Desde los planteamientos más reaccionarios, como los de la comisión de expertos nombrada por el ministro Wert en su momento, o las declaraciones reiteradas del señor Garitano, responsable de universidad de Ciudadanos, se clama contra la autonomía universitaria como responsable última de los males que a ésta le aquejan. Cuando la realidad es que la cada vez más debilitada autonomía universitaria constituye, en muchas ocasiones, el último reducto para garantizar la función social de la misma.
La progresiva mercantilización de la Universidad es una estrategia posibilitada por la insuficiente financiación y la creación de unos “sistemas de calidad” al servicio de intereses espurios. Se convierte la práctica docente en irrelevante y se transforma la actividad investigadora en “una carrera de honores” (en palabras del profesor Bermejo de la U. de Santiago). Esto es posible con la inestimable colaboración de un buen puñado de profesores universitarios, que avalan y sostienen este cambio y que ha generado una nueva casta de mandarines que se está haciendo con el control de facto de la universidad española al margen de sus instancias democráticas.
La creación de una agencia para la evaluación de la calidad (ANECA), iniciativa que a priori podríamos compartir, constituye un punto de inflexión. Esta agencia, al margen de todo debate democrático, controlada por el gobierno de turno, fija los criterios de lo que es y debe ser la actividad investigadora, ya que la función docente es absolutamente irrelevante para prosperar en el sistema, del conjunto del profesorado universitario español.
El sistema se complementa con otra agencia de evaluación: la CNEAI (que otorga los sexenios, como reconocimiento de la actividad investigadora). Recientemente ambas se han fusionado administrativamente bajo la premisa de la eficacia, lo que facilita más el control político e ideológico. Se establece como criterio prioritario la publicación de artículos en revistas incluidas en unas bases de datos que elaboran y controlan dos empresas privadas, la norteamericana Clarivate (antes Thomsom Reuters) y la holandesa Elsevier y a las que se les paga anualmente más de 8 millones de euros de dinero público por su evaluación y más de 25 en concepto de suscripciones. Los libros y la publicación en revistas no incluidas en estas bases de datos, o en cualquier otro formato o canal, pasan a ser irrelevantes, y el uso del español como lengua de transmisión del conocimiento es incluso motivo de “desprestigio” en un sistema cada vez más dependiente de geoestrategias “neocoloniales” anglosajonas.
El escándalo de los plagios del exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre cuyas actuaciones ni la ANECA ni la CNAI han tomado ninguna medida, es el síntoma claro de la anomalía de un sistema que solo valora dónde se pública, fomentando de paso la creación de potentes redes clientelares en torno al control de ciertas revistas, no la calidad de la producción investigadora.
Esta nueva tecnocracia que otorga un capital simbólico a determinados profesores universitarios —y en ocasiones éstos lo convierten en rentables ingresos económicos merced a su colaboración con las grandes empresas y otras instituciones, en una transferencia clara de renta desde lo público a lo privado— ha dado una vuelta de tuerca. Los nuevos criterios formulados ahondan en esta línea y son aún más oscurantistas e inseguros jurídicamente. Son también más difíciles de alcanzar incluso para quienes se someten a las “reglas de juego”.
Paralelamente, los medios claman sobre causas tan ajenas a los problemas reales como la “endogamia” y la “autonomía universitaria”. Se crea así un consenso en torno a este nuevo discurso, incluso en parte de la izquierda: la democracia, la libertad de pensamiento y la independencia intelectual son negativas para la universidad española. La universidad como institución ha pasado de ser una de las instituciones más valoradas en las encuestas del CIS a la actual situación de desprestigio. Y todo esto durante el periodo de ataque más duro a la universidad pública, tanto por los graves recortes en su financiación como por una severa modificación del marco regulador de la misma. Bajo el mandato del ministro Wert se orquestó y puso en marcha una batería de leyes que bajo la formula jurídica de RD han cambiado totalmente las reglas del juego. Sin debate social, ni siquiera parlamentario, sin siquiera tener que tocar la LOU y por tanto buscar un cierto consenso parlamentario, el cambio total de las condiciones laborales y de acceso a la función docente hacia un modelo de extrema competitividad, sin transparencia, con las instituciones de evaluación ajenas a la propia universidad y controladas por el gobierno, se ha conseguido quebrar casi totalmente las redes colectivas de respuesta de la universidad ante las agresiones que mercantilizan o banalizan el conocimiento. Por el camino, la universidad ha perdido toda relevancia en el debate público, en el análisis crítico y búsqueda de soluciones para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre. El profesorado universitario, como colectivo, es denostado diariamente en medios y redes como un hatajo de vagos y corruptos, sin que nadie aborde en serio los males que aquejan a la universidad española y plantee la necesidad de un debate riguroso sobre ésta.
Desgraciadamente sigue vigente, en gran medida, el manifiesto Por una universidad democrática que encabezó Paco Fernández Buey en 1966. La universidad española está en grave riesgo. La precariedad laboral y la falta de perspectivas de estabilización, merced a este entramado orquestado, favorece un nuevo clientelismo y es la norma para una parte importante de su plantilla. Esto provoca una ruptura de lo colectivo. La mayoría confía en la “salvación individual” a través de la sumisión y adecuación a unos criterios cada vez más irracionales e imposibles de conseguir. Mientras tanto, un conjunto de mediocres, como el citado exrector, ligados al poder político y económico, medran y controlan el cada vez más dependiente y menos democrático sistema de educación superior, que también es el baluarte de la investigación pública en nuestro país.
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