Yarrington va contra Marisela Morales; la acusa de perseguirlo
Policía •
7 Diciembre 2012 - 5:12am — Rubén Mosso y José Antonio Belmont
Afirma que la ex procuradora ordenó cateos a dos de sus propiedades sin orden judicial.
México • El ex gobernador de Tamaulipas Tomás
Yarrington denunció en la Procuraduría General de la República a la ex
titular de esa dependencia, Marisela Morales, por ordenar el cateo de
sus propiedades sin orden judicial.
A través de su abogado Diego Hernán Arévalo, el ex mandatario dijo estar en México y tener pruebas que demuestran que un juzgado federal negó a la PGR los cateos, pero aún así la institución revisó dos inmuebles en la Ciudad de México y en Matamoros, Tamaulipas.
En la denuncia, Yarrington también señaló al ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas, y a otras personas de esa área, “de orquestar”, junto con la ex procuradora, una “persecución política” en su contra, pues no hay algo que lo vincule al crimen organizado.
“Le puedo decir que en la investigación de este delito o de los delitos por los cuales se inició la averiguación previa, fue totalmente tendenciosa y politizada, tomando como base que la averiguación previa se inició en 2009 y únicamente durante la época del año electoral (2012), se realizaron las diligencias de investigación”, detalló el abogado.
Arévalo aseguró que se cometieron “diversas violaciones” contra su cliente a lo largo de la integración de la averiguación previa.
“Entre ellas, fundamentalmente, la violación al derecho de secrecía, que va implícita en toda averiguación previa, adicionalmente la práctica de cateos ilegales contra la prohibición expresa de jueces de distrito especializados en la materia, que no se los obsequiaron”, dijo.
—¿No hubo orden de juez competente para hacer los allanamientos?
—Hubo una petición y la denegación expresa. Lo cual está plenamente demostrado en un amparo que ella (la PGR) promovió…y adicionalmente, pues también existe otra violación que fue la negativa de, por parte de la autoridad, del Ministerio Público de reconocer que se había librado una orden de alerta migratoria y que en el trámite de juicio de amparo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo reconoció e incluso mandó los documentos donde le ordenaba.
El defensor del ex gobernador subrayó que Yarrington no tiene alguna imputación directa contra él, pero existe el manejo perverso de la figura del testigo protegido, además de que la PGR “se plegó a los intereses del gobierno estadunidense para tratar de obtener alguna información”.
Arévalo señaló que en breve presentarán un amparo para echar abajo la orden de aprehensión librada contra Yarrington, pues otra irregularidad que se cometió es que nunca se le citó a comparecer ante la autoridad, poniéndolo en desventaja para una justa defensa.
Destacó que el único amparo promovido, hasta este momento, es contra el aseguramiento de los dos inmuebles cateados y de una cuenta bancaria en Banamex, en la cual el ex gobernador tiene un saldo de 14 pesos.
Respecto al caso de las tres personas que detuvo en México la PGR, el abogado respondió: “Con relación a ellos, les puedo decir que de alguna manera, por ser tamaulipecos, tuvieron vínculos con mi cliente, pero ninguno de ellos fue su prestranombres. Las únicas propiedades que tiene mi cliente, son las que tiene aseguradas la PGR”.
A través de su abogado Diego Hernán Arévalo, el ex mandatario dijo estar en México y tener pruebas que demuestran que un juzgado federal negó a la PGR los cateos, pero aún así la institución revisó dos inmuebles en la Ciudad de México y en Matamoros, Tamaulipas.
En la denuncia, Yarrington también señaló al ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas, y a otras personas de esa área, “de orquestar”, junto con la ex procuradora, una “persecución política” en su contra, pues no hay algo que lo vincule al crimen organizado.
“Le puedo decir que en la investigación de este delito o de los delitos por los cuales se inició la averiguación previa, fue totalmente tendenciosa y politizada, tomando como base que la averiguación previa se inició en 2009 y únicamente durante la época del año electoral (2012), se realizaron las diligencias de investigación”, detalló el abogado.
Arévalo aseguró que se cometieron “diversas violaciones” contra su cliente a lo largo de la integración de la averiguación previa.
“Entre ellas, fundamentalmente, la violación al derecho de secrecía, que va implícita en toda averiguación previa, adicionalmente la práctica de cateos ilegales contra la prohibición expresa de jueces de distrito especializados en la materia, que no se los obsequiaron”, dijo.
—¿No hubo orden de juez competente para hacer los allanamientos?
—Hubo una petición y la denegación expresa. Lo cual está plenamente demostrado en un amparo que ella (la PGR) promovió…y adicionalmente, pues también existe otra violación que fue la negativa de, por parte de la autoridad, del Ministerio Público de reconocer que se había librado una orden de alerta migratoria y que en el trámite de juicio de amparo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo reconoció e incluso mandó los documentos donde le ordenaba.
El defensor del ex gobernador subrayó que Yarrington no tiene alguna imputación directa contra él, pero existe el manejo perverso de la figura del testigo protegido, además de que la PGR “se plegó a los intereses del gobierno estadunidense para tratar de obtener alguna información”.
Arévalo señaló que en breve presentarán un amparo para echar abajo la orden de aprehensión librada contra Yarrington, pues otra irregularidad que se cometió es que nunca se le citó a comparecer ante la autoridad, poniéndolo en desventaja para una justa defensa.
Destacó que el único amparo promovido, hasta este momento, es contra el aseguramiento de los dos inmuebles cateados y de una cuenta bancaria en Banamex, en la cual el ex gobernador tiene un saldo de 14 pesos.
Respecto al caso de las tres personas que detuvo en México la PGR, el abogado respondió: “Con relación a ellos, les puedo decir que de alguna manera, por ser tamaulipecos, tuvieron vínculos con mi cliente, pero ninguno de ellos fue su prestranombres. Las únicas propiedades que tiene mi cliente, son las que tiene aseguradas la PGR”.
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