrorismo, criminalidad, tráfico de drogas y desastres “naturales”, son presentados como desafíos que amenazan aquellas metas. En realidad, cada ítem es una puerta por la que los cuadros del Comando Sur, el Departamento de Estado, la CIA y la DEA, los organismos de crédito y las embajadas con bandera de barras y estrellas, penetran para afincarse en los países que consideran importantes para alcanzar sus fines, definir políticas y alinear gobernantes u opositores [3].
En la Argentina, lo intentaron con fuertes presiones mantenidas incluso durante los gobiernos kirchneristas a través, por ejemplo, de donaciones a provincias, capacitaciones en Estados Unidos o de la cooptación de cuadros de gestión en organismos de protección civil. La máxima expresión de esa maniobra fue el intento de instalar en la provincia de Chaco el primer “Centro de Respuesta a Emergencias”, financiado por una donación de la Embajada de Estados Unidos, que la presidenta Cristina Fernández alcanzó a frenar en 2012, a instancias del organismo de asistencia humanitaria internacional de su cancillería, la comisión Cascos Blancos, que también puso sobre aviso de esas pretensiones al entonces gobernador de la provincial, Jorge Milton Capitanich, cuando el Ministerio del Interior, a cargo de Florencio Randazzo, ya había aprobado el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”, a través de un convenio bilateral impulsado por el Comando Sur y su embajada, embozado tras la definición de “aporte a los programas sociales del gobierno” argentino.
La intención final y permanente era -y lo sigue siendo- instalar bases que le permita a EE.UU. reforzar su control sobre la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, el Acuífero Guaraní, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que ya ejerce desde su instalación paraguaya de Mariscal Estigarribia. La ocupación focalizada es el modelo de acción; la asistencia, ayuda o cooperación, con fines “humanitarios” o de “control” es la excusa; los bienes comunes, desde el agua, el petróleo y el gas, hasta el litio o el oro y, en especial, el acceso y control del continente Antártico, sus hielos y su subsuelo, son los verdaderos objetivos. Desde el 10 de diciembre de 2015 se aceleraron todos los procesos administrativos, aduanales, castrenses y diplomáticos para que las invasiones yanquis avancen sobre ellos.
Matriz ilegal
El despliegue militar de Washington sobre la Argentina va acompañado del uso de las Fuerzas Armadas locales en tareas de “seguridad interior” reñidas con las leyes que regulan su accionar; el instrumento utilizado para avanzar en esa dirección fueron la declaración de la “emergencia de seguridad” mediante el decreto 228/2016 y su prórroga mediante el decreto 50/2017.
En simultáneo, se autorizó con distintos pretextos y sin la aprobación parlamentaria que dispone la Constitución Nacional, la entrada de efectivos militares extranjeros. Los distintos pasos que dio el gobierno argentino terminaron de configurar una matriz ilegal apoyada en el ingreso de tropas no autorizadas por el Congreso, la validación sin concurso parlamentario de la instalación de bases militares operadas, financiadas o promovidas por diversos elementos de fuerzas armadas de países extranjeros; la superposición de políticas de defensa y de seguridad interior, hechos que se suman a decretos como el 820/2016, que modificó la Ley de Tierras encargada de fijar límites al traspaso de propiedad del suelo argentino a manos extranjeras y puso en disponibilidad grandes extensiones de bienes compartidos como los, los bosques y la zona núcleo productiva y la soberanía misma de la Nación [4].
La diputada nacional por Río Negro, Silvia Horne, perteneciente al bloque del Peronismo para la Victoria, precisó esta situación al presentar un proyecto de ley que rechaza la autorización del ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en ejercicios previstos a partir del 1° de septiembre de este año y hasta el 31 de agosto de 2019. El reclamo también se opone ala injerencia de las fuerzas armadas en temas de seguridad interna dispuesta por el presidente Macri y a la instalación de una base militar de EE.UU. en Neuquén, entre otras medidas dispuestas por el gobierno nacional, pasando por alto al Congreso de la Nación.
Invasión “humanitaria”
La apertura macrista al despliegue militar estadounidense complementó su integración a la participación en la estrategia relacionada con la República Bolivariana de Venezuela a través de un dispositivo de “Unidades de Respuesta Sanitaria Argentina” en la frontera entre ese país y Colombia, bajo la cobertura “humanitaria” de Cascos Blancos, organismo redireccionado ahora hacia el injerencismo, violando todos los principios que debe respetar una misión de esas características según lo define Naciones Unidas al remarcar que “los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico”.
