Pasado alcanza a militar salvadoreño en Boston
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BOSTON, Massachusetts, EE.UU. (AP) -- Después de escuchar el
timbre y atisbar entre las persianas cerradas, el hombre abrió la
puerta. Con el picaporte en la mano, se detuvo en el umbral. La calle
estaba desierta.
Hasta hace poco, el coronel
retirado salvadoreño Inocente Orlando Montano llevaba una vida anodina.
Llegó a Estados Unidos con una visa de turista, trabajó en una fábrica
de dulces y vivió en un barrio modesto cerca de Boston, sin que nadie lo
molestara por más de una década.
Pero su
pasado lo alcanzó y hoy enfrenta un proceso en una corte federal en
Boston por haber mentido en sus formularios migratorios y ocultado
información sobre su trayectoria militar durante la guerra civil
salvadoreña (1980-1992).
Montano será
sentenciado en las próximas semanas por esos delitos, pero un crimen de
guerra, por el que ha sido acusado en un tribunal de España, juega un
papel central en el juicio de Boston.
La
sentencia, programada inicialmente para marzo, ha sufrido varios
retrasos porque el fiscal y la defensa libran una dura batalla alrededor
del pasado de Montano. El fiscal arguye que el juez debe tomarlo en
cuenta para la sentencia, y la defensa demanda lo contrario.
Los
últimos movimientos de la defensa incluyen la presentación de cartas
de autoridades salvadoreñas sobre que el militar no tiene antecedentes
penales ni judiciales y una misiva del general retirado Mauricio Ernesto
Vargas en la que sostiene que su colega demostró a lo largo de su
carrera un trabajo humanitario y vocación altruista, según documentos
del proceso.
"El general Vargas es un militar,
no es un experto en la realidad salvadoreña", dijo Carolyn Patty Blum,
asesora legal del Center for Justice and Accountability, la organización
de derechos humanos que planteó la demanda en España.
Montano
y Vargas se graduaron juntos de la academia militar salvadoreña y
precisamente los integrantes de esa promoción de 1966, conocida como La
Tandona, ocupaban los principales puestos castrenses durante la guerra y
fueron mencionados como responsables de graves violaciones a los
derechos humanos por una comisión investigadora de Naciones Unidas.
Para
Blum, si bien Montano está siendo juzgado por delitos de inmigración y
perjurio, "el abuso de derechos humanos es relevante en el juicio...
Esta es una batalla por la memoria y para buscar a los responsables de
lo que pasó."
Lo que pasó se remonta, a más de
dos décadas y 3.600 kilómetros de distancia, a una madrugada de
noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992)
que dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos.
Esa
madrugada, tropas militares sacaron por la fuerza a seis sacerdotes
jesuitas de sus dormitorios, los obligaron a tirarse boca abajo en el
jardín frente a sus viviendas en el campus de la Universidad
Centroamericana y los ultimaron con balazos en la cabeza.
Montano
era viceministro de seguridad pública en El Salvador cuando ocurrió el
crimen. Ha dicho que no estuvo presente cuando se dio la orden de matar
a los jesuitas y que su misión esa noche fue preparar la defensa de la
ciudad, pero el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones
Unidas de 1993 lo señaló como uno de los que participó en el
planeamiento y diseño del asesinato.
El
militar, ahora con 70 años, fue arrestado en agosto de 2012 en Boston,
donde vivía desde 2001. Espera su sentencia bajo arresto domiciliario en
casa de su hermana en Saugus, un suburbio tranquilo al norte de Boston.
Con la puerta entreabierta se entabla un diálogo:
"No puedo darle una entrevista. Mi abogado me ha dicho que no dé entrevistas a nadie", dijo Montano a The Associated Press.
-Hablemos del pasado ya que no puede hablar del presente. ¿Por qué vino a los Estados Unidos?
-"Como todos los hispanos que vienen aquí, vine buscando una mejor vida".
-Dicen que vino huyendo de su pasado.
-"No".
Montano
fue acusado en 2011 por una corte española de ser uno de los 20
militares presuntos responsables del asesinato de los jesuitas y esta
acusación interrumpió la vida apacible que había llevado en Boston. En
junio fue ubicado por un diario salvadoreño y agentes del Departamento
de Seguridad Nacional, que persiguen a violadores de derechos humanos
que se refugian en los Estados Unidos, empezaron a investigarlo. Dos
meses después lo arrestaron.
Según los
agentes, Montano mintió al llenar formularios para obtener y renovar el
Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que
permite a los salvadoreños obtener permiso de trabajo y residencia legal
en Estados Unidos.
Montano además falseó su
fecha de ingreso al decir que entró el 30 de setiembre de 2000 cuando en
realidad lo hizo el 2 de julio de 2001. Para obtener el TPS debía
entrar a los Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001.
