Cómo triunfa la oligarquía: Lecciones de la Antigua Grecia

Cómo triunfa la oligarquía: Lecciones de la Antigua Grecia




Ganesh Sitaraman
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Hace unos cuantos años, mientras investigaba para un libro acerca de cómo afecta la desigualdad económica a la democracia, un colega mío preguntó si Norteamérica corría verdaderamente el riesgo de convertirse en una oligarquía. Nuestro sistema político, afirmaba, es una democracia. Si la gente no quiere verse gobernada por élites opulentas, podemos votar para echarlas.


El sistema, dicho de otro modo, no se puede “amañar” para que funcione en favor de los ricos y poderosos, a no ser que la gente esté como mínimo dispuesta a aceptar un gobierno de los ricos poderosos. Si la opinión pública en general se opone al gobierno de las élites económicas, ¿cómo es, entonces, que los opulentos controlan tanto del gobierno?





La pregunta era buena y si bien yo tenía mis propias explicaciones, no disponía de una respuesta sistemática. Afortunadamente, dos libros recientes sí la proporcionan. La oligarquía funciona, en una palabra, gracias a las instituciones.


En su fascinante y perpicaz libro, Classical Greek Oligarchy, Matthew Simonton nos lleva de vuelta al mundo antiguo, en el que se acuñó el término oligarquía. Una de las amenazas primordiales consistía en que los oligarcas llegaran a dividirse y que alguien de entre sus filas desertara, se pusiera al frente del pueblo y derribara a la oligarquía.





Para impedir que esto ocurriera, las élites de la antigua Grecia desarrollaron instituciones y prácticas para mantenerse unidas. Entre otras cosas, aprobaban leyes suntuarias, que impedían extravagantes demostraciones de su riqueza que pudieran atizar la envidia, y utilizaban el voto secreto y las prácticas de creación de consenso para garantizar que las decisiones no condujeran a a un mayor conflicto dentro de sus cuadros.





De modo adecuado para un especialista académico en los clásicos, Simonton se centra en detalle en estas antiguas prácticas concretas. Pero su intuición clave estriba en que a las élites en el poder les hace falta solidaridad si desean permanecer en el poder. La unidad podía provenir de relaciones personales, de la confianza, de las prácticas de votación, o bien – como es más probable en la sociedad meritocrática de hoy – de la homogeneidad de cultura y valores que resulta de deambular por los mismos círculos limitados.





Si bien la clase dominante debe permanecer unida para que la oligarquía permanezca en el poder, la gente tiene asimismo que estar dividida, de modo que no pueda derribar a sus opresores. Los oligarcas de la antigua Grecia utilizaban por tanto una combinación de coacción y cooptación para mantener a raya a la democracia. Concedían recompensas a los informantes y encontraban ciudadanos maleables que desempeñaran cargos en el gobierno.


Esos colaboradores legitimaban el régimen y le proporcionaban cabezas de puente para llegar hasta el pueblo. Por añadidura, los oligarcas controlaban los espacios públicos y los medios de vida para impedir que la gente se organizara. Echaban a la gente de las plazas ciudadanas: una población difusa en el campo se veía incapaz de protestar y derrocar a un gobierno de un modo tan efectivo como un grupo urbano concentrado.





Trataban también de mantener la dependencia de la gente común de oligarcas individuales concretos para su supervivencia económica, de modo semejante a cómo los jefes de la mafia de las películas mantienen relaciones paternalistas con el vecindario. Leyendo el relato de Simonton, resulta difícil no pensar en cómo la fragmentación de nuestras plataformas de medios de comunicación constituye una ejemplificación moderna de división de la esfera pública, o de cómo a empleados y trabajadores se les disuade de expresarse.





La discusión más interesante se centra en cómo los antiguos oligarcas utilizaban la información para preservar su régimen. Combinaban el secreto en la gobernación con mensajes selectivos dirigidos a públicos determinados, de un modo no muy distinto del de nuestros modernos asesores y consultores de comunicación. Proyectaban poder mediante rituales y procesiones.





Al mismo tiempo, trataban de destruir los monumentos que eran símbolos del éxito democrático. En lugar de proyectos de obras públicas, dedicados nominalmente al pueblo, se atenían a lo que podemos entender como filantropía para sostener su poder. Los oligarcas financiaban la creación de un nuevo edificio o el embellecimiento de un espacio público. Resultado: la gente apreciaba el gasto de la élite en esos proyectos y la clase alta, que quedara memoria de su nombre para todos los tiempos. Al fin y al cabo, ¿quién podía estar en contra de oligarcas que demostraban tal generosidad?





Profesor ayudante de Historia en la Universidad del Estado de Arizona, Simonton recurre abundantemente a los conocimientos de las ciencias sociales y los aplica bien para diseccionar antiguas prácticas. Pero si bien reconoce que las antiguas oligarquías salían de entre los opulentos, una limitación de su trabajo es que se centra primordialmente en cómo perpetuaban su poder político los oligarcas, no su poder económico.





Para comprender eso, debemos pasar a un clásico inmediato de hace solo unos años, Oligarchy, de Jeffrey Winters. Winters sostiene que la clave de la oligarquía estriba en que un conjunto de élites dispone de suficientes recursos materiales para gastarlos en asegurar su estatus e intereses. A esto lo llama “defensa de la riqueza”, y lo divide en dos categorías. “Defensa de la propiedad” implica protección de la propiedad existente: en los viejos tiempos esto significaba construir castillos y muros, hoy implica el imperio de la Ley. La “defensa de la renta” se refiere a proteger las ganancias; en nuestro tiempo, significa abogar por impuestos reducidos.





El desafío de observar cómo opera la oligarquía, afirma Winters, es que normalmente no pensamos en el dominio de la política y el de la economía como algo fusionado. En su núcleo central, la oligarquía entraña concentrar poder económico y utilizarlo para fines políticos. La democracia se hace vulnerable a la oligarquía porque los demócratas se centran tanto en garantizar la igualdad política que pasan por alto la amenaza indirecta que surge de la desigualdad económica.





Winters sostiene que existen cuatro clases de oligarquías, cada una de las cuales persigue la defensa de la riqueza por medio de diferentes instituciones. Estas oligarquías se categorizan basándose en si el dominio de los oligarcas es personal o colectivo, y en si los oligarcas recurren a la coacción.





Las oligarquías guerreras, como los señores de la guerra, son personales y están armadas. Las oligarquías de dominio como la mafía son colectivas y están armadas. En la categoría de las oligarquías desarmadas, las oligarquías de sultanato (como la Indonesia de Suharto) se gobiernan por medio de conexiones personales. En las oligarquías civiles, la gobernación es colectiva y se aplica mediante leyes, en lugar de serlo por medio de las armas.





Equipado con esta tipología, Winters declara que Norteamérica es ya una oligarquía civil. Por usar el lenguaje de campañas políticas recientes, nuestros oligarcas tratan de amañar el sistema para defender su riqueza. Se centran en rebajar impuestos y reducir regulaciones que protegen a trabajadores y ciudadanos de las fechorías empresariales.





Erigen un sistema legal que está distorsionado para que obre a su favor, de manera que su comportamiento ilegal rara vez resulta castigado. Y sostienen todo esto mediante la financiación de campañas y un sistema de cabildeo que les permite influir de modo indebido en la política. En una oligarquía civil, estas acciones se sostienen no a partir del cañón de un fusil o por la palabra de un hombre, sino mediante el imperio de la Ley.





Si la oligarquía funciona gracias a que sus dirigentes institucionalizan su poder mediante la ley, los medios de comunicación, los rituales políticos, ¿qué hacer? ¿Cómo puede tomar la delantera la democracia? Winter hace notar que el poder político depende del poder económico. Esto sugiere que la única solución consiste en crear una sociedad más económicamente igualitaria.