La situación fue denunciada por la analista internacional Stella Calloni, quien considera que la presencia de la misión argentina en esa frontera “genera controversia y alarma en algunos sectores que la interpretan como una avanzada injerencista contra Venezuela” y forma parte de los “planes intervencionistas aún no aplicados de los Estados Unidos y del cerco político de países de la región contra el Estado que conduce Nicolás Maduro” en el marco del “Plan Maestro” del Comando Sur [5].
Los hechos condujeron al ex ministro de Educación de la Argentina, Daniel Filmus, hoy diputado del Frente para la Victoria, a presentar un pedido de Informes al Poder Ejecutivo, reclaman do información sobre el “despliegue asociado a sectores privados nacionales y extranjeros sobre territorio venezolano” en el que participan “organizaciones de presión política de los Estados Unidos, vinculadas con la Central de Inteligencia (CIA) como el Center forStrategic and International Studies (CSIS)”, utilizando a “argentinas y argentinos que decidieron contribuir con sus saberes y su compromiso y terminaron formando parte de una acción regional, encabezada por el gobierno de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia y el Comando Sur de ese país y de la Organización de Estados Americanos presidida por Luis Almagro, hoy fuertemente enfrentado a Venezuela”.
El parlamentario, que también estuvo a cargo de la secretaría encargada de los asuntos relacionados con la recuperación de la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur usurpadas por Gran Bretaña, sostuvo que la operación “se inscribe en el compromiso de la gestión Macri con los intentos del presidente Donald Trump de avanzar incluso con opciones militares sobre Venezuela, agregando nuevos hitos a la diplomacia cañonera que llevó a su país a invadir militarmente naciones soberanas como Granada (1983) y Panamá (fines de 1989) y al jefe de su IV Flota, contraalmirante Joseph Kernan, a amenazar con navegar las ´aguas marrones´ de los ríos soberanos de Latinoamérica, ante el firme rechazo de los entonces presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Brasil, Lula da Silva”.
Junto ala propuesta de la diputada Horne, el pedido de Informes constituyela expresión formal más fuerte del rechazo a la sujeción del actual gobierno al injerencismo estadounidense en la Argentina y en la región. Afirma que la misión Cascos Blancos “parece un ficha de los intentos permanentes de Washington, su Comando Sur y sus aliados de generar modelos de intervención subsidiarios de la ´Doctrina de Seguridad Nacional´, de dramáticas consecuencias para los países de Latinoamérica, una maniobra reconocida por el propio jefe del Comando Sur, Almirante KurtTidd, en su documento “Golpe Maestro” y refrendada en agosto del año pasado en la reunión de Lima en la que se fijaron nuevas estrategias para ´enfrentar amenazas militares´ y ´atender´ la situación venezolana”.
Desembarco aliado
· Alianza. El 4 y 5 de febrero de 2018 el entonces secretario de Estado de EEUU, RexTillerson, se reunió con el presidente Mauricio Macri y su canciller Jorge Faurie y elogió el "liderazgo" de la Argentina en la región, como “paladín de la democracia" en el continente. Comenzó la planificación del dispositivo de seguridad para la Cumbre del G20, cuya organización el gobierno argentino delegó en los estadounidenses.
· TaskForce I. Dos días después de que el excanciller de Donald Trump expresara la prioridades de su gobierno en materia de “seguridad regional”, el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, anunció la creación de una “Fuerza de Despliegue Rápido” integrada por miembros de las tres armas con el objetivo de prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, proteger los “ recursos naturales ” y enfrentar las difusas “nuevas amenazas” que define el Comando Sur, entre las que cabría incluir a “grupos mapuches extremistas” , de acuerdo a la definición oficial y, tal vez, a los hambreados del ajuste del FMI.
El anuncio aceleró el sinceramiento de la decisión de permitir la participación de las FFAA en asuntos internos, algo explícitamente prohibido por la ley de Seguridad Interior, que solo la habilita para casos excepcionales como las que conducen a decretar el “estado de sitio”, con concurso parlamentario.
· TaskForce II en Misiones. Con el mismo libreto y 48 horas después la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, con anuencia de los ministerios de Defensa y Seguridad Interior de la Argentina, se comprometió a instalar otra fuerza de tareas, ahora en la provincia de Misiones y con el objetivo de “combatir el narcotráfico y el terrorismo” en la zona de la Triple Frontera, según dichos de la ministra Patricia Bullrich, una de las más entusiastas de la carrera armamentista del gobierno de Macri y jefa de sus acciones represivas, que condujeron por ejemplo a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el contexto de la persecución del pueblo mapuche.
Las características de despliegue y expansión de las “task force” y su implantación acordada sobre el “Acuífero del Guaraní”, una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo -cuya capacidad alcanzaría para abastecer a los 6.000 millones de habitantes del planeta durante 200 años-, permite suponer que la iniciativa constituye solo la semilla de una futura base de control de la zona, convertida en “hipótesis de conflicto”, a partir del cálculo de Naciones Unidas que sostiene que entre 2020 y 2030 el 90% de la población mundial no tendrá acceso al agua potable, pura y sana [6].
En febrero de 2004 el Pentágono planteó el despliegue de sus fuerzas armadas alrededor del planeta, con el fin de controlar los recursos que considera estratégicos para la supervivencia de Estados Unidos como potencia rectora, en especial el agua. El “terrorismo”, cuya presencia en la zona fue desmentida hasta por Washington, no es más que la excusa para el desembarco de marines y una de las tantas prendas macristasde sujeción a su estrategia de control supranacional.
En el mes de julio, como refuerzo a la maniobra, el Ministerio de Seguridad destacó cuatro lanchas artilladas israelíes Shalgag MKII junto a asesores de esa nacionalidad, con el fin declarado de patrullar mil kilómetros de aguas de los ríos Paraguay y Paraná, localizados en la “Triple frontera” compartida con Brasil y Paraguay.
· Inteligencia militar secreta. El Ministerio de Defensa permitió la realización en territorio nacional de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos durante las jornadas del 2 y 3 de mayo de 2018, invocando “razones de seguridad de Estado” para no especificar
públicamente en qué provincia del litoral se realizó el operativo que contó con la presencia de “ técnicos de defensa y del área de inteligencia militar” estadounidenses. La operación consistió en el traslado de un camión cargado de supuestas armas químicas de “destrucción masiva” y analizar posibles acciones coordinadas para “evitar una catástrofe”.
El ejercicio en cuestión estuvo destinado en realidad a capacitar a las fuerzas armadas argentinas en acciones de seguridad interior, donde “terrorismo” y “narcotráfico” son instaladas como las nuevas amenazas a conjurar.
· Base estadounidense en Neuquén. El 11 de mayo EEUU retomó la construcción de una base en esa provincia, autorizada en 2012 por el entonces gobernador Jorge Sapag y cuya ejecución se paralizó a consecuencia del escándalo provocado por un intento semejante en Chaco, con duras críticas de la Cancillería argentina y protestas callejeras.
La sede patagónica fue donada por el Comando Sur bajo el paraguas “humanitario”, a pesar de que los propios documentos de ese organismo reconocen que la estructura militar estadounidense “aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad, para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional”.
La base se levanta a corta distancia del estratégico Aeropuerto Internacional de Neuquén, sobre la Autovía Norte, que une a través de 20 kilómetros las cuatro principales ciudades de la región lindantes con Vaca Muerta, además de permitir el acceso a otra de las zonas de reservas acuíferas más importantes del país.
Un año antes, el entonces embajador interino de EEUU, Tom Cooney, recorrió el lugar, ratificó la realización de las obras y destacó las inversiones de empresas de su país en Vaca Muerta, entre otras Chevron y Exxon Mobil que cuenta con una concesión de 1275 km² y cuyo CEO entre 2006 y 2016 antes de saltar al equipo de Trump fue el ya mencionado RexTillerson, quien tuvo una compensación por sus servicios de U$ 180 millones.El dispositivo impulsado por el Comando Sur constituiría una herramienta esencial para la protección y vigilancia de esas inversiones.
· Bases en Tierra del Fuego. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, firmaron el 31 de octubre 2017un acuerdo para desarrollar una base de vigilancia de explosiones nucleares en la ciudad de Tolhuin -donde ya funciona una estación de monitoreo enlazada a la red de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO)- y un “polo científico” en la ciudad de Ushuaia, destinado a “apoyar tareas que se desarrollan en la Antártida”. La actividad se enmarca en el programa Ice Bridge (Puente de Hielo) de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio que se apoya en el trabajo de un avión P3 Orion, que cuenta con equipamiento de última generación de la marina de su país e incluye detectores de variaciones en el espectro magnético y la gravedad terrestre, cámaras infrarrojas y medidores que permiten determinar el grosor de la capa helada antártica.
Las bases constituyen el punto de partida de un complejo militar destinado a monitorear la conexión de los océanos Atlántico, Pacifico e Indico, los enlaces de los extremos Sur de América y África y las rutas hacia la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo y el yacimiento de hidrocarburo de más volumen en el planeta.
