La
Plataforma de Solidaridad con el Sahara y la Delegación del Frente
Polisario en Valencia celebran la proclamación de la República Árabe
Saharaui Democrática
“En los días 18, 20 y 23 de febrero de 1976, la aviación marroquí
bombardeó el campamento de ‘Um Draiga’ con fósforo blanco y napalm,
armas que queman la piel y llegan a deshacer la carne y los huesos. El
resultado fue entre 2.000 y 3.000 muertos (…). Además, hubo más de 300
heridos. Los saharauis que fueron víctimas de este brutal atentado
estaban huyendo de las tropas marroquíes hacia Argelia, que se ofreció a
acogerlos”, escribió Salem Mohamed –el pasado 20 de febrero- en el
periódico El Confidencial Saharaui. El 27 de febrero de 1976 se proclamó
en Bir Lehlu la República Árabe Saharaui Democrática (RASD),
actualmente reconocida por 80 países. En la conmemoración del 44
aniversario, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el
Sahara (CEAS) recuerda la responsabilidad –vigente- del estado español:
tras la presencia colonial de casi un siglo, España hizo una “vergonzosa
entrega” del territorio a Marruecos y Mauritania.
En septiembre de 2019, el entonces presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, hizo referencia a “la situación en el Sahara Occidental” en su discurso ante la Asamblea General de la ONU; durante la intervención, sin embargo, no mencionó el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Asimismo el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió, el 27 de noviembre, una alerta en la que desaconsejaba el viaje a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, al aducir el riesgo de un atentado terrorista; el Gobierno Saharaui y el Frente Polisario calificaron de “infundadas” y “lamentables” las declaraciones del titular de Exteriores, Josep Borrell, y las vinculó con la reunión que mantuvo ese día con su homólogo marroquí, Nasser Bourita; la agencia oficial Sahara Press Service (SPS) se hizo eco de la respuesta que activistas, cooperantes y ONG trasladaron al Gobierno de España: “Yo voy al Sahara”.
La Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
(PVSPS), la Asociación de Saharauis ‘Zemmur’ y la Delegación del Frente
Polisario en Valencia organizaron el 26 de febrero, en el Colegio Mayor
Rector Peset de la Universitat de València, un acto por el aniversario
de la proclamación de la RASD. Participó el representante del Frente
Polisario ante Naciones Unidas y miembro del secretariado Nacional
Saharaui, Sidi Mohamed Omar; la doctora en Estudios de Paz, Conflictos y
Desarrollo en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Embarka Hamoudi
Hamdi; y el delegado del Frente Polisario en Valencia, Alali Mohamed
Emboiric.
Una de las cuestiones abordadas fue la aprobación por parte del Parlamento de Marruecos, en enero, de dos leyes en las que se delimita y amplía la frontera marítima del país magrebí con el estado español (islas Canarias), Mauritania y se anexiona las aguas adyacentes al Sahara Occidental. La legislación establece los límites de las 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la llamada Zona Económica Exclusiva (ZEE) y las 350 millas de la plataforma continental. Se trata, denunció el Frente Polisario, de “otro episodio del expansionismo marroquí y de la violación de la legalidad internacional”. Según el Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), “cuestionar la ampliación de la ZEE marroquí a aguas españolas implicaría cuestionar también la legitimidad de los barcos españoles a faenar en aguas saharauis a través del acuerdo de pesca UE-Marruecos”.
Sidi Mohamed Omar se refirió al acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos, que entró en vigor en julio de 2019 –después que caducara el pacto anterior-, y con una vigencia de cuatro años. El Parlamento Europeo votó en febrero a favor del nuevo acuerdo, que el ministro delegado del Polisario para Europa, Mohamed Sidati, calificó como “operaciones de bandidaje para la esquilma de nuestros recursos naturales; Francia y España capitanean la responsabilidad de la UE en esta labor”. El ministro recordó que más del 90% de las capturas de los barcos europeos se realizan en aguas saharauis, y que la UE “hace caso omiso de las decisiones de su propio Tribunal de Justicia”; por ejemplo en febrero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que los acuerdos de pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos no son de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental, ya que éste no forma parte del territorio del Reino de Marruecos.
El ODHE y Shock Monitor publicaron, en marzo de 2019, el informe Los tentáculos de la ocupación; “más de la mitad del pescado capturado en el litoral marroquí, incluido el Mediterráneo, se pesca realmente en el Sahara Occidental”, es una de las conclusiones. El documento resalta que barcos sobre todo marroquíes, pero también de Europa, Rusia y Japón extraen cada año 700.000 toneladas de sardinas de las aguas saharauis. Por otra parte, “la captura del pulpo en las costas de Marruecos y el Sahara es mucho menor –cerca del 7% de la pesca total-, pero debido a su alto valor en el mercado, se ha convertido en un preciado recurso”.