El problema, por supuesto, estriba en que si son los oligarcas los que están al mando, no queda claro por qué iban a aprobar leyes que redujeran su riqueza e hicieran más igualitaria la sociedad. Mientras puedan mantener dividida a la sociedad, tienen poco que temer de la ocasional revuelta o protesta.





Ciertamente, algunos comentaristas han sugerido que la igualdad económica de finales del siglo XX resultó excepcional porque dos guerras mundiales y una Gran Depresión liquidaron las propiedades de los extremadamente opulentos. A este respecto, no es mucho lo que podemos hacer sin una catástrofe global de envergadura.





Simonton ofrece otra solución. Sostiene que la democracia derrotó a la oligarquía en la antigua Grecia debido a la “descomposición oligárquica”. Las instituciones oligárquicas están sometidas a la corrosión y el derrumbe, como cualquier otra clase de instituciones. Conforme la solidaridad y las prácticas de los oligarcas comienzan a descomponerse, aparece la oportunidad de la democracia de devolver al pueblo el gobierno.





En ese momento, el pueblo podría unirse durante un tiempo suficiente para que sus protestas lo llevaran al poder. Con todas las sacudidas de la política de hoy, resulta difícil no pensar que este es un momento en el que el futuro del sistema político podría estar más al alcance de lo que ha estado durante generaciones.





La cuestión estriba en saber si surgirá la democracia de esta descomposición, o si los oligarcas reforzaran su control de las palancas del gobierno.




Ganesh Sitaraman


profesor de la Facultad de Derecho de la universidad norteamericana de Vanderbilt. (en Nashville, estado de Tennessee). Autor de The Crisis of the Middle-Class Constitution, fue director de política de la campaña al Senado de Elizabeth Warren, una de las líderes del ala izquierda del Partido Demócrata.

Fuente:


The Guardian, 15 de octubre de 2017

Traducción: Lucas Antón

sinpermiso.info

Los males de la Universidad y la conjura de los mediocres - Ana Jorge

 

6-8 minutes

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Los grandes males de la universidad española en la actualidad son consecuencia, en gran medida, de la asfixia financiera a la que está sometida en los últimos años y del diseño de un entramado legislativo que ha cambiado radicalmente el panorama universitario sin ningún debate en profundidad y sin la participación de la comunidad universitaria.
Desde los planteamientos más reaccionarios, como los de la comisión de expertos nombrada por el ministro Wert en su momento, o las declaraciones reiteradas del señor Garitano, responsable de universidad de Ciudadanos, se clama contra la autonomía universitaria como responsable última de los males que a ésta le aquejan. Cuando la realidad es que la cada vez más debilitada autonomía universitaria constituye, en muchas ocasiones, el último reducto para garantizar la función social de la misma.
La progresiva mercantilización de la Universidad es una estrategia posibilitada por la insuficiente financiación y la creación de unos “sistemas de calidad” al servicio de intereses espurios. Se convierte la práctica docente en irrelevante y se transforma la actividad investigadora en “una carrera de honores” (en palabras del profesor Bermejo de la U. de Santiago). Esto es posible con la inestimable colaboración de un buen puñado de profesores universitarios, que avalan y sostienen este cambio y que ha generado una nueva casta de mandarines que se está haciendo con el control de facto de la universidad española al margen de sus instancias democráticas.
La creación de una agencia para la evaluación de la calidad (ANECA), iniciativa que a priori podríamos compartir, constituye un punto de inflexión. Esta agencia, al margen de todo debate democrático, controlada por el gobierno de turno, fija los criterios de lo que es y debe ser la actividad investigadora, ya que la función docente es absolutamente irrelevante para prosperar en el sistema, del conjunto del profesorado universitario español.
El sistema se complementa con otra agencia de evaluación: la CNEAI (que otorga  los sexenios, como reconocimiento de la actividad investigadora). Recientemente ambas se han fusionado administrativamente bajo la premisa de la eficacia, lo que facilita más el control político e ideológico. Se establece como criterio prioritario la publicación de artículos en revistas incluidas en unas bases de datos que elaboran y controlan dos empresas privadas, la norteamericana Clarivate (antes Thomsom Reuters) y la holandesa Elsevier y a las que se les paga anualmente más de 8 millones de euros de dinero público por su evaluación y más de 25 en concepto de suscripciones. Los libros y la publicación en revistas no incluidas en estas bases de datos, o en cualquier otro formato o canal, pasan a ser irrelevantes, y el uso del español como lengua de transmisión del conocimiento es incluso motivo de “desprestigio” en un sistema cada vez más dependiente de geoestrategias “neocoloniales” anglosajonas.
El escándalo de los plagios del exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre cuyas actuaciones ni la ANECA ni la CNAI han tomado ninguna medida, es el síntoma claro de la anomalía de un sistema que solo valora dónde se pública, fomentando de paso la creación de potentes redes clientelares en torno al control de ciertas revistas, no la calidad de la producción investigadora.
Esta nueva tecnocracia que otorga un capital simbólico a determinados profesores universitarios —y en ocasiones éstos lo convierten en rentables ingresos económicos merced a su colaboración con las grandes empresas y otras instituciones, en una transferencia clara de renta desde lo público a lo privado—  ha dado una vuelta de tuerca. Los nuevos criterios formulados ahondan en esta línea y son aún más oscurantistas e inseguros jurídicamente. Son también más difíciles de alcanzar incluso para quienes se someten a las “reglas de juego”.
Paralelamente, los medios claman sobre causas tan ajenas a los problemas reales como la “endogamia” y la “autonomía universitaria”. Se crea así un consenso en torno a este nuevo discurso, incluso en parte de la izquierda: la democracia, la libertad de pensamiento y la independencia intelectual son negativas para la universidad española. La universidad como institución ha pasado de ser una de las instituciones más valoradas en las encuestas del CIS a la actual situación de desprestigio. Y todo esto durante el periodo de ataque más duro a la universidad pública, tanto por los graves recortes en su financiación como por una severa modificación del marco regulador de la misma. Bajo el mandato del ministro Wert se orquestó y puso en marcha una batería de leyes que bajo la formula jurídica de RD han cambiado totalmente las reglas del juego. Sin debate social, ni siquiera parlamentario, sin siquiera tener que tocar la LOU y por tanto buscar un cierto consenso parlamentario, el cambio total de las condiciones laborales y de acceso a la función docente hacia un modelo de extrema competitividad, sin transparencia, con las instituciones de evaluación ajenas a la propia universidad y controladas por el gobierno, se ha conseguido quebrar casi totalmente las redes colectivas de respuesta de la universidad ante las agresiones que mercantilizan o banalizan el conocimiento. Por el camino, la universidad ha perdido toda relevancia en el debate público, en el análisis crítico y búsqueda de soluciones para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre.  El profesorado universitario, como colectivo, es  denostado diariamente en medios y redes como un hatajo de vagos y corruptos, sin que nadie aborde en serio los males que aquejan a la universidad española y plantee la necesidad de un debate riguroso sobre ésta.
Desgraciadamente sigue vigente, en gran medida, el manifiesto Por una universidad democrática que encabezó Paco Fernández Buey en 1966. La universidad española está en grave riesgo. La precariedad laboral y la falta de perspectivas de estabilización, merced a este entramado orquestado, favorece un nuevo clientelismo y es la norma para una parte importante de su plantilla. Esto provoca una ruptura de lo colectivo. La mayoría confía en la “salvación individual” a través de la sumisión y adecuación a unos criterios cada vez más irracionales e imposibles de conseguir. Mientras tanto, un conjunto de mediocres, como el citado exrector, ligados al poder político y económico, medran y controlan el cada vez más dependiente y menos democrático sistema de educación superior, que también es el baluarte de la investigación pública en nuestro país.

