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Las artimañas políticas del FMI y del Banco Mundial para conceder préstamos
El FMI y el Banco Mundial implementaron nuevas
modalidades de préstamos frente a la pandemia por COVID-19. Sin embargo,
las condiciones que imponen a los países que los solicitan son
innumerables y, paradójicamente, pueden afectar aún más su situación
sanitaria y económica.
© REUTERS / Aly Song
La pandemia por COVID-19 está generando estragos en los sistemas sanitarios y en la economía mundial.
La recesión económica que se espera promete una de las crisis más
fuertes del último siglo, y los gobiernos optan por distintos recursos
para intentar salvar sus economías.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), entidades financieras que guían las políticas económicas de varios países, dispusieron una serie de herramientas para "proporcionar ayuda en la crisis" y "proteger los avances logrados en el desarrollo", según indican en comunicados.
Básicamente, se trata de préstamos millonarios, pero con mayores flexibilidades a la hora del pago de las cuotas. La Línea de Liquidez a Corto Plazo del FMI y los proyectos de rápida implementación por COVID-19 del BM según cada país son algunos ejemplos.
En este sentido, un grupo internacional de investigadores publicó un artículo en el que analiza las propuestas de las entidades internacionales y cuestiona ciertas "condiciones controvertidas" que requieren dichos préstamos, como reformas que los países receptores deben implementar antes de acceder al dinero.
Un caso reciente fue el rechazo del FMI al pedido de un préstamo por parte de Venezuela, con quien el organismo mantiene una relación problemática desde que el Gobierno de Nicolás Maduro lo acusara de "defender el sistema capitalista".
Según entienden, "tales condicionalidades tienen efectos adversos en la salud de la población porque incluyen medidas políticas mal diseñadas, como recortes presupuestarios, reducción de la cantidad de trabajadores sociales y sanitarios, así como de sus salarios, además del debilitamiento de las protecciones laborales y la promoción de privatizaciones".
Como indicó el presidente del BM, David Malpass, en la conferencia que el ente mantuvo con el G20, "los países tendrán que implementar reformas estructurales para acortar sus tiempos de recuperación. Para aquellos países cuyos Estados se excedan en regulacionismos, como subsidios o regímenes de licencias, trabajaremos en mejorar sus mercados para ayudarlos durante la recuperación".
El trabajo sostiene que es preciso dejar de exigir condiciones políticas a los países que solicitan las ayudas económicas, y más aún en un momento donde las circunstancias de seguridad sanitaria de buena parte de la población se encuentra en riesgo.
Además, hicieron énfasis en la necesidad de la intervención estatal en lo que respecta a destinar mayor capital a los fondos de salud pública, incluso si esto implica incurrir en aumentar el déficit fiscal de los países o en implementar impuestos a la renta o de otro tipo.
© REUTERS / Aly Song
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), entidades financieras que guían las políticas económicas de varios países, dispusieron una serie de herramientas para "proporcionar ayuda en la crisis" y "proteger los avances logrados en el desarrollo", según indican en comunicados.
Básicamente, se trata de préstamos millonarios, pero con mayores flexibilidades a la hora del pago de las cuotas. La Línea de Liquidez a Corto Plazo del FMI y los proyectos de rápida implementación por COVID-19 del BM según cada país son algunos ejemplos.
En este sentido, un grupo internacional de investigadores publicó un artículo en el que analiza las propuestas de las entidades internacionales y cuestiona ciertas "condiciones controvertidas" que requieren dichos préstamos, como reformas que los países receptores deben implementar antes de acceder al dinero.
Un caso reciente fue el rechazo del FMI al pedido de un préstamo por parte de Venezuela, con quien el organismo mantiene una relación problemática desde que el Gobierno de Nicolás Maduro lo acusara de "defender el sistema capitalista".
Según entienden, "tales condicionalidades tienen efectos adversos en la salud de la población porque incluyen medidas políticas mal diseñadas, como recortes presupuestarios, reducción de la cantidad de trabajadores sociales y sanitarios, así como de sus salarios, además del debilitamiento de las protecciones laborales y la promoción de privatizaciones".
Como indicó el presidente del BM, David Malpass, en la conferencia que el ente mantuvo con el G20, "los países tendrán que implementar reformas estructurales para acortar sus tiempos de recuperación. Para aquellos países cuyos Estados se excedan en regulacionismos, como subsidios o regímenes de licencias, trabajaremos en mejorar sus mercados para ayudarlos durante la recuperación".
El trabajo sostiene que es preciso dejar de exigir condiciones políticas a los países que solicitan las ayudas económicas, y más aún en un momento donde las circunstancias de seguridad sanitaria de buena parte de la población se encuentra en riesgo.
Además, hicieron énfasis en la necesidad de la intervención estatal en lo que respecta a destinar mayor capital a los fondos de salud pública, incluso si esto implica incurrir en aumentar el déficit fiscal de los países o en implementar impuestos a la renta o de otro tipo.
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