El expolio se extiende a otros sectores. Western Sahara Resource Watch (WSRW) informa que en el periodo 2012-2018 Marruecos exportó una media anual de 1,8 millones de toneladas de roca fosfórica desde el Sahara Occidental. WSRW también denunció, en diciembre de 2019, que la playa de Mogán (Gran Canaria) estaba cubriéndose con toneladas de arena saharaui; y señaló la participación de las multinacionales Siemens (Alemania) y Enel (Italia) en la construcción de parques eólicos en los territorios ocupados.
“¿Es creíble que se defiendan los derechos humanos en Venezuela y no en El Aaiún, capital ocupada de la RASD, que está a 150 kilómetros de las islas Canarias?”, se pregunta Alali Mohamed Emboiric. En el informe de 2018, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS) documentó 57 prisioneros políticos, abusos y malos tratos en las cárceles, “presos en régimen de aislamiento sin condiciones de salud durante larga duración” y 63 huelgas de hambre para reclamar los derechos, como las de Abdullah El-Uali Khfauni, Bachir El Abd Mohtar y Sidi Abdullah Abhah, internos actualmente en los penales marroquíes de Quneitra y Tiflet 2.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos alertó el pasado 6 de febrero de que, después de un trimestre en prisión, la salud de Mahfuda Bamba Lefkir se deterioraba por falta de atención médica; el observatorio condenó la “detención arbitraria” de la defensora, que se produjo durante el juicio a otro activista. El colectivo de periodistas Equipe Media ha informado de otro ejemplo reciente de represión, el de Khatri Faraji Dadda, a quien un tribunal marroquí ha condenado a 20 años de prisión; el joven fue capturado el 24 de diciembre, y “sufrió maltrato mientras estaba bajo detención antes de ser trasladado a la Cárcel Negra de El Aaiún”, informa Equipe Media (las autoridades marroquíes expulsaron desde el aeropuerto de El Aaiun a la abogada y miembro del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Ana Sebastián, sin que pudiera asistir –como tenía previsto- al juicio del activista).
Por otra parte, en febrero de 2019 se celebró en Auserd (Campamentos de refugiados en Tindouf) el VIII Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), organización de masas surgida en 1974 y vinculada al Frente Polisario; tomaron parte en las sesiones 500 delegadas (de representaciones) de mujeres saharauis y 150 organizaciones internacionales; “las mujeres ocupan el 88% de los puestos profesionales y administrativos del sector de la educación y un 68% en la salud; tienen una fuerte presencia en otros como la administración, policía, justicia, información y Exteriores; además su participación en la vida política del país es notable”, destacó la secretaria general de la UNMS, Minetu Larbas Asuedat, en la Universidad de Verano de los Cuadros del Polisario (Bumerdas, Argelia, 2019).
Embarka Hamoudi Hamdi es autora de la investigación La participación de las mujeres saharauis en la construcción de un Estado saharaui en el exilio (2016). Distingue, en el acto de Valencia, tres etapas: los años de instalación de los campamentos de Tindouf (1976-1979), que construyeron y gestionaron las mujeres como “espacio vital y de supervivencia” (abastecimiento de la población refugiada, construcción de escuelas y hospitales). Entre 1979 y 1990, de reivindicaciones específicas de las mujeres y su vinculación a la causa política “nacional” (mientras, “los hombres, debido a las exigencias bélicas del conflicto, continuaban fuera de los campamentos”); y el tercer periodo, a partir de 1991, cuando el Frente Polisario y Marruecos firmaron el alto el fuego y se estableció la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).
En septiembre de 2019, el entonces presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, hizo referencia a “la situación en el Sahara Occidental” en su discurso ante la Asamblea General de la ONU; durante la intervención, sin embargo, no mencionó el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Asimismo el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió, el 27 de noviembre, una alerta en la que desaconsejaba el viaje a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, al aducir el riesgo de un atentado terrorista; el Gobierno Saharaui y el Frente Polisario calificaron de “infundadas” y “lamentables” las declaraciones del titular de Exteriores, Josep Borrell, y las vinculó con la reunión que mantuvo ese día con su homólogo marroquí, Nasser Bourita; la agencia oficial Sahara Press Service (SPS) se hizo eco de la respuesta que activistas, cooperantes y ONG trasladaron al Gobierno de España: “Yo voy al Sahara”.
Una de las cuestiones abordadas fue la aprobación por parte del Parlamento de Marruecos, en enero, de dos leyes en las que se delimita y amplía la frontera marítima del país magrebí con el estado español (islas Canarias), Mauritania y se anexiona las aguas adyacentes al Sahara Occidental. La legislación establece los límites de las 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la llamada Zona Económica Exclusiva (ZEE) y las 350 millas de la plataforma continental. Se trata, denunció el Frente Polisario, de “otro episodio del expansionismo marroquí y de la violación de la legalidad internacional”. Según el Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), “cuestionar la ampliación de la ZEE marroquí a aguas españolas implicaría cuestionar también la legitimidad de los barcos españoles a faenar en aguas saharauis a través del acuerdo de pesca UE-Marruecos”.