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El negocio del agua mineral: fuentes públicas, beneficios privados

 

 

David Pastor

7-9 minutes

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Cuando Fernando VII firmó el primer Real Decreto en 1816 sobre las aguas minerales, muy pocos podrían imaginarse el curso que seguirían antes de desembocar en el escenario actual: un negocio anual de cerca de mil millones de euros, explotado en buena parte por empresas multinacionales que, además de contar con ayudas públicas en forma de subvenciones y préstamos, no aportan beneficios relevantes a las instituciones propietarias del terreno donde manan las aguas. Los impuestos medioambientales son casi inexistentes y en ocasiones incumplen los parámetros recomendados por los organismos internacionales de salud, en cuanto a la presencia de elementos contaminantes en la composición de las aguas.
En España están reconocidos oficialmente 166 manantiales de agua mineral, de los cuales más del 95% son explotados por entidades privadas, la mayoría multinacionales del sector de la alimentación. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el consumo de agua mineral se ha incrementado un 5,1% en el último año, mientras que el valor del mercado aumentó un 6,1%.
Un ejemplo de municipio con gran tradición agüista, es Verín (Ourense), que alberga hasta cinco manantiales en su entorno gestionados por diferentes compañías, como son Euroinversiones Agua de Sousas, S.L, perteneciente al sector inmobiliario, Aguas de Fontenova, S.A, de reapertura reciente, y Aguas de Cabreiroá, S.A, que comparte propietario con la –cada vez más expansiva– Estrella de Galicia.
La cesión de estos manantiales al ámbito privado no tiene ningún tipo de contraprestación para este ayuntamiento. Según afirma Carlos Montero, miembro del gabinete de prensa del consistorio, “no tenemos ninguna relación, lo que sí tenemos programada es una ruta termal que incluye un recorrido por Verín y Chaves”, localidad lusa fronteriza con este pueblo gallego, famosa por sus balnearios y cuya alianza “constituye la primera Eurocidade de la península Ibérica”, afirma Montero.
Lo descrito refleja un panorama habitual de estas zonas rurales, donde la presencia del valioso líquido no reporta ningún beneficio a sus habitantes, más allá de los puestos de trabajo que se puedan generar. Este sector suele establecerse, con condiciones ventajosas, en zonas rurales y montañosas donde la industria no suele llegar.
Una de las excepciones a esta situación se encuentra en Bejís, un pequeño pueblo de Castellón ubicado en la comarca de Alto Palancia. Desde que en 1929 se descubriera el manantial de Los Cloticos, se procedió a canalizar el agua hasta el pueblo. Después de pasar los análisis oportunos, la marca Agua de Bejís pasó a ser reconocida como agua mineral natural. “La persona que dirige la alcaldía ejerce como directora general de la planta embotelladora”, afirma Josefa Madrid, actual alcaldesa de la localidad. “La gestión económica, comercial y de personal la llevan en mayor medida los concejales”. En la actualidad da trabajo a 32 personas de la zona. “A mí me interesa que trabaje la gente de mi pueblo, tenemos una lista interna y según las necesidades de la planta los contratamos directamente. Son personal laboral del ayuntamiento”, añade.
La actual directora señala que Aguas de Bejís “ha tenido muchísimos beneficios en su día, luego se produjo una mala gestión por parte del ayuntamiento de aquel momento, se dejó en manos de un gerente que propició la aparición de una deuda en la que no se podía pagar a proveedores ni se podía pagar nada”.
A partir de ese momento se decidió no cerrar y en la actualidad el municipio se encuentra adscrito a la ley de proveedores: “Tenemos una deuda de más de 900.000 € y Hacienda no nos permite realizar inversiones ni contratar gente”. La regidora de Bejís relaciona este déficit con “el agujero que se hizo en la planta embotelladora en los años en que empezó la crisis”.
A pesar de los problemas, Aguas de Bejís ha regresado a la senda de los números negros: “El año pasado tuvimos 95.000 euros de beneficio neto y este año, por el recorrido que llevamos, parece que también va a dar beneficios”. Estos excedentes sirven para afrontar otras necesidades del pueblo: “Nos permiten el pago de la deuda o poder realizar inversiones como una nueva máquina de envasado”. Aun con las dificultades que acarrea la gestión de esta empresa para un pequeño ayuntamiento, o el interés de alguna corporación para ceder el recurso, Josefa Madrid explica que “la gente no quiere que la situación cambie, quieren que la gestión siga siendo pública”.

En el marco de una ley franquista

El aprovechamiento de los manantiales de agua mineral en España se sigue haciendo por el procedimiento establecido en la Ley de Minas 22/1973, que concede el derecho preferente “a la persona que hubiere instado el expediente para obtener la declaración de la condición mineral de las aguas”. A efectos prácticos, esta legislación otorga a las actuales empresas embotelladoras la posibilidad de extraer el agua mineral del subsuelo sin necesidad de ofrecer ninguna contrapartida a las administraciones por la explotación de un recurso público.
Bajo estas condiciones se dibuja el crecimiento continuado del sector. Según los datos publicados por la consultora Statista, el consumo de agua mineral se ha incrementado un 44,3% a nivel nacional entre los años 2002 y 2015, mientras que la extracción aumentó un 51,6% en el mismo periodo, conforme a lo publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

En el último año se contabilizó un total de 6.907 millones de litros extraídos y 2.519 millones de litros consumidos. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) señalan una “producción” total de 5.392 millones de litros, aunque no ofrecen estos datos sectoriales de forma desagregada. Según afirman, “son confidenciales y no estamos autorizados a proporcionarlos”. Sin embargo, previo pago de una cantidad sí es posible acceder a estos informes, a través de algunas consultoras del sector.
El IGME, institución pública dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, alega similares motivos para no detallar los datos de los manantiales, no solo de los litros extraídos por estas empresas, tampoco los del caudal del recurso público. De forma paradójica, esta información sí estaba disponible hasta el año 2005, cuando todavía no estaba vigente la Ley 19/2013 de Transparencia. Actualmente estos datos se agrupan en comunidades autónomas.

La ralentización del aumento de consumo de agua mineral, producido en los primeros años de la crisis de 2007, parece haber llegado a su fin. El dato de crecimiento del 5,1% en el último año viene precedido de la subida del 6,9% en el año anterior, acompañado de una estabilidad del precio en el mercado. Con todo, el agua de grifo continúa siendo 130 veces más barata, con un precio medio actual de 1,66€/m3, frente al 0,21€/l del agua embotellada.

Creciente concentración del sector

Detrás de las marcas comerciales de agua mineral se esconden algunas de las grandes multinacionales del sector de la alimentación. Este mercado concentra más de la mitad de sus ventas y beneficios en seis grupos empresariales, que disponen de varias sociedades y marcas que se reflejan en el siguiente cuadro:

David Pastor es socio cooperativista de ‘La Marea’. Puedes leer el trabajo completo aquí.

Vergüenza” de un veterano republicano

Vergüenza” de un veterano republicano

“Yo estuve allí la tarde en que Tarradellas llegó a la Generalitat. Este señor [Puigdemont] la ha profanado con su actitud”, responde el editor y escritor Ramón Serrano Balasch.

Cristina Fallarás
redaccion@lamarea.com

La noticia de que Puigdemont y cinco de sus consellers se encuentran en Bruselas todo indica que con la intención de pedir asilo corre ya cuando recibo un mensaje que me sorprende.
“¡Qué desastre! Estoy muy cabreado por esa cobarde decisión de Puigdemont y cinco o seis consellers de esconderse en Bélgica para pedir asilo político como si fueran un último reducto de los que, con riesgo de ser fusilados, se marcharon cuando la Guerra Civil”. Quien me escribe es el veterano editor y escritor Ramón Serrano Balasch (Barcelona, 1933), hombre de izquierdas moderado, culto, novelista, poeta y radical republicano, autor de libros como 89 republicanos y el rey o Encuentros republicanos. “Me lo temía, pero no lo esperaba”, añade. “Es el único momento de toda esta desgraciada historia que me ha sobrepasado. ¿Y los dos millones que, de buena fe, los siguieron y los votaron? ¿Y los funcionarios?”.
Le pregunto cómo se encuentra, hace tiempo que no nos vemos. Junto al también escritor y editor Rafael Borrás (Barcelona, 1935) me introdujo en los círculos de los irreductibles republicanos catalanes, hombres y mujeres cultivados que con palabras y en interminables charlas alternaban citas, poemas y chanzas. Ellos vivieron la Guerra, la dictadura franquista, la Transición y estos cuarenta años de democracia, y lucharon con libros y palabras, enconadamente, contra Franco y sus gentes, primero, y después contra los borbones. Sin descanso, contra los borbones. Serrano, además, recibió en 1999 el Premio a la Lealtad Republicana entregados por la Asociación Manuel Azaña, y un par de años después fundó junto a Julio Anguita y un nutrido grupo de opositores a la monarquía el Foro para la III República.
“Yo estuve allí la tarde en la que Tarradellas llegó a la Generalitat. Este señor [Puigdemont] la ha profanado con su actitud”, me responde. “Es una vergüenza”.
A veces, cuando el ruido que nos aturde y la rapidez de los acontecimientos me despistan, acudo a mis viejos amigos incorruptibles. Hasta este momento no lo había necesitado. Esta vez, mi querido Ramón Serrano se me ha adelantado. Y sí, lo necesitaba.

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Los derechos humanos como ventaja competitiva

 

OMAL

10-12 minutes

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Aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Paris, en 1948. ONU

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // “Este Plan de Acción contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones”. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno español en Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, deja bien claro sus objetivos desde el principio del texto. Acompañado de la retórica habitual sobre este tema –“la protección y la promoción de los derechos humanos constituyen una prioridad para España”, se dice sin rubor ya en la primera frase–, lo que este plan viene a proponer es toda una batería de medidas basadas en la autorregulación empresarial. Y supone, tanto por la forma en que se ha elaborado como por su resultado final, una falta de respeto a todas las personas, organizaciones sociales y comunidades afectadas por los abusos sobre los derechos humanos cometidos por las grandes corporaciones.

Sobre la forma

El proceso de elaboración del plan empezó hace casi cinco años. A principios de 2013, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación llamó a la apertura de un “proceso de diálogo con la sociedad civil” y lanzó una convocatoria a miembros de organizaciones sociales, sindicales, académicas y empresariales para “desarrollar un plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos”. Dicho “diálogo” –así, entre comillas, porque nunca tuvo nada de conversación entre iguales y sí mucho de participación ritualizada– se prolongó hasta finales de ese mismo año. Entonces, muchas organizaciones que habían colaborado en el proceso se desmarcaron de él al constatar que sus demandas no estaban siendo escuchadas y que, justo en sentido contrario, el contenido del plan se iba aligerando cada vez más. El texto resultante de esa “consulta con la sociedad civil” mucho más formal que real se publicó finalmente en junio de 2014, como un borrador elevado para su tramitación al Consejo de Ministros.

A partir de ahí, en los tres últimos años, apenas volvimos a saber nada más del plan. Y eso que diferentes organizaciones enviaron cartas al ministerio para ver si en algún momento tenían prevista su aprobación, a la vez que otras nos preguntábamos a qué respondía el secretismo en torno a ese documento y por qué parecía que se lo habían dejado olvidado en un cajón. No hubo más noticias hasta principios de este año, cuando el Partido Popular presentó una proposición en el Senado para instar al Gobierno a recuperar en 2017 el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. En realidad, todo respondía a una razón muy simple: como decíamos varias organizaciones en un artículo publicado hace unos meses en La Marea, “el Gobierno ha decidido sacarlo del cajón precisamente ahora que España aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Y es que para tener opciones a formar parte de ese organismo, con tres países compitiendo por dos puestos, el Ejecutivo español necesitaba presentar el plan para sumar puntos en su candidatura.

Por eso había tanto interés en que el proceso se acelerara y, como así fue, se aprobara el plan durante el verano. Sin ningún tipo de consulta a la sociedad civil ni cauces de participación, con una absoluta falta de transparencia y sin que hubiera constancia previa de las modificaciones introducidas en el texto por las presiones de la patronal y los Ministerios de Economía e Industria, nadie que no fuera el Gobierno pudo enterarse del contenido del documento hasta que fue publicado. Así lo han denunciado la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Amnistía Internacional, Greenpeace y otras organizaciones, mostrando su “disconformidad con la opacidad y ausencia de participación en la fase de relanzamiento del plan”. Finalmente, en este mes de octubre, después de que Francia se retirara de la pugna y de que el trámite fuera votado en la ONU, España ha logrado su objetivo y se sentará en el Consejo de Derechos Humanos durante los próximos tres años.

Sobre el fondo

El contenido formal y material se vincula con los Principios Rectores, que son el anclaje de la arquitectura jurídica de la impunidad en Naciones Unidas. Porque no olvidemos que, en el marco “proteger, respetar y remediar” promovido por Ruggie, las prácticas voluntarias y unilaterales de las empresas transnacionales se convierten en el único referente de sus obligaciones. Ahí se ubica perfectamente la idea de respetar los derechos humanos al margen de las cuestiones relativas a su responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes. Los Principios Rectores, al fin y al cabo, no son otra cosa que una sofisticación jurídica que devalúa la verdadera dimensión del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes empresas, puesto que –como se dice en su preámbulo– “no implican la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas”. Esto no supone un avance en el control normativo de las grandes corporaciones, ya que la realidad transita en sentido inverso: la asimetría entre la fortaleza de la lex mercatoria y la debilidad de los acuerdos voluntarios se consolida como elemento central de la supuesta regulación.

En este contexto, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos es el aterrizaje de estos principios en el Estado español: “Este plan pretende apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todavía no han completado ese proceso”. Esa es la idea que, como se traduce en todas y cada una de las medidas propuestas, atraviesa todo el documento: parecería que la única relación posible entre las grandes compañías españolas y los derechos humanos pasa por establecer un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas empresariales. No hay ninguna mención al diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento, nada que decir sobre la necesidad de promover instancias de control para afrontar los incumplimientos de una normativa internacional sobre derechos humanos… que debería ser de obligado cumplimiento.

Desde sus orígenes, el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos nunca contempló varias cuestiones fundamentales: ampliar las obligaciones extraterritoriales desde la empresa matriz a sus filiales, proveedores y subcontratas en otros países; asumir la noción de interdependencia e indivisibilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; obligar al cumplimiento directo por parte de las transnacionales del Derecho Internacional; incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación de empresas y directivos. Y tras sucederse las distintas versiones de un plan que se iba descafeinando cada vez más, ni siquiera algunas de las pocas medidas interesantes que se contemplaban al principio –como, por ejemplo, excluir de subvenciones y apoyos públicos a aquellas compañías que hubieran sido declaradas culpables, mediante sentencia firme de la autoridad judicial correspondiente, de violar los derechos humanos– han permanecido en el texto final.

En los sucesivos borradores, una y otra vez, han ido rebajándose las exigencias para controlar de manera efectiva las prácticas de las empresas transnacionales. Hasta quedar, finalmente, en nada: “Se presenta, por tanto, como un Plan de Empresas y Derechos Humanos con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados”, leemos en el plan que se aprobó este verano. Y las medidas que en él se incluyen son coherentes con esa declaración de intenciones: acciones y estrategias de sensibilización, campañas de formación, códigos de autorregulación, un sistema de incentivos y colaboración, medidas de información, capacitación y asesoramiento a empresas, etc. Pero, como hemos venido insistiendo en todos estos años, el Estado no debería informar y asesorar a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus operaciones; su función tendría que ser exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento efectivo de las normas que los regulan.

