Cambio de poder: las horas difíciles, un año de tragedia
Felipe Calderón enfrentó en 2008 la muerte de de su titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y el atentado en Morelia
Ivonne Melgar
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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre.-
La muerte de su titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el
cuestionamiento a la estrategia de seguridad, el atentado en Morelia, la
recesión económica y el freno al impulso de las transformaciones
legislativas provocaron un punto de quiebre en el sexenio de Calderón.
Alentado por el balance del inicio que se juzgó favorable en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón asumió para el segundo año de su administración dos apuestas que consideraba definitivas en su proyecto: colocar a sus dos hombres de mayor confianza en el gabinete y sacar adelante la reforma energética.
Si bien ambas tareas fueron cubiertas, la muerte y la oposición al gobierno marcaron a 2008 no sólo como el año trágico del sexenio, sino también como el momento en que éste comenzó a sufrir cuarteaduras que más tarde habrían de profundizarse con el cuestionamiento a la estrategia de seguridad, la recesión económica y el freno al impulso de las transformaciones legislativas.
Pero el pesimismo se dio en el segundo semestre. Antes, hubo entusiasmo. El logro de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE y la aprobación sin tropiezos de los dos primeros presupuestos generaron la expectativa que había llegado el tiempo de las postergadas reformas estructurales.
Las primeras evaluaciones en la opinión pública eran favorables respecto de la guerra contra el crimen y había reconocimiento a la determinación del jefe del Ejecutivo para atajar el problema.
El ánimo era de optimismo y apenas corrió la primera quincena de enero, el Presidente concretó los ajustes: Juan Camilo Mouriño dejaría la jefatura de la Oficina de la Presidencia para tomar las riendas de la política interna en la Secretaría de Gobernación, y Ernesto Cordero, entonces subsecretario de Hacienda, asumiría la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El mensaje presidencial fue contundente: en la consolidación de su equipo, la lealtad y la cercanía eran los valores más apreciados. Calderón tendría un gabinete conformado con sus más confiables amigos y colaboradores.
Ya en octubre de 2007 había realizado el primer relevo en la Secretaría de la Función Pública, donde con sólo diez meses en la titularidad, Germán Martínez dejó la administración federal para hacerse cargo de la dirigencia nacional del PAN.
Los siguientes cambios dejaron en claro el estilo del Presidente, cuando Ernesto Cordero, su mano derecha en cuestiones financieras, sustituyó a Beatriz Zavala en la Sedesol, dependencia que a partir de ese momento se convertiría en la coordinación de la estrategia social destinada a grupos vulnerables, “Vivir Mejor”, cuyo logo y lema caracterizarían la imagen publicitaria sexenal.
En la misma ceremonia, Calderón convirtió a Mouriño, quien desde el año 2000 —en la Cámara de Diputados— se había vuelto su principal operador político, en el hombre fuerte de Bucareli. Y le encargó negociar con los partidos el diseño de “barreras contra la participación del crimen organizado en la vida política e institucional del país”.
Las instrucciones que dio entonces al nuevo secretario le devolvieron a Gobernación el control de la estrategia de seguridad, el cual se le había retirado en los últimos meses al primer titular de la Segob, Francisco Ramírez Acuña, a quien se le concentró en Villahermosa para atender a los damnificados y los problemas de infraestructura que dejaron los inundaciones de 2007.
La salida de Bucareli de quien siendo gobernador de Jalisco organizó el destape presidencial de Calderón y respaldó su precandidatura mostró que muy pocos podrían ser parte de la burbuja presidencial.
Estos cambios evidenciaron además que los integrantes del equipo compacto concentrarían poder y, por lo tanto, varias encomiendas. Porque Calderón también dejó en manos de Mouriño el cabildeo con el Congreso para conseguir el sí a las inversiones privadas que para Pemex planteaba el proyecto de reforma energética.
