Justo
en las postrimerías del gobierno de Enrique Peña, un caso de negocios
irrumpe con la fuerza de lo que llevó al ocaso a esta administración y
explica el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Mafias del poder, tráfico de influencias, instituciones desgastadas, fin a privilegios dorados. Una prueba de fuego se cierne sobre quienes pregonan una refundación del Estado mexicano. Aquí la historia de hoy. Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, está recurriendo a todos sus contactos al más alto nivel y cobrando favores para salvar a su hijo, Gonzalo Gil, y a su sobrino, José Antonio Cañedo White, del imperio de la ley.
El sobresalto del exfuncionario se da a 48 horas de que se hiciera público que el juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Enrique Cedillo, congelara por 300 días los 95 millones de dólares que Pemex depositó en el fideicomiso del Deutsche Bank. Y también, que como medida precautoria por una denuncia de administración fraudulenta que involucra hasta operaciones supuestamente de empresas fantasma, embargaran las cuentas de Oro Negro en BBVA-Bancomer, Scotiabank, Monex y Citibanamex, que suman más de 350 millones de pesos.
Gil Díaz por lo pronto ya logró que este último banco, que dirige Ernesto Torres Cantú, desacatara la orden judicial, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que maneja un tímido Bernardo González, lo impida. Gil fue miembro del consejo de administración de Banamex-Accival antes de ser secretario, cuando el grupo financiero todavía lo controlaban Roberto Hernández y Alfredo Harp. También en su calidad de consejero independiente del BBVA-Bancomer, que dirige Eduardo Osuna y cuya presidencia acaba de tomar Jaime Serra Puche, Gil está cabildeando a todo para que ese banco español tampoco se allane a la orden del juez.
Lo mismo podría decirse de Scotiabank, donde el presidente, Enrique Zorrilla, fue alto directivo y miembro del comité de dirección de Banamex. Pero eso no es todo. Los tentáculos de Gil Díaz llegaron también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Luis María Aguilar. El expresidente de Telefónica México está metiendo el hombro con dos excolaboradores subalternos. Primeramente, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, quien fuera su administrador General Jurídico en el SAT cuando fue titular de Hacienda, y hoy es ministro. El otro es Javier Laynez, con quien el propio Gil trabajó en el Ejecutivo federal foxista, hoy igualmente ministro.
NAVIERA NARANJA
Naviera Naranja como empresa mexicana es propietaria de nueve embarcaciones que se encuentran en el Golfo de México. Sus accionistas dieron sólo en garantía sus títulos a efecto que siendo operada debidamente, se hiciera el pago del crédito que había venido sirviendo puntualmente.
Con asambleas ilegales, David Antonio Rangel, titular de su propio despacho y quien se autonombró administrador único, y Floris B. Iking, socio de Alvarez & Marsal, se apropiaron de la operación de la naviera, manteniendo en reserva estados financieros, de impuestos y renta de embarcaciones. Los dos únicos socios, Oceanografía y Amado Yáñez, exigieron rendición de cuentas al administrador único y la respuesta de quienes manejan la compañía fueron amenazas de denuncias penales y de supuesta extorsión. Al parecer no les conviene que salgan a la luz operaciones que en cuatro años los han beneficiado de manera personal y alejadas totalmente de los fines para lo que se contrató.
Por si fuera poco, otra vez Citibanamex en su división fiduciaria permitió la celebración de asambleas que arriesgaron el patrimonio de Naviera Naranja, al autorizar actos que pueden ser calificados de ilegales. Se ha detectado, por ejemplo, que la empresa ha estado rentando los barcos a tarifas muy por debajo de los precios de mercado a subcontratistas de Pemex y éstos a su vez han rentado directamente al mismo Pemex muy por arriba del precio de mercado.
La información disponible refiere por lo menos un diferencial de precio de 50 mil dólares diarios por barco, y si se considera que esto ha pasado durante los últimos cuatro años en los que por lo menos han arrendado bajo esa práctica cuatro buques, el daño patrimonial para Pemex y los dueños de Naviera Naranja puede llegar a 290 millones de dólares.
Como referencia está el contrato número 648236802 asignado durante la época en la que la dirección de Pemex estaba comandada por Emilio Lozoya Austin. Las acciones corporativas y las embarcaciones siguen estando en garantía; de hecho, están siendo operadas por Administradores Navieros del Golfo, sociedad con la que subcontrató David Antonio Rangel, y que originó un incumplimiento de Naviera Naranja, por lo que hoy se le reclama una deuda de más de 62 millones de dólares. Los juzgados han frenado los intentos de Rangel y Floris B. Iking de vender los barcos. Nadie alteró ni actas ni asambleas. Sólo se puso el dedo en la llaga para intentar detener una serie de actos que serán analizados por la PGR.