Los
agentes también descubrieron que Montano ocultó su pasado militar. A
las preguntas de si sirvió en unidades militares/paramilitares o
policiales; si recibió entrenamiento militar y si intervino o apoyó
alguna acción con uso de armas contra cualquier persona, Montano
respondió "No" en vez de "Yes". Cuando los agentes le pidieron
explicaciones, no supo qué decir, según documentos judiciales a los que
la AP tuvo acceso.
En setiembre Montano
reconoció en acuerdo negociado con el fiscal que mintió al llenar esos
documentos. El fiscal John Capin, que ha pedido 51 meses de prisión,
afirmó en su memorando de sentencia que "Montano no vino aquí para
escapar de la pobreza u opresión o buscando mejores oportunidades" y que
probablemente vino escapando de la justicia.
Señaló
que el récord de Montano es el de un "violador de derechos humanos",
afirmación basada en un reporte de 48 páginas escrito por Terry Karl,
profesora de estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford y
reconocida autoridad sobre Centroamérica y el Caribe.
El
informe de Karl sostiene que Montano formaba parte del círculo de poder
militar salvadoreño y conspiró con otros altos oficiales en el
asesinato de los sacerdotes y luego participó en una campaña de
mentiras, intimidación y obstrucción para encubrir el crimen.
La
salida de Montano de El Salvador en 2001, dijo Karl en su reporte, se
produjo en un momento clave en el que era muy probable que altos
oficiales, Montano entre ellos, fueran juzgados por la masacre de los
jesuitas ante la reapertura del caso en un tribunal salvadoreño.
"En
el ultimo año de Montano en El Salvador, la amenaza de ser juzgado por
la masacre de los jesuitas pendía sobre su cabeza", dijo Karl.
Durante
los 30 años de la carrera militar de Montano se cometieron 1.169
violaciones a los derechos humanos por tropas y unidades bajo su mando,
según Karl. La cifra incluye 65 asesinatos extrajudiciales, 51
desapariciones , 520 casos de tortura y 533 detenciones arbitrarias.
El
abogado de Montano, que rehusó declarar mientras esté abierto el
proceso, ha criticado el reporte de Karl. "Ofrece un retrato muy sombrío
de Montano, como si hubiera sido un criminal de guerra de proporciones
épicas", dijo Oscar Cruz Jr. en el documento de respuesta al fiscal.
A
la pregunta de si tuvo alguna participación en el crimen de los
jesuitas, Montano dijo a la AP escuetamente: "No tengo nada que ver con
eso."
Familiares de las víctimas de la guerra
salvadoreña han tenido que acudir a tribunales extranjeros en busca de
justicia porque el gobierno de derecha del presidente Alfredo Cristiani
(1989-1994) promulgó una amnistía horas antes de que fuese divulgado el
informe de la Comisión de la Verdad.
Para los
que presentaron la demanda en España, el juicio a Montano en Boston
refuerza los argumentos a favor de su extradición al país europeo.
Los
familiares de las víctimas esperan la sentencia con "cierto
escepticismo". Carlos Martín Baró perdió a su hermano Ignacio,
vice-rector de la Universidad Centroamericana. En conversación
telefónica desde España, expresó desazón por la lentitud de la justicia.
"Los mataron el 89 y estamos en el 2013", dijo.
Ignacio Martin Baró tendría 70 años, la edad de Montano.
Cualquiera
sea la sentencia, el militar tendrá que cumplirla en Estados Unidos, y
después podría ser extraditado a España o deportado a El Salvador.
Aunque la corte española acusó a Montano, el pedido de extradición aún
no ha sido formalizado.
"Yo estoy pidiendo irme a El Salvador", dijo el militar a la AP.
La
mayoría de los militares demandados en España vive en El Salvador.
Cuando la justicia española pidió a las autoridades salvadoreñas que los
detuvieran, los oficiales fueron confinados en un cuartel militar para
evitar cualquier intento de captura por policías internacionales. Días
después la Corte Suprema de El Salvador denegó el pedido de extradición
con base en la ley de amnistía de 1993.
Si los
militares salvadoreños que viven y enfrentan juicios no penales en el
extranjero fueran deportados, no les pasaría nada, dicen expertos,
porque las estructuras que siempre los cobijaron en su país siguen
vigentes.
La ley de amnistía ha permitido que
hayan quedado en la impunidad el asesinato de los jesuitas, el
magnicidio del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980 y la muerte de
decenas de miles de campesinos, masacrados por tropas gubernamentales
entrenadas en contrainsurgencia por Estados Unidos.
En
España, el hermano de Martín Baró no pierde la esperanza. "No tenemos
deseos de venganza y nadie nos va a quitar el dolor que tenemos dentro",
dijo, "pero sería positivo que se sepa la verdad, sobre todo para el
pueblo de El Salvador".
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