Más tarde, incluso, el Presidente asignó al titular de Gobernación el encargo especial de la relación política con Elba Esther Gordilllo, luego de que la puesta en marcha de la Alianza por la Educación suscrita por el SNTE y la SEP comenzó a generar problemas y tensiones entre la presidenta vitalicia del sindicato magisterial y la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.
Actividad
Confiado en contar con un equipo listo para sortear retos y adversidades, como lo declaró al reivindicar la importancia de los nombramientos de Mouriño y Cordero, Calderón comenzó a desplegar una intensa actividad internacional. Realizó 13 giras a 17 destinos diferentes. Viajó a Centro y Sudamérica; fue en tres ocasiones a Estados Unidos e hizo sendas visitas a Japón y China.
Aun cuando el relanzamiento de la política social proyectó a Calderón preocupado y ocupado en fortalecer la evaluación educativa y el fin de la venta de las plazas docentes; la construcción de nuevas clínicas y hospitales y la universalización del Seguro Popular para los sectores ajenos al IMSS y el ISSSTE, y en recorrer la República colocando las primeras piedras de centenares de obras, hacia mediados de 2008 el tema de la seguridad se impuso como sello del quehacer gubernamental, al tiempo que éste comenzaba a cuestionarse ante la espiral de violencia criminal.
Para entonces, el escándalo no estribaba en la cifra de personas asesinadas, cerca de tres mil, sino en los hechos que mostraban la capacidad de resistir de los cárteles, su poderío armado y la penetración que habían alcanzado al corromper a las corporaciones policiales.
Los operativos antricrimen con la participación de Ejército y Marina adquirían carácter rutinario, al igual que las muertes violentas.
La situación hizo crisis cuando, en agosto, el secuestro —ocurrido dos meses atrás— y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, mostró la incapacidad de las procuradurías federal y capitalina, y de la Secretaría de Seguridad Pública para contener el crecimiento de este delito, señal de que el crimen organizado ampliaba sus terrenos de acción.
Organizaciones de la sociedad civil reclamaron una respuesta eficaz de las autoridades. Y convocaron a una marcha que culminó en el Zócalo capitalino con miles de ciudadanos que, con velas prendidas, exigían fin a la inseguridad.
Acuerdo por la seguridad
Obligado por las circunstancias, el gobierno convocó a gobernadores, líderes parlamentarios e instancias afines a firmar lo que se denominó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El documento enumeró diversas medidas como la depuración y certificación de los cuerpos policiacos y ministerios públicos, así como el compromiso de los involucrados para reportar avances en el combate al secuestro, el robo y la extorsión, y para definir protocolos entre los distintos gobiernos.
Las metas del acuerdo, sin embargo, daban cuenta de las debilidades institucionales, jurídicas y técnicas con las que el Estado afrontaba la llamada guerra contra el crimen organizado.
Aquella coyuntura quedó registrada en la opinión pública por el grito del padre de la víctima en Palacio Nacional, donde se firmó el documento, en el marco del Consejo Nacional para la Seguridad Pública: “¡Si no pueden, renuncien!”.
La escalada de violencia continuó en medio de un escenario político convulsionado por las movilizaciones a las que llamó Andrés Manuel López Obrador, quien bajo la autodenominación de “Presidente Legítimo” había prometido impedir cualquier medida que abriera las puertas de la inversión privada en Pemex.
Y aunque la estrategia de seguridad no era aún blanco de la oposición de los partidos, el ex candidato presidencial y sus seguidores centraron sus impugnaciones hacia el gobierno en la persona del secretario de Gobernación, a quien el propio AMLO acusó de protagonizar un conflicto de intereses por haber beneficiado los negocios de su familia desde sus responsabilidades públicas.
El golpeteo opositor puso en aprietos al responsable de la política interna, quien debió consumir varias semanas en ofrecer explicaciones, al tiempo que en el Congreso el PRI optaba por no compartir con el gobierno el costo político de la apertura de Pemex, mismo que se había elevado con las protestas convocadas por López Obrador.