Mafias del poder, tráfico de influencias, instituciones desgastadas, fin a privilegios dorados. Una prueba de fuego se cierne sobre quienes pregonan una refundación del Estado mexicano. Aquí la historia de hoy. Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, está recurriendo a todos sus contactos al más alto nivel y cobrando favores para salvar a su hijo, Gonzalo Gil, y a su sobrino, José Antonio Cañedo White, del imperio de la ley.
El sobresalto del exfuncionario se da a 48 horas de que se hiciera público que el juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Enrique Cedillo, congelara por 300 días los 95 millones de dólares que Pemex depositó en el fideicomiso del Deutsche Bank. Y también, que como medida precautoria por una denuncia de administración fraudulenta que involucra hasta operaciones supuestamente de empresas fantasma, embargaran las cuentas de Oro Negro en BBVA-Bancomer, Scotiabank, Monex y Citibanamex, que suman más de 350 millones de pesos.
Gil Díaz por lo pronto ya logró que este último banco, que dirige Ernesto Torres Cantú, desacatara la orden judicial, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que maneja un tímido Bernardo González, lo impida. Gil fue miembro del consejo de administración de Banamex-Accival antes de ser secretario, cuando el grupo financiero todavía lo controlaban Roberto Hernández y Alfredo Harp. También en su calidad de consejero independiente del BBVA-Bancomer, que dirige Eduardo Osuna y cuya presidencia acaba de tomar Jaime Serra Puche, Gil está cabildeando a todo para que ese banco español tampoco se allane a la orden del juez.
Lo mismo podría decirse de Scotiabank, donde el presidente, Enrique Zorrilla, fue alto directivo y miembro del comité de dirección de Banamex. Pero eso no es todo. Los tentáculos de Gil Díaz llegaron también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Luis María Aguilar. El expresidente de Telefónica México está metiendo el hombro con dos excolaboradores subalternos. Primeramente, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, quien fuera su administrador General Jurídico en el SAT cuando fue titular de Hacienda, y hoy es ministro. El otro es Javier Laynez, con quien el propio Gil trabajó en el Ejecutivo federal foxista, hoy igualmente ministro.
NAVIERA NARANJA
Naviera Naranja como empresa mexicana es propietaria de nueve embarcaciones que se encuentran en el Golfo de México. Sus accionistas dieron sólo en garantía sus títulos a efecto que siendo operada debidamente, se hiciera el pago del crédito que había venido sirviendo puntualmente.
Con asambleas ilegales, David Antonio Rangel, titular de su propio despacho y quien se autonombró administrador único, y Floris B. Iking, socio de Alvarez & Marsal, se apropiaron de la operación de la naviera, manteniendo en reserva estados financieros, de impuestos y renta de embarcaciones. Los dos únicos socios, Oceanografía y Amado Yáñez, exigieron rendición de cuentas al administrador único y la respuesta de quienes manejan la compañía fueron amenazas de denuncias penales y de supuesta extorsión. Al parecer no les conviene que salgan a la luz operaciones que en cuatro años los han beneficiado de manera personal y alejadas totalmente de los fines para lo que se contrató.
Por si fuera poco, otra vez Citibanamex en su división fiduciaria permitió la celebración de asambleas que arriesgaron el patrimonio de Naviera Naranja, al autorizar actos que pueden ser calificados de ilegales. Se ha detectado, por ejemplo, que la empresa ha estado rentando los barcos a tarifas muy por debajo de los precios de mercado a subcontratistas de Pemex y éstos a su vez han rentado directamente al mismo Pemex muy por arriba del precio de mercado.
La información disponible refiere por lo menos un diferencial de precio de 50 mil dólares diarios por barco, y si se considera que esto ha pasado durante los últimos cuatro años en los que por lo menos han arrendado bajo esa práctica cuatro buques, el daño patrimonial para Pemex y los dueños de Naviera Naranja puede llegar a 290 millones de dólares.
Como referencia está el contrato número 648236802 asignado durante la época en la que la dirección de Pemex estaba comandada por Emilio Lozoya Austin. Las acciones corporativas y las embarcaciones siguen estando en garantía; de hecho, están siendo operadas por Administradores Navieros del Golfo, sociedad con la que subcontrató David Antonio Rangel, y que originó un incumplimiento de Naviera Naranja, por lo que hoy se le reclama una deuda de más de 62 millones de dólares. Los juzgados han frenado los intentos de Rangel y Floris B. Iking de vender los barcos. Nadie alteró ni actas ni asambleas. Sólo se puso el dedo en la llaga para intentar detener una serie de actos que serán analizados por la PGR.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario