La guerra perdida de Calderón amenaza controles de confianza
Policías y funcionarios
relacionados con la seguridad pública permanecieron, décadas, sin
presentar exámenes médico, toxicológicos, poligráficos, físicos,
psicológicos y socioeconómicos
por Hugo Páez el
Dos gobernadores prueban, hasta el momento, la embestida de la
Conago contra los exámenes de control de confianza, solapada, también,
por funcionarios federales relacionados con la seguridad pública.
Mario López Valdez, de Sinaloa, y Gabino Cué, en Oaxaca, que, con el propósito de liberar recursos de la Federación, optó por bajar, de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, a Emmanuel Castillo Ruiz a un sitio que lo exente de los exámenes de control de confianza que reprobó. Ahora es encargado de despacho de la subsecretaría.
En otras latitudes, Mario López Valdez sentenció: “O cumplo con la ley, o con Sinaloa”, en una frase simplista y manipuladora. La lógica de López Valdez va encaminada a defender a mandos de la policía ministerial que no aprobaron los exámenes. El lenguaje maniqueo pretende hacer creer que sólo hay dos opciones, y se presenta maniatado, al viejo estilo de la seguridad pública, que rechaza normas de organismos de derechos humanos suscritas por México en tratados internacionales.
Seguramente sus gobernados le exigirán cumplir con la ley y con Sinaloa, no con una u otra; lo demás es una declaración de incompetencia, la búsqueda del camino fácil o el pretexto para incumplirlo.
Los gobernadores aprovechan la tunda que se lleva Felipe Calderón Hinojosa y el derrumbe de sus grandes logros, desde el desmantelamiento o reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta la recién liberación de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare.
Felipe Calderón Hinojosa tuvo una fuerte dosis de voluntarismo y, en algunos momentos, la frustración al interactuar con un sistema judicial legalmente amañado lo hizo empujar a sus funcionarios a rebasar límites donde el sistema exige la ortodoxia de las pruebas.
¿Es inocente Noé Ramírez Mandujano? Un juez dice que sí, por falta de pruebas, pero Estados Unidos jura que no, pero allá ellos, que cedieron a ese tipo de presiones.
¿Es inocente Florence Cassez...? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no era culpable; su libertad se la debe a la torpeza de Genaro García Luna.
Pero el principal síntoma para inducir a la opinión publica a la conclusión de que la guerra de Calderón terminó en derrota la dio el Presidente de la República, al regresar del Foro México por la Paz en Monterrey, al poner como ejemplo lo que no deben hacer los funcionarios públicos en el caso de Noé Ramírez Mandujano.
El oportunismo de la Conago es evidente; alertó a los líderes de la sociedad civil metidos en el tema. María Elena Morera comenta que por ningún motivo permitirán, las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se minimicen o eliminen los exámenes de control de confianza, aun cuando no están exentos de errores. Y es que existe una clara tendencia, en los tres niveles de gobierno, orientada a desacreditarlos y estigmatizarlos como una impostura difícil de cumplir.
Poco a poco se dieron los logros de activistas sociales, que vivieron en carne propia la violencia del crimen organizado desde la administración de Vicente Fox y la de Andrés Manuel López Obrador en el DF. A base de insistir, sin doblarse con ataques políticos, se modificaron la Ley de Seguridad Pública y la reciente Ley de Víctimas, en donde los exámenes de control de confianza son un filtro muy importante, necesario, para fortalecer sus mecanismos y avanzar en su profesionalización.
La presidenta de Causa en Común, Alejandro Martí, de S.O.S., Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, y Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han hecho historia con este tipo de resistencias y embestidas.
La evaluación de control de confianza es perfectible. Policías y funcionarios relacionados con la seguridad pública permanecieron, décadas, sin presentar exámenes médico, toxicológicos, poligráficos, físicos, psicológicos y socioeconómicos, y lo de ahora no es concesión de la autoridad; se instauró, en forma general, gracias a las presiones de ONG´s y sería un verdadero retroceso que se minimizaran, hasta quedar en una simple batería de exámenes psicométricos.
En este sentido, la administración de Enrique Peña Nieto empezó con grandes dudas el cambio de metodología de la lucha contra el crimen organizado y la permanencia de la estructura que construyó Felipe Calderón Hinojosa. Prueba de ello es el tiempo que quedó vacante la cabeza del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora bajo el timón de Monte Alejandro Rubido García, un hombre de experiencia, avalado, sin opiniones en contra, en el Senado, además de ser respetado por los líderes de la sociedad civil, como Morera, Martí, Wallace y Sicilia.
Nada fácil para Rubido vencer las resistencias de funcionarios federales y gobernadores, capaces de unir fuerzas en la Conago cuando de rendición de cuentas se trata.
Mario López Valdez, de Sinaloa, y Gabino Cué, en Oaxaca, que, con el propósito de liberar recursos de la Federación, optó por bajar, de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, a Emmanuel Castillo Ruiz a un sitio que lo exente de los exámenes de control de confianza que reprobó. Ahora es encargado de despacho de la subsecretaría.
En otras latitudes, Mario López Valdez sentenció: “O cumplo con la ley, o con Sinaloa”, en una frase simplista y manipuladora. La lógica de López Valdez va encaminada a defender a mandos de la policía ministerial que no aprobaron los exámenes. El lenguaje maniqueo pretende hacer creer que sólo hay dos opciones, y se presenta maniatado, al viejo estilo de la seguridad pública, que rechaza normas de organismos de derechos humanos suscritas por México en tratados internacionales.
Seguramente sus gobernados le exigirán cumplir con la ley y con Sinaloa, no con una u otra; lo demás es una declaración de incompetencia, la búsqueda del camino fácil o el pretexto para incumplirlo.
Los gobernadores aprovechan la tunda que se lleva Felipe Calderón Hinojosa y el derrumbe de sus grandes logros, desde el desmantelamiento o reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta la recién liberación de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare.
Felipe Calderón Hinojosa tuvo una fuerte dosis de voluntarismo y, en algunos momentos, la frustración al interactuar con un sistema judicial legalmente amañado lo hizo empujar a sus funcionarios a rebasar límites donde el sistema exige la ortodoxia de las pruebas.
¿Es inocente Noé Ramírez Mandujano? Un juez dice que sí, por falta de pruebas, pero Estados Unidos jura que no, pero allá ellos, que cedieron a ese tipo de presiones.
¿Es inocente Florence Cassez...? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no era culpable; su libertad se la debe a la torpeza de Genaro García Luna.
Pero el principal síntoma para inducir a la opinión publica a la conclusión de que la guerra de Calderón terminó en derrota la dio el Presidente de la República, al regresar del Foro México por la Paz en Monterrey, al poner como ejemplo lo que no deben hacer los funcionarios públicos en el caso de Noé Ramírez Mandujano.
El oportunismo de la Conago es evidente; alertó a los líderes de la sociedad civil metidos en el tema. María Elena Morera comenta que por ningún motivo permitirán, las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se minimicen o eliminen los exámenes de control de confianza, aun cuando no están exentos de errores. Y es que existe una clara tendencia, en los tres niveles de gobierno, orientada a desacreditarlos y estigmatizarlos como una impostura difícil de cumplir.
Poco a poco se dieron los logros de activistas sociales, que vivieron en carne propia la violencia del crimen organizado desde la administración de Vicente Fox y la de Andrés Manuel López Obrador en el DF. A base de insistir, sin doblarse con ataques políticos, se modificaron la Ley de Seguridad Pública y la reciente Ley de Víctimas, en donde los exámenes de control de confianza son un filtro muy importante, necesario, para fortalecer sus mecanismos y avanzar en su profesionalización.
La presidenta de Causa en Común, Alejandro Martí, de S.O.S., Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, y Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han hecho historia con este tipo de resistencias y embestidas.
La evaluación de control de confianza es perfectible. Policías y funcionarios relacionados con la seguridad pública permanecieron, décadas, sin presentar exámenes médico, toxicológicos, poligráficos, físicos, psicológicos y socioeconómicos, y lo de ahora no es concesión de la autoridad; se instauró, en forma general, gracias a las presiones de ONG´s y sería un verdadero retroceso que se minimizaran, hasta quedar en una simple batería de exámenes psicométricos.
En este sentido, la administración de Enrique Peña Nieto empezó con grandes dudas el cambio de metodología de la lucha contra el crimen organizado y la permanencia de la estructura que construyó Felipe Calderón Hinojosa. Prueba de ello es el tiempo que quedó vacante la cabeza del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora bajo el timón de Monte Alejandro Rubido García, un hombre de experiencia, avalado, sin opiniones en contra, en el Senado, además de ser respetado por los líderes de la sociedad civil, como Morera, Martí, Wallace y Sicilia.
Nada fácil para Rubido vencer las resistencias de funcionarios federales y gobernadores, capaces de unir fuerzas en la Conago cuando de rendición de cuentas se trata.
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