Cuando
el ex presidente Juan Manuel Santos anunció la firma del acuerdo de paz
con las FARC, Colombia y el resto del mundo sintió un alivio.
Las grandes empresas mediáticas difundían que “por fin llegaba la paz al país”, porque la guerrilla al entregar sus armas, ¡todo se pacificaría! Hoy la realidad nos muestra que no es suficiente el desarme de la guerrilla para sacar la violencia de la política, porque seguimos inmersos en la oleada de 70 años de violencia, y lo que es peor, esta se ha incrementado.
Ha quedado patente que la sociedad colombiana sigue agobiada por tres violencias:
La mayoritaria producto de la crisis humanitaria desprendida del capitalismo neoliberal, que produce la llamada delincuencia común.
La que se ensaña contra la protesta social y los opositores políticos, que causa el Genocidio político en curso, que deja más asesinados por mes -uno cada día-, mayor que el anterior Genocidio contra la Unión Patriótica.
La minoritaria, originada por la confrontación entre los agentes estatales y paraestatales contra la guerrilla revolucionaria.
Los pactos de paz con las guerrillas aspiran a terminar con la menor de las causas de muertes violentas en Colombia; pero la guerra sucia del régimen desatada en contra de la protesta social y los opositores políticos no rebaja, ni mucho menos se suspende, por el contrario: las élites violentas la arrecian, escondidas en la explicación de que se tratan de “problemas de faldas”, al decir del anterior Ministro de Defensa.
¿Cuándo las élites asumirán el compromiso de sacar la violencia de la política? ¿Cuándo dejarán de realizar acciones paramilitares en contra de líderes sociales y de sus adversarios políticos? ¿Algún día mostrarán la disposición a dialogar sobre esta guerra oscura que adelantan? Y ¿se comprometerán a dejar de impulsarla?
Matar líderes es matar el tejido comunitario
Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, van más de 300 asesinatos contra líderes campesinos, afrodescendientes, indígenas, defensores de víctimas, miembros de juntas de acción comunal, líderes de organizaciones ambientalistas, periodistas, representantes de la población LGBTI, sindicalistas y partidos políticos de oposición.
En el 2018 la cifra va en 160 líderes asesinados, de las cuales 30 se presentaron en el mes de agosto. Las agresiones de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y los líderes sociales son: seguimientos por entidades de inteligencia del estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, desplazamiento, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extra judiciales por la Fuerzas Militares, las ejecuciones por los grupos paramilitares con la tolerancia del Estado, el uso excesivo de la fuerza por el ESMAD y la Policía Nacional en protestas sociales y en reclamación de tierras.
Estas acciones demuestran que es una violencia sociopolítica, porque es una dinámica que se está dando contra representantes de comunidades o poblaciones específicas, abanderados de procesos sociales, gremiales e integrantes de partidos de oposición política a nivel nacional, que lideran luchas por el acceso a la tierra de manera integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, defensa del territorio y recursos naturales; así como veedores de la implementación de acuerdos con las FARC. Desafiando el poder de las élites económicas y políticas.
Matar educadores, para seguir en las tinieblas
Hace pocos días, un informe de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), señala que están siendo asesinados más de 50 profesores por año en Colombia. Por ejemplo, en 1988 fueron asesinados 60; en el 2000 74; en 2001, 60; y en 2017 se presentaron 6 casos de asesinatos; este año van 4.
Los reportes de FECODE indican que los Departamentos que más asesinatos son Antioquia, con 350 docentes; Caquetá más de 200, Córdoba con 110, y Caldas con 70. Esta cifra no representa el total de los profesores asesinados, ya que la base de datos de FECODE solamente registra los delitos en contra de docentes sindicalizados.
Además de esta escalada de asesinatos, el gremio de docentes de Córdoba y Santander reportan 54 amenazas contra sus miembros, los cuales tuvieron que ser reubicados en otras regiones del país. A nivel nacional “la cifra sobrepasa de 300 amenazas contra maestros”, argumentó Pedro Osorio, dirigente del gremio de docentes de Santander.
De igual manera, organizaciones sociales, partidos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, han presentado las denuncias por las constantes amenazas contra la vida de sus integrantes, donde se han hecho las respectivas alertas tempranas sin recibir respuesta por el Estado.