Sobre control y regulación

“Es mejor tener un plan que no contente a todo el mundo que no tener ninguno”, argumentan desde la Oficina de Derechos Humanos. A nuestro entender, sin embargo, este plan ni siquiera va a funcionar como un “mal menor”. Porque, de hecho, puede operar como un freno normativo a la hora de exigir responsabilidades efectivas a las grandes corporaciones por los impactos de sus negocios sobre los derechos humanos. Dicho de otro modo: si se consolidan las medidas basadas en la sensibilización del mundo empresarial, la comunicación y el diálogo, las prácticas de buen gobierno, la ética y la transparencia, la elaboración de memorias y guías, los códigos de buenas prácticas y la acción social, será imposible avanzar de manera efectiva en la instauración de mecanismos de control y normas vinculantes para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Que es lo que, por cierto, se está debatiendo precisamente estos momentos en Naciones Unidas, donde esta semana está teniendo lugar la 3ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Mientras el Gobierno español sigue demostrando su “compromiso con los derechos humanos” con la visita del ministro de Economía a los Emiratos Árabes Unidos para firmar un acuerdo que aumente el comercio bilateral, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ahora se está tratando de avanzar en la negociación de un tratado vinculante que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos en todos los países por igual. No en vano, en Ginebra se están oponiendo dos lógicas: la que aboga por la “responsabilidad social”, los Principios Rectores y los Planes de Empresas y Derechos Humanos, por un lado, frente a la que promueve la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las grandes corporaciones, por otro. Es decir, la impunidad del poder corporativo frente a los derechos de las mayorías sociales.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

EEUU sanciona a un banco chino por financiar a Corea del Norte

HISPANTV

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  Una sucursal del Banco de Dandong, un destacado banco chino.

Estados Unidos impone sanciones a un importante banco chino por haber ayudado a Corea del Norte a sortear embargos económicos.

El Gobierno de Washington expulsó el jueves del sistema financiero estadounidense al Banco de Dandong, un destacado banco chino, por haber financiado al Gobierno norcoreano ayudándole a esquivar las sanciones económicas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
Además, EE.UU. impuso sanciones a una empresa de transporte marítimo, Dalian Global Unity Shipping Co., Ltd., con sede en Liaoning (noreste de China), y a dos individuos del país asiático identificados como Sun Wei y Li Hong Ri, con el mismo argumento de haber hecho o facilitado negocios con Pyongyang.
El secretario del Departamento del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, había anunciado en junio pasado la decisión de aplicar esas sanciones contra entidades e individuos chinos en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
El Banco de Dandong es acusado de “servir como puerta de acceso de Corea del Norte a los sistemas financieros estadounidense e internacional”, denunció Munchin.


Washington busca con estas medidas punitivas presionar a Pekín para que actúe con más dureza contra Corea del Norte, para que esta desista de su programa nuclear y de misiles.
Cabe señalar que, aunque Corea del Norte lleva décadas viviendo bajo sanciones, estas medidas no han podido evitar su desarrollo armamentístico y Pyongyang ha logrado esquivar cada vez más las sanciones económicas y sectoriales impuestas a sus programas nuclear y balístico.
El inquilino de Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado en reiteradas ocasiones valorar los esfuerzos de China y de su presidente, Xi Jinping, para contener al Gobierno norcoreano, liderado por Kim Jong-un. No obstante, al calificar sus resultados, siempre ha dicho que “no han funcionado”.
mnz/mla/tmv/rba

Irán: Eje de Resistencia derrotó complots israelí-estadounidenses

HISPANTV

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  Ali Akbar Velayati (centro), asesor del Líder iraní, se reúne con el primer ministro de El Líbano, Saad Hariri, en país árabe, 3 de noviembre de 2017.

Los avances que han conseguido Irak, Siria y El Líbano en su lucha contra el terrorismo son una victoria para todos los países del Eje de Resistencia.

El asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Velayati, ha destacado hoy viernes en una reunión en El Líbano con el primer ministro Saad Hariri los triunfos de Beirut en los últimos años frente a los grupos terroristas.
“Los logros del Eje de Resistencia en Oriente Medio son una victoria para todos nosotros. Las victorias de El Líbano en su lucha contra el terrorismo nos pertenecen a todos. Los éxitos del Gobierno de Siria son también nuestros”, ha enfatizado el político iraní.
Velayati ha mencionado, además, el éxito del Gobierno de Irak frente al conato separatista manifestado en una consulta unilateral que celebró el 25 de septiembre la región semiautónoma de Kurdistán iraquí, y lo ha considerado otro aspecto más de las victorias de la Resistencia.

Los logros del Eje de Resistencia en Oriente Medio son una victoria para todos nosotros. Las victorias de El Líbano en su lucha contra el terrorismo nos pertenecen a todos. Los éxitos del Gobierno de Siria son también nuestros”, enfatiza Ali Akbar Velayati, asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán.

En otro momento de sus declaraciones, Velayati ha afirmado que las bandas terroristas activas en El Líbano, Irak y Siria están apoyadas por los sionistas y Estados Unidos, y ha apostillado que  “vencer a los terroristas es derrotar los complots israelí-estadounidenses”.
El también director del Centro de Estudios Estratégicos del Consejo de Discernimiento del Sistema de la República Islámica de Irán ha subrayado por otra parte los “muy buenos lazos” existentes entre Teherán y Beirut, y ha ratificado que el país persa apoya la estabilidad, la independencia y el Gobierno de El Líbano.
De este modo, Velayati ha elogiado como un éxito para el pueblo libanés la formación de un Gobierno de coalición, tras años de vacío del poder.
Tras reunirse con el primer ministro libanés, el asesor del Líder de Irán ha visitado al secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del país (Hezbolá), Seyed Hasan Nasrolá.
Según sostienen analistas israelíes, los nuevos logros del Ejército sirio han facilitado la creación de un corredor terrestre entre Irán y Hezbolá que alcanza el Mediterráneo y la frontera de los territorios palestinos ocupados por Israel. Este corredor terrestre pasaría por las regiones chiíes de Irak, el desierto occidental iraquí y Siria, hasta llegar a El Líbano.
msm/mla/tmv/rba

¿ESTAMOS CERCA DEL FIN DE LA CRISIS SECESIONISTA EN CATALUÑA?

¿ESTAMOS CERCA DEL FIN DE LA CRISIS SECESIONISTA EN CATALUÑA?





España
Miguel Gómez


Una vez suspendida la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución Española y la convocatoria de elecciones anticipadas al parlamento catalán para el próximo 21 de diciembre, la solución a la crisis podría venir a principios de año. El propio Oriol Junqueras, líder de ERC, ha asumido que en los próximos días el Govern va a adoptar medidas que no van a gustar a su electorado, fruto de la imposibilidad de garantizar la existencia de la llamada “República Catalana” y su reconocimiento internacional

Si los pronósticos no cambian, el resultado que arrojen las urnas el próximo 21 de diciembre, sólo puede dar lugar a dos gobiernos de concentración posible. Por un lado un gobierno de Ciudadanos con el apoyo del PP y el PSC. Por otro lado otro de ERC con el apoyo del PdeCAT y de Podem, tal y como concretaran Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y el multimillonario trostkista Jaume Roures en una cena antes del inicio de las crisis institucional en la región española

Teniendo en cuenta ambas posibilidades, todo indica que aun en el segundo caso indicado, la inclusión de Podem en un futuro Govern, acabará moderando a este ejecutivo, lo que permitirá a los gobiernos nacional y regional abrir un proceso de diálogo con la intención de reformar la Constitución y “buscar un encaje” de Cataluña en España, de tal manera que se satisfaga a todas las partes y así puedan parlem y tomar un café entre todos ellos

Evidentemente, todo lo que señalamos más arriba, lo hacemos bajo la premisa de que el PdeCAT pierda muchos votos, como así se prevé en las encuestas, y que las formación separatista, trostkista y “antisistema” de la CUP, no se presente a las elecciones, algo que no tienen muy claro. De no ser así, entrarían en juego otras variables, que podrían hacer variar el escenario electoral

No obstante no parece probable que el PdeCAT despegue en las encuestas, teniendo en cuenta la penosa gestión del “desafío separatista” por parte del ex-presidente Puigdemont, así como por la corrupción generalizada que carcome a los militantes de este partido. Del mismo modo, no sería entendible que la CUP reconociese a la administración española y se presentase a los comicios, pues de hacerlo por pragmatismo económico, le restaría numerosos apoyos ideológicos que se traduciría en una perdida de votos generalizada

Así que todo parece indicar que esta crisis podría encontrar un arreglo momentáneo a medio plazo, del cual va a salir enormemente fortalecida la Unión Europea, que va a conseguir un acuerdo de federalización de España bajo un aumento significativo de la popularidad por parte de la población que no es consciente del paripé que está teniendo lugar. De la misma manera, van a resultar beneficiados especuladores económicos como George Soros, que obtendrán importantes beneficios económicos de la compra de acciones de compañías a bajo precio.