Y si bien en octubre se aprobó la reforma energética en el Senado, ésta no respondía a las expectativas de Calderón.
La situación de Mouriño era complicada, pues los márgenes de negociación en el Congreso se habían estrechado y aumentaban día con día las voces críticas hacia la estrategia anticrimen.
Consecuentemente, surgieron en la prensa las versiones de que vendría un nuevo relevo en Gobernación, mismas que sólo se disiparon con la muerte trágica del secretario, el 4 de noviembre cuando, procedente de San Luis Potosí, el Learjet que lo trasladaba —junto con Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PRG, y cuatro de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Miguel Monterrubio y Norma Díaz— se estrelló en las Lomas de Chapultepec.
El luto presidencial fue atestiguado en un funeral de Estado en Campo Marte, donde Calderón dejó el reproche: “Juan Camilo fue objeto de críticas y víctima de calumnias (...) Aquí nosotros, más allá del dolor, seguiremos ahora, y seguiremos más fuertes y seguiremos más aprisa”.
Al duelo que afectó al calderonismo se sumó la incertidumbre mundial. La recesión era inminente y los jefes de Estado y de gobierno de las naciones más poderosas convocaron a las economías emergentes a participar en el Grupo de los 20 (G-20) para establecer acciones de emergencia.
Y aunque durante los meses previos se había negado la posibilidad de que las dificultades estadunidenses afectaran a México, la metáfora de que en todo caso sufriríamos “un catarrito”, planteada por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se desfondó.
El 8 de diciembre, el funcionario reconoció que los efectos de la crisis internacional nos habían alcanzado y que los meses por venir serían difíciles para el empleo, el consumo y el mero sostenimiento de la planta productiva. Con esta señal de alarma concluyó el año en que las malas noticias comenzaron a acumularse.
2012-11-26 07:14:00
Alentado por el balance del inicio que se juzgó favorable en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón asumió para el segundo año de su administración dos apuestas que consideraba definitivas en su proyecto: colocar a sus dos hombres de mayor confianza en el gabinete y sacar adelante la reforma energética.
Si bien ambas tareas fueron cubiertas, la muerte y la oposición al gobierno marcaron a 2008 no sólo como el año trágico del sexenio, sino también como el momento en que éste comenzó a sufrir cuarteaduras que más tarde habrían de profundizarse con el cuestionamiento a la estrategia de seguridad, la recesión económica y el freno al impulso de las transformaciones legislativas.
Pero el pesimismo se dio en el segundo semestre. Antes, hubo entusiasmo. El logro de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE y la aprobación sin tropiezos de los dos primeros presupuestos generaron la expectativa que había llegado el tiempo de las postergadas reformas estructurales.
Las primeras evaluaciones en la opinión pública eran favorables respecto de la guerra contra el crimen y había reconocimiento a la determinación del jefe del Ejecutivo para atajar el problema.
El ánimo era de optimismo y apenas corrió la primera quincena de enero, el Presidente concretó los ajustes: Juan Camilo Mouriño dejaría la jefatura de la Oficina de la Presidencia para tomar las riendas de la política interna en la Secretaría de Gobernación, y Ernesto Cordero, entonces subsecretario de Hacienda, asumiría la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El mensaje presidencial fue contundente: en la consolidación de su equipo, la lealtad y la cercanía eran los valores más apreciados. Calderón tendría un gabinete conformado con sus más confiables amigos y colaboradores.
Ya en octubre de 2007 había realizado el primer relevo en la Secretaría de la Función Pública, donde con sólo diez meses en la titularidad, Germán Martínez dejó la administración federal para hacerse cargo de la dirigencia nacional del PAN.
Los siguientes cambios dejaron en claro el estilo del Presidente, cuando Ernesto Cordero, su mano derecha en cuestiones financieras, sustituyó a Beatriz Zavala en la Sedesol, dependencia que a partir de ese momento se convertiría en la coordinación de la estrategia social destinada a grupos vulnerables, “Vivir Mejor”, cuyo logo y lema caracterizarían la imagen publicitaria sexenal.
