El pasado 21 de febrero la empresa alemana Heckler & Koch
fue multada por autoridades judiciales de Stuttgart, en dicho país
europeo, con 3.7 millones de euros y penas a dos de sus empleados por la
exportación ilegal de armas a México. Pero en el país azteca no ha
tenido las mismas repercusiones, aún cuando involucra a autoridades de
alto rango.
Los castigo han llegado tarde y parecen insuficientes al menos para activistas y expertos en Alemania, ya que no se resuelve el entramado corrupto de la empresa y las autoridades de dicho país, ni las repercusiones y el destino final de las armas en un estado en conflicto como México, donde algunos operativos de seguridad han detectado éstas en manos de grupos criminales.
Este caso internacional que ha tenido gran repercusión a partir del uso de las armas en el presunto uso de las armas en el asesinato de algunos normalistas en Ayotzinapa también implica directamente a Jalisco, pues fue uno de los estados en los que terminaron algunos fusiles que las autoridades alemanas habían prohibido por las ‘violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad’ en la entidad.
En ese entonces los encargados de dichas dependencias eran Salvador González de los Santos, como procurador de Jalisco; Alfonso Gutiérrez Santillán, secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; también saltan los nombres del exfiscal Luis Carlos Nájera y Tomás Coronado Olmos, secretario de seguridad y procurador, respectivamente, durante los periodos de 2008 y 2009 con la llegada de Emilio González Márquez al gobierno de Jalisco.
No solo por eso queda involucrado el estado, ya que éste fue el último que visitaron los encargados de la empresa alemana en su viaje por el país. Se hizo de forma discrecional porque no podían comercializar las armas en la entidad. Pero quedó constancia de que el gobierno local entregó un reconocimiento a Heckler & Koch por la demostración de fusiles G-36 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
El reconocimiento lo firmó Carolina Valdez Rizo, entonces directora de la academia de policía, y quedó asentado que la capacitación fue dada del 24 al 26 de diciembre de 2008, según detalló Robert H, exempleado de Hecklar & Koch que lo impartió y testigo clave del caso.
A partir del caso el gobierno alemán pidió a México que retirara las armas, así lo hizo la SEDENA en 2015; declaraciones de personas que dieron seguimiento al tema confirmaron que había constancia del retiro de las armas en Chihuahua, Chiapas y Guerrero, pero no en Jalisco.
Incluso en junio de 2015, el Senado giró un exhorto para que se retiraran las armas y se iniciara una investigación por su ingreso ilegal. Pues señalaban que los hechos violentos en los cuatro estado prohibidos por las autoridades alemanas para la venta de este tipo de objetos estaban relacionados con el tráfico ilegal.
198 armas de la empresa alemana fueron entregadas entre 2006, 2008 y 2009
Contrario al retiro y aún con el peso de la polémica internacional, la Fiscalía de Jalisco siguió entregando las armas de Heckler & Koch a los municipios. Hay constancia en un documento de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Amacueca el 23 de septiembre de 2016.
El síndico municipal puso a consideración el contrato de comodato CP/004/2016 con la Fiscalía General del Estado para la adquisición de armas que ya habían sido entregadas a sus policías, como señala el propio documento, entre ellas iban dos pistolas ametralladoras marca Heckler & Koch.
“Yo no quisiera hacer descargo de alguna autoridad estatal, tampoco en Jalisco. Mi impresión es que las policías estatales, cuando hacen el encargo de las armas no tienen porqué saber que esas armas no podían llegar a sus propias regiones, me parece que si hay que buscar culpables es en la SEDENA”, explicó Carlos Pérez Ricart.
El ahora académico en Oxford, Inglaterra, señala que los cateos siguen confirmando que algunas armas estuvieron llegando a grupos criminales, aunque no se sabe de qué entidades pudieron provenir.
Los castigo han llegado tarde y parecen insuficientes al menos para activistas y expertos en Alemania, ya que no se resuelve el entramado corrupto de la empresa y las autoridades de dicho país, ni las repercusiones y el destino final de las armas en un estado en conflicto como México, donde algunos operativos de seguridad han detectado éstas en manos de grupos criminales.
Las autoridades locales de Jalisco también han preferido ignorar el tema, pues en la Fiscalía estatal no existen actualmente investigaciones o datos que den cuenta del seguimiento que se inició en Alemania desde 2010, tras la demanda de Jürgen Gräslin, activista contra las armasAsí lo señala la propia dependencia estatal, quien a solicitud de Reporte Indigo ha respondido que luego de indagar en la Fiscalía Central, la Fiscalía Regional y la Dirección General de Contraloría y Visitaduría, no se han encontrado informes o investigaciones sobre Heckler & Koch, como se señala en el oficio 8577/2018, obtenido vía transparencia.
