Por Randy Saborit Mora
 Guatemala, (PL) Blanco de críticas ha sido en Guatemala la Corte de
Constitucionalidad por fallar a favor de la anulación de la sentencia de
80 años de cárcel contra el exdictador Efraín Ríos Montt por delitos de
genocidio y de lesa humanidad.
El veredicto -aprobado por tres votos a favor y dos en contra-
establece que el juicio debe retroceder hasta el 19 de abril pasado
cuando ya había transcurrido un mes de audiencias.
El Tribunal
de Mayor Riesgo A encontró culpable a Ríos Montt tras analizar varias
pruebas testimoniales y documentales, y de escuchar a las partes
involucradas en la causa.
La Fiscalía lo acusó de ser autor
intelectual del asesinato de mil 771 indígenas durante el régimen que
encabezó de marzo de 1982 a agosto de 1983.
La Comisión
Internacional de Juristas (CIJ) consideró que el dictamen de la Corte de
Constitucionalidad (CC) significa un retroceso en la búsqueda de la
justicia en Guatemala con relación a violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996).
"La
Corte de Constitucionalidad vuelve a amparar al militar retirado, esta
vez para afectar gravemente el derecho de acceso a la justicia de las
víctimas del pueblo ixil y provocar más impunidad en Guatemala", se
condena en la comunicación.
Con este fallo, se denuncia en la
nota, esa Corte envía un mensaje equivocado a la población guatemalteca y
le da más poder a los victimarios.
Autoridades mayas
manifestaron en un escrito público que el genocidio contra el pueblo
ixil ya fue reconocido y condenado, mientras advirtieron que la historia
se ha escrito y la verdad no podrá ser borrada.
Entretanto, la
ONG Seguridad en Democracia expresó que el veredicto promulgado el 20 de
mayo por la CC es contradictorio con su anterior resolución, que
establecía no retroceder el debate a etapas ya superadas.
La CC
ha evidenciado un retroceso hacia el imperio de la impunidad, indicó la
agrupación humanitaria Hijos de Guatemala en un texto.
Esa
organización, al referirse al caso, recordó que en los últimos días la
alianza oligárquico-militar recurrió a la guerra psicológica, la amenaza
y la manipulación.
Mientras tanto, el abogado Francisco García
solicitó retirar la custodia policial a su cliente Ríos Montt y que lo
mantengan en arresto domiciliario como antes de haber sido penado.
El exgeneral permanece ingresado en el Centro Médico Militar desde el pasado 13 de mayo por presuntos problemas de salud.
La vicepresidenta Roxana Baldetti ha declarado a periodistas que ni
ella ni el presidente Otto Pérez Molina se pronunciarán sobre el
veredicto del lunes anterior de la CC.
Sin embargo, en el
transcurso del juicio, el mandatario y antiguo general del Ejército
Pérez Molina, sí negó que hubiera habido genocidio durante el conflicto
armado interno (1960-1996).
Al consultar a un filósofo, que
vivió la guerra civil guatemalteca, sobre la polémica desatada aquí
respecto a si en este país centroamericano ocurrió o no genocidio,
contestó que se trata de una cuestión semántica.
"Yo no sé cómo
se le llama a que un Ejército mate a niños, viole a mujeres o arrase con
las tierras de los campesinos indígenas, pero eso fue lo que sucedió
durante el régimen de Ríos Montt", ironizó la fuente bajo condición de
anonimato.
tgj/rsm |
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