En la misma ceremonia, Calderón convirtió a Mouriño, quien desde el año 2000 —en la Cámara de Diputados— se había vuelto su principal operador político, en el hombre fuerte de Bucareli. Y le encargó negociar con los partidos el diseño de “barreras contra la participación del crimen organizado en la vida política e institucional del país”.
Las instrucciones que dio entonces al nuevo secretario le devolvieron a Gobernación el control de la estrategia de seguridad, el cual se le había retirado en los últimos meses al primer titular de la Segob, Francisco Ramírez Acuña, a quien se le concentró en Villahermosa para atender a los damnificados y los problemas de infraestructura que dejaron los inundaciones de 2007.
La salida de Bucareli de quien siendo gobernador de Jalisco organizó el destape presidencial de Calderón y respaldó su precandidatura mostró que muy pocos podrían ser parte de la burbuja presidencial.
Estos cambios evidenciaron además que los integrantes del equipo compacto concentrarían poder y, por lo tanto, varias encomiendas. Porque Calderón también dejó en manos de Mouriño el cabildeo con el Congreso para conseguir el sí a las inversiones privadas que para Pemex planteaba el proyecto de reforma energética.
Más tarde, incluso, el Presidente asignó al titular de Gobernación el encargo especial de la relación política con Elba Esther Gordilllo, luego de que la puesta en marcha de la Alianza por la Educación suscrita por el SNTE y la SEP comenzó a generar problemas y tensiones entre la presidenta vitalicia del sindicato magisterial y la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.
Actividad
Confiado en contar con un equipo listo para sortear retos y adversidades, como lo declaró al reivindicar la importancia de los nombramientos de Mouriño y Cordero, Calderón comenzó a desplegar una intensa actividad internacional. Realizó 13 giras a 17 destinos diferentes. Viajó a Centro y Sudamérica; fue en tres ocasiones a Estados Unidos e hizo sendas visitas a Japón y China.
Aun cuando el relanzamiento de la política social proyectó a Calderón preocupado y ocupado en fortalecer la evaluación educativa y el fin de la venta de las plazas docentes; la construcción de nuevas clínicas y hospitales y la universalización del Seguro Popular para los sectores ajenos al IMSS y el ISSSTE, y en recorrer la República colocando las primeras piedras de centenares de obras, hacia mediados de 2008 el tema de la seguridad se impuso como sello del quehacer gubernamental, al tiempo que éste comenzaba a cuestionarse ante la espiral de violencia criminal.
Para entonces, el escándalo no estribaba en la cifra de personas asesinadas, cerca de tres mil, sino en los hechos que mostraban la capacidad de resistir de los cárteles, su poderío armado y la penetración que habían alcanzado al corromper a las corporaciones policiales.
Los operativos antricrimen con la participación de Ejército y Marina adquirían carácter rutinario, al igual que las muertes violentas.
La situación hizo crisis cuando, en agosto, el secuestro —ocurrido dos meses atrás— y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, mostró la incapacidad de las procuradurías federal y capitalina, y de la Secretaría de Seguridad Pública para contener el crecimiento de este delito, señal de que el crimen organizado ampliaba sus terrenos de acción.
Organizaciones de la sociedad civil reclamaron una respuesta eficaz de las autoridades. Y convocaron a una marcha que culminó en el Zócalo capitalino con miles de ciudadanos que, con velas prendidas, exigían fin a la inseguridad.
Acuerdo por la seguridad
Obligado por las circunstancias, el gobierno convocó a gobernadores, líderes parlamentarios e instancias afines a firmar lo que se denominó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El documento enumeró diversas medidas como la depuración y certificación de los cuerpos policiacos y ministerios públicos, así como el compromiso de los involucrados para reportar avances en el combate al secuestro, el robo y la extorsión, y para definir protocolos entre los distintos gobiernos.