Pero como no siempre está todo controlado, siempre es posible que un previsible vencedor de la partida se encuentre con imprevistos que puedan echar todo el esfuerzo por tierra. En este caso, sólo es necesario que el prófugo Puigdemont se asile en Bélgica y no en Venezuela, para que la obra maestra se convierta en la peor pesadilla

cazadebunkers.wordpress.com

Emilio Botín no murió de infarto, ¡fue asesinado en su propio despacho!

CienciayEspiritu

7-9 minutes

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Querella presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid. Escándalo de tal magnitud que podría afectar a las más altas estructuras políticas y financieras de España

Emilio Botín fue asesinado según la querella presentada

Emilio Botín no falleció por un infarto en su domicilio de Somosaguas sino que fue asesinado en su propio despacho de la Presidencia del Banco de Santander de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte.

Esta es la afirmación recogida literalmente en la querella presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid por el letrado Carlos Javier Sánchez-Seco Vivar, que podría hacer tambalear las más altas estructuras políticas y financieras de España pues considera (entre otros) a la actual presidenta del Banco de Santander Ana Patricia Botín y a su madre, la viuda del banquero Paloma O´Shea, encubridoras y, posiblemente inductoras, del asesinato de Emilio Botín llevado a cabo por el narco Jesús Samper Gaviria y los responsables de seguridad del Banco Carlos Martínez, Carlos Rubio y José Manuel García Entrena.
Precisamente los querellados, además de Ana Patricia Botín y su madre, Paloma O´Shea, son Jesús Samper, Carlos Martínez, Carlos Rubio y José Manuel García Entrena.
La querellan sostiene que Botín quería divorciarse de Paloma O´Shea para casarse son la Subdirectora General del Banco de Santander

Ana Patricia Botín, presidente del Banco de Santander inductora del asesinato según la querella presentada

La querella presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid sostiene que el banquero había solicitado, poco antes de su fallecimiento, el divorcio de Paloma O´Shea, llegando a facilitarle una lista con todos los bienes que le corresponderían tras la separación que, pretendía, fuera de mutuo acuerdo. El motivo de la separación de una relación en la que ya no existía convivencia conyugal desde hace muchos años, sería la voluntad de Botín de contraer matrimonio con su amante Ana María Sánchez Corral. Además, el banquero pretendía dedignar a su hijo, Javier Botín O´Shea (hermano de la actual presidenta) como presidente del banco y había manifestado, en multitud de ocasiones, que estaba mucho más preparado que su hija. La relación entre Emilio Botín y María Sánchez del Corral, directora de Márketing Corporativo y Marca del Banco de Santander, era absolutamente pública y no se trataba de ninguno de los devaneos amorosos anteriores que se le habían atribuido al principal banquero del país. De hecho, sus planes de boda eran públicos y nuestros compañeros del periódico digital Vozpópuli ya publicaba, el 31 de octubre de 2.014, los planes de boda de Emilio Botín y María Sánchez del Corral para las próximas navidades.

Así las cosas (siempre según la referida querella) la viuda del banquero y la presidenta del Banco de Santander, Patricia Botín, urdieron un plan para la desaparición de Emilio Botín que acabó consumándose con el asesinato del “patrón” de la banca española, la noche del 9 de septiembre de 2014, entre las 21 y las 21.30 horas, en su despacho de la Presidencia situada en la Ciudad Financiera que el Banco de Santander posee en Boadilla del Monte, una Ciudad Financiera completamente vallada y rodeada de las más avanzadas medidas de seguridad.
Bombazo informativo que parece extraído de una novela negra. Según el querellante, el banquero fue asesinado por el amante de Ana Patricia Botín
La querella afirma que Jesús Samper, narcotraficante colombiano que mantiene una relación extramatrimonial desde hace años con la presidenta del Banco de Santander, había sido amenazado por Emilio Botín que quería terminar con esa relación y le había obligado a abandonar España. Samper, con la colaboración de los miembros de seguridad de la Ciudad Financiera del Banco de Santander, asesinó a Botín, que era diabético, inyectándole alguna sustancia (mortal de necesidad). Samper, miembro de uno de los cárteles colombianos de droga más importantes, llamó a su amante Ana Patricia Botín nada más ejecutar el asesinato, para que regresara desde Londres. La actual presidenta del Banco de Santander (siempre según la querella presentada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid), voló de inmediato -en avión privado- desde cuya cabina contactó con el abogado del estado Rodrigo Echenique, uno de los muchos trabajadores públicos al servicio de la entidad financiera, y le ordenó que preparara de inmediato una reunión para ser nombrada presidenta del Banco.
Así las cosas, Ana Patricia Botín llegó a la sede de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte alrededor de la una de la madrugada y se improvisó, en el despacho contiguo a donde yacía cadáver Emilio Botín, un 

Paloma O´Shea, viuda de Botín, inductora del asesinato según la querella

Consejo Extraordinario al que asistieron la propia Ana patricia Botín, el vicepresidente primero del Banco de Santander, Fernando de Asúa Álvarez, el secretario general Ignacio Benjumea, el abogado del Estado Rodrigo Echenique y una quinta persona sin identificar que, además, grabó con su teléfono móvil la citada reunión. De este modo (afirma la querella firmada por el letrado Sánchez-Seco Vivar) cuando Emilo Botín hijo, llega a la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte acompañado de David Gutiérrez (jefe de gabinete y hombre clave de Emilio Botín padre), Ana Patricia Botín ya ha sido designada presidenta del Banco de Santander en la reunión de gobierno con el cuerpo presente del banquero. Emilio Botín hijo, nada más llegar, presencia como un furgón funerario traslada en secreto el féretro del banquero, desde Boadilla del Monte, hasta su domicilio conyugal en Somosaguas, desde donde se informa a los medios de comunicación que, sobre las 8,30 de la mañana, ha fallecido Emilio Botín en su casa tras sufrir un infarto mortal.

Una de las primeras decisiones de Ana Patricia Botín fue despedir a la amante de su padre, María Sánchez del Corral

María Sánchez del Corral. Amante de Emilio Botín y con quien iba a contraer matrimonio

Cuando Ana Patricia Botín O´Shea accede a la presidencia del Banco de Santander, una de sus primeras decisiones ejecutivas fue el despido de la Directora de Márketing Institucional, María Sánchez del Corral, amante de su padre y con la que el fallecido banquero pensaba contraer matrimonio en breve.

