 Asunción,
7 ago (PL) Terminado el paro del transporte con el pago del adeudo a
los empresarios del sector, la huelga docente que sigue vigente desde
hace dos semanas se convierte en principal foco de conflictos en
Paraguay.
Hasta hace 24 horas, sólo la Federación de Educadores de Paraguay
(FEP), el mayor sindicato del sector, mantenía la medida de fuerza con
el peso otorgado por agrupar a 40 mil miembros en todo el territorio
nacional.
Ahora, tanto la Organización de Trabajadores de la
Educación de la cual forman parte 16 mil docentes, como el Sindicato de
Directores de Centros de Estudio, apoyan el mantenimiento de la huelga y
dos de sus reivindicaciones principales.
Alejada la posibilidad
de una inmediata ampliación presupuestaria al ministerio de Educación
para pago de bonificaciones y salarios atrasados, los protestantes
reclaman modificar el monto de las jubilaciones y aprobar plazas para
quienes trabajan sin cobrar.
Se trata en este último caso de
centenares de maestros, especialmente de enseñanza primaria, a los
cuales se les asignaron aulas y desarrollan su trabajo desde hace muchos
meses sin la aprobación de los emolumentos correspondientes.
La
paralización de actividades ejercida por estas agrupaciones supera el
50 por ciento de las aulas del país y ya obligó al gobierno a extender
el calendario escolar, generalmente terminado a finales de noviembre,
hasta el 24 de diciembre próximo.
Una incidencia importante en
el escenario social del país es la característica combativa del sector
docente que se está expresando en manifestaciones casi diarias, tanto en
Asunción como en el resto del país y bloqueo de vías, incluso con apoyo
de grupos de alumnos.
Desde hace dos días, la FEP instaló una
vigilia frente al Congreso Nacional en reclamo a los legisladores de su
aprobación a las modificaciones de la ley de jubilaciones y para hoy
convocaron una importante manifestación en ese lugar.
Ella
aseguró dará una "bienvenida" al gobierno que tomará posesión el 15 de
agosto haciendo coincidir las actividades oficiales con una
concentración de 10 mil educadores reclamando derechos, un dolor de
cabeza para el esquema de seguridad organizado.
pgh/jrr |
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