Opinión: Riesgos y propuestas ante la reforma política
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Si
seguimos bajo el esquema actual o el propuesto por los tres grandes
partidos en la reforma político-electoral, la alerta sísmica debiera
sonar cada vez que los institutos políticos hagan uso de los recursos
públicos, en especial, durante las campañas electorales.Lo invito a usted, principalmente si es político o legislador, a conocer el siguiente dato: en 2013, México se ubicó en la posición 106 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Ante lo que se está argumentando en torno a esta reforma, preocupación existe de que con el incremento de las aportaciones de particulares a los partidos, la corrupción y opacidad aumenten.
Le doy más detalles: en la reforma político-electoral que actualmente se encuentra en estado de incertidumbre –al menos para quien no forma parte de la cúpula dentro del Legislativo–, se propone aumentar el tope de aportaciones de particulares de 10 a 30%. Esto, aunque parezca insignificante, podría representar el fortalecimiento de poderes fácticos, al convertir sus aportaciones económicas en moneda de cambio para influir en las decisiones políticas y de gobierno.
Riesgo adicional es el que, al aumentar el poder de estos grupos, disminuye el de los ciudadanos.
Ante este escenario, en el PT trabajamos para legislar y hacer valer las ideas, buscando la verdadera consolidación de un Estado democrático que esté regida por el ciudadano a través de sus representantes, y no de la santísima trinidad de la política nacional.
Por ello, los diputados y senadores del Partido del Trabajo presentamos dos propuestas para evitar que, en esta ocasión, el interés de los pocos (poderosos) se convierta en el mal de los muchos (ciudadanos).
Proponemos establecer que las donaciones de los particulares a los partidos sean claras: quién dona a quién y qué; lo que a su vez nos permita identificar conflictos de interés.
Además, apoyamos que se respete la libertad de organización interna de las entidades federativas, como lo marca la Constitución, permitiéndoles que sean ellos quienes definan sus leyes electorales, al tiempo que pueda puedan decidir cómo integrar su Congreso.
Proponemos la instrumentación de un nuevo proceso de fiscalización que estandarice la contabilidad y lo haga en tiempo real, al tiempo que reconozca que hay comunidades en las que por las condiciones socioeconómicas, geográficas y/o de acceso a las vías de comunicación no es posible cumplir con esta posible norma; de lo contrario, la imposibilidad de su aplicación será pretexto para continuar con el reinado de la santísima trinidad de la política.
Lo que proponemos es sencillo: piso parejo; es decir, una reforma político-electoral que deje de lado los caprichos, consistente con nuestro marco legal, con nuestra propia Constitución en su articulado general y con la democracia que decimos ser.
Una reforma político-electoral que respete a todos, minorías y mayorías, y contribuya en el fortalecimiento de nuestra democracia.
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