Análisis: ¿Quiénes no deberían ser consejeros del IFE?

Análisis: ¿Quiénes no deberían ser consejeros del IFE?

Por Rafael Morales  @ADNPolitico
Noviembre 20, 2013  

Rafael Morales es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Ha sido docente en instituciones educativas como la UNAM y la UAM. Actualmente es director del Centro de Estudios en Partidos Políticos y Procesos Electorales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

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La lista de aspirantes para ocupar el cargo de consejero electoral del IFE, dada a conocer por la Cámara de Diputados, revela -como es natural- el grado de vinculación de los propios aspirantes con la clase política y, sobre todo, la perspectiva que tienen las elites parlamentarias sobre la forma en la que debe constituirse la autoridad electoral.
Ninguno de estos elementos es pernicioso en sí mismo para la constitución del arbitraje político, pues los partidos, como actores de la competencia inter-elitista, deben ser los encargados de decidir a quién encargan esa responsabilidad dentro de órganos del Estado.
Este aspecto hace una diferencia notable respecto de cualquier otro tipo de arbitraje político (diplomático, bélico, judicial), pues deja fuera del Congreso la decisión sobre quién debe controlar el gobierno.
Los 64 aspirantes, enlistados por orden alfabético, no impiden saber que todos cuentan con la simpatía de alguno de los grupos parlamentarios.
Ante ello, la crítica ciudadana no se ha hecho esperar, pues se ha dicho que el partidismo y el peso de la partidocracia anularían de facto la neutralidad, el desinterés y el distanciamiento del poder que cada uno de los postulantes debe contar para integrarse al arbitraje político de Estado.
Con todo, estas cualidades morales no son necesariamente las más indicadas para conformar la autoridad política.
Justamente, la pobreza de la crítica ciudadana (de activistas de sofá, diletantes, indignados y demás inconformes ocasionales) está en creer que son los buenos ciudadanos los que pueden cambiar al sistema evitando y haciendo evitar los “grandes males” de la política sin costos ni sacrificios que padecer.
¿Qué cualidades políticas debiera tener entonces un aspirante al cargo de árbitro electoral?
Primero, el conocimiento o expertise en la materia. El grueso de los personajes enlistados lo tiene, no sólo por actividades académicas sino por la práctica directa al frente de órganos electorales, en niveles de dirección federal y en consejos estatales.
La segunda cualidad política es la de contar con una reputación que perder, un bien que sólo se adquiere con la experiencia y el desempeño en los ámbitos electorales -y, en menor medida, en la academia- materia con la que el cuerpo arbitral adquiere autoridad.
El tercero es que los aspirantes tengan interés, que ambicionen alcanzar el prestigio que da el acceso a una magistratura de Estado.
El último es la cercanía con los actores, necesaria para la confianza en el árbitro y su capacidad para juzgar (no en el sentido que se le da a los procedimientos sancionadores actuales).
¿Quiénes no cumplen a cabalidad con estas cuatro condiciones? Pueden ser organizados en tres grupos:
a) Los candidatos impedidos constitucionalmente para postularse, entre los que están Virgilio Caballero y Arturo Sánchez Gutiérrez, que buscan reelegirse en el cargo, o exdiputados como Dora Alicia Martínez Valero;
b) Figuras públicas con la reputación adecuada pero que no cuentan con la experiencia ni el conocimiento en la materia, como Benito Mirón, Fernando Castañeda o Mauricio Farah Gebara;
c) Los que se han visto envueltos en graves escándalos de corrupción como Néstor Vargas (IEDF), Norma Inés Aguilar León (TEPJF) y Sayonara Flores Palacios (IEEM), todos documentados plenamente en la prensa.
Existe un último grupo, en los que se encuentran aquellos candidatos de corte académico con buen conocimiento en la materia pero que no cuentan con ningún tipo de experiencia administrativa, situación que no los descalifica para aspirar al cargo.
En términos políticos, los perfiles de los tres grupos tienen enormes desventajas para los partidos, que les generaría de inmediato problemas legales, ineficacia y un desgaste innecesario.
En particular, sería un grave desacierto que la Cámara optase por perfiles cuestionados en la opinión pública, que poco podrían aportar a la reconstitución de la confianza en la autoridad electoral, con independencia del arreglo institucional al que se llegue después de la reforma política en puerta.

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