I. El millonario sonorense Alfonso Durazo Montaño cuenta con
varios bienes inmuebles en propiedad, entre ellos un rancho cerca de
Bavispe y departamentos en la capital del país; es socio de una poderosa
empresa gasera y está a un paso de ser nombrado secretario de Seguridad
del próximo gobierno. Este expriísta, expanista, salinista y foxista,
hace las cuentas alegres de ser candidato y gobernador de
Sonora, postulado por Movimiento Regeneración Nacional; si es que logra
cumplir con los fines para los que fue designado por Andrés Manuel López
Obrador (quien es el cuarto López en la Presidencia: Antonio López de
Santa Anna, Adolfo López Mateos y José López Portillo). Este Durazo se
la ha llevado solicitando “perdón y olvido” en las reuniones para la
paz, y le han gritado una absoluta negativa, al grado que tuvo que
suspender esas juntas. Y es que su licenciatura en derecho –que asegura
cursó– no le ha servido para entender la separación de los conceptos:
Estado, gobierno y sociedad.
II. Y con esta confusión se tropieza a menudo con sus discursos (vocalizados como locutor, en los cursos que recibió), como acaba de sostener delante de su jefe López Obrador, para volver al más de lo mismo, aunque ahora con su desafortunada frase: “el perdón de las familias no implica perdón del Estado”. Quiere o quiso decir Durazo que los órganos judiciales, empezando por el Ministerio Público –en este caso federal– y concluyendo con los tribunales penales al conocer las demandas de las víctimas, deberán dictar sentencias con sanciones, para no perdonar a los delincuentes. Así como tampoco perdonar las negligencias y omisiones de los funcionarios y gobernantes que son responsables de esas injusticias. Así que le toca al gobierno lópezobradorista proceder –como parte por medio del Ministerio Público–, presentar las demandas ante los jueces, magistrados y Suprema Corte de todos los asuntos de los que exigen justicia los familiares de desaparecidos, encontrados en fosas clandestinas y secuestrados; así como de los miles de feminicidios y abusos sexuales de los pederastas.
III. Debe quedar muy claro que sin la impartición de esa justicia no hay perdón ni reconciliación. Lo primero es sancionar a los responsables de, al menos, los últimos 2 sexenios. Es decir, de Felipe Calderón y Enrique Peña, como gobernantes. Y en seguida o simultáneamente, sancionar a los delincuentes, reparar daños sin conceder ninguna amnistía para los delincuentes. El señor Alfonso Durazo Montaño anda pidiendo “perdón y olvido”. Pero esto es imposible. Quiere que las familias otorguen el perdón y ellas ya le dijeron hasta el cansancio y a gritos que no. Callándolo y despidiéndolo de las reuniones, reiteran que no perdonarán a los funcionarios ni a los delincuentes. Lo que está en cuestión es la sociedad, el pueblo, las familias y el gobierno; o sea, los funcionarios que con López Obrador han de cumplir con sancionar a los responsables y por ningún motivo solicitar o recurrir al olvido. Y menos a la amnistía. El Estado como tal no está en cuestión, como quiere el despistado Durazo. Se trata de gobernantes y delincuentes.
cepedaneri@prodigy.net.mx
II. Y con esta confusión se tropieza a menudo con sus discursos (vocalizados como locutor, en los cursos que recibió), como acaba de sostener delante de su jefe López Obrador, para volver al más de lo mismo, aunque ahora con su desafortunada frase: “el perdón de las familias no implica perdón del Estado”. Quiere o quiso decir Durazo que los órganos judiciales, empezando por el Ministerio Público –en este caso federal– y concluyendo con los tribunales penales al conocer las demandas de las víctimas, deberán dictar sentencias con sanciones, para no perdonar a los delincuentes. Así como tampoco perdonar las negligencias y omisiones de los funcionarios y gobernantes que son responsables de esas injusticias. Así que le toca al gobierno lópezobradorista proceder –como parte por medio del Ministerio Público–, presentar las demandas ante los jueces, magistrados y Suprema Corte de todos los asuntos de los que exigen justicia los familiares de desaparecidos, encontrados en fosas clandestinas y secuestrados; así como de los miles de feminicidios y abusos sexuales de los pederastas.
III. Debe quedar muy claro que sin la impartición de esa justicia no hay perdón ni reconciliación. Lo primero es sancionar a los responsables de, al menos, los últimos 2 sexenios. Es decir, de Felipe Calderón y Enrique Peña, como gobernantes. Y en seguida o simultáneamente, sancionar a los delincuentes, reparar daños sin conceder ninguna amnistía para los delincuentes. El señor Alfonso Durazo Montaño anda pidiendo “perdón y olvido”. Pero esto es imposible. Quiere que las familias otorguen el perdón y ellas ya le dijeron hasta el cansancio y a gritos que no. Callándolo y despidiéndolo de las reuniones, reiteran que no perdonarán a los funcionarios ni a los delincuentes. Lo que está en cuestión es la sociedad, el pueblo, las familias y el gobierno; o sea, los funcionarios que con López Obrador han de cumplir con sancionar a los responsables y por ningún motivo solicitar o recurrir al olvido. Y menos a la amnistía. El Estado como tal no está en cuestión, como quiere el despistado Durazo. Se trata de gobernantes y delincuentes.
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