Los propios estadounidenses ya anunciaron que luego de la prospección del mar antártico y el hielo terrestre, la campaña se extenderá hasta el 26 de noviembre, en una “iniciativa emocionante y ambiciosa para Ice Bridge, ya que las campañas duales nos permitirán continuar con los relevamientos de importantes áreas cercanas a la Península Antártica y ampliar significativamente nuestra cobertura de la vasta extensión de la Antártida Oriental" [7].
El punto de partida del acercamiento “científico” se dio en el marco de la visita del ex presidente Barack Obama en marzo de 2016 a la Argentina, durante la que redefinió la agenda de la relación de su país con los gobiernos suramericanos e impuso acuerdos de cooperación que incluyeron una apertura comercial irrestricta, asistencia en la Triple Frontera, asilo a refugiados sirios, la creación de Centros de Fusión de Inteligencia, cooperación de fuerzas de seguridad en el Comando Sur y en el ámbito nuclear y lucha contra el narcotráfico y terrorismo, un temario que poco después Donald Trump se encargaría de desarrollar y profundizar.
· Entrada de tropas extranjeras. El Poder Ejecutivo giró en 2017 y 2018 al Congreso nacional cerca de medio centenar de pedidos de autorización para que efectivos extranjeros entraran al país o fuerzas argentinas participaran en operativos fuera del país. El año pasado los senadores fueron permeables a la demanda y aprobaron los 23 operativos propuestos, sin dictamen de comisión y sin considerar si se involucraban a las fuerzas armadas en ejercicios destinados a situaciones seguridad interior como lucha contra el terrorismo, narcotráfico, narcoterrorismo o contrabando, que la legislación nacional prohíbe de modo explícito.
Fue en Diputados que distintos sectores de la oposición peronista lograron, por ejemplo, bloquear el ejercicio denominado “Cormorán”, programado para concretarse en la base bonaerense “Comandante Espora” de Bahía Blanca y en la base aeronaval “Almirante Zar” de la provincia de Chubut, donde la Armada masacró el 22 de agosto de 1972 a 16 de los 19 combatientes capturados en el aeropuerto chubutense de Trelew, tras su fuga de la cárcel de Rawson.
El 23 de julio de 2018 la Mesa de Entradas del Senado nacional recibió del PEN el programa para el período correspondiente entre 1° de setiembre de ese año y el 31 de agosto de 2019, en el que se repiten muchas de las propuestas del ejercicio anterior, a un costo estimado en $ 444 millones [8], calculados con un dólar un 30% por debajo de su valor actual. Entre ellas figuran las maniobras más cuestionadas en el período anterior:
- BOLD ALIGATOR (Coordinación EEUU): basado en escenarios de “respuesta a situaciones de crisis y/o amenaza”, en base a “disuasión, control del mar, de seguridad marítima y de respuesta humanitaria ayuda/desastre”.
- PANAMAX (Convocatoria 4ta Flota del Comando Sur de los EEUU): orientado “evitar que una fuerza terrorista afecte la libre navegación por el Canal de Panamá”.
- UNITAS (Acordado por el Acta de la Maritime Staff Talks entre EEUU y Argentina, Mayport, abril 2017. Dirigido por EEUU): con el propósito de “enfrentar amenazas a la seguridad en el hemisferio como el narcotráfico y el crimen organizado”.
- GRINGO GAUCHO (bilateral con EEUU): a desarrollarse al paso de un portaaeronaves de la Armada estadounidense y sus naves escolta, por las aguas jurisdiccionales argentinas, con la participación de 5.330 marines USA en el Mar Argentino. Sin fecha comunicada, es probable que se realice en simultáneo con la cumbre del G20, ya que Washington pretende completar su blindaje de seguridad de la reunión y desplegar una demostración de su poderío bélico en el Atlántico Sur, ante potencias competidoras como China y Rusia.
- TEAM WORK SOUTH (en Chile con participación de Gran Bretaña y EEUU): orientado al adiestramiento en guerra antisubmarina, guerra de superficie y defensa antiaérea.
Barras y estrellas desfilando en Buenos Aires
Durante una década y media los gobernantes de los principales países sudamericanos eligieron un camino de autonomía subregional, con esfuerzos en lograr su independencia económica con colaboración comercial y relaciones multipolares; sin cortar las relaciones con el supervecino hemisférico, le pusieron límites a los intentos estadounidenses de entramparlos en un tratado de “libre comercio” que solo beneficiaría a las empresas de ese país. En consonancia, trabajaron para convertir a la región en una “zona de paz” y, con la conformación de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), avanzaron en una visión común y autónoma en materia de defensa.