Sidi Mohamed Omar se refirió al acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos, que entró en vigor en julio de 2019 –después que caducara el pacto anterior-, y con una vigencia de cuatro años. El Parlamento Europeo votó en febrero a favor del nuevo acuerdo, que el ministro delegado del Polisario para Europa, Mohamed Sidati, calificó como “operaciones de bandidaje para la esquilma de nuestros recursos naturales; Francia y España capitanean la responsabilidad de la UE en esta labor”. El ministro recordó que más del 90% de las capturas de los barcos europeos se realizan en aguas saharauis, y que la UE “hace caso omiso de las decisiones de su propio Tribunal de Justicia”; por ejemplo en febrero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que los acuerdos de pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos no son de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental, ya que éste no forma parte del territorio del Reino de Marruecos.
El ODHE y Shock Monitor publicaron, en marzo de 2019, el informe Los tentáculos de la ocupación; “más de la mitad del pescado capturado en el litoral marroquí, incluido el Mediterráneo, se pesca realmente en el Sahara Occidental”, es una de las conclusiones. El documento resalta que barcos sobre todo marroquíes, pero también de Europa, Rusia y Japón extraen cada año 700.000 toneladas de sardinas de las aguas saharauis. Por otra parte, “la captura del pulpo en las costas de Marruecos y el Sahara es mucho menor –cerca del 7% de la pesca total-, pero debido a su alto valor en el mercado, se ha convertido en un preciado recurso”.
El expolio se extiende a otros sectores. Western Sahara Resource Watch (WSRW) informa que en el periodo 2012-2018 Marruecos exportó una media anual de 1,8 millones de toneladas de roca fosfórica desde el Sahara Occidental. WSRW también denunció, en diciembre de 2019, que la playa de Mogán (Gran Canaria) estaba cubriéndose con toneladas de arena saharaui; y señaló la participación de las multinacionales Siemens (Alemania) y Enel (Italia) en la construcción de parques eólicos en los territorios ocupados.
“¿Es creíble que se defiendan los derechos humanos en Venezuela y no en El Aaiún, capital ocupada de la RASD, que está a 150 kilómetros de las islas Canarias?”, se pregunta Alali Mohamed Emboiric. En el informe de 2018, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS) documentó 57 prisioneros políticos, abusos y malos tratos en las cárceles, “presos en régimen de aislamiento sin condiciones de salud durante larga duración” y 63 huelgas de hambre para reclamar los derechos, como las de Abdullah El-Uali Khfauni, Bachir El Abd Mohtar y Sidi Abdullah Abhah, internos actualmente en los penales marroquíes de Quneitra y Tiflet 2.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos alertó el pasado 6 de febrero de que, después de un trimestre en prisión, la salud de Mahfuda Bamba Lefkir se deterioraba por falta de atención médica; el observatorio condenó la “detención arbitraria” de la defensora, que se produjo durante el juicio a otro activista. El colectivo de periodistas Equipe Media ha informado de otro ejemplo reciente de represión, el de Khatri Faraji Dadda, a quien un tribunal marroquí ha condenado a 20 años de prisión; el joven fue capturado el 24 de diciembre, y “sufrió maltrato mientras estaba bajo detención antes de ser trasladado a la Cárcel Negra de El Aaiún”, informa Equipe Media (las autoridades marroquíes expulsaron desde el aeropuerto de El Aaiun a la abogada y miembro del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Ana Sebastián, sin que pudiera asistir –como tenía previsto- al juicio del activista).
Por otra parte, en febrero de 2019 se celebró en Auserd (Campamentos de refugiados en Tindouf) el VIII Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), organización de masas surgida en 1974 y vinculada al Frente Polisario; tomaron parte en las sesiones 500 delegadas (de representaciones) de mujeres saharauis y 150 organizaciones internacionales; “las mujeres ocupan el 88% de los puestos profesionales y administrativos del sector de la educación y un 68% en la salud; tienen una fuerte presencia en otros como la administración, policía, justicia, información y Exteriores; además su participación en la vida política del país es notable”, destacó la secretaria general de la UNMS, Minetu Larbas Asuedat, en la Universidad de Verano de los Cuadros del Polisario (Bumerdas, Argelia, 2019).
Embarka Hamoudi Hamdi es autora de la investigación La participación de las mujeres saharauis en la construcción de un Estado saharaui en el exilio (2016). Distingue, en el acto de Valencia, tres etapas: los años de instalación de los campamentos de Tindouf (1976-1979), que construyeron y gestionaron las mujeres como “espacio vital y de supervivencia” (abastecimiento de la población refugiada, construcción de escuelas y hospitales). Entre 1979 y 1990, de reivindicaciones específicas de las mujeres y su vinculación a la causa política “nacional” (mientras, “los hombres, debido a las exigencias bélicas del conflicto, continuaban fuera de los campamentos”); y el tercer periodo, a partir de 1991, cuando el Frente Polisario y Marruecos firmaron el alto el fuego y se estableció la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).
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