Peña Nieto y la corrupción ¿montaje o suicidio?
Escrito por Jenaro Villamil
El
presidente electo, Enrique Peña Nieto, flanqueado por el diputado
Arturo Escobar, del Partido Verde; Luis Videgaray Caso, el senador
Emilio Gamboa Patrón, el coordinador priísta en San Lázaro, Manlio Fabio
Beltrones; Miguel Ángel Osorio Chong y el coordinador del PVEM en el
Senado, Jorge Emilio González. Foto: Cristina Rodríguez/jornada.unam.mx
El chiste más común en las redes
sociales es que el próximo zar anticorrupción de Enrique Peña Nieto será
Arturo Montiel, su tío, tutor y padrino político.
No es casual la relación. Montiel no es
el primero ni el último de los gobernadores mexiquenses caracterizados
por la ola de corrupción, pero sí el más ventaneado a través de un
escándalo mediático que finalmente lo exhoneró de la cárcel y le
permitió a su sucesor entablar un millonario proyecto de promoción
personal para llegar a la presidencia de la República, con Televisa y
los medios electrónicos que lo acompañan.
El tema de la corrupción es la principal
sombra en la trayectoria de Peña Nieto y de su próximo equipo. Ellos lo
saben y es el elemento central de la crítica exterior, que tanto les
preocupa en términos de “imagen”. Si su compromiso contra este mal
endémico del sistema político fuera real, más de la mitad de quienes se
mencionan para integrar su gabinete simplemente estarían fuera de toda
posibilidad.
Sin
embargo, hábiles sus asesores, le sugirieron al hijo predilecto de
Atlacomulco que su primer compromiso de campaña fuera la creación de una
Comisión Nacional Anticorrupción. Sería el “sello inicial” de su
gobierno. Para cumplir la vieja máxima del régimen priista: convierte en
causa lo que es tu talón de Aquiles.
Así lo hizo Ruiz Cortines para librarse
de la corrupción del alemanismo. Luis Echeverría cooptó a los jóvenes
universitarios y creó una retórica del Tercer Mundo para limpiarse las
manos de la matanza de Tlatelolco. López Portillo, candidato único en la
presidencia en 1976, impulsó una apertura parcial del sistema para
crear partidos que le dieran sentido a la “democracia a la mexicana”.
Miguel de la Madrid emprendió la Renovación Moral de la Sociedad y creó
la Contraloría General para desembarazarse de la ola de corrupción
lopezportillista. Su único “pez gordo” realmente fue Jorge Díaz Serrano,
ex director de Pemex, y la corrupción en la paraestatal lejos de
disminuir se potenció.
Salinas de Gortari también creó su
propio montaje: Solidaridad. El presidente más neoliberal hasta entonces
simuló estar preocupado por los más necesitados, mientras privatizaba
todo lo que pudo. Zedillo emprendió la cacería contra su antecesor y su
familia para salvar una presidencia hundida en la sombra del crimen
político, la peor crisis económica y el fin del “milagro salinista”.
Utilizó la lucha anti corrupción como una venganza de grupo, no como un
elemento de renovación.
Vicente Fox y Felipe Calderón hicieron también de la anticorrupción un eslogan de
campaña: las “tepocatas y víboras prietas” nunca fueron apresadas y las
“manos limpias” del presidente saliente acabaron ensangrentadas por la
ola de corrupción que ha permitido el ascenso del crimen organizado a
niveles nunca antes visto en el país.
Los antecedentes personales y sexenales
no permiten ser nada optimistas frente a la oferta de una Comisión
Nacional Anticorrupción de Peña Nieto. He aquí algunas razones
elementales:
a) En primer lugar, no hay ninguna
definición de la corrupción en su propuesta. La corrupción en la
iniciativa peñista parece ser una falta administrativa y no un elemento
central que vincula al ámbito público con el privado. No haría mal en
revisar un texto muy claro sobre este tema Cleptocracia, el “mecanismo único” de la corrupción entre economía y política, escrito por Giulio Sapelli.
La tesis fundamental de este libro es
que la corrupción no sólo se explica desde el ámbito de lo público sino
desde el modelo económico. La corrupción y el clientelismo son dos caras
de una misma moneda. Y ambas se potencian con la “balcanización” del
Estado. Justamente lo que ha sucedido en México con un modelo de
privatización de lo público a raja tabla y una fragmentación de los
poderes autoritarios que está a la vista. Los gobernadores son virreyes
impunes, con un costal de contratos que reparten entre compañías que se
desdoblan como prestanombres.
b) La Comisión propuesta pretende
actuar de oficio, por notificación de otros órganos de Estado, así como
por denuncias o reportes ciudadanos. Quizá se convierta en una cacería
de policías que pidan “mordidas” o de funcionarios menores que solicitan
una “comisión”.
Tendrá facultades para atraer casos de
corrupción a nivel estatal. ¿Investigará acaso a la mayoría de los
gobernadores que lo apoyaron en su ascenso al poder y dejaron una estala
de endeudamiento y corrupción? Es más probable que se convierta en un
organismo de control y chantaje político que en un mecanismo eficaz
contra el peculado.
c) Crea un aparatoroso Consejo
Nacional para la Etica Pública que suena más al Consejo Nacional para la
Comunicación y a otras instancias creadas desde la iniciativa privada
para emitir opiniones o dictámenes sin ninguna fuerza real. ¿Se le puede
pedir ética a un grupo que insiste en engañar frente a lo que millones
de mexicanos vimos en escándalos de corrupción como Monex, Soriana y los
que se acumulen? ¿O acaso triangular fondos no es corrupción?
d) Elimina la Secretaría de la
Función Pública, cuyo desempeño en el sexenio de Felipe Calderón llegó a
niveles de escándalo. Tampoco está muy claro cuál será el vínculo con
la Auditoría Superior de la Federación y menos con los ministerios
públicos estatal y federal.
Este 20 de noviembre, el senador Armando
Ríos Pitter presentó otra iniciativa que tiene un poco más de
coherencia. En lugar de una Comisión Nacional Anticorrupción, el
legislador perredista está proponiendo una Agencia Nacional para el
Combate a la Corrupción integrada por 7 fiscales que duren en su encargo
7 años y con facultades para emprender acciones penales ante
tribunales, y a solicitar órdenes de aprehensión.
La idea de Peña Nieto no es punitiva
sino administrativa. Parece más un organismo de buen comportamiento de
la administración pública y no una instancia para combatir no digamos la
corrupción sino su alma gemela: la impunidad.
La última encuesta ECUP 2012, presentada
la semana pasada, tiene un dato revelador: el 70 por ciento de los
mexicanos están “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que los funcionarios
roben, siempre y cuando “salpiquen” con sus ganancias.
Este es el principal problema sistémico y
social de la corrupción: la sociedad y el Estado mexicanos no ven otra
fórmula de progreso, ascenso social y de real politik.
De acuerdo con el mismo Centro de
Estudios del Sector Privado, la corrupción le cuesta al país 1.5
billones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del Producto Interno
Bruto. Y lo peor del caso: el 98 por ciento de los casos vinculados a la
corrupción, en los distintos niveles de la administración pública,
quedan impunes.
A estas alturas, en lugar de una cacería
mediática contra la corrupción lo que urge es un compromiso real contra
la impunidad. De otra manera, todo lo demás es un montaje.
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