En el momento mismo de su asunción en diciembre de 2015, Mauricio Macri dio un volantazo de 180 grados, se alineó con Washington y escaló esa relación hasta volver a depender del Fondo Monetario Internacional en el plano económico y del Comando Sur en el ámbito militar, con el agravante de retomar la senda doctrinaria de las dictaduras cívico militares al homologar de manera ilegal las cuestiones de “seguridad interior” con las de defensa, a través de la búsqueda de los “enemigos internos” que propone Washington.
Del mismo modo que la propuesta de Presupuesto 2019 de la Argentina fue redactada por el Poder Ejecutivo en base a las exigencias de ajuste del FMI que provocan un empobrecimiento general de la economía local, aumento de la pobreza y la indigencia a cifras de espanto, con desocupación, subocupación y trabajo precario a escalas de terror, el aparato de seguridad y represión se construye al compás de las propuestas que surgen del paradigma de las “nuevas amenazas”.
Con la misma lógica que usó para convertir en “terroristas” a pequeños grupos de mapuches interesados en alojarse en una mínima porción de sus propias tierras ancestrales -hoy en manos de terratenientes-, el gobierno aprovechará la realización del G20 para que Estados Unidos despliegue sobre Buenos Aires, su espacio aéreo y el río sobre el que se recuesta la capital argentina, no solo su poderío militar sino, y sobre todo, su concepto de seguridad y su marca de control territorial hemisférico.
Como en la más espectacular película bélica, o hasta de ciencia ficción, durante la segunda quincena de noviembre y la primera semana de diciembre, la “Reina del Plata” tendrá un aspecto muy poco gardeliano bajo la parafernalia de “protección” estadounidense, con cobertura del “Carrier Strike Group” de su Armada operando desde aguas jurisdiccionales argentinas, con unos 65 aviones de combate F/A-18 Súper Hornet y E-2 Hawkeye con despegue desde un portaaviones, probablemente el USS Abraham Lincoln en camino a San Diego con sus 7.500 marines, de participación enmascarada bajo el ya mencionado ejercicio Gringo Gaucho, respaldado por al menos un crucero y dos destructores o fragatas.
Junto a la operación de sistema inhibidor de drones israelitas, el Aeropuerto Jorge Newbery será cerrado durante 3 días y el espacio aéreo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus proximidades totalmente restringido; también se desplegarán los helicópteros MH-60M del 160th Special Operations Aviation Regim
En síntesis, la Argentina resignará el control de la situación ante su aliado estratégico, cuya comitiva ocupará, además de la sede de su embajada en el Palacio Bosch Alvear, tres hoteles de la ciudad. La bandera de las barras y las estrellas flameará sobre la ciudad, junto a los “fierros”del Complejo Militar Industrial que produce el 72,36% del total mundial del gasto armamentista, con u$s 918.000 millones de gasto anual.
Buenos Aires no será más que el escenario para que el presidente Donald Trump pueda mostrar los músculos de su intento de mantener la hegemonía global en base a un modelo de proteccionismo económico, con fortalecimiento militar y negacionismo del cambio climático. Sin embargo, la ministra Patricia Bullrich sabe que los grandes actores de la política mundial, por encima de las bravatas belicistas, estarán atentos a la forma en que el descontento, la desesperación y el hambre de argentinas y argentinos se manifieste en las calles ocupadas por gendarmes, policías y prefectos a su mando, con militares y marines cuidándoles las espaldas. Con el argumento bien aprendido, la movilización popular constituirá la “nueva amenaza” a la que, si no pueden disimular, buscarán enfrentar. Como ordena el Comando Sur.
Notas:
[1] Marcelo Koenig: Independencia: El hecho maldito del país colonial (
http://ovejanegramedios.com.
)
[2] Department of Defense’s EEUU: National Defense Strategy (https://dod.defense.[3] Carlos A Villalba: Obama pasa revista (https://vamosavolver.com.ar/
[4] Carlos A Villalba: La Argentina de Lewis (https://www.alainet.org/es/
[5] Stella Calloni: El “Golpe Maestro” de Estados Unidos contra Venezuela (http://www.voltairenet.org/
[6] Banco Mundial: La Iniciativa del Acuífero Guaraní para la Gestión Transfronteriza del Agua Subterránea. http://siteresources.
[7] Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA): IceBridge (http://www.nasa.gov/mission_
[8] Senado de la Nación: Operaciones Militares Conjuntas https://es.scribd.com/
Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) (http://estrategia.la/)
Fuente: http://estrategia.la/2018/09/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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