Negar el Genocidio, para no responder por él
La respuesta es clave, el régimen niega la sistematicidad en los asesinatos y ataques contra líderes y defensores de derechos humanos en el país, escondiéndolos bajo otras supuestas causas.
El Procurador General Fernando Carrillo, minimiza su responsabilidad de protegerlos en una simple “investigación disciplinaria a los funcionarios de esta entidad por negligentes”, como lo afirmó en la Mesa por la Vida, del 23 de agosto en el Chocó; donde a propósito, no permitieron el ingreso de los líderes e integrantes de comunidades afrodescendientes, indígenas y desplazados, quienes son los que sufren las consecuencias del nulo avance en la implementación de los Acuerdos de Paz; mientras las oprime el avance de las fuerzas paraestatales denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se multiplican en la región del Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño.
Otra demostración de la sistematicidad de este Genocidio, es que todos los crímenes los cometen sicarios, escondiendo las autorías intelectuales; operaciones encubiertas ante las que las autoridades no dan respuesta, favoreciendo que queden en la impunidad.
Las élites dominantes ven a las comunidades organizadas y a sus líderes como un enemigo interno. Si matan a un líder social no pasa nada, porque la estigmatización hacia ellos es que son “redes de apoyo” de la guerrilla, porque confrontan sus planes de desarrollo, sus represas, el extractivismo depredador y sus agronegocios.
Defensa de la vida y el territorio
Nos queda a las colombianas y colombianos de a pie, exigir al Gobierno que cumpla con los derechos, entre ellos el fundamental “derecho a la vida”, que es la que nos permite disputarnos los demás, que por décadas nos han quitado.
El panorama que presenta el país en lo social, económico, político y cultural nos muestra que la tarea es grande. Erradicar la violencia de la política es el principal reto. Porque lo que se está viviendo en el país es un Genocidio, como sucedió con el exterminio de la Unión Patriótica.
Una verdadera democracia debe garantizar los derechos a los ciudadanos de ser oposición, a decidir, a pensar y actuar, para así lograr los cambios básicos urgentes que toda Colombia anhela.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23458
Las grandes empresas mediáticas difundían que “por fin llegaba la paz al país”, porque la guerrilla al entregar sus armas, ¡todo se pacificaría! Hoy la realidad nos muestra que no es suficiente el desarme de la guerrilla para sacar la violencia de la política, porque seguimos inmersos en la oleada de 70 años de violencia, y lo que es peor, esta se ha incrementado.
Ha quedado patente que la sociedad colombiana sigue agobiada por tres violencias:
La mayoritaria producto de la crisis humanitaria desprendida del capitalismo neoliberal, que produce la llamada delincuencia común.
La que se ensaña contra la protesta social y los opositores políticos, que causa el Genocidio político en curso, que deja más asesinados por mes -uno cada día-, mayor que el anterior Genocidio contra la Unión Patriótica.
La minoritaria, originada por la confrontación entre los agentes estatales y paraestatales contra la guerrilla revolucionaria.
Los pactos de paz con las guerrillas aspiran a terminar con la menor de las causas de muertes violentas en Colombia; pero la guerra sucia del régimen desatada en contra de la protesta social y los opositores políticos no rebaja, ni mucho menos se suspende, por el contrario: las élites violentas la arrecian, escondidas en la explicación de que se tratan de “problemas de faldas”, al decir del anterior Ministro de Defensa.
¿Cuándo las élites asumirán el compromiso de sacar la violencia de la política? ¿Cuándo dejarán de realizar acciones paramilitares en contra de líderes sociales y de sus adversarios políticos? ¿Algún día mostrarán la disposición a dialogar sobre esta guerra oscura que adelantan? Y ¿se comprometerán a dejar de impulsarla?
Matar líderes es matar el tejido comunitario
Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, van más de 300 asesinatos contra líderes campesinos, afrodescendientes, indígenas, defensores de víctimas, miembros de juntas de acción comunal, líderes de organizaciones ambientalistas, periodistas, representantes de la población LGBTI, sindicalistas y partidos políticos de oposición.