Este caso internacional que ha tenido gran repercusión a partir del uso de las armas en el presunto uso de las armas en el asesinato de algunos normalistas en Ayotzinapa también implica directamente a Jalisco, pues fue uno de los estados en los que terminaron algunos fusiles que las autoridades alemanas habían prohibido por las ‘violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad’ en la entidad.
En Alemania la empresa fue multada por autoridades judiciales de Stuttgart con 3.7 millones de euros y penas a dos de sus empleados por la exportación ilegal de armasDocumentos realizados conforme a la Ley de Comercio Exterior en Alemania señalaban que dicha ‘autorización carece de validez en Jalisco’, lo que significa que la empresa Heckler & Koch no podía vender sus productos en esta entidad, al igual que en los casos de Chihuahua, Chiapas y Guerrero.
Armas ilegales
Información de la Secretaría de la Defensa Nacional confirma que entre los años 2006, 2008 y 2009 fueron entregadas 198 armas de Heckler & Koch. El pedido fue por parte de las Secretarías de Seguridad Pública y Procuradurías locales, quienes previamente ya habían tenido una reunión para saber del producto.En ese entonces los encargados de dichas dependencias eran Salvador González de los Santos, como procurador de Jalisco; Alfonso Gutiérrez Santillán, secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; también saltan los nombres del exfiscal Luis Carlos Nájera y Tomás Coronado Olmos, secretario de seguridad y procurador, respectivamente, durante los periodos de 2008 y 2009 con la llegada de Emilio González Márquez al gobierno de Jalisco.
No solo por eso queda involucrado el estado, ya que éste fue el último que visitaron los encargados de la empresa alemana en su viaje por el país. Se hizo de forma discrecional porque no podían comercializar las armas en la entidad. Pero quedó constancia de que el gobierno local entregó un reconocimiento a Heckler & Koch por la demostración de fusiles G-36 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
El reconocimiento lo firmó Carolina Valdez Rizo, entonces directora de la academia de policía, y quedó asentado que la capacitación fue dada del 24 al 26 de diciembre de 2008, según detalló Robert H, exempleado de Hecklar & Koch que lo impartió y testigo clave del caso.
A partir del caso el gobierno alemán pidió a México que retirara las armas, así lo hizo la SEDENA en 2015; declaraciones de personas que dieron seguimiento al tema confirmaron que había constancia del retiro de las armas en Chihuahua, Chiapas y Guerrero, pero no en Jalisco.
Incluso en junio de 2015, el Senado giró un exhorto para que se retiraran las armas y se iniciara una investigación por su ingreso ilegal. Pues señalaban que los hechos violentos en los cuatro estado prohibidos por las autoridades alemanas para la venta de este tipo de objetos estaban relacionados con el tráfico ilegal.
198 armas de la empresa alemana fueron entregadas entre 2006, 2008 y 2009
Contrario al retiro y aún con el peso de la polémica internacional, la Fiscalía de Jalisco siguió entregando las armas de Heckler & Koch a los municipios. Hay constancia en un documento de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Amacueca el 23 de septiembre de 2016.
El síndico municipal puso a consideración el contrato de comodato CP/004/2016 con la Fiscalía General del Estado para la adquisición de armas que ya habían sido entregadas a sus policías, como señala el propio documento, entre ellas iban dos pistolas ametralladoras marca Heckler & Koch.
Nexos con el crimen
Carlos Pérez Ricart, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y quien ha dado seguimiento a dicho tema, desestima un involucramiento de las autoridades a nivel local, pues en ese tiempo no estaban obligadas a tener información completa sobre las actividades ilegales de la empresa exportadora de armas.“Yo no quisiera hacer descargo de alguna autoridad estatal, tampoco en Jalisco. Mi impresión es que las policías estatales, cuando hacen el encargo de las armas no tienen porqué saber que esas armas no podían llegar a sus propias regiones, me parece que si hay que buscar culpables es en la SEDENA”, explicó Carlos Pérez Ricart.
El ahora académico en Oxford, Inglaterra, señala que los cateos siguen confirmando que algunas armas estuvieron llegando a grupos criminales, aunque no se sabe de qué entidades pudieron provenir.
“Las implicaciones (para Jalisco) son las mismas que para el resto de la República, es decir, tenemos policías municipales, estatales y federales coludidas con el crimen organizado y no puede esto negarse. La hipótesis está ahí, de que estas armas hayan servido claramente al crimen organizado”
- Carlos Pérez Ricart
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín
