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Sigue el dinero: así quiere AMLO combatir la corrupción y el crimen organizado
Julio Ramírez
El equipo de Andrés Manuel López Obrador plantea reformas legales
dentro y fuera del gobierno para combatir financieramente al crimen
organizado y evitar la complicidad de autoridades.
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La fórmula del
próximo gobierno para atacar financieramente al crimen organizado
implica la centralización del control del gasto en las dependencias, el
fortalecimiento de instancias de fiscalización, nuevas leyes y combate a
la corrupción.
Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, delineó cómo se combatirá financieramente al narcotráfico y los corruptos al presentar el plan de seguridad de la próxima administración.
“Se centralizarán las instancias de Contraloría y se fortalecerán los mecanismos fiscalizadores, como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera”, esbozó Durazo.
Entre otras medidas, el próximo gobierno plantea:
“Comenzaremos con erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia”, expuso el futuro titular de la SSP.
Durazo anunció que se creará una Ley Federal de Combate a Conflictos de Interés y se tipificará la corrupción como delito grave, para evitar que funcionarios sujetos a proceso por ese delito salgan de prisión bajo fianza.
Tipificar como grave el delito de corrupción fue una de las principales promesas de campaña de López Obrador, pues cuestionaba que un ilícito tan común no tuviera un castigo fuerte en la ley y dejara la puerta abierta para que más funcionarios incurrieran en ella.
Además, se buscará que los salarios de los servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia sean similares.
“La diferencia de salarios entre un ministerio público, un juez y un policía federal debieran ser mínimas; actualmente hay un abismo entre ellos. Se buscará que tales diferencias sean mínimas”, añadió Durazo.
Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, delineó cómo se combatirá financieramente al narcotráfico y los corruptos al presentar el plan de seguridad de la próxima administración.
“Se centralizarán las instancias de Contraloría y se fortalecerán los mecanismos fiscalizadores, como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera”, esbozó Durazo.
Entre otras medidas, el próximo gobierno plantea:
- Prohibir las adjudicaciones directas
- Incentivar la investigación y clausura de las empresas fantasma
- Hacer obligatorias las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos
- Eliminar el fuero de altos funcionarios
No sin combatir la corrupción
El plan de persecución de delitos irá de la mano con el combate a la corrupción en oficinas públicas, principalmente en instancias de impartición y procuración de justicia, según el equipo del gobierno electo.“Comenzaremos con erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia”, expuso el futuro titular de la SSP.
Durazo anunció que se creará una Ley Federal de Combate a Conflictos de Interés y se tipificará la corrupción como delito grave, para evitar que funcionarios sujetos a proceso por ese delito salgan de prisión bajo fianza.
Tipificar como grave el delito de corrupción fue una de las principales promesas de campaña de López Obrador, pues cuestionaba que un ilícito tan común no tuviera un castigo fuerte en la ley y dejara la puerta abierta para que más funcionarios incurrieran en ella.
Además, se buscará que los salarios de los servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia sean similares.
“La diferencia de salarios entre un ministerio público, un juez y un policía federal debieran ser mínimas; actualmente hay un abismo entre ellos. Se buscará que tales diferencias sean mínimas”, añadió Durazo.
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