Las metas del acuerdo, sin embargo, daban cuenta de las debilidades institucionales, jurídicas y técnicas con las que el Estado afrontaba la llamada guerra contra el crimen organizado.
Aquella coyuntura quedó registrada en la opinión pública por el grito del padre de la víctima en Palacio Nacional, donde se firmó el documento, en el marco del Consejo Nacional para la Seguridad Pública: “¡Si no pueden, renuncien!”.
La escalada de violencia continuó en medio de un escenario político convulsionado por las movilizaciones a las que llamó Andrés Manuel López Obrador, quien bajo la autodenominación de “Presidente Legítimo” había prometido impedir cualquier medida que abriera las puertas de la inversión privada en Pemex.
Y aunque la estrategia de seguridad no era aún blanco de la oposición de los partidos, el ex candidato presidencial y sus seguidores centraron sus impugnaciones hacia el gobierno en la persona del secretario de Gobernación, a quien el propio AMLO acusó de protagonizar un conflicto de intereses por haber beneficiado los negocios de su familia desde sus responsabilidades públicas.
El golpeteo opositor puso en aprietos al responsable de la política interna, quien debió consumir varias semanas en ofrecer explicaciones, al tiempo que en el Congreso el PRI optaba por no compartir con el gobierno el costo político de la apertura de Pemex, mismo que se había elevado con las protestas convocadas por López Obrador.
Y si bien en octubre se aprobó la reforma energética en el Senado, ésta no respondía a las expectativas de Calderón.
La situación de Mouriño era complicada, pues los márgenes de negociación en el Congreso se habían estrechado y aumentaban día con día las voces críticas hacia la estrategia anticrimen.
Consecuentemente, surgieron en la prensa las versiones de que vendría un nuevo relevo en Gobernación, mismas que sólo se disiparon con la muerte trágica del secretario, el 4 de noviembre cuando, procedente de San Luis Potosí, el Learjet que lo trasladaba —junto con Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PRG, y cuatro de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Miguel Monterrubio y Norma Díaz— se estrelló en las Lomas de Chapultepec.
El luto presidencial fue atestiguado en un funeral de Estado en Campo Marte, donde Calderón dejó el reproche: “Juan Camilo fue objeto de críticas y víctima de calumnias (...) Aquí nosotros, más allá del dolor, seguiremos ahora, y seguiremos más fuertes y seguiremos más aprisa”.
Al duelo que afectó al calderonismo se sumó la incertidumbre mundial. La recesión era inminente y los jefes de Estado y de gobierno de las naciones más poderosas convocaron a las economías emergentes a participar en el Grupo de los 20 (G-20) para establecer acciones de emergencia.
Y aunque durante los meses previos se había negado la posibilidad de que las dificultades estadunidenses afectaran a México, la metáfora de que en todo caso sufriríamos “un catarrito”, planteada por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se desfondó.
El 8 de diciembre, el funcionario reconoció que los efectos de la crisis internacional nos habían alcanzado y que los meses por venir serían difíciles para el empleo, el consumo y el mero sostenimiento de la planta productiva. Con esta señal de alarma concluyó el año en que las malas noticias comenzaron a acumularse.
Realidades 2007-2008
Se acentúa la zozobra
México enfrentó en este lapso el inicio de la crisis
económica mundial más fuerte en los últimos años, el cambio de poder en
Estados Unidos, la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño, en un accidente.
Además, la muerte por presuntos vínculos con el
crimen organizado de cinco mil 700 personas, atentados a civiles en
estados conflictivos de la República, el segundo informe presidencial
donde Calderón declaró una insistente lucha frontal contra el crimen
organizado y donde empresarios vivieron el hostigamiento de las fuerzas
criminales, a través del secuestro.
Ante este escenario, la PGR auguraba un 2009 aún más difícil,
pese a que 2008 fue un año de tragedia para el gobierno calderonista.
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