La querella presentada por la procuradora Ana Isabel Sánchez Riado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid, supone un golpe en la línea de flotación del Banco de Santander, en un momento muy complicado para la entidad primera entidad financiera de España ya que que se enfrenta a la demanda de más de 300 accionistas por la quiebra del Banco Popular. Debemos recordar que el Banco Popular, tras ser rescatado por el Gobierno, fue vendido al Banco de Santander por el precio simbólico de un euro. Los demandantes, 315 en la actualidad, consideran que Ana Patricia Botín se habría enriquecido de manera injusta e ilegal con la compra del Banco Popular cuyo precio, según los demandantes, era muy superior al irrisorio euro que pago el Banco de Santander por su compra. Según el despacho de abogados Jausas, representante legal de los demandantes, el precio real del Banco Popular superaría los mil trescientos millones de euros que capitalizaba el día antes de su intervención. Con esta situación debe lidiar Ana Patricia Botín, la cuestionada presidenta de la primera entidad financiera de España que ahora debería enfrentarse, además, a una querella por complicidad en el asesinato de su padre y por irregularidad en el acceso a la presidencia del banco.
Fuente: http://latribunadecartagena.com/not/2513/segun-el-querellante-emilo-botin-fue-asesinado-en-su-despacho-del-banco-de-santander/

Cazas rusos Tu-22 y submarino Kolpino atacan a Daesh en Siria

 

Cazas estratégicos rusos Tu-22 y el submarino Kolpino han atacado este viernes posiciones de terroristas en la zona de Abu Kamal, en Deir Ezzor.

“Hoy, bombarderos estratégicos Tu-22 y el submarino Kolpino han lanzado un gran ataque contra infraestructuras y terroristas de Daesh (acrónimo árabe del grupo terrorista EIIL) en la región de la localidad de Abu Kamal”, ha comunicado este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov.
El portavoz ha precisado que el blanco de los seis bombarderos estratégicos Tu-22 y los seis misiles de crucero Kalibr empleados en el ataque han sido “fortificaciones, arsenales, puntos de mando y grupos de los terroristas”.
De acuerdo con las explicaciones de Konashenkov, los misiles Kalibr se han lanzado desde el submarino en posición sumergida y han recorrido más de 650 km antes de impactar en los blancos de Daesh.

Hoy, bombarderos estratégicos Tu-22 y el submarino Kolpino han lanzado un gran ataque contra infraestructuras y terroristas de Daesh (acrónimo árabe del grupo terrorista EIIL) en la región de la localidad de Abu Kamal”, dice el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov.

En los últimos tres días se han llevado a cabo cerca de 18 ataques aéreos y 9 ataques con misiles de crucero, ha informado Konashenkov, que ha añadido que los ataques a posiciones terroristas allanan el camino para las operaciones del Ejército sirio.
Estos ataques han sido realizados, además de los bombarderos estratégicos Tu-22 y el Kolpino, por el submarino Veliki Novgorod, desplegado como el anteriormente mencionado en el mar Mediterráneo. Los ataques con misiles de crucero se han hecho con munición de tipo Kalibr.
La de hoy es la tercera gran operación realizada con éxito por las fuerzas rusas en los últimos días en territorio sirio. En las misiones anteriores, los aviones de combate rusos habían destruido objetivos terroristas cerca de la misma ciudad.
En sus avances más recientes, el jueves el Ejército sirio logró liberar, con el apoyo de los combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), los últimos puntos ocupados por Daesh en la ciudad oriental de Deir Ezzor.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró en octubre pasado que más del 90 % del territorio sirio ya ha sido liberado de los terroristas y que la campaña militar rusa quedará pronto completada.
alg/mla/tmv/rba

Canadá impone sanciones a Maduro y a otros 18 cargos venezolanos

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  La sede del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá en Ottawa (capital).

El Gobierno canadiense impone nuevos embargos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros 18 altos funcionarios del país suramericano.

Además de Maduro, Canadá ha sancionado a Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, Adán Chávez y Argenis Chávez, hermanos del fallecido líder bolivariano Hugo Chávez, así como a varios exministros y exdiputados chavistas, ha informado este viernes la Cancillería de Canadá mediante un comunicado.
En este sentido, se detalla que se “congelan los activos en Canadá de las personas incluidas en el listado, e impiden que los sancionados puedan desplazarse a Canadá”, según lo cita el diario local Digital journal.
La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, ha asegurado por su parte que “Canadá está determinada a proteger los derechos humanos y combatir la corrupción en todo el mundo”, a la vez que acusa al Gobierno venezolano de “graves violaciones de derechos humanos y corrupción”.
“El anuncio de hoy envía un claro mensaje de que Canadá actuará contra individuos que se han beneficiado de actos de corrupción significante o que han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos”, ha agregado Freeland.

El anuncio de hoy envía un claro mensaje de que Canadá actuará contra individuos que se han beneficiado de actos de corrupción significante o que han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos”, ha afirmado la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland.

Las sanciones a los 19 ciudadanos venezolanos se añaden a las impuestas el pasado 22 de septiembre a 40 figuras destacadas del Gobierno de Maduro, incluidos Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elías Jaua, ministro de Educación, Tarek William Saab, fiscal general, y el propio El Aissami.
Venezuela considera que estas acciones intentan socavar la estabilidad social lograda en el país bolivariano por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y ha denunciado la decisión del Gobierno de Canadá de imponer “ilegales” sanciones a altos funcionarios del Estado venezolano, que califica de “flagrante violación” de la soberanía de los Estados.
fmk/mla/tmv/rba

lamarea.com

La república ilusoria de Catalunya

 

Antonio Maestre

7-9 minutes

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MADRID// Los primeros actos de la nueva y flamante República de Catalunya han sido una comparecencia grabada de su presidente mientras se estaba tomando unos vinos en un bar de Girona y una foto en Instagram del Palau de la Generalitat dando los buenos días a sus súbditos haciendo creer que estaba trabajando y desafiando el 155 mientras huía en coche camino de Marsella. La edificación ilusoria del nuevo estado imaginario transcurre con normalidad. La república es un constructo mental que se logra pensando fuerte. Cerrando los ojos y deseándolo con ganas, una broma de autoayuda, coaching indepe que ignora a las personas que creen firmemente en la constitución de una república en Catalunya como fin para lograr que su vida cambie de forma pragmática.

La república ilusoria de Catalunya ha ignorado la implementación de lo tangible para construir una fantasía posmoderna en la que el primer fin de semana revolucionario se van al gimnasio o a que les sirvan copas. Los mensajes de Òmnium definen el estrato al que pertenecen sus dirigentes y la lejanía con la realidad social de un pueblo como el catalán que tiene, como el resto de España, grandes problemas estructurales que no le permiten tomarse la proclamación de una república como un mero divertimento consumista. La opresión y la carencia, si algo tienen, es que no son eludibles por medio del deseo. Es algo brutal, sórdido y asfixiante. No les permite abstraerse de su situación para irse a celebrar una ensoñación que no cambiará en nada su trance vital.

La ilusión es la antítesis de la concreción. No existe revolución, república, ni estado, sin la aplicación práctica de sus proclamas. Piotr Kropotkin era uno de los padres de lo concreto, de lo tangible, de lo comestible; tenía claro que no existe un cambio efectivo sin lograr los postulados pretendidos: “¡Pan; la revolución necesita pan! ¡Ocúpense otros en lanzar circulares con frases rimbombantes! ¡Pónganse otros en los hombros tantos galones como puedan llevar encima! ¡Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas! Nuestra tarea específica consistirá en obrar de manera tal que, desde los primeros días de la revolución, y mientras ésta dure, no haya un solo hombre o mujer en el territorio insurrecto a quien le falte el pan”.

El heroísmo y la identidad como material de construcción de la revuelta

“Tenemos un mandato heroico surgido del 1 de octubre”, decía Gabriel Rufián para justificar la proclamación de su DUI. Una épica que perdió el brillo en cuanto los diputados optaron por votar en secreto para eludir su responsabilidad penal. Uno de los diputados que votó ocultando su decisión fue Benet Salellas (CUP), que días antes exigía que los funcionarios debían ser los que impidieran la aplicación del artículo 155. Eludir su responsabilidad para construir un espejismo republicano y dejar a los funcionarios que asuman de forma concreta la construcción real de una nueva organización social. Que la gente se juegue el pan, en vez de construir una república, de verdad, que se lo proporcione. Los que durante los últimos días pedían a los ciudadanos que desobedecieran los mandatos del Estado para defender la república han empezado a obedecer el mandato del artículo 155 en cuanto han perdido el control de los Mossos. El pueblo que se jugó el tipo para votar el 1 de octubre ha visto como los que le abocaron a esa situación votaron cobardemente en secreto o han huido a Bélgica al amparo de la oferta de un neofascista como Theo Francken.