En el 2018 la cifra va en 160 líderes asesinados, de las cuales 30 se presentaron en el mes de agosto. Las agresiones de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y los líderes sociales son: seguimientos por entidades de inteligencia del estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, desplazamiento, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extra judiciales por la Fuerzas Militares, las ejecuciones por los grupos paramilitares con la tolerancia del Estado, el uso excesivo de la fuerza por el ESMAD y la Policía Nacional en protestas sociales y en reclamación de tierras.
Estas acciones demuestran que es una violencia sociopolítica, porque es una dinámica que se está dando contra representantes de comunidades o poblaciones específicas, abanderados de procesos sociales, gremiales e integrantes de partidos de oposición política a nivel nacional, que lideran luchas por el acceso a la tierra de manera integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, defensa del territorio y recursos naturales; así como veedores de la implementación de acuerdos con las FARC. Desafiando el poder de las élites económicas y políticas.
Matar educadores, para seguir en las tinieblas
Hace pocos días, un informe de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), señala que están siendo asesinados más de 50 profesores por año en Colombia. Por ejemplo, en 1988 fueron asesinados 60; en el 2000 74; en 2001, 60; y en 2017 se presentaron 6 casos de asesinatos; este año van 4.
Los reportes de FECODE indican que los Departamentos que más asesinatos son Antioquia, con 350 docentes; Caquetá más de 200, Córdoba con 110, y Caldas con 70. Esta cifra no representa el total de los profesores asesinados, ya que la base de datos de FECODE solamente registra los delitos en contra de docentes sindicalizados.
Además de esta escalada de asesinatos, el gremio de docentes de Córdoba y Santander reportan 54 amenazas contra sus miembros, los cuales tuvieron que ser reubicados en otras regiones del país. A nivel nacional “la cifra sobrepasa de 300 amenazas contra maestros”, argumentó Pedro Osorio, dirigente del gremio de docentes de Santander.
De igual manera, organizaciones sociales, partidos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, han presentado las denuncias por las constantes amenazas contra la vida de sus integrantes, donde se han hecho las respectivas alertas tempranas sin recibir respuesta por el Estado.
Negar el Genocidio, para no responder por él
La respuesta es clave, el régimen niega la sistematicidad en los asesinatos y ataques contra líderes y defensores de derechos humanos en el país, escondiéndolos bajo otras supuestas causas.
El Procurador General Fernando Carrillo, minimiza su responsabilidad de protegerlos en una simple “investigación disciplinaria a los funcionarios de esta entidad por negligentes”, como lo afirmó en la Mesa por la Vida, del 23 de agosto en el Chocó; donde a propósito, no permitieron el ingreso de los líderes e integrantes de comunidades afrodescendientes, indígenas y desplazados, quienes son los que sufren las consecuencias del nulo avance en la implementación de los Acuerdos de Paz; mientras las oprime el avance de las fuerzas paraestatales denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se multiplican en la región del Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño.
Otra demostración de la sistematicidad de este Genocidio, es que todos los crímenes los cometen sicarios, escondiendo las autorías intelectuales; operaciones encubiertas ante las que las autoridades no dan respuesta, favoreciendo que queden en la impunidad.
Las élites dominantes ven a las comunidades organizadas y a sus líderes como un enemigo interno. Si matan a un líder social no pasa nada, porque la estigmatización hacia ellos es que son “redes de apoyo” de la guerrilla, porque confrontan sus planes de desarrollo, sus represas, el extractivismo depredador y sus agronegocios.
Defensa de la vida y el territorio
Nos queda a las colombianas y colombianos de a pie, exigir al Gobierno que cumpla con los derechos, entre ellos el fundamental “derecho a la vida”, que es la que nos permite disputarnos los demás, que por décadas nos han quitado.
El panorama que presenta el país en lo social, económico, político y cultural nos muestra que la tarea es grande. Erradicar la violencia de la política es el principal reto. Porque lo que se está viviendo en el país es un Genocidio, como sucedió con el exterminio de la Unión Patriótica.
Una verdadera democracia debe garantizar los derechos a los ciudadanos de ser oposición, a decidir, a pensar y actuar, para así lograr los cambios básicos urgentes que toda Colombia anhela.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23458
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