Fredy Pearlman escribía sobre los materiales de construcción de las revoluciones, los herrajes sobre los que articular una amalgama que consolide una mayoría hegemónica. En ocasiones, las revoluciones se construían por el peso de la opresión, los trabajadores eran conscientes de su situación y servía como elemento subjetivo para crear el movimiento emancipador. Las más de las veces el armazón era proporcionado por las vigas del nacionalismo. Según Pearlman, “el nacionalismo les ofrece algo concreto, algo verificado y comprobado y que se sabe que funciona. No hay ningún motivo terrenal para que los descendientes de los perseguidos sigan siendo perseguidos cuando el nacionalismo les ofrece la perspectiva de convertirse en perseguidores”.

La apelación al heroísmo de Gabriel Rufián es un ejemplo que sirve para comprender cómo se construye un lenguaje emocional nacionalista que edifica un sentimiento identitario, que siempre evoluciona en excluyente. El filólogo Viktor Klemperer sostenía que “el lenguaje saca a la luz aquello que una persona quiere ocultar de forma deliberada, ante otros o ante sí mismo, y aquello que lleva dentro inconscientemente”. Es precisamente por eso que Gabriel Rufián no sabe a lo que apela cuando habla de “mandato heroico”, simplemente reproduce elementos aprendidos de nacionalismos históricos y los repite sin ser consciente de lo que representan. El propio Klemperer en su magna obra LTI: La lengua del Tercer Reich, en la que analiza el lenguaje utilizado para la construcción y manipulación del nazismo, explica en su capítulo primero los resortes activados cuando se apela al heroísmo en un contexto emocional de símbolos indentitarios: “…y de repente, de forma inevitable, alguien se refería a un comportamiento heroico o a una resistencia heroica. En el preciso instante en que este concepto entraba mínimamente en juego, la claridad desaparecía y volvíamos a meternos de lleno en los nubarrones…”. No hay que atribuir a Gabriel Rufián maldad alguna en el uso de estos conceptos, Víktor Klemperer lo dejaba claro, la mayoría de las veces se corresponde a usos heredados del lenguaje motivados por la ignorancia de sus efectos. Lo que, quizás, sea más peligroso.

El formalismo ruso tenía una manera creativa de hacer comprender al observador, al trabajador, que estaba alienado. Se llamaba ostranéni, el extrañamiento. Se trataba de desnaturalizar la esencia de los elementos mostrados para provocar en el espectador una ausencia total de empatía que le permitiera desentrañar la realidad. Despojaba al observador de las emociones porque consideraba que nublaban la razón. Quien quiere hacer comprender el verdadero lugar en el mundo de un desposeído no le intenta emocionar con falsas ilusiones, sino que le muestra la realidad con la crudeza que tiene. La república ilusoria de Catalunya es una performance burguesa desenmascarada con ojos de extrañamiento.

No debería extrañar a nadie que la algarada independentista sea una engañifa de las élites para detentar capital, la sustitución de unas estructuras oligárquicas por otras. Enzensberger en su “El corto verano de la anarquía” explicaba: “La República española fue siempre un estado burgués, desde su proclamación en 1931 hasta su caída en marzo de 1939”. Menos escándalo cuando se pone frente al espejo a la revolución de las sonrisas. Por supuesto que existen en el movimiento independentista multitud de personas que son clase obrera, gente precaria, con muchas dificultades y que cree firmementente en la república catalana. Son los más, pero los de menos voz. Siempre son los que se unen con mayor emoción a cualquier opción que les promete un cambio material sustancial. Porque les va la vida en ello. Aguántenles la mirada cuando la ilusión se desvanezca.

Canadá sanciona a 33 ciudadanos de Rusia y Sudán del Sur

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  La bandera de Canadá.

Las autoridades de Canadá imponen sanciones contra 33 ciudadanos de Rusia y Sudán del Sur por ‘graves violaciones de derechos humanos’.

Las medidas de embargo dirigidas contra personas responsables o cómplices, a juicio de Ottawa, de “graves violaciones” de los derechos humanos o de “actos significativos de corrupción”, han sido anunciadas hoy viernes mediante un comunicado.
De acuerdo con la nota, Canadá impone sanciones a 30 particulares vinculados a “actos significativos de corrupción” relacionados con la evasión fiscal de 230 millones de dólares descubierta en 2008 por Serguéi Magnitsky, un abogado de la empresa británica de inversión Hermitage Capital, y con “flagrantes violaciones de sus derechos legales y humanos” que siguieron durante su investigación y detención, que en última instancia derivó en su muerte en un centro de detención ruso en noviembre de 2009.
Las sanciones estipulan una congelación de todos los activos que posean en territorio canadiense las personas incluidas en la lista, a quienes se prohíbe la entrada en el país norteamericano en virtud de la Ley de Inmigración y Protección a Refugiados.

Canadá está decidido a proteger los derechos humanos y a combatir la corrupción en todo el mundo”, declara la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland.

Al respecto, la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, ha declarado que “Canadá está decidido a proteger los derechos humanos y a combatir la corrupción en todo el mundo”.
fmk/mla/tmv/rba

Trump cuestiona si mantendrá a Tillerson como jefe diplomático

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  El presidente de EE.UU., Donald Trump (dcha.), y el secretario de Estado, Rex Tillerson, en una reunión del Gabinete, 17 de octubre de 2017.

Publicada: sábado, 4 de noviembre de 2017 2:25

El presidente de EE.UU. mantiene la ambigüedad sobre la permanencia del secretario de Estado, Rex Tillerson, en el cargo hasta la conclusión de su primer mandato.

Preguntado el jueves en una entrevista con Fox News sobre las posibilidades de que Tillerson llegue a cumplir las funciones a las que fue encomendado, Donald Trump respondió con un ambiguo “Bueno, ya veremos. No sé”.
“El que importa soy yo (…) Soy el único que importa porque, cuando se trata de eso, esa será la política”, arguyó Trump.
El presidente de Estados Unidos también dijo que no está “contento” de que algunos funcionarios del Departamento de Estado no apoyen su agenda.
Las tensiones entre Trump y Tillerson resurgieron el mes pasado en medio de informes de que Tillerson había llamado a Trump “imbécil” y sopesaba renunciar durante el verano.

El que importa soy yo (…) Soy el único que importa porque, cuando se trata de eso, esa será la política”, dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump.

aaf/ctl/myd/mkh

Departamento del Sheriff de Los Ángeles coopera con el ICE’

HISPANTV

 

Publicada: sábado, 4 de noviembre de 2017 13:57

Acusan al Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (EE.UU.) de ayudar a entregar informes de indocumentados al Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

Una de las preocupaciones de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es caer en manos de algún oficial del alguacil. Por años, miles de inmigrantes han sido deportados por delitos insignificantes como infracciones de tránsito.
El condado de Los Ángeles en California el sheriff Jim McDonnell se ha opuesto a medidas importantes para proteger a inmigrantes. Según activistas comunitarios, el Departamento del Sheriff y el ICE trabajan de la mano.
Según informes de investigaciones de organizaciones civiles, las cárceles que McDonnell supervisa transfirieron unos mil inmigrantes a las agencias migratorias el año pasado.
Las protestas afuera de las oficinas de sheriff no han parado ya que la comunidad proinmigrante exige que sus oficiales brinden seguridad y que no se conviertan en una máquina de deportaciones.
El sheriff Jim McDonnell insiste en que no se detendrá y seguirá apoyando al Gobierno de Donald Trump, y sacará de sus cárceles a los indocumentados para deportarlos.
Carlos Alberto Méndez, Los Ángeles.
xsh/nii/